CRE puede revocar el permiso de distribución de gas a la familia Zaragoza
- La suspensión del suministro de gas en 3 mil 700 tomas en Mexicali por parte de la compañía de gas es ilegal; los daños se calculan en 15 millones de pesos.
- El Gobierno del Estado puede expropiar los ductos para administrarlos u otorgar esa facultad a otro particular.
- Entre las obligaciones de Z Gas, está el bonificar por cinco veces la factura que hubiesen pagado a los usuarios, a quienes dejó sin el suministro.
- Mexicalenses consideran emprender una demanda colectiva contra la gasera por incumplimiento de servicio, daños y perjuicios.
- La Comisión Reguladora de Energía no fue informada por los propietarios de la gasera de la suspensión ni los motivos que tuvieron, lo cual podría ser causal de recisión del título de permiso.
- PROFECO integra expedientes de quejas de usuarios para iniciar el procedimiento administrativo que podría derivar en una multa de hasta 6 millones de pesos.
- En el caos y la afectación a particulares y empresas que no tienen gas, directivos de Z Gas guardan silencio; no responden a los exhortos del Gobierno, y han dicho que la decisión es permanente.
La arbitraria suspensión del suministro de gas por tubería que la compañía Z Gas de la familia Zaragoza impuso a 3 mil 700 tomas -2 mil 599 en servicio-, podría costarle caro a la empresa.
Si el Gobierno Federal encabezado por el Presidente Felipe Calderón
decide hacer valer el título de permiso que le concedió en 2007 a Gas Butano Propano de Baja California S. A. de C. V. (Z Gas) para la distribución de gas licuado por medio de ductos en Mexicali, la compañía podría perder dicha autorización.
Entre las obligaciones y facultades que estableció la Comisión
Reguladora de Energía -entidad firmante del permiso-, está la de revocar
la autorización, entre otras cosas, por:
“Interrumpir sin causa justificada y autorización de la Secretaría de Energía, los servicios objeto del permiso”.
Acción en la que cayó Z Gas cuando, de manera unilateral, sin notificar a la Comisión ni a la Secretaría de Energía, suspendió el servicio.
El miércoles 24 de octubre, funcionarios federales confirmaron a ZETA
que no habían tenido aviso, solicitud ni información sobre la
suspensión, y que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) analizaba en
esos momentos la sanción para la gasera.
Sin embargo, el Gobierno del Estado de José Guadalupe Osuna Millán
también puede tomar acciones contra la compañía de Jesús Zaragoza. En el
“Título de Permiso para la Distribución de Gas Licuado de Petróleo por
Medio de Ductos en la Zona Geográfica del Municipio de Mexicali, Baja
California, número G/207/LPD/2007 con duración de 30 años”, se determina
que los ductos son utilidad pública:
“En virtud de lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley de la
Comisión Reguladora de Energía, se considerará de utilidad pública el
tendido de los ductos para la prestación del servicio de distribución en
predios de propiedad pública, social y privada ubicados dentro de la
zona geográfica…”.
Bajo esa consideración, el gobierno de Baja California o el Gobierno
Federal, pueden expropiar los ductos, ya sea para administrarlos como
entidad o para conceder a un particular la prestación del servicio. Una
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 2006,
explica:
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al concepto de
utilidad pública, ha sustentado diversos criterios, en los que
inicialmente señaló que las causas que la originan no podrían
sustentarse en dar a otro particular la propiedad del bien expropiado,
sino que debía ser el Estado, en cualquiera de sus tres niveles, quien
se sustituyera como propietario del bien, a fin de conseguir un
beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o
realización de una obra públicos. Posteriormente amplió el concepto,
comprendiendo a los casos en que los particulares, mediante la
autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los objetivos
en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte reitera el
criterio de que el concepto de utilidad pública es más amplio, al
comprender no solo los casos en que el Estado (Federación, Entidades
Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el goce del
bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino además
aquellos en que autoriza a un particular para lograr ese fin”.
El incumplimiento de Z Gas: 15 millones de pérdidas
Un reporte oficial relata así el contexto de la acción de la compañía gasera y los daños:
“El jueves 18 de octubre la empresa Gas Butano Propano de Baja California S.A de C.V., mejor conocida como Z Gas,
suspendió sin previo aviso a sus clientes ni a las autoridades
gubernamentales el servicio de suministro de gas por tubería a 2599
usuarios de las colonias Industrial, Burócratas, Colonia Nueva y Los
Pinos de la ciudad de Mexicali.
“Dentro de las zonas afectadas se encuentran ubicadas casas
habitación, escuelas, hospitales, guarderías, el centro de readaptación
social, así como numerosos comercios dedicados a la venta de
alimentos, lo que se tradujo en pérdidas económicas de considerable
cuantía que pudieran ascender a más de 15 millones de pesos.
“La empresa a través de su representante, Ignacio Alcalá,
justificaron dicha decisión estrictamente a razones de seguridad, sin
embargo no presentaron ningún dictamen sobre las condiciones de la red
de distribución, ni de una fuga o falla de tal magnitud que justificara
la cancelación súbita del servicio”.
De hecho en el título de permiso otorgado en 2007, Z Gas
contaba con una gracia de tres años para entregar un informe a la
comisión del estado del sistema de distribución. Se presume que en 2009
se notificó el estado de la tubería, y que se iniciaron las
reparaciones, adecuaciones o ampliaciones necesarias; pero en épocas
recientes, a pesar que ha sido un rumor por parte de la empresa la
rehabilitación de las líneas, en ningún momento se informó a la
autoridad federal la dimensión de los trabajos, muchos menos la
suspensión permanente del servicio.
Informar tanto a la autoridad como a los usuarios finales de la suspensión, es una obligación de Z Gas y así está consignada en el documento que concede el permiso:
- Informar inmediatamente a la Comisión sobre cualquier circunstancia
que afecte o pudiera afectar negativamente la prestación del servicio
de distribución.
Ello significa que a estas alturas -diez días sin proveer gas por tubería en Mexicali-, Z Gas debió informar a la CRE y ésta haber tomado acciones a favor de los usuarios finales y de atención hacia la gasera.
Otras obligaciones que constan en el título de permiso y en las cuales está fallando la compañía de la familia Zaragoza:
- Prestar el servicio cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas.
- Prestar el servicio en forma eficiente, segura y oportuna, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento.
- Contratar y mantener vigente el seguro que cubra la responsabilidad
por daños a terceros que pudiera derivarse de la prestación de sus
servicios, de acuerdo a lo establecido en la directiva de seguros; los
seguros para hacer frente a las responsabilidades en que pudiera
incurrir por la prestación del servicio.
- Prestar el servicio conforme a los términos y condiciones establecidas en este reglamento y en los contratos que se celebren.
El mismo documento obliga a Z Gas a proporcionar información
a la CRE: “El permisionario estará obligado a proporcionar la
información suficiente y adecuada que le sea requerida por la Comisión
en los términos del Reglamento en lo relativo a la actividad de
distribución de gas que desarrolla dentro de la zona geográfica”.
Revocación del permiso y bonificación a afectados
En el apartado que refiere “Suspensión del Servicio de Distribución”,
se estipula que el permisionario no incurrirá en responsabilidad por la
suspensión o restricción del servicio de distribución cuando ésta sea
por cualquiera de cuatro causas:
- Caso fortuito o fuerza mayor.
- Fallas en la instalación o mala operación.
- Trabajos de mantenimiento, ampliación o modificación.
- Incumplimiento del adquiriente.
Sin embargo, el permiso también es específico. Si por alguna de estas causas se suspende el servicio, Z Gas
tiene la responsabilidad de hacerlo “del conocimiento de los
adquirientes afectados a través de los medios de comunicación con mayor
difusión en la localidad de que se trate, mencionando el alcance, la
duración y, de ser posible, la fecha y hora en que ocurrirá dicha
suspensión”, situación que no se dio en el caso de Mexicali.
Además:
“Cuando la suspensión… del servicio se vaya a prolongar por más de
cinco días, el permisionario deberá presentar ante la Comisión, para su
aprobación, el programa que aplicará para enfrentar la situación”.
En caso que la suspensión se dé por causas distintas a las mencionadas, Z Gas
tiene responsabilidad con el usuario: “…el permisionario bonificará al
adquiriente, al expedir la factura correspondiente, una cantidad
equivalente a cinco veces el importe del servicio que hubiere estado
disponible de no ocurrir la suspensión y que el usuario hubiere tenido
que pagara”.
La Comisión Reguladora de Energía puede revocar el permiso, entre
otras cosas, por “… interrumpir sin causa justificada y autorización de
la Secretaría de Energía los servicios objeto del permiso”.
A diez días de la decisión unilateral de la compañía gasera de la
familia Zaragoza para interrumpir de manera permanente la distribución
de gas por tubería en Mexicali, las sanciones no han llegado ni por
parte de la Secretaría de Energía, ni por la Comisión Reguladora de
Energía, firmante del título de permiso y facultada para revocarlo.
Entretanto, la impunidad continúa para Z Gas en perjuicio de miles de afectados en la capital.
Los damnificados de Z Gas
La mañana del miércoles 17 de octubre, miles de residentes,
comerciantes, profesionistas de Mexicali de colonias como Nueva,
Burócratas, Industrial, Cuauhtémoc y Los Pinos, se despertaron sin
servicio de gas por tubería.
3 mil 700 tomas que abastecen a cerca de dos mil familias,
restaurantes, hospitales, comercios, la Casa de Gobierno y hasta el
Centro de Readaptación Social, fueron cerradas al suministro por parte
de la empresa Zeta Gas, una de las dos principales concesionarias de ese monopolio del gas que opera en México, Centro y Sudamérica.
El problema cobró otra dimensión cuando los damnificados fueron
informados -por otras entidades y no por la gasera- que el corte sería
definitivo. Lo siguiente fue arreglárselas en lo individual para
conseguir cilindros, tanques estacionarios, tubería y mano de obra e
instalar el viejo sistema.
“Fue como regresar más de 20 años”, dijo un residente de la colonia Nueva.
En las dos clínicas del Seguro Social afectadas, instalaron dos
tanques estacionarios de tres mil y cuatro mil litros para abastecer el
servicio de lavandería y el de alimentación. Lo mismo en el exclusivo Al Mater, o el México-Americano. También en locales de comida de la Plaza Cachanilla.
Los usuarios -y el gobierno- desconocen qué sucedió para que la empresa gasera tomara esa decisión. Directivos de Z Gas
bloquearon cualquier comunicación. La especulación reinó entre la
población afectada: que la medida se tomó porque remplazar la tubería es
incosteable para la multinacional; que había un inminente problema de
inseguridad, que se trató de presión del corporativo para aumentar el
precio del producto.
La realidad es que el hecho es inédito a nivel nacional por parte de una empresa que ha estado ligada a la polémica.
Un fuerte olor a gas
René Rosado -titular de la Unidad Municipal de Protección Civil- carga una gruesa carpeta con el expediente de Z Gas.
Desde julio de 2012, ciudadanos presentaron denuncias de fugas en el
sistema de suministro de gas por tubería. Hasta hace una semana había
cerca de 30 denuncias, cifra irregular a la alza en relación a meses
anteriores.
Meses atrás, la compañía Z Gas inició la rehabilitación del
total de los 65 mil 500 metros lineales de tubería, de los cuales -de
acuerdo al reporte oficial- había concluido el 89 por ciento. El 11 por
ciento restante significaba 27 tramos de tubería distribuidos en un
polígono que abarca desde la Zona Centro, las colonias Nueva,
Burócratas, Industrial, parte de la Cuauhtémoc y Los Pinos, hasta el
Bulevar López Mateos, en la calle Perú, o en la colonia Nueva.
Durante el proceso de rehabilitación de la tubería, explica Rosado,
“empezamos este verano a tener informes de que se estaban presentando
con mayor frecuencia fugas de gas en el polígono correspondiente a la
colonia Nueva, Industrial, Burócrata. Ellos demostraron que faltaba ser
actualizada su tubería”.
En julio, esa autoridad municipal solicitó información a la empresa
sobre el estado de la red, qué estaba ocurriendo y cómo lo estaban
solucionando. La empresa entregó una lista de 27 tramos pendientes de
remplazar, que significaban el 11 por ciento de la red total.
El director de la Unidad Municipal de Protección Civil muestra los
documentos que hizo llegar Pedro García Borboa, representante de Z Gas. Oficios, ubicaciones, todo detallado. Pero las fechas de los documentos-respuesta solo llegan hasta la semana pasada.
El miércoles 17 de octubre -explica Rosado- recibieron llamadas de
ciudadanos afectados que pedían información. Se comunicó con
representantes de la empresa, quienes oficialmente dijeron: “Recibimos
instrucciones de cerrar la red”.
Municipio: Si se retira, deben sanear
Para José Manuel León Herrera, director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Mexicali, la acción de Z Gas
es irresponsable. “Trata de llevar acabo una acción que confunde para
dejar de cumplir con su obligación”. Refiere que el hecho se presenta
cuando en la Ley de Competencia se discute quien es el facultado para
distribuir el gas en la República Mexicana.
Herrera explica que existe un decreto que establece a partir de la
semana pasada, Petróleos Mexicanos sería el distribuidor del energético a
las empresas que lo hacen llegar al consumidor final. “Anteriormente
las empresas gaseras venían adquiriendo el energético en el extranjero,
lo traían al país y aquí lo distribuían al consumidor”. Ahora, dice el
funcionario, habrá un mayor control con PEMEX como intermediario.
Continúa: “Las empresas tendrían que ver si les conviene o no seguir
bajo este esquema”, y ve como una posible opción que ante esta situación
hayan decidido cerrar el flujo como medida de presión. “Es que PEMEX
los va a obligar a que tengan saneada su infraestructura en función del
riesgo”, considera Herrera.
Además, el funcionario cree que en Z Gas se dieron cuenta
que requieren de un presupuesto sustancioso para subsanar omisiones en
mantenimiento y la restitución de tuberías obsoletas. Asegura que la
empresa tenía un presupuesto para la reposición de esa parte de tubería,
calculado en 40 millones de dólares, pero que al finalizar la revisión
ascendió a 58 millones de dólares.
“Lo que debió hacer la empresa es notificar con anticipación y
paulatinamente ir suspendiendo el suministro de gas en aquellas de mayor
riesgo para reponer las tuberías”, dice Herrera. Menciona reuniones del
alcalde Francisco Pérez Tejada -quien vive en la zona afectada- con la
gasera donde insistió que no era tan fácil rehuir a las obligaciones.
El Reglamento de Edificaciones del Municipio (en los artículos 15, 16
y 18) indica que si van a retirarse, deben iniciar un proceso de
saneamiento en la zona donde existe infraestructura de esta naturaleza,
“podría ser de mayor riesgo una tubería vacía a una tubería cargada. El
gas es altamente inflamable, es explosivo, la explosividad se da ante
vacíos”.
Además, Z Gas deberá desmantelar 63.5 kilómetros de la red
de tubería ya instalada en esa zona de la ciudad, lo cual significa un
costo millonario, pues deben romper pavimento, sacar tubos, sanear el
subsuelo, cerrar, compactar y pavimentar de nuevo, “no es sencillo
quitar una tubería”.
El director de administración urbana comenta que la Ley les faculta a cobrar el derecho de uso del subsuelo, y Z Gas debe los últimos cinco años de ese concepto, que calcula en un monto cercano al millón de pesos.
Autoridades locales esperan sanción federal
Francisco García Burgos, secretario general del Gobierno del Estado,
comenta que recibieron muchas llamadas aquel 17 de octubre. Los
ciudadanos preguntaban qué ocurría y luego les pedían intervenir. El
subsecretario, José Manuel Salcedo Sañudo, entró en contacto con la
empresa -tanto a nivel local como nacional-, y por la tarde de ese
miércoles ya sostenían reuniones con representantes de Z Gas.
“Nos dijeron que no tenían una solución; tampoco decían si iba a ser
permanente, era una situación incierta”, comenta García Burgos. Incluso,
que primero los representantes de la empresa adujeron que había sido el
Ayuntamiento de Mexicali quien les había obligado a cerrar por la
situación de las tuberías, lo cual era falso.
Al día tuvieron una reunión con el director de Relaciones de Gobierno de Z Gas
y asesor del consejo de la empresa, Ignacio Alcalá del Sagrado Corazón
de Jesús. “Ahí quedó claro que no iba a haber restauración del
servicio”, explica García Burgos.
Entonces los funcionarios -y no la empresa, como corresponde- informaron a los vecinos la realidad que enfrentaban.
El argumento de los representantes de la compañía fue un asunto de
mantenimiento de la red de distribución -donde ya se requerían
reparaciones mayores-, y por seguridad preferían detener el servicio
hasta hacer una evaluación. Fijaron en cinco días el tope para restaurar
el servicio; posteriormente los directivos nacionales aclararon: “No
tenían intención de volver a prestar servicio”.
García Burgos ataja: “Nosotros no discutimos la parte técnica del
estado de las tuberías, por supuesto que debería alguien llamar a
cuentas para saber que pasó con el mantenimiento todos estos años a esas
tuberías, por qué llegaron al estado de deterioro en las que están,
pero sí nos complica mucho que de un día para otro hayan tomado esta
decisión, sin un proceso de avisarles a los clientes”.
El secretario dice que el gobierno estatal solicitó al Gobierno
Federal -a través de la Comisión Reguladora de Energía- que obligara a
la empresa a reanudar el servicio o cancelar la concesión,
“evidentemente no tienen interés en sus clientes”, reflexiona García.
Z Gas otorga servicio de gas por tubería en Cancún, Tijuana y
Mexicali, aunque la suspensión solo se efectuó en la capital
bajacaliforniana.
Gobierno y Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) instalaron
mesas para recibir denuncias ciudadanas e interponer una demanda
colectiva contra la gasera. El primer día recibieron 53, seis en Centro
de Gobierno. La idea es asesorar a los ciudadanos para interponer
demandas en dos vías: PROFECO y Juzgado Civil.
En coordinación con PROFECO se prepara “un procedimiento
administrativo que podría derivar en una multa a la empresa hasta de 6
millones de pesos”.
García Burgos declaró que no hay facultad estatal para presionar a
este tipo de empresas por la prestación del servicio, que todo es a
través del Gobierno Federal. Pero el secretario sí tiene una opinión:
“Creo que es una falta de conciencia social de la empresa. Nosotros
creemos que la iniciativa privada debe ser sustituido por el gobierno
cuando es insuficiente, y creemos que está bien que los permisos para la
prestación del servicio de gas estén en manos privadas, lo que no creo
que está bien es este abuso”.
García Burgos considera importante la respuesta que emita el Gobierno Federal para que no se actúe como que no pasó nada.
– Pero a la administración federal le queda mes y medio…
“Esto va mas allá del régimen que está gobernando”.
