DESCONOCE CÓMPUTO OFICIAL MOVIMIENTO PROGRESISTA

SEGUIRA CON LAS PROTESTAS

MEXICO.- La coalición de izquierda que impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador desconoció los resultados del cómputo oficial de las elecciones que dan como ganador de la contienda  presidencial al priista, Enrique Peña Nieto, y aseguró que tiene documentadas todas las irregularidades que se presentaron  en la  elección  federal del  1 de julio, para buscar la nulidad de los comicios presidenciales.  

"Tenemos documentadas todas y cada una de las irregularidades, incidentes y causales de nulidad, que presentaremos en las quejas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues será esta instancia quien juzgue y califique la violación a los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad y equidad en  la contienda", anunció el PRD a través de su representante ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez

"Vamos a denunciar y se anulará la elección", secundó el representante del PT ante el IFE, Silvano Garay.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano sentenció que no se puede legitimar el triunfo de Peña Nieto bajo las circunstancias de presunta inequidad y coacción de votos que se presentó en el proceso electoral, por lo cual acusó que el mexiquense no ganó la elección presidencial sino que la compró con recursos de procedencia ilícita, acusó.

FALLó EL IFE . Luego de la sesión en el IFE donde se informó sobre la finalización del cómputo oficial en las elecciones presidenciales,  las dirigencias nacionales del PRD, PT y Movimiento Ciudadanos  fijaron su postura y tras exigir al TEPJF  imparcialidad para "limpiar la elección", arremetieron contra el órgano encabezado por Leonardo Valdés Zurita, al que acusaron de ser cómplice de las supuestas irregularidades que se cometieron en el proceso comicial.

"El IFE falló, el IFE se burocratizó, no hizo su trabajo, se hizo cómplice por omisión, por inacción de las violaciones a la ley y apareció como un IFE que, teniendo dientes, apareció como desdentado ante la sociedad mexicana", sentenció Zambrano

El perredista acusó que  Enrique Peña Nieto no ganó la elección, sino que "la compró", pues el PRI  gastó mil 817 millones de pesos, sin considerar el caso de las tarjetas de la tienda departamental Soriana, cuando el tope  para la  campaña presidencial era de unos 300 millones. Es decir, agregó, seis veces más.

Reprochó que el IFE, en vez de actuar conforme a derecho sobre esas quejas, prefirió eludir su responsabilidad y no quiso actuar para abrir un proceso especial de fiscalización a las cuentas de Peña Nieto.

En este sentido,  Zambrano alertó que  México no aguantará más una elección con las características del déficit democrático como el que   se vivió el  1 de julio, y advirtió que el 2012 puede ser una reedición de movimientos como el de 1968.

"El 68, después catalogado como un parte aguas de la historia moderna de nuestro país.  En el 2012 hay que hacer que, dentro del marco de la ley, dentro del marco de nuestra actuación pacífica y legal, se convierta en un verdadero parte aguas", indicó.

A su vez, el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal anunció que este lunes, el tabasqueño  fijará su postura sobre la petición de nulidad o no de estos comicios.

LEALTADES CAMBIANTES DE MALOVA

José A. Ríos Rojo

Felipe Calderón será protegido por el nuevo gobierno. La prisa con la cual su candidata Josefina Vázquez Mota abandonó la defensa del voto panistas, es parte de los arreglos PRI-PAN. Dice José Blanco, en artículo de prensa nacional, que el PAN fue vapuleado porque la sociedad terminó por convencerse de que los dos infaustos sexenios panistas fueron la continuidad del dinosaurio priista, en términos de desigualdad social, de pobreza, de corrupción, de conservación del corporativismo putrefacto, a lo que se sumó una gobernanza ineficaz y el fortalecimiento sin medida de la industria del crimen. El PAN perdió todo. De la Presidencia de la República pasa a un tercer lugar; de las gubernaturas en las que compitió solo conserva Guanajuato. Perder Jalisco no es cualquier cosa. En Sinaloa el candidato a diputado federal por el distrito 01 (cabecera en El Fuerte) del PAN festejó antes de tiempo su pretendido triunfo. No esperó a que llegaran los paquetes electorales del municipio de Badiraguato, los cuales le dieron la vuelta al marcador. Confiarse no es un buen consejo. Lo mismo que en el 2004. Los resultados para presidente de la República en el estado de Sinaloa son interesantes (datos preliminares). El PRI obtiene 552,223 (46.69 por ciento) votos, el PAN 296,486 (25.07 por ciento) y la coalición progresista que apoyó a AMLO obtuvo 279,410 (23.62 por ciento).  Los votos del PRI se explican por varias razones, pero creo que la más importante es la unidad interna que se dio en ese partido: malovistas, millanistas y aguilaristas apoyaron a Enrique Peña Nieto. El poder los une. En el malovismo las lealtades son cambiantes. El PRD de segunda fuerza en el 2006 pasa a tercera fuerza, con menos votos que los que obtuvo en el 2006, que fueron 301,709. Un dato que resulta interesante es la cobertura de casillas que alcanzamos los partidos del Movimiento Progresista. Un número fue el registrado ante el IFE, y otro el de la asistencia a cuidar y vigilar la casilla el día 1 de julio. De un total de 4 mil 565 casillas que se instalaron, el PRD tuvo representantes de casilla en 3 mil 108 casillas, lo cual representa el 76.25 por ciento y el Partido Movimiento Ciudadano tuvo representantes en 2 mil 557 casillas, que representa el 56.01 por ciento. Es la máxima cobertura que la izquierda en Sinaloa ha alcanzado. Un dato que merece mencionarse y que la izquierda debe de resaltar es el resultado que obtuvo nuestra candidata a senadora, la señora Mercedes Murillo y su suplente Yanette Garza, quien con mucho menos dinero que los otros candidatos, hicieron una campaña que las coloca por encima del candidato al senado que más dinero gastó. Mercedes Murillo obtuvo 181,929 (16.19 por ciento). De las empresas encuestadoras qué podemos decir. La mayoría de esas compañías erraron en sus estimaciones. En promedio, las encuestas presentadas en la semana previa al primero de julio otorgaron a Peña Nieto una ventaja que duplica la diferencia respecto de López Obrador. Los sondeos electorales que tuvieron resultados más cercanos son los de Ipsos-Bimsa, Demotecnia y Berumen y Asociados. Erraron en sus cálculos, siempre favorables para Peña Nieto. El que paga la encuesta gana. riosrojo@hotmail.com  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

TODO EL PODER A "CHUYTOÑO" EN SINALOA

Por encima de la ley y la desconfianza, Chuytoño controla todas las policías Alejandro Sicairos   El pasado 26 de mayo el propio Jesús Antonio Aguilar Íñiguez atestiguó el cierre de la pinza con la cual controla a todas las policías en Sinaloa.  Al colocar a Jesús Alejandro García Madero como responsable de la seguridad pública en Mazatlán, al fin logró convertirse en el superpolicía del gobierno de Mario López Valdez. Operó obstinadamente en desplazar a los jefes de las policías de Ahome, Guasave y Navolato y tener todo el control de la seguridad pública.  Al lograr que Víctor Manuel Zataráin Cedano dejara abandonado el cargo en Mazatlán, tras huir de un operativo federal para detenerlo, Chuytoño consumó su plan para obtener facultades más allá de las que le confiere el cargo de director de la Policía Ministerial del Estado. A 14 meses de irrumpir abiertamente en el gobierno de Malova, bajo la lógica del mandatario de que “al crimen organizado no podemos combatirlo con blancas palomas”, Chuytoño ha conseguido lo que no logró en el sexenio de Juan Millán, cuando también fue un policía consentido. Ordena, grita, quita, pone, hace y deshace en las corporaciones municipales. De hecho ya es conocido como el sobredotado policía de Malova que tiene el apoyo pleno para hacer lo que quiera. Se ufana de ser el único que tiene pantalones para restablecer la tranquilidad en Sinaloa, pero los números lo contradicen: de enero de 2011 a mayo de 2012 se han cometido 2 mil 560 homicidios dolosos en la entidad, entre ellos 149 mujeres. Con tantas facultades ilimitadas los mandos de las policías municipales le temen, le obedecen. No es para menos porque Aguilar Íñiguez siempre ha estado presente en los operativos para detener a elementos o jefes y poner luego a sus incondicionales al frente de dichas corporaciones. Pero tiene el respaldo del gobernador, aun con la mancha en la hoja de servicios por haber sido buscado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y estado en la lista de fugitivos de la Procuraduría General de la República. Malova lo defiende, contra viento y marea, alegando que “es un hombre que cuenta con un gran respeto, reconocimiento y que no me merece ninguna desconfianza.  Es injusto que se le pretenda cerrar la puerta a un policía de carrera que quiere servir a su estado”, según dijo en conferencia de prensa al reconocer, a finales de marzo de 2011, que Chuytoño se integraba a su gabinete. “No todo mundo tiene ganas de entrarle, con blancas palomas no podemos enfrentar a una delincuencia en una lucha encarnizada como la que se trae, no solo en Sinaloa sino en gran parte del país. Los respetables no me aceptan un puesto”, remató Malova. Eslabón por eslabón A las 10 horas del 14 de noviembre de 2011, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez había citado a mandos y elementos de la Policía Municipal de Ahome, supuestamente para afinar el operativo de fin de año. Pero llegó a la reunión hasta la una de la tarde acompañado de dos patrullas militares. Llegó tenso. A diferencia de otras veces que se mostraba parco a dar notas a los medios, esa vez anunció que al final de la reunión haría una declaración. Se encerró una hora con los municipales y luego salió. Afuera lo esperaba ya el comandante de la Novena Zona Militar, general Moisés Melo García, con quien se introdujo a la cabina de un vehículo militar y al cabo de media hora el lugar ya estaba cercado por alrededor de cien soldados y veinte agentes ministeriales. Aguilar Íñiguez regresó a las 14:30 horas de nuevo con los municipales con los cuales se había reunido y tras él los elementos de la Ministerial. Ordenó a los agentes de Los Mochis que entregaran sus armas y salieran en grupos de tres para ser llevado a Culiacán y ser sujetos a una investigación. La fila de detenidos la encabezaba León Horacio Reyes, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Ese fue apenas el primer andamio de la escalera de Chuytoño hacia el dominio pleno de las corporaciones policiacas en Sinaloa. Se lo había pedido al gobernador. “Si quiere que dé resultados necesito tener autoridad sobre todas las policías”, le dijo. “Adelante”, le respondió Malova. Y empezó por Los Mochis, la zona que Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, le disputa al cártel de Sinaloa. Allá envió Chuytoño a Jesús Carrasco Ruiz, un comandante de la Ministerial, a tomar el control de la Policía Municipal. Enseguida, el 30 de enero de 2012, vendría la toma de Guasave. Al mando de Aguilar Íñiguez, policías ministeriales detuvieron en aquella ciudad y trasladaron a Culiacán a 32 policías municipales, entre ellos al jefe de la corporación, Leocadio Cabrera Delgado, luego de que horas antes, la tarde noche del 29 de enero, murieron tres militares durante un enfrentamiento con sicarios. Una vez liberados los policías aprehendidos, vino un cierre similar: el agente ministerial Iván Palazuelos Félix, gente cercana a Aguilar Íñiguez, asumió la dirección de la Policía Municipal de Guasave, municipio que vive la guerra entre las mismas dos células del narcotráfico. “Iván es un buen policía, su carta de servicio es limpia, es blanca, es buen chaval, es buen policía”, lo “bendijo” Chuytoño, presente en la toma de posesión. Meses después, siendo ya jefe de la DSPM en Guasave, el comandante fue asesinado cuando se dirigía a su casa. En Navolato la maniobra fue distinta. Al decretar el gobernador en enero del año en curso que la Policía Estatal Preventiva se hiciera cargo de la seguridad pública en ese municipio, inició una estrategia para desmantelar a la Policía Municipal, incluyendo la disolución del mando que tenía Francisco Javier Brun Corona. La Estatal Preventiva desplazó a los preventivos de Navolato y un comandante del Grupo Élite, Juan Diego Macías Castro, considerado parte del grupo afín a Chuytoño que opera dentro de la PEP, fue designado jefe de la Policía Municipal. La conquista del sur En Mazatlán el operativo contra la Policía Municipal no incluyó a todos los agentes sino solo al jefe de la corporación, Víctor Manuel Zataráin Cedano, quien el pasado 16 de mayo se atrincheró en sus oficinas hasta que consiguió un amparo que le permitiera evitar la aprehensión para luego convertirse en fugitivo de la justicia. A esa acción aparatosa para detener a Zataráin Cedano le había antecedido la inconformidad que Aguilar Íñiguez le manifestó al gobernador Mario López Valdez y al alcalde Alejandro Higuera Osuna, a mediados de abril, acusando al jefe de la Policía Municipal de baja colaboración en la lucha por erradicar de Mazatlán a gatilleros del grupo de los Zetas. Zataráin por su parte les había manifestado a algunos subalternos la incomodidad por la injerencia de Chuytoño en las tareas de seguridad pública del municipio, llegando al grado de suplantar a los mandos municipales o negar información sobre operativos contra la delincuencia en Mazatlán. Al jefe de la Ministerial, con el control de las policías de Escuinapa, Rosario y Concordia, le faltaba tomar el mando de la Dirección de Seguridad Pública de Mazatlán. Era el último eslabón para ser el megapolicía con poder en todas las corporaciones estatales y municipales, incluyendo al Grupo Élite, sueño que ya tenía desde el sexenio de Juan Millán pero se le frustró el 11 de septiembre de 2004 cuando la Policía Ministerial, a su mando en aquella fecha, se vio involucrada en acciones de protección al narcotraficante Rodolfo Carrillo Fuentes, asesinado ese día en la plaza Cinépolis de Culiacán. Diez días después de la caída de Zataráin Cedano, Chuytoño estuvo en Mazatlán para atestiguar el nombramiento de Jesús Alejandro García Madero como jefe de la Policía Municipal. Gente de toda su confianza que horas antes se desempeñaba como director operativo de la Policía de Ahome, Aguilar Íñiguez le dio su aval: “Vamos a trabajar en conjunto a fin de rendir buenas cuentas a Mazatlán”, declaró. Asistía a presenciar la culminación de su estrategia para convertirse en el superpolicía de Malova. Mando único, corrupción única La estrategia de crear superpolicías o generar mandos únicos para el combate del delito implica el riesgo de corrupción única, de que una sola persona concentre todos los males que han hecho fracasar la seguridad pública, considera Óscar Fidel González Mendívil, exprocurador de Justicia en Sinaloa. “Lo que se requiere para combatir a la delincuencia no son superpolicías, sino instituciones sólidas; la seguridad pública no se construye con base en bandazos ni con la contratación de personas que se venden como excepcionales”, agregó. Advierte que si un gobernador no tiene cuidado al designar a funcionarios del área de seguridad pública, entonces el hecho de que una sola persona concentre facultades sin algún control deriva en una serie de problemas que dificultarían llevar a cabo las acciones de seguridad con la eficiencia que debieran tener. “Incluso sometiendo a ese mando único a todos los exámenes de control de confianza y siendo alguien de plena confiabilidad, significa un peligro, no se diga tratándose de alguien que ha sido cuestionado públicamente”, opina. González Mendívil —a quien le tocó vivir episodios de descoordinación cuando Aguilar Íñiguez fue en el sexenio de Juan Millán un director de la Ministerial subordinado a las órdenes de Luis Pérez Hernández, el entonces director de Gobierno— considera que más que darle atribuciones ilimitadas a un jefe policiaco lo que debe diseñarse en una política gubernamental que esté al nivel de la situación de inseguridad que vive Sinaloa. “Independiente de que sea Chuytoño o cualquier otro el que sea convertido en superpolicía, esto es políticamente muy sencillo: un solo jefe conlleva la amenaza de corrupción única, concentrada en una sola persona”. Menciona que en Sinaloa ya tuvimos una experiencia de superpolicía con el llamado comandante Simón (Iván Alejandro Ortega Colmenares, jefe de la Unidad Antisecuestros en el gobierno de Juan Millán) “¿y en qué acabó eso?, ¿dónde anda el comandante Simón ahora?”. Rescata que si no se han hecho reformas en la materia, la Ministerial es solo una policía investigadora y la coordinación entre las corporaciones estatales de fuerza pública es algo que corresponde al secretario de Seguridad Pública. Además el trabajo de las policías municipales es la labor preventiva y como tales hay que fortalecerlas. “Aquí todo se reduce a designar personas que, se dice, tienen mucha experiencia y ello no garantiza la seguridad pública, tal vez lealtad sí y quién sabe. Insisto: tampoco se trata de confiarle todo al gran policía que esperan o propagan sus promotores; esto es algo más profundo”, puntualizó. Atribuciones excedidas Ninguna ley otorga facultades a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez para inmiscuirse en el nombramiento de mandos de las policías municipales. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, el director de la Policía Ministerial del Estado tiene entre sus principales facultades y obligaciones, las siguientes: I. Dirigir los servicios de la Policía Ministerial del Estado; II. Vigilar que la Policía Ministerial actúe siempre bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público del Estado, a cuyo efecto deberá asignar el número de elementos que estará adscrito permanentemente a las agencias del Ministerio Público; IV. Acordar los asuntos de su competencia con el procurador general de Justicia; V. Investigar los hechos delictuosos del fuero común cometidos dentro del territorio del Estado, ya sea por indicación de los agentes del Ministerio Público o por tener conocimiento directo de ellos, debiendo en este último caso, hacerlo del conocimiento inmediato del agente del Ministerio Público que corresponda; VI. Buscar las pruebas de la existencia de los delitos y las que tiendan a determinar la probable responsabilidad de quienes hayan participado en ellos; VIII. Ejecutar las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión y cateo que emitan los órganos jurisdiccionales; XV. Colaborar en operativos con otras corporaciones policiales, previo acuerdo del procurador general de Justicia, otorgándoles el apoyo que en derecho proceda y de acuerdo a los convenios que para ese efecto celebre la Procuraduría General de Justicia.

ESCUADRONES DE LA MUERTE EN SINALOA

Denuncian en Culiacán y Ahome levantones que implican a corporaciones de seguridad pública Redacción  La amenaza de escuadrones de la muerte que se fraguan dentro de las mismas corporaciones policiacas vuelve a atemorizar a familias de víctimas de desapariciones en Sinaloa. En medio del caos que vive la seguridad pública, la población no solo le teme a los grupos criminales, sino también desconfía de las instituciones encargadas de protegerla. Al menos en Culiacán y Los Mochis se han registrado en las semanas recientes denuncias sobre la presunta participación de policías estatales y municipales en levantones disfrazados de detenciones y que acaban siendo ejecuciones que agudizan la sospecha de que en los cuerpos de seguridad pública operan grupos que usan las mismas tácticas de la delincuencia organizada. Es el caso de cuatro jóvenes que el 29 de marzo de 2012 fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial del Estado en la colonia Adolfo López Mateos, según se asienta en la averiguación previa CLN/ARD/5373/2012 interpuesta en la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Centro. La denuncia establece que Jesús Fernando Urrea Vega, de 20 años de edad, Jorge Armando Manjarrez, alias el Güerito, menor de edad, se hallaban reparando un vehículo afuera del domicilio del primero, cuando llegaron al lugar cinco patrullas de la Policía Ministerial. Los policías dijeron que se trataba de una revisión de rutina y sin embargo procedieron a subir violentamente a los cuatro jóvenes a una de las patrullas, cubriéndoles el rostro con las mismas playeras de los levantados. La madre de Jesús Fernando Urrea Vega, quien presenció el operativo, los cuestionó sobre la detención sin recibir respuesta. Nunca se supo más de ellos. De acuerdo con la misma denuncia, los ministeriales se trasladaron luego a detener a los hermanos Luis Eduardo y Jesús Ángel Ontiveros Campos, de 17 y 21 años respectivamente, el primero en un campo de futbol y el segundo en su domicilio, en la misma colonia. Sobre este hecho, tres semanas después de registrarse el levantón, familiares y amigos de las víctimas protestaron en el edificio de la PGJE en exigencia de información y justicia sobre los desaparecidos. Los manifestantes, en su mayoría trabajadores del área de Aseo y Limpia del Ayuntamiento de Culiacán, se quejaron de que en todas las dependencias de seguridad pública se les niega información y atención, prevaleciendo un total silencio respecto al caso. Con base a estadísticas de las comisiones de derechos humanos y registros de la Procuraduría de Justicia del Estado, en Sinaloa han desaparecido 285 personas de 2008 a la fecha, sin embargo se desconoce la cifra negra de este tipo de delitos. Un dato alarmante, revelado por la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, señala que solo el 12 de febrero de 2012 se recibieron reportes de 20 levantados en el estado, hoy en calidad de desaparecidos. Ese día se reportó el levantón y desaparición de Édgar Guadalupe García Hernández, de 24 años, quien laboraba como mensajero de la oficina del procurador Marco Antonio Higuera Castro. Un grupo armado lo secuestró de su casa en la colonia Progreso, de Culiacán. Familiares y amigos de García Hernández realizaron un plantón frente a Catedral, en Culiacán, el pasado 31 de mayo, reclamando a las autoridades que investiguen a fondo dicho suceso violento. Al opinar sobre situaciones de levantones que se traducen en desapariciones o ejecuciones, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Francisco Córdova Celaya, consideró que miembros de grupos delictivos usan prendas similares a los uniformes que portan el Ejército y las diversas corporaciones para confundir a la población. Dio a conocer que se han asegurado vehículos clonados como patrullas y que las autoridades judiciales de los fueros común y federal también investigan la confección de la vestimenta apócrifa y cotejan las armas de fuego que han sido aseguradas a fin de que balística determine si estas han sido usadas en otros eventos delictivos. “Todas las patrullas de las diversas corporaciones policiacas, así como los agentes, están perfectamente identificados para que la población pueda distinguirlos de falsos policías o supuestos militares”, declaró. ¿Escuadrones de la muerte? En Los Mochis, con el arribo de Jesús Carrasco Ruiz a la Policía Municipal de Ahome, se crearon escuadrones de la muerte, denunciaron deudos de dos jóvenes residentes de la colonia ejido José María Morelos de Los Mochis, Ahome. En el mismo sentido, el caso de una pareja de recolectores de fierro viejo que terminó siendo asesinada, en el panteón de la sindicatura de Ahome, a unos 20 kilómetros al poniente de esta ciudad, puso al descubierto a sus ejecutores: policías. Los cuatro homicidios fueron perpetrados en junio y en todos hay un patrón de los victimarios y otro de los asesinados. Por los primeros: policías, policías municipales, policías preventivos de Los Mochis, para ser más precisos, y por los segundos, amigos de barrio, miembros de un mismo clan. Por los cuatro asesinatos, que iniciaron como detenciones arbitrarias, tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos Visitaduría Zona Norte como la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos, iniciaron las respectivas investigaciones. La Visitaduría Zona Norte tiene registros de que solo en el primer semestre del 2012, los abusos policiales se triplicaron, en Los Mochis principalmente. La fecha es coincidente con la imposición del policía ministerial Carrasco Ruiz en la Dirección de Policía y Tránsito de Ahome, cargo para el que fue considerado inepto por carecer de título universitario y que es requisito indispensable. Los recolectores Entre los últimos días de mayo y los primeros de junio, los recolectores de fierro viejo, Marcelo Félix Armenta, de 27 años y Yolanda del Carmen Araujo Félix, de 26 años, ambos residentes de Las Grullas Margen Izquierda, desaparecieron. La única pista que dejaron de lo que les sucedía, en ese momento, fue una llamada telefónica. Estaban siendo detenidos por policías preventivos en la sindicatura de Ahome. Después de aquella llamada, sus celulares se apagaron, contaron los deudos a funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ocho días después, los cuerpos de ambos fueron encontrados en el panteón de esa sindicatura. Un balazo en la cabeza a cada uno les había cortado la existencia. El motociclista La noche del primer domingo de junio, José Felipe Alvarado Juárez, el Pelochitas, de 20 años de edad y con residencia en la calle José María Morelos, viajaba en su motocicleta, cuando dos patrullas de la Policía Municipal lo aprehendieron. En una fue subido él y la moto en otra. Testigos de la detención, puesto que el joven resultaba harto conocido en el sector que circunda a la corporación, llamaron a su madre, Yadira Juárez, que habiendo salido de su empleo se dirigía a casa, ubicada a menos de 300 metros de la sede preventiva. Los testigos refieren que ambas patrullas ingresaron a los patios, llevando la motocicleta y al detenido en las cajas. En cuestión de minutos llegó hasta el pórtico para preguntar por su hijo, pero nadie le respondió. Así, en la incertidumbre pasaron cinco horas, hasta que un agente que resguardaba la entrada de patrullas le aseguró que la moto sí estaba en la institución. Amaneció y su hijo no regresó a casa. De nuevo fue a los separos y nadie la atendió. Interpuso queja en la Visitaduría Zona Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la jefa llamó a Juan López Cardona, juez calificador, quien negó tener bajo resguardo al detenido. Incluso la llevó a los separos, y efectivamente, no estaba su muchacho. Se movió aquí y allá, pero nada obtuvo. Dos días después, el cadáver del Pelochitas apareció en un dren. Había sido torturado, dice ella, que nunca lo volvió a ver con vida puesto que la caja les fue entregada sellada. Hermanas del fallecido refieren que este fue arrastrado, perforado en diferentes partes del cuerpo y ahorcado. Durante el velorio, patrullas de la Policía Municipal y dos unidades blancas, que ahora sabe que es el convoy del jefe de la Policía, Jesús Carrasco Ruiz, hostigaron a los deudos, incluso, en la misa de cuerpo presente. “Perro desgraciado, se cree poderoso para quitar vidas. Pinche Gobierno inepto que tenemos. Para qué tantas leyes, para qué las cárceles, para qué los ministerios, si los policías se convirtieron en asesinos, desgraciados. Así mi hijo fuese el peor delincuente, tenía derecho a un juicio, y si lo condenaban a que se pudiera en la cárcel, habría sido justo, porque tendría defensa, pero con asesinos con uniformes y empatrullados en las calles, nadie está a salvo”, condena la madre. La atribulada mujer busca respuestas y las encuentra entre los camaradas de su hijo. Doña, le dijeron, la Policía nos detiene a cada rato. Nos llevan a los separos y nos golpean. Nos culpan de ser “halcones” o “punteros”. Quieren al Trolo. ¿Quién es el Trolo? El desempleado Víctor Alonso Gil Aguilar, de 20 años, el Chihuili, un viejo conocido de las policías, pues el año anterior fue aprehendido conduciendo un auto robado, fue despertado junto a su mujer por el estruendo que la puerta principal de su casa hizo al ser arrancada la chapa principal. Cuando abrió los ojos, seis uniformes azules estaban frente a ellos. Todos encapuchados. Cálmate, le ordenaron a ella, que en defensa por la irrupción tomó a su hija en brazos, y le afirmaron: a ti nada te va a pasar. Luego, con cinchos plásticos negros la ataron a la cama. Le vendaron la cabeza, a manera de que no viera y evitar así una posible identificación posterior. A su hija se la dejaron a un lado, en la cama. Él preguntó: “¿Y a mí jefe?”. Por respuesta recibió una pregunta: “¿En qué trabajas?”. “En nada”, respondió el Chihuili. Y lo levantaron. Y se lo llevaron en dos patrullas y en una camioneta blanca. Eran las 12:00 horas, el sol cayendo a plomo, del segundo domingo de junio. Había una certeza, son policías, pues hasta las matrículas las llevan tapadas y las camionetas no portaban placas de identificación. Alejados los policías, los vecinos de la calle Alejandro Peña, en la colonia Rosendo G. Castro, llegaron a la vivienda y liberaron a la jovencita. Ella huyó. Buscó a su familia, primero, y después a su suegra. Contó, entre llantos y angustia, lo ocurrido. Desesperada, Dora Alicia Aguilar buscó a su hijo. En ninguna parte lo encontró. Denunció el caso a reporteros, y solo un noticiero y un periódico pequeño le dieron voz a su desesperación. Los de mayor audiencia y el de mayor circulación callaron. Al día siguiente, el Chihuili fue encontrado decapitado en el ejido Primero de Mayo. Su cabeza era ancla para una cartulina que tenía dos palabras: “Sigues Trolo”. Los dos jóvenes crecieron en el mismo barrio del ejido José María Morelos; y en el mismo barrio fueron velados; los dos tenían amigos mutuos, y entre ellos estaba el Trolo, pues él, como ellos, recorrían las mismas calles. El Trolo De acuerdo con reportes internos de la Policía Municipal y de la Policía Ministerial del Estado, hechos públicos con anterioridad a las nuevas ejecuciones y decapitaciones, el Trolo resulta ser el jefe de halcones de Los Mazatlecos, grupo doméstico de distribución de drogas para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Y es el responsable de pagar las narcomantas, en las cuales se denuncia que el jefe de la Policía, Jesús Carrasco Ruiz, y los comandantes de la Policía Ministerial del Estado, sirven a sus enemigos, el cártel de Sinaloa. Los reportes dados a conocer entonces fueron parte de las declaraciones de Eduardo González Rodríguez, conocido como el Yampool o la Thalía y de José Pablo Ramírez Galeana, el Pingüino, ambos empleados como “polveros” para surtir de drogas a los “puchadores” al servicio de Jesús Miguel Pacheco Samaniego, el Pecas, el Manchas o el Junior. Lista de abusos María Araceli Sepúlveda Saucedo, visitadora en la zona norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirmó que de enero a junio del 2012 los abusos policiales contra la población civil se han triplicado, al menos en denuncias. La situación la calificó como “preocupante”. Y más cuando dos casos que comenzaron como detenciones arbitrarias terminaron en asesinatos, porque “se pasó de violaciones al derecho de libertad a violaciones graves contra la integridad de las personas, y hay un tercer caso con dos muertes en donde confluyen similitudes, ataques de policías”. Aseguró que las indagatorias se han iniciado con la seriedad y celeridad que lo ameritan, pero lamenta que no se tengan los resultados que los quejosos demandan. Para no tener resultados de peso hay obstáculos muy fuertes: los quejosos no pueden señalar las patrullas participantes porque estas carecen de matrícula puesto que se las desprendieron o las traen tapadas, y los policías ocultan sus rostros en capuchas negras. Cuando se les requiere por oficio, el director Jesús Carrasco Ruiz, simple y llanamente niega la participación de sus agentes. “Siempre responde que no hubo operativo, que no detuvieron a nadie y que desconoce los casos”. Esta situación dijo, es desmoralizante. Cifras de denuncias Mes Policía Ministerial Policía Municipal Enero 2 3 Febrero 3 18 Marzo 5 10 Abril 4 10 Mayo 4 12 Junio (13) 1 4 Total 19 57 Patrullas clonadas Dos narcomantas dirigidas a las autoridades castrenses y al Gobierno de Sinaloa aparecieron en Los Mochis en la víspera del fin de semana. Colgadas en la cerca perimetral de la primaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en calle Alelhíes, entre Colegio Militar y Zacatecas, al poniente de Los Mochis; la otra en Pedro Anaya, entre Norte 1 y Emiliano Zapata, las mantas acusan de “asesino de inocentes” al director interino de la Policía Municipal, Jesús Carrasco Ruiz, y reclaman al gobernador Mario López Valdez y a autoridades castrenses la protección al mando preventivo. El jefe de la Policía, abordado por reporteros en Palacio Municipal, negó las imputaciones en las mantas y rechazó los achaques de los deudos. “No levantamos y las patrullas podrían ser clonadas”, respondió a las preguntas. Afirmó que a su oficina han llegado algunos oficios de la comisión de derechos humanos, por lo que no descarta que algún grupo delictivo esté usurpando funciones de la corporación utilizando patrullas clonadas. Se trata, agregó, de quejas de familiares de personas que presuntamente son detenidas por elementos de la Policía Municipal y después amanecen ejecutados. “Hay muchas posibilidades de que un grupo de la delincuencia organizada que opera en la zona hayan clonado patrullas y uniformes de la corporación para llevar este tipo de levantones”, puntualizó. En respaldo a las declaraciones de su jefe seguridad pública, el alcalde de Ahome, Zenén Xóchihua Enciso, negó que la Policía Municipal y los grupos criminales trabajen en conjunto. Llamó a no confiar en la información proveniente de los grupos delictivos, “pues no es una procedencia confiable y arruina la confianza en las autoridades”. "No podemos caer en la situación de seguir el juego de hacerle caso a denuncias o mantas o condiciones que hacen los delincuentes, pues si vamos a poner en duda el actuar y la integridad de nuestros funcionarios y servidores públicos por el señalamiento de un delincuente, pues de veras que estamos muy mal si les damos credibilidad en un momento determinado", apuntó.

EMBOSCAN A POLICIAS MINISTERIALES EN SINALOA; HAY SIETE MUERTOS

Redacción

Siete elementos de la Policía Ministerial del Estado perdieron la vida en una emboscada por gatilleros que circulaban por la carretera San Blas, El Fuerte, a la altura de la comunidad Tetamboca. En la refriega murieron también cuatro delincuentes, y resultaron heridos otros agentes de la PME. Hoy por la mañana, un convoy de aproximadamente siete patrullas fueron baleadas al ser interceptadas en la carretera por los gatilleros. Elementos militares, ministeriales y municipales resguardan el área.

EJECUTAN AGENTE DE LA PEI EN EMPALME

Agentes de la Policía Estatal Investigadora indagan sobre los hechos registrados alrededor de las 22:00 horas de hoy, en los que perdió la vida un elemento de esta corporación, al ser agredido con proyectiles de arma de fuego.

Se trata del agente Benjamín López Gil, quien contaba con 42 años de edad, y estaba comisionado en la base operativa de Empalme.

De acuerdo a las primeras indagatorias, el agente de la PEI iba llegando a su domicilio, ubicado en la colonia Libertad y al descender de su vehículo, recibió varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo.

En el lugar de los hechos se aseguraron varios casquillos percutidos de arma larga, mismos que fueron asegurados por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común que dio fe de los hechos y quien ordenó realizar las diligencias de ley.

SE PUDRE SECTOR SALUD EN SINALOA

Sector salud infectado de corrupción Redacción  Bastó el primer año del nuevo gobierno para que saliera pus de algunas dependencias. Las primeras auditorías a Salud arrojan conclusiones inatacables: el secretario cobra doble, sus principales colaboradores también, hay desvíos de recursos, pagos de bonos desmesurados e ilegales, compras amañadas, “aviadores”, pagos fuera de contrato y, como contraparte, despidos “por falta de recursos”. Todo bajo la complacencia de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. El director de Servicios Coordinados de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro, cobró durante 2011 dos sueldos a pesar de que lo prohíbe el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal. El monto que ilegalmente se adjudicó el titular de Salud, según informe del 3 de mayo pasado de la Auditoría Superior del Estado, asciende a 1 millón 409 mil 718.26 pesos. De acuerdo con el reglamento citado, las funciones que realiza como director general de los Servicios Coordinados de Salud son inherentes a las funciones que tiene como secretario de Salud, nombramiento otorgado por el gobernador Mario López Valdez a partir del 1 de enero de 2011. Los pagos entonces, dice la observación del procedimiento de fiscalización 5.3.2 de la ASE, otorgados al Congreso del Estado, “no son procedentes”. No es el único que incurrió en esta irregularidad. Junto al titular de Salud, 29 funcionarios, la mayoría directivos de primer nivel, están en la misma situación, “engordando” la nómina ilegalmente. Los salarios de estos 29 funcionarios, sin considerar bonos y demás prestaciones, suman casi 4 millones 200 mil pesos al año. De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior, “al analizar la nómina ordinaria y complemento de sueldos de mandos medios y superiores del ejercicio 2011, se detectó que Servicios de Salud de Sinaloa realizó 38 pagos por importe bruto de 1 millón 409 mil 718.26 pesos a Echeverría Aispuro, “adicionalmente a las percepciones que recibió como secretario de Salud del Gobierno del Estado”. En el mismo año, entonces, el titular de Salud percibió, centavos más, centavos menos, 2 millones 819 mil 436.51 pesos, equivalentes a 234 mil 953.04 pesos mensuales. Además de Echeverría Aispuro, se encuentran en la misma situación, con diferentes salarios y percepciones, el subsecretario de Servicios Administrativos, Adalberto Arias Pérez, el subsecretario de Salud, Saúl Pérez Parra, el director del Hospital General de Los Mochis, Pablo Domínguez Trad, el director de Adicciones, Roberto Gastélum Castro y la directora de Innovación y Calidad, Yolanda ldezma Inzunza. También el director de Planeación, José Antonio Mendoza Beltrán, el director de CAMES (Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa), Víctor Manuel Pérez Pico, el director del Sistema Estatal de Sistemas de Protección, Julio César Quintero Ledesma, el director de Normatividad y Regulación Sanitaria, Rafael Ramos Solano, entre otros. En total, estos pagos doble a los 30 funcionarios en cuestión, le cuestan al Gobierno 5 millones 592 mil 620.18 pesos que por ley no deben estar percibiendo. De acuerdo con una compulsa del presupuesto autorizado a la Secretaría de Salud para “servicios personales”, respecto al gasto ejercido, hay un sobregiro de 122 millones 934 mil 154.45 pesos en 2011. Trabajo para los “cuates” Cuando Echeverría Aispuro asumió la Jefatura de los Servicios Coordinados de Salud, la Secretaría contaba con 8 mil 583 trabajadores, entre sindicalizados, residentes, pasantes e internos, de contrato y de confianza. El gobernador, durante su campaña, dijo que racionalizaría el gasto y que para ello introduciría procesos de innovación tecnológica. Creó, para este efecto, una nueva secretaría. A la vuelta de los primeros meses, la nómina del Sector Salud creció en niveles que no se habían observado antes. Para finales de 2011, esta secretaría tenía ya 9 mil 241 trabajadores, es decir, 658 más que la administración anterior. Y no fueron médicos o enfermeras, laboratoristas o técnicos, los que la Secretaría contrató, sino empleados administrativos, mandos altos y medios, asistentes… burocracia, pues. La nómina mensual, que era de 126 millones de pesos, aumentó a 140 millones, con un incremento llano del 11 por ciento. No fueron los trabajadores de base los beneficiados, sino aquellos que llegan con los nuevos sexenios y que se amparan bajo el concepto de “honorarios” o “servicios profesionales”, muchos de ellos llamados comúnmente “aviadores”. Los contratos respecto a los trabajadores de base, por ejemplo, se incrementaron en solo 5 por ciento en 2011, mientras que los trabajadores eventuales por honorarios, donde anida la mayor parte de los “aviadores”, subieron 73 por ciento según los archivos contables de la dependencia. Los de confianza, se fueron a la alza en un 14 por ciento y el personal médico en 22 por ciento. Así, a la vuelta de un año del “gobierno del cambio”, solo una secretaría estaba gastando en personal 156 millones de pesos más de lo que gastó en 2010. Casi el doble si se consideran bonos, incentivos, prestaciones y pagos ilegalmente duplicados. De acuerdo con un analítico pormenorizado de los “servicios personales” de la Secretaría de Salud en 2011, comparado con el presupuesto autorizado, se gastaron 123 millones de pesos más. El total presupuestado suma la cantidad de mil 426 millones de pesos en números redondos, mientras que el gasto ejercido asciende a mil 549 millones. Debe llamar la atención que de esta cantidad, la mayor parte del sobregiro del Sector Salud, con 81 millones de pesos, está en el llamado personal “precario”, es decir, los eventuales, conocido como “personal golondrino”, ahora también “cuotas” y “cuates” o sencillamente “aviadores”. El costo de la élite En un comparativo elemental de las plantillas laborales relativas a mandos medios y directivos de 2010 y 2011 pueden encontrarse las razones de este sobregiro del Gobierno en el Sector Salud: En 2010 existían en la Secretaría 88 plazas con un costo total de 1 millón 333 mil pesos mensuales, mientras que a diciembre de 2011 la plazas habían aumentado a 166 (casi 100 por ciento), con un costo mensual de 3 millones 121 mil pesos. Es decir, una diferencia negativa de 1 millón 788 mil pesos mensuales. En las unidades médicas existían 25 plazas de niveles medios y directivos, y en el primer año del “gobierno del cambio” aumentaron a 68 (casi el triple). En 2010 se gastaron 887 mil pesos mensuales en las 25 plazas, mientras que en 2011 se gastaron 1 millón 780 mil pesos. La diferencia entre un año y otro, solo en la alta burocracia del Sector Salud, de acuerdo con los registros de la misma Secretaría a los que tuvo acceso Ríodoce, ascendió a 32 millones 176 mil pesos, centavos más, centavos menos. No solo eso: una de las observaciones de la ASE es que, de la revisión de las nóminas ordinarias y catálogos de centros de trabajo, se encontró que al menos 34 médicos especialistas y médicos generales recibieron 681 pagos en áreas administrativas, “cuyas funciones son distintas a las autorizadas en el presupuesto. La suma de estos pagos asciende a 8 millones 873 mil pesos. Otras observaciones de la ASE El documento de la ASE, que consta de 54 observaciones puntuales, tiene el número 067/2011, con fecha 3 de mayo de 2011, titulada Auditoría a los Recursos con Cargo al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Otra de las anomalías encontradas es la liberación de pagos a personal que ya ha sido dado de baja. Hay por lo menos 20 extrabajadores a los que se les expidieron cheques por la suma de 351 mil pesos. Otra observación señala pagos a empleados con “licencias sin goce de sueldo”. También, fuera de toda normatividad, señala la ASE, en la revisión de la nómina de complemento de sueldos a mandos medios y superiores del mes de noviembre de 2011, se encontró que Servicios de Salud de Sinaloa realizó, sin ningún sustento normativo, pagos por concepto de complementos de sueldos a 453 empleados por un monto total de 3 millones 478 mil pesos en números redondos. Igualmente se observaron 10 mil 887 pagos improcedentes a personal asignado a tareas en áreas de bajo, mediano y alto riesgo, por un total de 2 millones 486 mil pesos. Los números de la ASF A la par del trabajo realizado por la ASE en las cuentas del Sector Salud estatal, la Auditoría Superior de la Federación realizó también una auditoría al ejercicio presupuestal de 2011, específicamente a los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y entregó su informe con fecha 1 de junio de 2012. Es decir, al mismo fondo que había sido auditado por la ASE. Los resultados de esta revisión no solo ratifican lo encontrado por los auditores estatales, sino que en muchos casos redimensionan el caos administrativo que existe en la Servicios Coordinados de Salud y en el manoteo impune de los recursos. Por ejemplo, empiezan por cuestionar que “no se cuenta con una estructura organizacional actualizada”, “no se tiene un control adecuado de la documentación resguardada en los archivos”, “la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y los Servicios de Salud de Sinaloa no manejan una sola cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del Fondo”, “la Secretaría de Administración y Finanzas no radicó los rendimientos financieros generados a los Servicios de Salud en tiempo”, “se detectaron plazas autorizadas ocupadas por personal que desempeña funciones distintas al perfil del puesto”, “se realizaron pagos posteriores a la baja de los trabajadores”, etcétera. Y remata señalando que “la información financiera emitida por las diferentes áreas no fue oportuna ni confiable”. En una de las 40 observaciones que se anotan en el documento final, apunta que se verificó que existe documentación comprobatoria que no cuenta con los requisitos fiscales por 518 mil 437 pesos. También acusa desvío de recursos por el orden de los 2 millones 932 mil pesos. Respecto a los bonos otorgados a los altos funcionarios, dice que “durante el ejercicio 2011, se les efectuaron pagos mensuales por concepto de compensación por 39 millones 157 mil pesos, sin autorización expresa de la Junta de Gobierno ni sustento normativo que justifique los pagos”. También señala en otra observación que 25 millones 333 mil pesos fueron pagados bajo el rubro “vales de despensa” a personal que no estaba autorizado. Se observan pagos a “médicos especialistas” que, según 50 expedientes revisados, no acreditan el perfil profesional que se requiere para ocupar la plaza. De acuerdo con el procedimiento 4.2.3 del documento de la ASF, “en la revisión de los movimientos de baja de personal, cotejados con los estados de cuenta bancarios, se detectó que a 70 empleados se les generaron pagos posteriores a la fecha de su baja por 5 millones 101 mil pesos. Así también, 2 millones 805 mil pesos fueron pagados a doce trabajadores de la Secretaría a pesar de que habían obtenido permiso, de enero a diciembre de 2011… sin goce de sueldo. Revisando las conclusiones de las dos auditorías, pueden también documentarse múltiples irregularidades en los sistemas de compras de servicios profesionales, medicamentos y equipo, la existencia de contratos laborales sin firmas, equipos adquiridos pero inexistentes en el inventario… Doble salario para los mandos medios y directivos NOMBRE PUESTO SALARIO ÁLVARES GUERRERO MARCELA JEFA DE RELACIONES PÚBLICAS $8,333.33 AMÉZQUITA ZAZUETA RIGOBERTO MANUEL BENEFICIENCIA PÚBLICA $12,500.00 ARIAS PÉREZ ADALBERTO SUBSECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $32,216.00 DOMÍNGUEZ TRAD PABLO HOSP. GRAL. MOCHIS $16,666.67 GASTÉLUM CASTRO ROBERTO DIRECTOR DE ADICCIONES $10,921.67 LEDESMA INZUNZA YOLANDA DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD $27,588.33 MENDOZA BELTRÁN JOSÉ ANTONIO DIRECTOR DE PLANEACIÓN $27,588.33 PÉREZ PARRA SAÚL SUBSECRETARIO DE SALUD $26,846.67 PÉREZ PICO VÍCTOR MANUEL DIRECTOR DE CAMES $22,570.83 QUINTERO LEDESMA JULIO CÉSAR DIRECTOR DE LA UNIDAD ESTATAL DEL SIST. DE PROTECCIÓN $27,588.33 RAMOS SOLANO RAFAEL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN SANITARIA $27,588.33 SÁNCHEZ GUERRA RAFAEL ANTONIO BENEFICIENCIA PÚBLICA $12,500.00 SÁNCHEZ MORENO JESÚS ERNESTO DIRECTOR JURÍDICO $12,500.00 TAMAYO ONTIVEROS JAIME SECRETARIO PARTICULAR $9,000.00 VALENCIA GARMENDIA LUIS FERNANDO DIRECTOR DE IMAGEN Y DIFUSIÓN $9,166.67 VARGAS PÉREZ CARLOS JAVIER JEFE DEPTO. E INNOVACIÓN $4,166.67 RODRÍGUEZ AYALA PEDRO ÁNGEL DIR. C.S. LA CRUZ $10,000.00 Doce trabajadores más Personal operativo 50, 833.33 Los misterios de una firma La tercera semana de junio pasado, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, cuyo titular es Juan Pablo Yamuni, interpuso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia penal por falsificación de la firma del titular de los Servicios Coordinados de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro. El presunto falsificador era (o es) Cuitláhuac González Ortega, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Mantenimiento de la Secretaría de Salud. Horas después de que se hizo el escándalo público, fue dado de baja. Primero se dijo que había contratado servicios por alrededor de 10 millones de pesos y después se aclaró que el monto no llegaba a los dos millones y que ni siquiera se había consumado el presunto fraude porque “se detectó a tiempo”. A raíz de este asunto, el Secretario de Salud indicó que decidieron investigar otras áreas como la compra de insumos médicos, medicinas y papelería para corroborar que las licitaciones y compras se estén llevando a cabo con total apego a la ley. “Vamos a meternos a muchísimas áreas y en eso está la Unidad de Transparencia revisando todo. Hay que recordar que la Secretaría de Salud tiene muchas inercias que tenemos que romper. Vamos a ser transparentes y vamos a ser honestos”, dijo. Por su parte el gobernador advirtió que buscaba “sentar precedentes duros” en su administración. “Pues si se le encuentra culpable lo vamos a meter a la cárcel y si hay otros responsables en ese delito también, ando buscando de veras, sentar precedentes duros en mi administración y si este hombre es culpable y responsable pues tendrá que pagar por haber cometido ese delito”, expresó. Despidos y contrastes En diciembre pasado, la víspera de Navidad, 36 trabajadores del Hospital de la Mujer —35 enfermeras y un camillero— fueron despedidos. Los despidieron siguiendo el perfil de una administración estatal que ante cualquier reclamo saca el “garrote”. Los 36 despedidos habían demandado el 8 de septiembre anterior, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, nivelación salarial y prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo que les estaban siendo negadas. Entre las mujeres despedidas estaban tres embarazadas, una recién parida y una más incapacitada. No conforme con despedirlos, el propio gobernador Mario López Valdez los amenazó. Para protestar por lo que consideraban un despido injusto, las enfermeras y el camillero realizaron plantones y otros actos de protesta afuera del Hospital de la Mujer, contra la burla del secretario de Salud, que les había espetado que si no les gustaba su trabajo ni sus salarios que se fueran a vender tamales. En una de las audiencias de los trabajadores despedidos con el gobernador, este los amenazó, les dijo que no se pelearan con el ampáyer —que es él— y que no les fuera a pasar lo que había ocurrido en Guerrero, donde una manifestación de estudiantes normalistas había sido reprimida con saldo de un muerto. El 4 de mayo pasado otro grupo de enfermeras y trabajadores, estos del Hospital General Bernardo Gastélum de Culiacán, fueron despedidos. Ahora fueron 25 y el argumento es que “se carece de presupuesto para pagar sus salarios”. Entre los despedidos están Heidi Medina Cárdenas, quien tenía entonces dos meses de embarazo y laboró casi cinco años en áreas administrativas y de trabajo social; Margarita Morgan Munguía, de 69 años, dietóloga adscrita a la cocina, con 17 años de servicio, además de enfermeras, químicos, un médico, camilleros y personal de otras áreas. Considerando un promedio de 5 mil pesos mensuales que devengaban los 25 trabajadores despedidos del Hospital Civil —un joven de intendencia despedido ganaba mil 209 pesos a la quincena—, solo con el salario que ilegalmente está cobrando Echeverría Aispuro, incluidos sus bonos, alcanzaría para cubrir sus percepciones.