Milenio
México.- La retención de los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González en la Procuraduría General de la República (PGR) deriva de testimonios que los vinculan con la red de servidores y ex servidores públicos que presuntamente brindaron protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Los
“denunciantes” (no identificados por la dependencia federal) señalaron que ambos
cooperaron con los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, El Barbas y El H,
respectivamente, entre 2005 y 2007.
Funcionarios de la PGR revelaron que
esa fue la razón por la que el agente del Ministerio Público federal adscrito a
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO) giró un oficio de localización y presentación contra los ex mandos
castrenses.
La pesquisa, indicaron, data de 2010, pero fue hasta hace un
par de semanas que se logró recabar más declaraciones para integrarlas a la
averiguación previa que lleva a cabo la Unidad de Investigación Especializada en
Delitos contra la Salud, de la SIEDO, bajo el número 112/2010.
Las
autoridades de la PGR aclararon que los militares en retiro están en calidad de
presentados y su situación ministerial se resolverá en las próximas 96 horas,
pues el agente del Ministerio Público agotará el término constitucional para
determinar si hay delito que perseguir.
Hasta el cierre de esta edición,
Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Sedena, rechazó las imputaciones. En
tanto, Leticia Zepeda Contreras, esposa del militar, confirmó que su marido se
reservó su derecho a declarar.
Las autoridades consultadas subrayaron que
desde hace una semana fue presentado ante la SIEDO un ex funcionario de la PGR
relacionado con el general Ángeles Dauahare, a quien se le detuvo en La
Herradura, en Huixquilucan, Estado de México.
Señalaron que esta persona,
actualmente arraigada, es también investigada por las declaraciones que
rindieron los testigos ante la mencionada unidad de la
SIEDO.
Interpone recurso
El abogado Alejandro Ortega
Sánchez dijo en entrevista que solicitó un amparo por la incomunicación y
violación de garantías individuales de fue objeto su cliente. La demanda de
garantías quedó radicada en el juzgado décimo de distrito de amparo en materia
penal con el número 47/2012.
Asimismo, indicó que presentará una queja
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la detención “ilegal”
del divisionario, pues el oficio con que se le detuvo no tenía sello de la PGR y
estaba incompleto.
Explicó que Ángeles Dauahare fue detenido cuando
llegaba a su domicilio de Tlalpan. Luego fue llevado al Campo Militar Número Uno
para certificar su estado de salud. Una vez cumplido el trámite se le llevó a la
SIEDO.
Al respecto, Leticia Zepeda Contreras, esposa del militar, propuso
a la PGR que “busque hasta debajo de las piedras” las supuestas faltas que le
imputa a su marido, porque no encontrará nada. Calificó a su marido de “persona
honorable” y exigió que lo liberen.
“Es una figura conocida públicamente,
con una trayectoria intachable y lo único que les dije adentro (a funcionarios
de la SIEDO) es que voy a exigir, no a pedir, ¡a exigir!, que le busquen hasta
debajo de las piedras (las supuestas fallas) desde el primer día en que puso un
pie en el plantel militar hasta el día de ayer que lo detuvieron; no lo voy a
pedir, lo vamos a exigir”, expresó.
Entrevistada después de visitar a su
esposo en las instalaciones de la SIEDO, Zepeda Contreras mencionó que su marido
se encuentra bien de salud y de buen humor, e insistió en que no es responsable
de algún ilícito.
Acompañada de sus hijas, subrayó que Tomás Ángeles
Dauahare tiene una trayectoria intachable. Sostuvo que no entienden por qué fue
llamado a la SIEDO, donde está en calidad de presentado. La mujer dijo
desconocer si hay personas que buscan hacerle daño al general en
retiro.
Queja ante la CNDH
* La defensa de Tomás Ángeles
Dauahare, ex subsecretario de la Sedena, presentó una queja ante la CNDH por
presuntas violaciones a sus garantías individuales.
* Alejandro Ortega
Sánchez, abogado del general en retiro, informó que la denuncia se interpuso
contra la Procuraduría General de la República (PGR) por una supuesta
incomunicación.
* El litigante dijo que la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, se
negó a reconocerlo jurídicamente como defensor y asignó a Ángeles Dauahare un
abogado de oficio.
