Newsweek,
que en su día fue uno de los referentes tradicionales del periodismo
estadunidense y que en cinco años sus ventas se desplomaron de 3 a 1.5 millones
de ejemplares, trata de salir a flote con portadas sensacionalistas como la que
publicará esta semana, en la que anuncia en portada que Obama es “el primer
presidente gay”.
El autor del reportaje de portada de Newsweek es Andrew
Sullivan, un bloguero y activista gay radicado en Washington que, junto a su
pareja, fue invitado del presidente en su última cena de Estado, en honor del
primer ministro británico David Cameron. Sullivan nunca escribe que Obama sea el
primer presidente homosexual de EU, pero la revista así lo interpreta
aprovechando su texto con declaraciones como la siguiente: Obama “tuvo que
descubrir su identidad negra y conciliarla con la de su familia blanca, del
mismo modo que los gais descubren su identidad homosexual y la concilian con la
de su familia heterosexual”. “Esa es la experiencia gay: Obama aprendió a ser
negro del modo que los gays aprenden a ser gays”.
La nueva directora de
la revista, Tina Brown, que ocupó el cargo a finales de 2010, ya metió la pata
con otra portada en la que no dudó en resucitar a Lady Di y colocarla junto a la
esposa de su hijo el príncipe Guillermo, Kate Middleton.
La reacción de
la crítica no se hizo esperar: fue una portada “vomitiva”.
El asesinato se da a pocos días del arranque del
operativo 'Morelos Seguro', lamentó una organización civil de derechos humanos
en la entidad
Cuernavaca .- René Orta,
reportero de información policiaca en Morelos, fue hallado sin vida esta
madrugada, confirmó el Gobierno del Estado.
Fuentes de la Procuraduría
General de Justicia estatal (PGJ) y de la Secretaría de Protección y Auxilio
Ciudadano (SPyAC) informaron que el cuerpo del reportero fue encontrado dentro
de la cajuela de una camioneta, atado de manos, en el norte de la capital
morelense.
"El Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría
General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, informa que desde el
día de ayer (sábado) en que trascendió la desaparición de René Orta Salgado,
reportero del Estado, se llevó a cabo un despliegue para su localización,
confirmando el hallazgo sin vida del conocido ciudadano este domingo, al
interior de una camioneta en la que se transportaba en la Ciudad de Cuernavaca",
señala el comunicado del Ejecutivo estatal.
Orta Salgado era colaborador
de un periódico local en la entidad, del cual solicitó licencia en diciembre de
2011 para encabezar un grupo denominado Emprendedores por la Nación (EPN), para
promover el voto a favor del candidato presidencial Enrique Peña
Nieto.
"Ante estos hechos, el Gobernador del Estado instruyó a la
Procuraduría General de Justicia para que se lleven a cabo las investigaciones
correspondientes para determinar las causas de su fallecimiento y las
circunstancias en las que se registró este hecho", apuntaron las autoridades
estatales.
"Este crimen ocurre cuatro días después de haber entrado el
Operativo 'Morelos Seguro' y luego de que hace una semana cerca de un centenar
de periodistas protestaran en Cuernavaca por los asesinatos de periodistas en
Veracruz y exigieran un protocolo de seguridad en Morelos", indicó la
agrupación.
"'¡No disparen al periodista!', fue la consigna. Ya basta! La
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos se suma a las voces
indignadas de periodistas que exigen el esclarecimiento inmediato de este
asesinato".
El supervisor operativo de la Policía
Municipal, Andrés Murcia Arzabal, y el policía cuarto Sergio Hernández Reyes,
fueron asesinados a balazos
Tierra Blanca, Ver.-
(El supervisor operativo de la Policía Municipal, Andrés Murcia Arzabal, y el
policía cuarto Sergio Hernández Reyes, fueron asesinados a balazos la madrugada
de este domingo.
Este doble crimen ocurre a unos días de que el
supervisor operativo Murcia Arzabal, exigiera al presidente municipal Tito
Delfín Cano, mejores condiciones y equipo para realizar su trabajo.
Lo
cierto es que los oficiales realizaban su recorrido a bordo de la unidad 01
sobre avenida Lerdo y al llegar a esquina con Francisco Pavón Amador,
desconocidos se les emparejaron y les dispararon.
Los cadáveres quedaron
en el asiento de la patrulla, la cual al quedar sin control subió a la banqueta
y chocó con un muro.
Personal de la agencia del Ministerio Público acudió
a tomar conocimiento y a realizar las diligencias de rigor para indagar los
hechos y proceder en contra de los responsables
Peritos de la
Procuraduría General de Justicia encontraron casquillos de diferentes calibres,
y los recogieron para su estudio.
Personal de la Secretaría de Marina y
de la Defensa Nacional llegaron al sitio y realizaron diversos operativos de
búsqueda, pero no hay detenidos hasta el momento.
CADEREYTA, N.L. (Agencias).- En un caso
sin precedente en la historia criminal de Nuevo León, 49 personas (entre ellas
seis mujeres) fueron asesinadas y sus cuerpos decapitados encontrados a la
orilla de la carretera libre a Reynosa.
El hallazgo de los cadáveres, fue
reportado a las autoridades estatales y federales alrededor de las 02:00 horas
de la madrugada del domingo.
Los restos estaban tirados y algunos en
bolsas de plástico en color negro a la altura del kilómetro 47 de la carretera
libre a Reynosa y el entronque al poblado San Juan.
Minutos después de
que se confirmó la muerte de 49 personas, el despliegue de efectivos estatales,
policía ministerial, elementos de la Policía Federal y Militares no se hizo
esperar.
La zona del múltiple crimen fue acordonada por las Fuerzas
Federales y la circulación de automóviles hacía la frontera con el estado de
Tamaulipas fue cerrada a la vialidad.
Durante siete horas, este tramo de
la carretera fue bloqueada por patrullas estatales y del ejército, así mismo la
vialidad de San Juan hacía la carretera a Reynosa fue
suspendida.
Personal de servicios periciales de la Agencia Estatal de
Investigaciones arribaron al lugar y comenzaron a levantar
evidencias.
Los cuerpos fueron ubicados cerca de un terreno baldío y de
una caseta de Inspección Sanitaria localizada a 20 metros del arco simbólico de
la fundación del poblado cuna del béisbol nacional.
Durante las
investigaciones llevadas a cabo por la policía, se presume que los cuerpos
podrían pertenecer a migrantes, ya que algunos de ellos tenían facciones propias
de estados al sur del país.
Asimismo se localizó un mensaje, cuya manta
fue abandonada a unos 3 metros de los cuerpos; asimismo en el muro del lado
poniente del arco fue inscrita la leyenda del grupo criminal que llevó a cabo el
asesinato.
En la escena del crimen, los peritos localizaron algunos
casquillos percutidos y revelaron que algunos de los cuerpos ya se encontraban
en completo estado de putrefacción.
Esto lleva a la policía ministerial a
presumir que en el lugar unas de estas personas fueron ejecutadas, pero otros
pudieron ser llevados ya muertos al lugar.
Luego de las investigaciones,
los restos de seis mujeres y 43 hombres fueron trasladados a tres unidades del
Servicio Médico Forense a las instalaciones del anfiteatro del Hospital
Universitario, donde se espera sean reclamados.
Cadereyta Jiménez • Los
49 cuerpos mutilados encontrados la madrugada de este domingo en el kilómetro 42
de la carretera libre a Reynosa, en el municipio de Cadereyta, podrían ser de
ilegales centroamericanos, revelaron fuentes allegadas a las primeras
investigaciones del caso.
Trascendió que la Procuraduría General de
Justicia en el Estado, a través de Servicios Periciales, trabajaba esta mañana a
toda prisa en la realización de pruebas de ADN para tratar de determinar las
características étnicas de las 49 víctimas abandonadas dentro de bolsas de
plástico a orillas de la citada rúa federal.
“Por la cantidad de
personas, la primera línea apunta a que podría tratarse de los pasajeros de un
autobús repleto de ilegales; pudo haberse tratado de un problema de cobro de
cuota a un pollero por parte de la delincuencia organizada que ya se apoderó
también de este negocio ilegal”, dijo el vocero que pidió el
anonimato.
La evidencia de que el crimen organizado controla esta
industria del tráfico ilegal de personas quedó en evidencia en agosto de 2010,
cuando fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes en San Fernando,
Tamaulipas.
En esa ocasión sólo una persona originaria de Ecuador
sobrevivió a la masacre, quien reveló que sus compañeros de viaje fueron
asesinados ante su negativa a integrarse a las filas de un grupo de la
delincuencia organizada.
El vocero de seguridad del estado de Nuevo
León, Jorge Domene, confirmó el hallazgo de 49 cadáveres, 43 hombres y seis
mujeres, en el municipio de Cadereyta. Algunos cuerpos podrán tener hasta 48
horas sin vida, por lo que se cree que no fueron asesinados en el
sitio.
El funcionario aseguró que el hallazgo es una manifestación de la
violencia entre bandas del crimen organizado.
“Sabemos, por las
características, que sigue siendo una manifestación de violencia entre bandas
del crimen, esto no es un ataque contra la población civil, es muy importante
recalcarlo, definitivamente se tendrá que averiguar hasta sus últimas
consecuencias, el móvil de todo esto es una repetición de hechos en otros
estados y se tendrá que tener mucha atención para poder, de manera como vayamos
identificando a las víctimas, tener mayores rastros en la investigación”,
afirmó.
En conferencia conjunta con el procurador de Justicia de Nuevo
León, Adrián de la Garza, Domene informó que junto a los cuerpos se halló una
manta en la que se atribuía a un grupo criminal la autoría de los
asesinatos.
Detalló que a los cuerpos les cortaron las cabezas y las
manos, lo que complica la identificación de los mismos.
“Este hallazgo es
sin duda un reflejo de los actos que han venido ocurriendo a lo largo del país,
como fue recientemente lo de Nuevo Laredo, lo que ocurrió también hace unas
se-manas en Jalisco y hace algunos meses en Veracruz”, recordó.
El
procurador del estado, Adrián de la Garza, dijo que no existe denuncia de
desaparecidos en los últimos días, por lo que podría tratarse de gente de otros
estados o incluso migrantes centroamericanos.
“Definitivamente fueron
asesinados en otro lugar”, confirmó el procurador Adrián de la Garza.
“No
tenemos denuncias de desapariciones en el estado en los últimos días, y en esas
cantidades, mucho menos; pudiéramos pensar que a lo mejor es gente se despega
del vínculo familiar o del hogar algún tiempo, no descartamos nada en este
momento, estamos empezando las investigaciones, pudieran ser migrantes o no
pudieran ser migrantes”, dijo.
De la Garza dijo que presuntamente los
cuerpos fueron transportados en un solo camión, presentan tierra y no todos
estaban en bolsas de plástico.
Los cadáveres están siendo trasladados a
un local en Monterrey en donde se realizarán exámenes de ADN.
El vocero
informó que el gobernador Rodrigo Medina pidió apoyo de autoridades federales
para realizar investigaciones.
El hallazgo se da cuatro días después de
que otros 18 cadáveres decapitados y mutilados fueron localizados en dos
automóviles en la carretera Guadalajara-Chapala.
La Procuraduría de
Justicia de Jalisco indicó esta semana que la masacre de 18 personas es
presuntamente una venganza entre grupos criminales por 23 asesinatos ocurridos
el viernes 4 de mayo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Aumentan
los desplazados ante la indolencia del Gobierno
Judith Ortiz El
desencadenado auge económico que se registró en Sinaloa en los últimos años está
cobrando factura. A estas alturas el costo social es alto. Matar se ha vuelto
fácil y barato.
Fácil por la impunidad que reina y barato porque hoy la vida de
una persona en manos de algún sicario que trabaja por cuenta propia, puede valer
hasta dos mil pesos, sin el menor miramiento.
La violencia no solo viene ya de la lucha entre cárteles y entre estos y las
fuerzas policiacas y militares, sino también de todo aquel que quiera aprovechar
la situación para delinquir, en medio de una impunidad casi total.
Con un
mercado negro de armas en progreso y con grupos del narcotráfico que se
extienden y ramifican, se propagan también las amenazas y extorsiones, los
secuestros, los crímenes, la drogadicción, los robos de autos y de comercios, el
cobro “de piso”, los asaltos en carreteras en falsos retenes, las amenazas a
periodistas y las muertes por encargo.
En el estado, las cifras de
asesinatos se incrementan cada año, pese a las declaraciones oficiales de que el
índice viene a la baja.
Los números hablan por sí mismos: 531 hombres y mujeres
asesinados durante 2004, 610 en 2005, 604 en 2006, 747 en 2007, para
incrementarse en un 60 por ciento en 2008 con mil 167 crímenes violentos, mil
255 en 2009 y 2 mil 238 en 2010. En 2011, según versiones gubernamentales, el
número de caídos fue de mil 905.
Pero en los altos de Sinaloa, donde la
violencia se intensifica al ritmo de la disputa por el control de espacios para
el mercado de la droga, muchos mueren en despoblado sin abonar a las cifras
oficiales de asesinatos.
La razón es que allá, mucho menos se investigan los
saldos de la guerra sexenal, que ha arrojado 60 mil muertos en el país hasta la
fecha.
En esta sierra accidentada de difícil acceso, ideal para la
siembra de enervantes, los narcotraficantes tienen prácticamente sus centros de
operaciones.
Y es en esa área, pocas veces recorrida por la Policía Federal o el
Ejército, en donde se han suscitado el 65 por ciento de las ejecuciones del
país.
Los habitantes de la sierra de Sinaloa lo saben mejor que nadie.
Son víctimas colaterales, testigos directos de una guerra paralela entre
cárteles de la droga que se libra con más intensidad en las inmediaciones de la
zona conocida como el “triángulo dorado”, enclavada en los límites de los
estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.
La masacre en
Vinaterías Vinaterías se convirtió hace unos días en un pueblo
fantasma. Las 22 familias que vivían en esta comunidad de Sinaloa de Leyva,
enclavada en una de las la zonas más intricadas y abruptas de la serranía del
“triángulo dorado”, abandonaron sus casas, muebles y animales para emigrar hacia
el valle. Salieron huyendo luego de que un grupo armado entró de madrugada y
asesinó a diez jóvenes de entre 18 y 23 años.
A pesar de que las
autoridades del Estado han ocultado estos hechos, Ríodoce obtuvo testimonios de
una de las familias desplazadas.
Hacinados en un pequeño cuarto de una colonia
periférica de Culiacán permanecen alrededor de 13 miembros de una familia
completa, integrada por adolescentes con bebés en brazos, niños, hombres y
mujeres jóvenes y ancianos.
Con miedo, pidiendo el anonimato, aceptaron narrar
los hechos que los desarraigó de su pueblo en que nacieron y vivieron.
El
hombre mayor de la familia, don Lupe, cuenta que el hecho que desató los
asesinatos y la posterior huida, fue la muerte, en este caso accidental, de don
Adolfo Hernández, un hombre de 75 años que conciliaba intereses y mantenía una
aparente calma en la comunidad.
Cuando Vinaterías se quedó sin liderazgo,
“la gavilla se animó a bajar y empezó la matazón”.
Se apostaron de madrugada en
las orillas del pueblo y al amanecer irrumpieron en las viviendas armados con
rifles de alto poder, vestidos como militares:
“Sacaron a dos plebes de sus
casas y los mataron luego luego; a esos los pudieron recoger sus familias, pero
luego fueron por otros dos y ai en la orilla del pueblo los dejaron tirados,
amenazaron que’l que se arrimara a recogerlos ai también lo iban a matar… esos
traiban miralejos y estaban vigilando, los tuvieron ai como cebo… pues le digo
oiga, nadie se animó a ir por los muchachos y ai se quedaron, como carroña
pa’los animales.
A los días, los sicarios jalaron pa’rriba, iban en convoyes de
camionetas nuevecitas, puras del año, de las que se roban aquí”.
Pero
según lo narrado por don Lupe, los habitantes ya habían informado por radio al
grupo contrario “porque créame oiga, allá la gente anda en los cerros bien
comunicada, ai andan los punteros con radios, montados en motos o en bestias y
avisan de todo”.
El grupo contrario envió dos avionetas con la estrategia
de ubicar al convoy por aire, adelantarse y hacerles frente, pero los gavilleros
se dieron cuenta y regresaron a la comunidad, donde mataron a otros seis
jóvenes.
No los pudieron velar, ai a las carreras los enterraron en una fosa
común para evitar que los animales se los comieran como había pasado con los
otros dos muertos.
Luego de la masacre, las 22 familias de Vinaterías
subieron apresurados las pertenencias que pudieron cargar y enfilaron hacia
Guamúchil y Culiacán, con amigos o parientes.
Y mientras ellos salen, otros
llegan a esos lugares para sembrar: “Dicen que han llevado 700 gentes de otros
lados pa’meterlas en los pueblos desocupados y que siguen entrando, desde más
pa’rriba”.
Don Lupe cuenta también el caso de una familia vecina:
“Cuando
el José miró la matazón echó lo que pudo a la camioneta, subió a la mujer y a
los hijos y quiso salir del pueblo pero lo atoró el gavillón: ¿De dónde vienes?,
le preguntaron. ¿Vienes de Bejuco?
Y que lo regresan al pueblo y ellos con él a
pedir informes a los que ai quedaban pa’saber de qué bando era, pero cuando
comprobaron que no eran de ninguno, que era un hombre tranquilo, lo dejaron
venirse”.
“Y pos aquí estamos un poco de raza, andamos buscando un
solarcito o una casa pa’rentar porque hay mucha plebada, ai como ve, parece
kínder aquí”.
Y expresa con un aire de tristeza: “Créame oiga, allá se trata de
pura envidia y venganzas; nos llegó la lumbre feo porque mucha gente se metió a
matón y a asaltante”.
Al igual que Vinaterías, otros poblados aledaños
más pequeños del municipio sinaloíta como El Bejuco, San Vicente, El Limón,
Sacadeagua, Plan de Ocote, El Sauce y Rancho Blanco, también han sido
abandonados por la mayoría de sus moradores.
Otros pueblos afectados de ese
municipio son la Sierrita de Germán, Ocuragui, Los Hornos, La Joya de los
Martínez, La Vainilla, Las Tatemas, El Amapal, El Guamúchil y Portuguez de
Norzagaray.
El éxodo silencioso En los altos no
solo es común la gente armada, sino las gavillas armadas que mantienen
aterrorizados a los habitantes de pequeños poblados.
Su dominio es tal que han
desplazado a cientos de familias de sus comunidades de origen.
Sinaloa es uno de
los estados más afectados por esta migración, que se registra en las
estribaciones de la sierra de los municipios de Sinaloa, Badiraguato, Choix, San
Ignacio, Cosalá, Concordia, El Rosario y Elota.
En el sur, al menos diez
comunidades han sido abandonadas por sus moradores en el municipio de San
Ignacio en los últimos cinco años. Son Campanillas, El Verano, Bordontita, El
Chilar, Santa Apolonia, Pueblo Nuevo, Huaracha, Güillapa, Contraestaca y
Tepehuajes.
En el norte, localidades como Sasalpa, Comanito y Chicorato,
del municipio de Mocorito, han sido “expropiadas” por el crimen organizado para
usarlos como refugios, casas de “seguridad” o lugar de paso, convirtiéndolos en
pueblos fantasmas. Bequillos, ahí mismo, es un pueblo abandonado desde hace
años, junto con su Zinder, su escuela primaria y su plaza que un día presumió
orgullosa la estatua del general de la revolución, Gregorio Cuevas.
A
Surutato, una sindicatura de Badiraguato, han llegado a refugiarse de la
violencia un total de 53 familias, 350 personas entre hombres, mujeres y niños
de las comunidades de San José de los Hornos, Los Laureles, Ocorahui y La Joya
de Los Martínez, pertenecientes al municipio de Sinaloa, según informó el
síndico municipal de esa localidad, Omar Gilberto Ortiz Lozoya.
El
alcalde de Sinaloa, Saúl Rubio Valenzuela, reconoció que el municipio a su cargo
se ha convertido en un “foco rojo” y que la alarmante violencia ha obligado a
las autoridades a replegarse. Tan solo en la cabecera municipal, dijo, hay más
de 500 personas desplazadas de la sierra.
Por su parte, el presidente
municipal de Badiraguato, Ángel Robles Bañuelos, sumó a la lista de pueblos
fantasmas su sindicatura Cortijos de Guatéripa y la comunidad de Tareapa,
colindantes con Culiacán. De ahí huyeron, hace dos meses, alrededor de 36
familias que buscaron refugio en ese municipio y en la capital sinaloense, luego
de que el exsíndico fue degollado por miembros de una
gavilla.
Entrevistado por Ríodoce, el alcalde dijo que “darles despensas
y cobijas no es la solución, sino que les den la seguridad para que regresen a
sus casas; ellos quieren que intervenga el Gobierno estatal y el federal para
poder volver, porque dejaron todas sus pertenencias”.
—¿Y por qué no
se les ha dado solución? —No está en mis manos la
solución. —¿Ha planteado este problema al gobernador del
estado?—Sí, sí, claro.
—¿Y qué le ha dicho al
respecto? —Que lo están viendo, que está en proceso la investigación,
que lo están analizando para ver de qué manera le dan la mejor solución. Yo
siempre he dicho que debe haber un presupuesto para apoyar a los desplazados,
como el de los desastres naturales, porque ellos salen sin nada de sus
pueblos.
—El conflicto de los desplazados se origina por el miedo a
las gavillas en la sierra, ¿cómo ha manejado usted este asunto de las gavillas
en su municipio? —No hay gavillas aquí en Badiraguato.
—¿En
dónde están? —En Choix, cuando bajan, y luego corren para Chihuahua.
Aquí lo que hay son conflictos internos entre familias de los pueblos, por la
falta de educación y cultura, pero no vienen grupos
delictivos.
Gavillas, incursión y control Las
gavillas armadas en los municipios enclavados en la sierra sur y norte de
Sinaloa no son algo nuevo.
Hace 11 años, el entonces comandante de la Novena
Zona Militar, general Francisco Moreno González, informó que operaban 33
gavillas en la zona rural de los municipios de Culiacán y Cosalá.
Dijo
entonces que estos grupos “portan armas automáticas y están vinculados a las
siembras de mariguana y amapola” y se desplazan por varios puntos buscando
refugio en las partes más altas de la sierra de Sinaloa.
Pero hoy, de acuerdo
con las declaraciones del subprocurador regional de Justicia, Jesús Antonio
Sánchez Solís, “las gavillas en la zona serrana han repuntado para cometer
asesinatos”.
Hace cinco años, en abril de 2007, el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Édgar Acata Paniagua, confirmó
la operación de por los menos 200 gavillas de criminales ubicadas en el sistema
serrano que cruza Sinaloa de sur a norte, en los límites con Durango y
Chihuahua, aunque algunas se situaban en la costa y carreteras
federales.
Un fenómeno ignorado Ante este
fenómeno, las autoridades estatales no tienen respuesta. No existen programas de
atención a los desplazados, ni una institución que los auxilie.
La mayoría pide
apoyo a familiares y amigos para efectuar el cambio de residencia. En recientes
entrevistas, tanto el procurador del estado, Marco Antonio Higuera, como el
secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, reconocen la operación
de las gavillas en la sierra de Sinaloa y el desplazamiento forzado de cientos
de familias. Sin embargo, no han ejercido ni una acción al respecto.
A lo
sumo, el Gobierno responde a la violencia enviando más efectivos policiacos y
militares a las zonas en disputa, pero nada para paliar la angustia de los
desplazados.
Menos hay programas para atenderlos en los pueblos y ciudades que
se han convertido en receptores de las familias que bajan huyendo de la
violencia.
El martes pasado, durante una sesión de Cabildo, el regidor
del Partido del Trabajo, Juan Carlos Patrón, planteó el problema para que el
Ayuntamiento de Mazatlán hiciera algo por los desplazados.
Mazatlán se ha
convertido en una ciudad destino de hombres y mujeres que bajan con sus hijos de
la sierra de Concordia, de Durango y de la sierra baja de Mazatlán, en busca de
refugio.
Pero ni siquiera un padrón de estas familias existe todavía,
menos programas de apoyo.
El informe México: desplazamiento forzado a
consecuencia de la violencia de los carteles de la droga, realizado por el
Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en
inglés), afirma que “la narcoguerra en el país ha provocado 230 mil desplazados,
aunque el número podría ser mucho mayor”.
Según el estudio, aprobado por
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), México está
entre los cinco países con mayor número de desplazados por violencia en América
Latina durante 2010.
Entre los estados que padecen esta situación se encuentra
Sinaloa, junto con Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y
Veracruz.
En México, el desplazamiento forzado ha pasado casi
desapercibido y las autoridades estatales y federales no reconocen este problema
causado por los cárteles de la droga.
“Hay poca conciencia sobre la relación
entre la violencia y el desplazamiento forzado y sobre todo, sobre la necesidad
de poner en marcha acciones para proteger sus derechos de acuerdo a derecho
internacional”, cita el informe de IDMC, el principal organismo internacional
que vela por los desplazados internos en el mundo en medio de conflictos
armados.
Una de las recomendaciones hechas por este organismo anota que
“las autoridades nacionales tienen el deber y la responsabilidad primordial de
brindar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se
encuentren bajo su jurisdicción, de conformidad con las directrices que prevén
los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”.
Tanto ACNUR
como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresaron este año al
Gobierno mexicano su preocupación por la poca atención para desarrollar
programas de protección y asistencia para los desplazados internos.
Por
su parte el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl
Plascencia Villanueva, calificó como inédita la situación de violencia en el
país, ya que antes de 1994 no era un fenómeno que México hubiera enfrentado,
salvo durante la época de la Revolución y que se ha recrudecido de 2006 a la
fecha.
Bequillos, pueblo fantasma Montaña arriba,
la tierra se levanta en polvareda al transitar por el camino bordeado de
huizaches, nopaleras, sabinos y mezquites.
La terracería serpentea por la sierra
de Mocorito hasta donde la tierra se vuelve roja y en una cañada se vislumbra
Bequillos.
Es un pueblo fantasma, como muchos otros en la zona
serrana.
Lo que al parecer fue una dinámica comunidad con abarrotes, un
bella plaza, escuelas y labores del campo, está hoy convertida en ruinas.
Casi
todas las casas están abandonadas a lo largo y ancho de las calles solitarias.
Solo un par de hombres de avanzada edad se mecen en las poltronas bajo los
tejabanes, frente a la plazuela, ahora inundada por el bledo. Están encargados
de cuidar un par de casas de material de familiares y amigos.
Junto a la
plaza, la escuela primaria está carcomida, con vidrios y pupitres rotos.
Contraesquina, un pequeño cuarto de muros derruidos e incendiados, muestra, como
una mala broma, un letrero en letra de molde:
“Centro de Atención Rural al
Adolescente”. Un poco más a la orilla está el jardín de niños, con llantas de
colores cubiertas por el pasto, aulas vacías y pupitres rotos.
En medio
de la sierra seca y caliente, Bequillos es uno de los poblados marcados por el
éxodo obligado, en donde la ayuda nunca llegó.
Territorio marcado por las
ráfagas, abandonado por las autoridades, un día, en una junta de Cabildo, un
alcalde, cuyo nombre ninguno de los dos hombres entrevistados lo quiso recordar,
lo declaró pueblo inexistente.
La desgracia de
María Luis Fernando Nájera La
Cofradía, El Fuerte.- María, una mujer recia cuyos genes rarámuris sobresalen,
llora su desgracia en una esquina de su improvisado albergue, en donde
forzosamente convive con casi tres decenas más de refugiados.
Ella es una
de las 36 personas desplazadas por la guerra del narco que dos semanas atrás
llegó a esta comunidad en donde hasta los perros y gallinas sufren hambre y sed,
porque no hay alimento qué comprar ni dinero para mercar y mucho menos agua para
beber.
Aquí hasta los cardos tienen sed. Se nota porque están cafés, como la
tierra árida y reseca, porque los tallos están tan gruesos como las crinas del
caballo.
Ya son tres años sin lluvia, dice don Ramón, otro refugiado, que
prefirió dejar su casa cuando llegaron algunas personas y les pidieron que
abandonaran el pueblo porque habría pelea.
“¿Qué iba a hacer?, ¡pues me
jui!”.
María no la pensó dos veces cuando recibió el mismo aviso. Tomó lo
que tuvo a mano, se prendió a sus dos hijos al talle y enaguas y salió corriendo
porque volar no podía, a un destino que no sabía en dónde estaba.
Con su
calzado, tan gastado que puede sentir lo caliente del suelo y hasta el sabor de
los chicles que pisa, la mujer yori recorrió a pie los 13 kilómetros de cerros y
caminos tan empinados que hasta las camionetas doble tracción patinan en la laja
de las faldas, como patines en el hielo.
Como pudo, ella y tres decenas
más de personas cruzaron su propia vía dolorosa y llegaron a Chinobampo.
Luego a
El Fuerte y finalmente fueron descubiertos por el DIF, que en cuestión de
minutos los acomodó en una casa deshabitada y en construcción que convirtió en
albergue.
María se abraza a Vianey Meléndrez de Rubio, primera dama
municipal, recibe consuelo y más llora.
Quiere irse a su casa, quiere abandonar
el refugio, pero solo quiere porque no puede hacerlo.
Su miedo se dibuja en su
rostro moreno y sus ojos derraman lágrimas. Llora y llora y sigue
llorando.
A casi 30 kilómetros de donde está María se encuentra lo que
ella llama “su casa”.
Está en una hondonada del arroyo que tres años atrás se
secó. Cuatro horquetas de mauto o de huinolo sostienen vigas de carrizo a las
que se han adherido láminas negras, cuya dureza e impermeabilidad hace años que
se perdieron.
La casa de María, como la de las 36 familias más está tal y
como ellos las dejaron al salir, dos semanas atrás.
Nada les falta, porque nada
de lo que aquí hay tiene utilidad, excepto para ellos, que están acostumbrados a
vivir en la pobreza extrema.
Están tan acostumbrados a no tener comida, que
guardan en su ropa lo que les dan en el albergue.
“Vi que comían poco,
pero no regresaban nada en los platos. Cuando observamos más, detectamos que
ocultaban la comida en sus ropas. Les preguntamos porqué y para qué, y me
respondieron que era para cuando no haya más qué comer. Eso me destrozó en el
momento, pero supe que su necesidad es infinita”, cuenta la presidenta del DIF
de El Fuerte.
María aún está en el refugio. Cinco de los habitantes de La
cofradía han regresado al pueblo, si pueblo se le puede llamar a esa comunidad
que es el fin de un camino en la sierra, porque más allá de ellos solo está el
arroyo seco y los cerros y cardos secos.
Redacción La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(Siedo) de la Procuraduría General de la República coadyuva directamente con las
autoridades de Nuevo León para detectar a los responsables de haber arrojado al
menos 49 cadáveres que fueron encontrados esta madrugada en la carretera libre a
Reynosa, en Cadereyta, revelaron fuentes ministeriales.
Hasta el momento la PGR no tiene contemplado atraer al fuero federal las
pesquisas sino únicamente ha enviado peritos para hacer las inspecciones de
criminalística necesarias para dar con el paradero de los responsables.
A
decir de personal de la PGR que fue enviado a Nuevo León para sumarse a esta
indagatoria, los primeros indicios con los que cuenta la autoridad refieren que
fueron integrantes de Los Zetas los responsables de haber arrojado los
cadáveres.
La Siedo también envió a Nuevo León un grupo de fiscales
especializados en este tipo de casos para comenzar a trabajar las diversas
hipótesis que se han abierto para esclarecer los hechos. Hasta el cierre de esta
edición la PGR no había emitido ningún comunicado relativo a estos
hechos.
Boletina el Tesoro de los Estados Unidos a hijos del
Chapo Miguel Ángel Vega Tuvieron
que pasar cinco años para que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
prohibiera a sus conciudadanos realizar cualquier tipo de negocio o transacción
con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, arrestado
el 14 de febrero del 2005 en Zapopan, Jalisco y liberado tres años más
tarde.
Junto con él, Ovidio Guzmán López, también hijo del presunto capo, quedó en
la lista con lo cual el Gobierno estadounidense enfatiza que, contrario a los
rumores en varios medios de comunicación y los señalamientos de grupos enemigos
del cártel de Sinaloa, la cacería contra del aparato criminal que controla el
Chapo es real y la prueba más palpable es la prohibición a sus conciudadanos por
realizar cualquier tipo de negocio con Iván Archivaldo u Ovidio.
“Vamos a
agarrar al Chapo antes de que termine la administración de Calderón, que no les
quede duda, pero mientras vamos a congelar todos los elementos que beneficien a
su organización”, dijo William Sherman, agente especial de la Oficina Federal
Antidrogas (DEA).
La orden del Tesoro podría significar el primer
movimiento para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presente
cargos contra Iván Archivaldo y contra Ovidio, lo que significaría que, de ser
arrestados, el Gobierno estadounidense podría reclamarlos para procesarlos en su
territorio, como ha ocurrido con otros narcotraficantes de alto perfil que ya
han sido extraditados.
“La meta es identificar a todos esos individuos
que facilitan el tráfico de drogas a Joaquín el Chapo Guzmán, incluyendo a todos
los miembros de su familia que laboran para él”, explicó Adam Szubin, director
de la Oficina para el Control de los Bienes Foráneos (OFAC) de Estados
Unidos.
El mandato también obliga al Departamento del Tesoro a
identificar todo bien que pudiera estar a nombre de Iván Archivaldo, de 31 años,
y de Ovidio, de 22, en Estados Unidos, para entonces congelarlos.
El
argumento expuesto por parte de la OFAC, es el “papel significativo” que ambos
hijos tienen en las actividades de narcotráfico de la organización que lidera su
padre.
Primer paso
De acuerdo con académicos y
expertos en procesos relacionados con el sistema judicial de Estados Unidos, el
hecho de que el Departamento del Tesoro de ese país haya boletinado a dos hijos
del Chapo Guzmán podría significar un primer paso para que el DOJ les presente
responsabilidades y los acuse, en este caso, por lavado de dinero.
“Es
una posibilidad, aunque ello no necesariamente significa que eso vaya a
ocurrir”, explicó Bruce Zagaris, abogado de la firma de abogados Berliner
Corcoran & Rowe, con sede en Washington, DC, y miembro de la Sociedad
Americana de Leyes Internacionales (ASIL).
El Departamento de Justicia no
precisó si la presentación de cargos sería la próxima medida, aunque según
archivos de esa oficina, hasta el viernes 11 de mayo, ni Ovidio ni Iván
Archivaldo tenían cargos en su contra en Estados Unidos, aun cuando el segundo
ya había sido arrestado en Jalisco acusado de lavado de dinero.
“En este
momento, la meta es evitar que el cártel de Sinaloa continúe explotando el
sistema financiero de Estados Unidos”, dijo Joan Arvanitis, jefe operativo de la
DEA, la agencia que promovió bloquear a los activos de ambos hijos del
Chapo.
Según la DEA, es Ovidio Guzmán quien está asumiendo un rol
significativo en las actividades de su padre, aunque no precisó cuál era ese
rol.
“No entraremos en detalles, solo que estamos tomando las medidas
necesarias para debilitar al cártel de Sinaloa”, observó
Arvanitis.
La cacería contra el Chapo es
real William Sherman, agente especial para la investigación de
narcotráfico en México, enfatizó que, contrario a los rumores que se ventilan en
los diferentes medios de comunicación de este país, la búsqueda del Chapo es
verídica y que es cuestión de tiempo para su captura.
“Ha resultado
difícil aprehenderlo, por la zona donde se mueve, pero hay confianza de que va a
caer porque tenemos mucha gente en México colaborando y trabajando con las
autoridades mexicanas y la orden es que caiga lo más pronto posible”, dijo
Sherman, durante una entrevista hecha en San Diego, a principios del pasado mes
de abril.
Interrogado sobre el origen de esa “orden”, el agente dijo que
esta venía “de arriba”, y que por ello se estaba haciendo todo lo posible para
que el Chapo cayera en manos de la justicia.
“No lo hemos agarrado, pero
de que se está haciendo todo lo posible por localizarlo, esa es una realidad”,
observó Sherman.
Según ha trascendido en su momento, han sido varias las
ocasiones que elementos del Ejército Mexicano llegan a pueblos en donde, minutos
antes, habría estado el capo con su gente, la última de ellas en una mansión de
Los Cabos, en Baja California Sur, a finales de febrero pasado, pero como
ocurriera en muchas ocasiones, el capo se habría retirado minutos
antes.
“Sabemos que estuvo ahí”, dijo en aquel entonces la SIEDO a The
Associated Press.
Valga destacar que ni Iván Archivaldo ni Ovidio tienen
cuentas pendientes con la justicia en México ni en Estados Unidos. Esta sería la
primera vez que un hijo del Chapo Guzmán entra en las listas de la OFAC bajo el
acta Kingpin, que previene a compañías y todo tipo de individuos a hacer
cualquier tipo de negocios con ambos hermanos.
Según el boletín de la
OFAC, más de mil compañías e individuos han sido boletinados desde el 2010,
incluyendo a Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, líderes del
cártel de Sinaloa.
Junto a los hijos del Chapo Guzmán fueron boletinados
Noel Salgueiro Nevárez y Ovidio Limón Sánchez, ambos detenidos por las
autoridades mexicanas en el 2011.
Otro de los hijos de Guzmán Loera,
Alfredo Guzmán Salazar, está acusado desde febrero de 2008 en una corte de
Chicago, Illinois, de ayudar a su padre a traficar cocaína y trasladar dinero de
procedencia ilícita de los Estados Unidos hacia México.
Con
el apellido a cuestas El jueves 10 de abril del 2008, después
de tres años de encierro, Iván Archivaldo fue liberado de la cárcel de máxima
seguridad del Altiplano, luego que José Guadalupe Luna Altamirano, magistrado
del Tercer Tribunal Unitario de la Ciudad de México, lo absolviera de los cargos
por lavado de dinero y asociación con la delincuencia organizada.
El
argumento de Luna Altamirano es que no existían elementos para fincar
responsabilidad penal a Guzmán Salazar, por lo que fue puesto en
libertad.
La absolución echó por tierra las argumentaciones de la PGR que
lo vinculaban con la muerte de una joven canadiense y con la de un muchacho
vecino de Guadalajara, al salir de una discoteca en Zapopan, sin embargo, por
falta de pruebas, Archivaldo fue liberado.
Apenas un mes después de
aquella absolución, el 8 de mayo del 2008, Édgar Guzmán López, de 22 años, fue
asesinado a balazos al norte de esta ciudad. Las autoridades nunca dieron con
los responsables de ese homicidio, aunque a partir de ese momento estalló la
guerra más cruenta que se tenga memoria al interior del cártel de
Sinaloa.
La tragedia no terminó ahí para los Guzmán, porque dos años
después, el 12 de mayo del 2010, Griselda López Pérez, exesposa del Chapo y
madre de Ovidio, fue detenida por elementos de la PGR y trasladada a la Ciudad
de México.
Al día siguiente, por la madrugada, López Pérez fue liberada
por no existir elementos para mantenerla detenida.
Desde entonces, hijos
y exesposa del Chapo desaparecieron del mapa de la justicia, y no fue sino hasta
el martes pasado que la OFAC boletinó a Iván Archivaldo y a Ovidio Guzmán
aunque, de momento, ello no representa mayores repercusiones para ninguno de los
dos ni significa que sean requeridos por la justicia, ni de México ni de Estados
Unidos.
