MADRID (Proceso).- Aunque aún no cumple 100 días al frente del gobierno,
Mariano Rajoy se enfrentará a la primera huelga general que pretende paralizar
España el próximo jueves 29. Los sindicatos que la convocan lo hacen en repudio
a la más profunda de las reformas laborales aprobada en la era democrática, la
que, dicen, abarata el despido y precariza el empleo.
Con el respaldo de una mayoría parlamentaria, Rajoy ha incumplido las
promesas que hizo durante su campaña electoral: se comprometió a que no
aumentaría impuestos ni abarataría el despido laboral como parte de sus acciones
para salir de la recesión.
La nueva norma fue anunciada el 10 de febrero último y entró en vigor dos
días después. La Comisión Europea la recibió con beneplácito. Aseguró que va en
“buena dirección” y que cumple los “plazos” fijados.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también la
defendió la medida. Su presidente, Juan Rosell, sostuvo que el gobierno “cogió
al toro por los cuernos”.
Advirtió, sin embargo, que se trata del primer paso en
las reformas estructurales que requiere España. Aplaudió los cambios porque el
“problema fundamental del marco laboral español era su rigidez, y esta reforma
permite la ‘flexibilidad’ del mercado de trabajo”, dijo.
En sintonía con los líderes del Partido Popular (PP) –como la secretaria
general María Dolores de Cospedal, quien ha fustigado continuamente a los
sindicatos por ejercer su derecho de huelga–, Rosell fue más allá al pedir que
después del jueves 29 “se revise el derecho de huelga porque no se puede
paralizar un país por defender los derechos de unos afectando el derecho de
otros”.
Esta nueva legislación laboral forma parte del agresivo plan de choque que
aplica el gobierno de Rajoy, más enfocado en la austeridad que en la
reactivación de la economía.
Su prioridad es cumplir con el compromiso que hizo
ante la Unión Europea (UE) para reducir el déficit público respecto del PIB de
8.5% al cierre de 2011 a 5.3% al cierre de este año.
Para ello es necesario
aplicar recortes al presupuesto por 40 mil millones de euros que se suman a los
15 mil millones que redujo el gobierno de su antecesor, José Luis Rodríguez
Zapatero.
Para cumplir con ese objetivo el gobierno deberá hacer recortes aún más
severos que los anunciados hasta ahora en los presupuestos generales del Estado.
Éstos serán presentados ante las Cortes Generales el próximo viernes 30, un día
después de la huelga.
De manera independiente a estos recortes, el Fondo
Monetario Internacional estima que la economía de España decrecerá hasta caer a
–1.7%.
Tal como lo hizo durante su campaña electoral, Rajoy mantiene un discurso
ambiguo para evitar referirse a las nuevas medidas de ajuste que incluirán los
presupuestos, según han denunciado dirigentes del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).
Lo hace, dicen, para evitar dar malas noticias antes de las
elecciones autonómicas que se realizan este domingo 25 en Asturias y Andalucía.
En esta última comunidad el PP podría ganar luego de 30 años de gobiernos
socialistas.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó a Rajoy de
“utilizar la crisis para hacer un ajuste de cuentas con el Estado de bienestar”.
En un acto de campaña en Pravia (Asturias), advirtió que “el copago sanitario
(pago en salud pública a cargo del paciente) lo tiene el gobierno en la cocina
esperando hasta el día 26” para, una vez realizadas las elecciones en Andalucía
y Asturias, “servírnoslo en el plato”.
También dijo que “es la primera vez que en España un gobierno esconde el
presupuesto por intereses electorales espurios”. Advirtió que la táctica del PP
es “negar (el presupuesto) antes de las elecciones y aprobarlo inmediatamente
después”.
“No es la crisis sino la derecha la que decidió congelar el salario mínimo
interprofesional, la que optó por aumentar unos impuestos y no otros y la que
con una mano sube las pensiones 1% y con la otra retiene 1.2% por el incremento
del impuesto sobre la renta”, resumió Pérez Rubalcaba en su crítica a la primera
serie de medidas anunciadas el pasado 30 de diciembre por el gobierno de
Rajoy.
Pauperización
Alberto Montero Soler, profesor e investigador de Economía Aplicada de la
Universidad de Granada, advierte que las medidas de Rajoy se traducirán en “un
mercado de trabajo más precario, remuneraciones a la baja, una progresiva
pauperización de las clases medias, que no han entendido que no tienen futuro
con estas políticas, y en el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Es decir,
se trata del tránsito de las clases medias hacia las clases depauperadas.
“Esa flexibilidad (del mercado de trabajo) incrementará el desempleo hasta
24.3%. Entonces, lo que va a ocurrir en el país no es que los desempleados
españoles se queden cobrando la muy limitada prestación del desempleo, sino que
emigrarán a otros países –entre ellos, Argentina, Brasil y México– o se quedarán
y se verán forzados a aceptar fuertes reducciones en sus sueldos, una entrada y
salida en el mercado de trabajo y contratos laborales que los dejarán cada vez
más desprotegidos”, expone el especialista.
El propio gobierno de Rajoy ha reconocido que la reforma no generará nuevos
empleos; por el contrario, prevé que este año se pierdan 630 mil plazas, con lo
cual el desempleo llegaría a 24.3% de la Población Económicamente Activa (PEA);
así, casi 6 millones de españoles no tendrán trabajo.
Se trata del índice de
desempleo más alto de los países de la Unión Europea.
También colaborador de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales
(CEPS), Montero Soler sostiene en entrevista con Proceso que, debido a la falta
de oportunidades y a los sueldos miserables, “en los últimos meses han salido
del país 300 mil españoles para buscar trabajo en otras naciones, sin hablar de
los inmigrantes que están regresando a sus países de origen.
Son, en su mayoría,
jóvenes con alta o media calificación, lo cual descapitaliza la fuerza de
trabajo nacional”.
Explica que tal fenómeno ocurre debido a que “al proyecto neoliberal de la
Unión Económica y Monetaria de la UE le faltaba una pata: la flexibilidad del
mercado de trabajo.
Por eso de manera homogénea se ha hecho hincapié en esa
reforma en otros países con problemas, como Grecia o Portugal”.
El académico critica que “todo se plantea por medio de recortes y no por vía
de los ingresos”.
Y lamenta: “Suena vergonzoso escuchar al ministro de Hacienda
(Cristóbal Montoro) decir que le ofende que alguien pueda dudar que vaya a tocar
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
Dice que entonces Montoro no
se debe sentir ofendido si se le pide subir ese impuesto a los ricos.
Y es que,
señala, “no hay una sola medida que toque a los ricos ni a las grandes
multinacionales, ni toca el impuesto sobre los bienes inmuebles de la
Iglesia”.
En su opinión, Rajoy “se plegó a los mercados y a Europa y no ejerce un
gobierno soberano. Hace los mismo de lo que acusó a su antecesor”.
Señala que
“era una falacia pensar que un político convencional y de un partido conservador
tuviera un instrumento que no fuera el mismo que se está planteando a nivel
europeo para tratar de salir de la crisis”.
A la calle
El pasado 1 de febrero –nueve días antes de conocerse el contenido de la
reforma– la dirección del teatro El Liceu de Barcelona comunicó a los
trabajadores que de manera temporal aplicaría el llamado Expediente de
Regulación de Empleo (ERE), el cual afectaría a 363 de los 395 empleados.
El 12 de febrero –dos días después de que la reforma entró en vigor– la
dirección les informó de manera oficial que, con base en la nueva norma, se
modificarían sus condiciones laborales: dejarían de trabajar, sin percibir
sueldo alguno, entre el 20 de marzo y el 19 de abril y entre el 5 de junio y el
8 de julio.
Manuel Martínez, presidente del Comité de Empresa (representación de los
trabajadores) del Liceu y técnico de escenario, declaró al diario Público que
esto no se debe a la falta de productividad de los trabajadores, sino a la mala
gestión de la dirección, al recorte que hizo la Generalitat de Cataluña de 1.5
millones de euros a su presupuesto, y al descenso del “mecenazgo” y de las
ventas de boletos.
La delegación de la CEOE en Ciudad Real (comunidad de Castilla-La Mancha)
decidió cortar a 14 de los 38 empleados y al resto les aplicó una disminución de
hasta 30% de su jornada laboral.
El 14 de febrero, la administración del hotel Husa Chamartín de Madrid
notificó a 12 trabajadores que les rescindiría su contrato laboral.
Éstos
recibieron sus cartas de despido acogiéndose a una nueva cláusula de la reforma
llamada “despido objetivo”, la cual permite a la empresa recortar plazas por
causas económicas, organizativas o de producción, con una indemnización de 20
días por año trabajado –en lugar de los anteriormente establecidos 45 días–, con
un máximo de “12 mensualidades” de salario.
La mayoría de estos trabajadores son mayores de 50 años y tienen 30 años de
laborar en ese hotel.
Es el caso del mesero Rafael López, quien asegura que
recibirá de indemnización una “bicoca”.
Con una enfermedad degenerativa, Rafael
sostiene:
“Como no les sirvo porque estoy de baja laboral por una enfermedad
degenerativa en los tendones, debido a los 30 años de trabajar aquí, me echan;
nos echan a los más antiguos”.
En Asturias la Unión General de Trabajadores (UGT) tiene registradas 16
empresas que han aplicado despidos con base en la nueva reforma, incluida la
poderosa Fábrica de Armas Santa Bárbara.
Tomás Rodríguez, miembro del Comité de Empresa de Unísono Soluciones de
Negocios, compañía que tiene entre sus clientes a trasnacionales como Vodafone,
Banco ING y France Telecom, indicó que se iniciaron despidos por goteo.
Sólo en
febrero Unísono despidió a 45 trabajadores. Previamente, a todo el personal se
le redujo su jornada laboral de las 40 horas habituales a 30 horas.
“Casi todos
buscan un trabajo de tiempo parcial porque de lo contrario no logran completar
para sus necesidades básicas”, dice en entrevista.
Apunta que la empresa utilizó un artículo de la reforma relativo a los
“despidos objetivos por ausentismo”; esto es, “rescinden el contrato a empleados
que a lo largo de dos meses superan los ocho días de ausencia, incluso si ésta
es justificada por enfermedad”.
Unísono aplicó esta medida al día siguiente de
que entró en vigor la reforma laboral. Según Rodríguez ello viola la
legislación, la cual prohíbe aplicar una ley en forma retroactiva.
“En Unísono
se despidió a compañeros computándoles el ausentismo previo a la entrada en
vigor de la reforma laboral”, afirma.
“Esta es la reforma del miedo porque ahora nadie quiere faltar a su trabajo
aunque se encuentre enfermo (…) Todos los empleados sienten incertidumbre y
están temerosos de que con cualquier pretexto los echen a la calle.”
Rodríguez advierte que los despidos se concentran en el personal con mayor
antigüedad, al que indemnizan con sólo 20 días por año trabajado, pero sin
rebasar lo que hubieran recibido en 12 meses, con lo cual “los trabajadores con
antigüedad alta van a recibir una indemnización menguada”.
Añade que la reforma permite esos despidos y la contratación precaria de
nuevos empleados.
“Estamos convencidos de que, aprovechando la reforma, la
empresa echará por una puerta a los más viejos y por la otra contratará a
trabajadores en paro, con contratos leoninos, horarios reducidos y salarios más
bajos. Además, eso permitirá a los dueños recibir una bonificación gubernamental
para la seguridad social con el argumento de que contratan a gente en paro. Esto
es un fraude a la seguridad social”.
Rodríguez dice estar enterado de que hay “empresas con menos de 50
trabajadores que harán contratos por un año, que servirá como periodo de prueba
para el trabajador, y se le podrá despedir antes de cumplir el año, diciéndole
que no ha superado el lapso de prueba y por eso no se le pagará indemnización
alguna”.
Esther Román, integrante del Comité de Empresa de Unitono Servicios
Externalizados, dice que el miércoles 7 la dirección de esa compañía comunicó a
los mil 400 trabajadores que reducirá a 30 horas la jornada laboral de 295
empleados (alrededor de 25% de la planta laboral). El motivo: “razones de
productividad”.
“Antes se consideraba que un mileurista (persona que gana mil euros) no tenía
un sueldo decoroso, ahora eso es un objetivo a alcanzar”, dice Román. Comenta
que, debido a la reducción de la jornada laboral, en su empresa los ingresos de
los empleados disminuirán en promedio de 800 a 600 euros mensuales.”
En vísperas de la aprobación de la reforma laboral, Rajoy acudió a Bruselas,
sede de las instituciones de la UE.
Durante un acto del Consejo Europeo,
aparentemente no se dio cuenta de que tenía el micrófono abierto y se le escapó
decir que la reforma laboral “me va a costar una huelga general”.
El 10 de febrero, fecha en que el Consejo de Ministros aprobó la reforma, se
registraron las primeras protestas en la Puerta del Sol de Madrid. Los policías
antimotines arremetieron contra los más de 800 manifestantes.
En protesta por los recortes en educación –que el periódico El País cifró en
3 mil millones de euros para este año–, estudiantes del instituto Luis Vives de
Valencia realizaron una manifestación. Aquí también la policía arremetió contra
ellos durante tres horas.
El jefe superior de la Policía en Valencia, Antonio Moreno, recurrió a un
lenguaje bélico para negarse a dar detalles del operativo que reprimió la
protesta.
Dijo: “No pienso proporcionar esa información al enemigo”, en alusión
a los estudiantes. Ello provocó el repudio generalizado
En los siguientes días
se propagaron las manifestaciones de solidaridad con los estudiantes en una
veintena de ciudades. Participaron en ellas padres de familia y profesores. Los
jóvenes levantaban en alto sus libros al tiempo que gritaban: “Estas son las
armas del enemigo”.
El 29 de febrero último se registraron manifestaciones en Madrid, Barcelona y
Valencia, entre otras ciudades, donde abundaron consignas contra la reforma
laboral. Además, hubo pancartas con lemas como “Recortes cero a la banca y al
clero” o “Tu botín, mi crisis”.
Consultados por el reportero, dirigentes de Comisiones Obreras (CCOO)
–central sindical que junto con UGT convocó a la huelga– anunciaron que
presentarán una queja contra la reforma ante la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), debido a que viola convenios ratificados por España.
Precisaron
que contraviene el artículo 98 de la Ley del Trabajo relativa a la negociación
colectiva –invalidada en la nueva norma– y el artículo 58 de esa misma ley
referente al periodo de prueba del trabajador, que la reforma extiende a un año
