Casi 50 mil dólares habría
recibido el director de Servicios Aéreos de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado,
por insistir e influir para que la empresa BizJet International fuera la que
realizara todo tipo de servicios de mantenimiento y reparación para la flota
aérea de Sinaloa, revela un documento del Departamento de Justicia de Estados
Unidos (DOJ).
De acuerdo con el archivo 12-CR-61CVE del DOJ, Camarena Delgado habría
recibido 18 mil dólares en noviembre de 2008 vía transferencia electrónica desde
un banco de Nueva York a uno de Van Nuys, en California, y en octubre de 2009 le
entregaron dos cheques más, estos en persona: uno por 22 mil 912 con 38 centavos
y el otro por 6 mil 417 con 44 centavos. Ambas cantidades fueron en
dólares.
Estas últimas sumas Camarena Delgado las recibió por garantizar
que BizJet International, que tiene sus instalaciones en la ciudad de Tulsa, en
Oklahoma, fuera la empresa encargada de realizar negociaciones con el Gobierno
del Estado de Sinaloa, las cuales les habrían redituado ingresos por varios
cientos de miles de dólares.
La decisión de Camarena Delgado por
recomendar a BizJet para que fuera la empresa delegada para dar servicios de
mantenimiento y reparación a aeronaves de Sinaloa se hizo aún sabiendo que esa
empresa también daba servicios de mantenimiento a la Coordinación General de
Transportes Aéreos Presidenciales, que en noviembre del 2008 sufriera un
percance, luego que uno de sus aviones cayera un pleno centro de la Ciudad de
México y provocara la muerte del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño.
Aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) no ha
determinado si BizJet fue la empresa encargada de dar mantenimiento a la nave en
que viajaba Mouriño, o el helicóptero en que viajaba el otro secretario de
gobernación, Francisco Blake Mora, que también murió en un percance aéreo y cuya
nave se desplomó en noviembre del 2011.
Jay Holtmeier, abogado de la
firma Wilmerhale, que representa a BizJet, precisó por su parte que BizJet no
fue la empresa responsable de dar mantenimiento a las aeronaves en que murieron
Mouriño o Blake Mora
“No tenemos registro de que BizJet haya hecho algún
tipo de servicio a aeronaves que se hayan accidentado en México”, dijo Holtmeier
a Ríodoce.
Ni el FBI en Washington, ni el Departamento de
Justicia pudieron confirmar si Bizjet, al sobornar a funcionarios de la Policía
Federal Preventiva, o a un coronel de la Coordinación General de Transportes
Aéreos Presidenciales, o al director de Servicios Aéreos de Sinaloa, se les
exigió exclusividad para que solo esa empresa brindara labores de mantenimiento
y reparación en las aeronaves de los organismos arriba descritos.
De
haber sido ese el caso, BizJet habría sido la empresa de dar mantenimiento a
tres aeronaves presidenciales que se desplomaron en un periodo de seis
años.
“Esta es una investigación en curso que realiza el FBI y el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que no podemos detallar si el
soborno de BizJet a los organismos descritos incluía exclusividad”, dijo a
Ríodoce Lindsay Godwin, vocera del FBI en Washington.
La
bomba
El miércoles 14 de marzo, el DOJ emitió un comunicado de
prensa donde acusa a la empresa estadounidense BizJet, de haber sobornado a un
grupo de funcionarios federales de México y del estado de Sinaloa, para que
fuera esa empresa la encargada de dar mantenimiento a toda la flota aérea de la
Policía Federal Preventiva, General de Transportes Aéreos Presidenciales y a la
Flota Aérea del Gobierno de Sinaloa.
Los sobornos habrían ocurrido entre
el 2004 y el 2010, precisa un documento del DOJ, del cual Ríodoce obtuvo
copias.
Lo curioso del caso es que no fue la empresa BizJet quien sugirió
la idea del soborno, que en Estados Unidos es considerado un delito federal y es
castigado con cárcel, sino que fueron los funcionarios mexicanos, del DF y de
Sinaloa quienes “pidieron” una comisión como parte de garantizar el trabajo a
esa empresa.
Historia de un soborno
Según precisa
el archivo, el 16 de noviembre del 2005, directivos de BizJet sostuvieron una
reunión a puertas cerrada en sus oficinas de Tulsa, en el estado de Oklahoma,
para discutir una petición que habrían solicitado clientes de la Ciudad de
México, otro más en Sinaloa, y una más en Panamá, quienes pedían una “comisión”
de entre 30 mil y 40 mil dólares para continuar trabajando con ellos, de lo
contrario “cambiarían sus servicios a otra compañía”.
Estos empleados
eran el agente de ventas para el área de México y Latinoamérica, el supervisor
de ventas, el administrador de ventas y el gerente de ventas de BizJet, todos
ellos laboraron para esa empresa entre el 2004 y el 2010.
Luego de
analizar las propuestas y el potencial de hacer negocio con la Policía Federal
Preventiva, con la Flota Presidencial Mexicana y con el Gobierno de Sinaloa y el
de Panamá, los vendedores de BizJet consideraron que era viable la comisión ya
que, sería más lo que ellos ganarían ya que cobrarían un poco más de lo
normal.
Así fue como el 6 de junio del 2006 los empleados de BizJet
ofrecieron la primera “mordida”, esta para el oficial aeronáutico de Panamá, a
quien ofrecieron 10 mil dólares por garantizarle que su país contrataría los
servicios de mantenimiento para toda su flota aérea.
El 28 de septiembre
del 2006, un coronel del Ejército Mexicano asignado a la Coordinación General de
Transportes Aéreos Presidenciales llamó a uno de los directivos de BizJet para
exigirle su comisión por haber “influido” para que el Gobierno de México
contratara los servicios de mantenimiento de esa compañía.
Catorce meses
más tarde, el 31 de octubre del 2007, los ejecutivos de ventas de BizJet
hicieron una transferencia bancaria por 30 mil dólares a una empresa fantasma
que habría creado el gerente de ventas en la ciudad de Van Nuys, en California,
para facilitar las transacciones y dar el dinero acordado al coronel de la
Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, “por haberles
asegurado el servicio para la flota presidencial.
El 21 de noviembre del
2008 los ejecutivos de Bizjet nuevamente hicieron una transferencia electrónica
por 18 mil dólares, esta vez de un banco en Nueva York para la empresa fantasma
de Van Nuys, dinero que serviría para pagar la “comisión” del director de
Servicios Aéreos de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado –conocido entre sus
amigos como el Capi— “por asegurarles los servicios de mantenimiento para toda
la flota aérea del estado de Sinaloa”.
Los sobornos continuaron y el 1 de
diciembre del 2008 Bizjet pagó 50 mil dólares por garantizar el servicio para
mantener en buenas condiciones a la flota presidencial aérea del gobierno de
Felipe Calderón
Apenas un mes antes, Camilo Mouriño había perecido en un
accidente aéreo en pleno centro de la Ciudad de México, cuando viajaba en un
avión que pudo haber sido revisado, reparado y “mantenido en buenas condiciones”
por BizJet.
El 11 de noviembre del 2011 falleció otro secretario de
Gobernación, Francisco Blake Mora, aunque no se ha logrado precisar si BizJet
continuaba ofreciendo servicios de mantenimiento para la Flota aérea
Presidencial.
Lo cierto es que el 6 de abril del 2009 BizJet ofreció uno
de sus más grandes sobornos, este para la Policía Federal Preventiva mexicana,
el cual ascendía a los 176 mil dólares, entregados a varios funcionarios de esa
dependencia, según el documento, “por asegurar el contrato con la empresa
estadounidense”.
Todavía el 6 de octubre del 2009 BizJet entregó otro
monto más a los funcionarios de la Policía Federal Preventiva, este por 210 mil
dólares, por asegurar que el servicio de mantenimiento de toda su flota de
aviones y helicópteros fuera hecho por esa compañía estadounidense. Estos pagos
se hicieron mediante una transferencia electrónica.
Pero no todo acabó
ahí, pues el 27 de octubre del 2009 Bizjet entregó dos cheques a Camarena
Delgado, uno por 22 mil 912 con 38 centavos y otro por 6 mil 417 con 44
centavos, por haber terminado de asegurar la exclusividad para los servicios de
mantenimiento de la flota aérea de Sinaloa, que depende del despacho del
Ejecutivo del Estado, que entonces era encabezado por Jesús Aguilar
Padilla.
La justicia tiene precio
BizJet
International aceptó haber incurrido en el delito de soborno el 14 de marzo
pasado, por lo que acordó acceder a una serie de peticiones que le hizo una
corte federal del Distrito Norte de Oklahoma, incluido el pago de una multa por
11 millones 800 mil dólares, por “incurrir en violaciones previstas en la Ley de
Prácticas Corruptas (FCPA) al sobornar a funcionarios de Gobierno en México,
entre ellos dos elementos del Ejército Mexicano”.
“Los pagos que fueron
autorizados por BizJet son ilegales en nuestro país y nosotros las descubrimos a
través de una serie de irregularidades que notamos en esa empresa”,
dijo.
Lanny A. Breuer, asistente del procurador general de Estados
Unidos.
Aun cuando el comunicado de prensa señala al Gobierno de Sonora
como parte de las administraciones sobornadas, en el archivo judicial del DOJ no
se menciona a esa entidad.
El acuerdo es que Estados Unidos aplazará el
juicio contra BizJet durante tres años, con la intención de no afectarlos en sus
operaciones. También la empresa accedió a cooperar en toda investigación futura
que se haga en torno a los supuestos sobornos, y a implementar todo tipo de
medidas junto al Gobierno federal para que en el futuro no se incurra en ese
tipo de prácticas.
De cumplir BizJet con estos acuerdos, el Departamento
de Justicia desechará toda información criminal al termino del acuerdo, aunque
por lo pronto buscará no afectarla en lo absoluto, en parte por su disposición
para cooperar en el caso y por el pago de 11.8 millones de dólares que accedió a
pagar.
Algo similar ha ocurrido en juicios contra prominentes figuras del
narcotráfico. Tal es el caso Benjamín Arellano Félix, quien luego de ser el capo
más buscado a finales de los noventas, pagó cien millones de dólares a cambio de
una sentencia menor a los 25 años de cárcel.
Osiel Cárdenas Guillén,
fundador del cártel del Golfo, soltó 50 millones de dólares, e igualmente fue
sentenciado a 25 años de prisión durante un juicio que se realizó a puertas
cerradas.
Otro caso se cubrió con dólares cuando la DEA y el DOJ
descubrieron que a mediados del 2006 las transferencias electrónicas entre casas
de cambio en Sinaloa y el Banco Wachovia ascendían a más de 420 mil millones de
dólares, lo cual significaban una de las más grandes operaciones de lavado de
dinero.
Lo único que tuvo que hacer Wachovia para quedar libre de toda
culpa fue aceptar que el Gobierno estadounidense le decomisara 110 millones de
dólares “de transacciones relacionadas con el tráfico de drogas”, y el cobro de
una multa por 50 millones de dólares, “por no monitorear dinero que podía o
sería utilizado para financiar el tráfico de droga”.
Así ocurría ahora
con BizJet: su inculpabilidad le ha costado 11.8 millones de dólares. Pero
seguirá operando.
Datos duros del expediente
12-CR-61CVE
—El 16 de noviembre del 2005, directivos de BizJet
sostienen una reunión a puerta cerrada en sus oficinas de Tulsa, Oklahoma, para
analizar los sobornos.
—El 31 de octubre del 2007, los ejecutivos de ventas
de BizJet realizan una transferencia bancaria por 30 mil dólares a una empresa
fantasma que habría creado el gerente de ventas en la ciudad de Van Nuys.
—El
21 de noviembre del 2008, los ejecutivos de Bizjet nuevamente hacen una
transferencia electrónica por 18 mil dólares, esta vez de un banco en Nueva
York, dinero que serviría para pagar la “comisión” del director de Servicios
Aéreos de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado.
—El 1 de diciembre del 2008,
Bizjet paga 50 mil dólares por garantizar el servicio para mantener en buenas
condiciones a la flota presidencial aérea del gobierno de Felipe
Calderón.
—El 6 de abril del 2009, BizJet ofrece uno de sus más grandes
sobornos, este para la Policía Federal Preventiva mexicana, el cual ascendía a
los 176 mil dólares.
—El 6 de octubre del 2009, BizJet entrega otro monto más
a los funcionarios de la Policía Federal Preventiva, este por 210 mil
dólares.
—El miércoles 14 de marzo la empresa acepta que incurrió en el
delito de soborno.
Los dispendiosos aviones de
Millán, Aguilar y Malova
Vuelos
turbulentos
Alejandro
Sicairos
Con precisión nadie sabe cuánto le ha costado a los
sinaloenses el ostentoso transporte aéreo de los gobernadores, pero se trata de
millones de pesos en compra y operación de aviones y helicópteros, y el
mantenimiento de estos, inmersos de tratos oscuros que nunca son detectados por
los radares anticorrupción.
Con Juan Millán Lizárraga, en el periodo
1999-2004, era común que el avión oficial se utilizara para viajes privados de
familiares, amigos, periodistas, transportar al mandatario a asuntos ajenos a la
agenda oficial o hasta para llevar a distintos lugares del país platillos de
diferentes restaurantes de mariscos.
En el gobierno de Jesús Aguilar
Padilla (2005-2010) la bitácora de vuelos se convirtió en secreto de Estado,
pero el gran negocio se hizo con el mantenimiento de las aeronaves, según pone
al descubierto la investigación que el Departamento de Justicia de Estados
Unidos hace en torno al funcionamiento de la empresa Bizjet Internacional Sales
and Support Inc.
En el actual sexenio que preside Mario López Valdez se
ha documentado que aeronaves oficiales se utilizan para transportar a la familia
y amigos de colaboradores del gobernador a eventos sociales, mientras que el
escándalo mayor lo constituyó la compra de un avión Falcon 20F, sin ser
justificada su adquisición.
De acuerdo con las cuentas públicas de los
sexenios de Millán y Aguilar, estos habrían gastado alrededor de 500 mil dólares
al año solamente en el concepto de mantenimiento del equipo resguardado en el
hangar del Gobierno de Sinaloa, sin tomar en cuenta pago de servicios
aeroportuarios, suministros y pago de pilotos.
Con dos aviones y tres
helicópteros a su servicio, Mario López Valdez también se ha excedido en el
gasto por mantenimiento de la flota aérea estatal. Datos turnados a la Auditoría
Superior del Estado revelan que durante 2011, en los meses en que todavía no era
adquirido el avión nuevo, erogaba 380 mil dólares, alrededor de 5 millones de
pesos, en el rubro de mantenimiento.
El itinerario que siguen los vuelos
del gobernador en turno es un asunto bajo reserva porque, alega el despacho del
Ejecutivo, va involucrada en el tema la seguridad del mandatario y de los
funcionarios del Gabinete.
Sin embargo, los escuetos datos a los que
Ríodoce tuvo acceso son ofensivos: solo para mantener en buenas condiciones los
aviones y helicópteros del gobernador de 2005 a 2011, más de cien millones de
pesos.
Auditores del Congreso del Estado consideran que otra cantidad
similar debió erogarse en ese mismo lapso para el pago de honorarios a pilotos,
jefe de servicios aéreos, cubrir los derechos de pista y combustibles y
refacciones.
Viajeros frecuentes
Uno de los
tantos datos blindados del sexenio de Juan Millán es el concerniente al uso de
las aeronaves del Gobierno. Reacio a rendir cuentas, el entonces gobernador hizo
todo un misterio del periplo de sus vuelos.
Personal del hangar del
Gobierno de Sinaloa da cuenta de frecuentes viajes imprevistos de Millán, en el
avión oficial, con destino a Los Cabos, Tijuana, San Diego y Tucson. La esposa e
hijos se trasladan a San Diego, Tucson, Acapulco y Ciudad de México. En
helicóptero toda la familia se movía habitualmente hacia Mazatlán, Altata y
otros destinos turísticos locales.
En el rastreo de la bitácora se
menciona que el avión de Gobierno realizaba al menos dos viajes cada mes para
transportar platillos preparados con mariscos a diferentes partes del país. Era
la carta de establecimientos como Los Arcos o El Mamucas que en lugares lejanos
se servía a diputados, gobernadores, presidente de la República, gente de la
farándula y amigos de Juan Millán.
También voló con bastante asiduidad a
Los Mochis. “Cada vez que al gober se le antojaba comer en El Farallón se iba
para allá solo o con su comitiva o familia”, recuerda un trabajador del hangar
de Gobierno.
Los tenues registros sobre costos de mantenimiento de
aviones y helicópteros del Gobierno estatal mencionan que fluctuaron entre los
350 mil y los 450 mil dólares por año.
Cuando a mediados de 2001 estuvo a
punto de desplomarse el avión oficial al cubrir el trayecto Culiacán-Mazatlán,
Millán Lizárraga optó por reducir las horas de vuelo de la aeronave.
En
el caso del sexenio de Jesús Aguilar Padilla los informes son contradictorios.
Aunque durante el periodo que ejerció el cargo acostumbraba usar vuelos
comerciales para viajes fuera de Sinaloa, los gastos de mantenimiento del equipo
aéreo del Gobierno crecieron una cifra que varía entre los 450 mil y 500 mil
dólares al mes.
El estado de las naves era supervisado por personal que
el entonces responsable de la transportación aérea del gobernador, el capitán
Mauricio Camarena Delgado, contrataba para luego pedir los servicios de Bizjet
Internacional Sales and Support Inc.
Desde el inicio hasta el final de su
sexenio, Aguilar Padilla mantuvo como avión del Gobierno de Sinaloa un Rockwell
690B Turbo Commander que recibía chequeos semanales y mantenimiento cada mes. La
información disponible menciona nada más lo que se pagó a Bizjet, pero no la
inversión total para el funcionamiento de la aeronave.
Al acabar el
sexenio de Aguilar, el Rockwell 690B registraba 11 mil horas de vuelo y, de
acuerdo con el dictamen que presentó Camarena Delgado, ratificado por Malova
como jefe de Transportación Aérea del Gobierno del Estado, “presentaba un
desgaste físico que implicaba riesgos durante la navegación”.
El
avión caro de Malova
Recién tomó
posesión del cargo cuando a Mario López Valdez se le ocurrió comprar un avión
nuevo para transportarse dentro y fuera de Sinaloa. Sin licitar el proceso y
violentando las leyes correspondientes, en marzo de 2011 inició los trámites
para adquirir una aeronave usada al proveedor Western Wings Corp, con sede en
Oregon, Estados Unidos, a un costo cercano a los 33 millones de
pesos.
Sin embargo, luego de meses de mantener ocultos los detalles de la
transacción, hasta octubre de 2011 y por presiones del Congreso del Estado que
lo llamó a rendir cuentas, se supo que el avión Falcon 20F, modelo 1986, tuvo un
costo de 1.8 millones de dólares, pero también fue necesario equiparlo y hacerle
reparaciones con una inversión de 977 mil dólares.
En total, con base a
la información existente en el portal de Transparencia del Gobierno de Sinaloa,
el avión costó al erario público 32 millones 659 mil 400 pesos.
Aún más,
en 2011, año en que se compró el avión nuevo, el Gobierno de Sinaloa pagó por
mantenimiento del equipo aéreo 380 mil dólares, sin ser ya la compañía Bizjet la
que proporcionó estos servicios.
Todavía no amainaban las sospechas que
generó la compra, al inicio del sexenio malovista, de 90 camionetas equipadas,
por un monto de más de 50 millones —operación que benefició a Leonardo Nalo
Félix, “padre empresarial” del gobernador— cuando la Auditoría Superior del
Estado agregó nuevas dudas a las compras hechas por el nuevo
gobernador.
La ASE procedió a abrir una investigación ante la negativa
del Gobierno estatal por clarificar la compra del Falcon 20F, indagatoria que
concluyó a inicios del mes en curso con una revelación: más que compra de
oportunidad de la aeronave, como lo justificó en su momento el gobernador, se
alteraron los costos en la adquisición del jet ejecutivo para
Malova.
Quedó al descubierto, según la ASE, que López Valdez compró un
avión igual o más inseguro que el que ya tenía el Gobierno del Estado, pues tuvo
que invertirle 977 mil dólares para equiparlo y dejarlo en condiciones de
navegación sin riesgos.
Además hubo precipitación en la operación de
compra ya que el Comité de Adquisiciones sesionó el 18 de marzo de 2011 y el día
22 del mismo mes fue comprado el avión, autorizando esa misma fecha el
quitamiento y remozamiento (pintura y reparación de interiores) del jet para
Malova.
El enredo es colosal. El informe de gastos que presentó el
Gobierno señala la compra de equipo, entre estos los sistemas, FMS, Radar, RVSM,
TCAS, que se suponía ya traía el avión nuevo.
Y el Gobierno del Estado se
justifica en que fue el CPA Mauricio Camarena Delgado, jefe de Transportación
Aérea del despacho del gobernador, el mismo que es acusado de recibir sobornos
de Bizjet, quien aconsejó la compra del Falcon 20F, porque el avión que usaron
Juan Millán y Jesús Aguilar era viejo y peligroso.
Escándalos
en el aire
22 de marzo de 2011. En una
operación fast track, el Gobierno de Sinaloa compra un avión alegando que lo
adquirió a precios de ganga: 1.8 millones de dólares. Luego se supo que el costo
del avión superó 2.7 millones de dólares.
19 de agosto de
2011. Un helicóptero del Gobierno del Estado se desploma sobre el lecho
del río San Lorenzo al intentar salvar a personas atrapadas en una creciente del
afluente. Un rescatista y una mujer mueren. Se presume que las naves oficiales
registraron fallas por el deficiente mantenimiento.
16 de septiembre
de 2011. Se rompe el secreto del avión para Malova al darse a conocer
la compra del Falcón 20F, modelo 1986.
21 de septiembre de
2011. La Auditoría Superior del Estado exige al gobernador el
expediente de la compra del avión y le abre una investigación.
22 de
noviembre de 2011. El diario El Debate publica una fotografía de una
hija del secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y dos amigas
de esta, usando el helicóptero oficial para trasladarse a Los Mochis a una
fiesta.
6 de marzo de 2012. La ASE informa que conforme al
análisis de la cuenta pública del Gobierno del Estado de 2011, no se justificaba
la compra del avión para Malova porque la aeronave ya existente se hallaba en
excelentes condiciones para seguir volando.
13 de marzo de
2012. El Departamento de Justicia de Estados Unidos da a conocer que la
empresa Bizjet Internacional sobornó al jefe de Transportación Aérea del
Gobierno de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado, con tal de ganar contrato de
mantenimiento de la flota aérea oficial. |
