Cumplida su condena en Estados Unidos, deberá ser repatriado
Por lo menos una orden de aprehensión en contra del narcotraficante preso en la Unión Americana, está vigente en un juzgado de Guadalajara, Jalisco, por el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo.
Además otros procesos penales fueron suspendidos por la orden de extradición. A pesar de la benévola sentencia de 25 años en Estados Unidos, en México sólo llegó a ser sentenciado a 22 años de encarcelamiento y a pagar una multa de poco más de 3 mil pesos, mientras que en los Estados Unidos deberá entregar cien millones de dólares en propiedades, dinero en efectivo, instrumentos financieros y otros productos.
Adela Navarro Bello
Al final del juicio, Benjamín Arellano Félix se benefició con la protección de la autoridad que más lo persiguió.
15 años después de ser nombrado uno de los criminales más buscados por las corporaciones policíacas y de investigación en los Estados Unidos, una corte federal acordó con el capo del narcotráfico en México, reducirle la sentencia penal a pírricos 25 años.
Para ello el ahora auto reconocido narcotraficante hubo de aceptar básicamente tres situaciones.
1.- Que efectivamente fue el líder del cártel Arellano Félix y encabezó las operaciones criminales de asociación delictuosa y lavado de dinero. El resto de los delitos fueron eliminados en el convenio.
2.- Ceder a nombre de los Estados Unidos de Norteamérica, propiedades, bienes, cuentas, instrumentos financieros y productos diversos por una cantidad de cien millones de dólares.
3.- Colaboración incondicional con las autoridades de los Estados Unidos para la investigación e incriminación de otros miembros del crimen organizado que sean detenidos, investigados y procesados en el futuro.
Al aceptar tales condiciones, evitó una penalidad que podía ir de 40 a 140 años de prisión. Con 25 años a los que se supone será sentenciado, el capo de uno de los cárteles más poderosos y sangrientos de América en los últimos 25 años, saldrá de la prisión norteamericana al cumplir los 83 años.
Pero en ese momento deberá ser repatriado por las autoridades norteamericanas, para que en México, en el año 2037, se reactiven los juicios que quedaron suspendidos por obra de la extradición hacia los Estados Unidos. Entre ellos, el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo, ocurrido en mayo de 1993, y dentro de cuyo expediente existe una orden de aprehensión contra el narcotraficante.
En la Corte del Distrito Sur de California en la Unión Americana, aceptaron un acuerdo propuesto por el abogado del narcotraficante para que éste fuera juzgado con benevolencia a cambio de información que no ha sido dada a conocer por ser parte de una investigación, a pesar que la Procuradora Federal en California, Laura Duffy, se apresuró a declarar que con el encarcelamiento de Benjamín Arellano, el cártel quedaba desmantelado.
Dentro del arreglo judicial, Benjamín Arellano únicamente fue juzgado por dos delitos: asociación delictuosa y lavado de dinero. Por los mismos recibirá una condena de 25 años de prisión, y la sanción económica de 100 millones de dólares. Además tiene el beneficio de poder gozar de tres años de libertad condicionada por cada una de las condenas –la primera de 20 años, la segunda de 5.
En México, el mayor de los Arellano tiene pendientes varios juicios por delitos diferentes a los contenidos en el tratado de extradición, y por los que fue juzgado y recibirá en los próximos días sentencia. En estas condiciones, una vez que Benjamín Arellano Félix compurgue la sentencia dictada en los Estados Unidos de América, tendrá que ser repatriado para que continúe con los procesos penales abiertos y órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en su contra, entre delitos del fuero común y del orden federal en México.
Los pendientes en México
Al sinaloense le espera todavía rendir cuentas por el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, crimen por el que existe una orden de captura en su contra en el Juzgado Segundo de lo Criminal en la Perla Tapatía.
En el expediente 222/93 se imputa a Benjamín el homicidio calificado del prelado y las otras seis personas, así como el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y asociación delictuosa en perjuicio de la sociedad.
El referido mandamiento judicial nunca se cumplimentó porque desde la detención del narcotraficante, en marzo de 2002, se le confinó al Centro Federal de Readaptación Social número 1 con residencia en Almoloya de Juárez y el juez de Guadalajara, Hugo Olveda Colunga se rehusó a procesar al reo vía exhorto.
Otros procesos federales en el Estado de México fueron suspendidos para ejecutar la extradición concedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno norteamericano, por tratarse de un instrumento legal de orden internacional, jerárquicamente superior a las leyes secundarias (federales y estatales). Sin embargo, al cumplir con su sanción en el extranjero, Arellano Félix tendrá que volver a pagar sus deudas con la justicia mexicana.
El problema que se suscitó sobre la orden de aprehensión que se decretó a nombre de Ramón Benjamín Arellano Félix se subsanó en su momento en el Juzgado Cuarto en la causa 20/2001, acreditando que Ramón Arellano y Ramón Benjamín Arellano eran la misma persona dentro de la causa penal antes señalada.
Explicó un colegiado a ZETA:
“En el juzgado segundo de Guadalajara, Jalisco, existe vigente aún una orden de aprehensión contra Benjamín Arellano Félix, por los hechos relacionados con el cardenal, misma que se pretendió cumplimentar pero en aquél entonces existía el cómodo criterio de los jueces de que no se consideraba cumplimentada una orden de aprehensión si físicamente no se ponía a disposición al inculpado en el reclusorio de su jurisdicción, lo que así consideró el Lic. Hugo Olveda. La causa penal de dicha orden es la 222/93”.
Pendiente está el caso del asesinato de Luis Valero Elizalde y el intento de homicidio contra Jesús Blancornelas ocurridos en noviembre de 1997, y donde de acuerdo a las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los diez elementos que emboscaron al codirector de ZETA, eran parte de la estructura criminal del cártel Arellano Félix, en ese momento comandado precisamente, por Benjamín y Ramón Arellano Félix.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República, después de atraer la investigación al fuero federal, no continuó con la indagación.
Benévola sentencia: ex Fiscal caso Posadas
Jorge Fonseca Villegas, ex fiscal especial para el caso Posadas Ocampo en Jalisco, durante varios años siguió muy de cerca al capo de origen sinaloense, para que se le cumplimentara una orden de aprehensión por el homicidio del prelado, es actualmente colaborador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y catedrático de la Universidad del Valle de Atemajac.
Con el recuerdo aún vivo de su función ministerial, Fonseca Villegas contestó de manera formal a las preguntas formuladas por este semanario.
—Maestro Fonseca, como persona de derecho y que ha trabajado para la procuración de la justicia en este país ¿qué le pareció o qué impresión le deja la sentencia a Benjamín Arellano Félix en Estados Unidos?
“Respecto de la reciente sentencia impuesta a Benjamín Arellano Félix en la Ciudad de San Diego, puedo señalar, como ex fiscal y abogado, que creo es una sentencia benévola en atención al delito y peligrosidad del sujeto, digo, si la comparamos con la sanción que se hubiera solicitado dentro del marco legal mexicano. Afortunadamente para Benjamín Arellano Félix y sus abogados fue posible negociar la sanción penal puesto que el derecho anglosajón que impera en Estados Unidos lo permite; y sin que estemos lejos de esa realidad, ya que la reforma realizada a nuestro sistema de justicia penal, específicamente en el sistema acusatorio que impera ya en algunas entidades federativas de nuestro país y Leyes Federales como aquella Contra Delincuencia Organizada y la penitenciaria, prevé esa posibilidad de negociarla o disminuirla considerablemente; pero debemos reconocer que finalmente existió una sentencia condenatoria y no absolutoria”.
—El tema de la extradición por mucho tiempo atemorizó a los delincuentes y al parecer a las propias autoridades, pero finalmente pareciera que a los criminales les va mejor del otro lado de la frontera…
“En relación a lo de la extradición como instrumento legal que los procesados o enjuiciados lo puedan ver como algo favorable, creo que es circunstancial, es decir, es en atención al delito, la peligrosidad y principalmente las pruebas de cargo que existan; o sea, pueden existir delitos que en México se sancionen más benévolamente que en Estados Unidos y viceversa. Además, no apartemos de nuestra óptica que la extradición no puede ser solicitada por un posible extraditable sino por el Estado extranjero que así lo requiera y cumpla con los requisitos respectivos, sin dejar de reconocer que pueden haber trasfondos políticos”.
—A Benjamín Arellano lo extraditaron aún con cuentas pendientes por pagar a la justicia mexicana. ¿Qué ocurrirá con estas averiguaciones previas y causas penales pendientes?
“En lo referente a esas causas penales que tenga pendientes el señor Arellano Félix, como lo pueden ser órdenes de aprehensión, Estados Unidos tendría que repatriarlo a México una vez cumplida su sentencia allá para que sea enjuiciado acá o se continúen sus respectivos procesos que pudiesen haber quedado suspensos, procesalmente hablando, con motivo de su extradición; en pocas palabras, no implicaría impunidad”.
—Desde luego cuenta con la orden de aprehensión pendiente de cumplimentar por el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más. Usted fue el fiscal especial. ¿Por qué desde 2002 hasta 2011, que Arellano estuvo preso, nunca se cumplimentó el mandamiento judicial?
“El motivo por el que no se cumplimentó la orden de aprehensión contra esta persona por los hechos en los que privaran de la vida al entonces Señor Cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo, y que su servidor fuera Fiscal Especial, es en razón a que existía un criterio jurisdiccional o de los jueces en el sentido de que no tenía por cumplimentada una orden de aprehensión si no dejabas físicamente a disposición del Juez competente al indiciado en la prisión de su jurisdicción, lo cual así aconteció cuando se trató de ejecutar en ese entonces la orden de captura, y se pretendía que el juez federal que lo procesaba por delitos de dicho orden, le resolviera vía exhorto de colaboración, su situación jurídica en auxilio de la autoridad local y una vez resuelta la misma, se desahogaran las diligencias o pruebas que ofrecieran las partes por la misma vía o en su defecto, se solicitara la suspensión del procedimiento por ser procedente y continuar con el mismo una vez que físicamente se trasladara a Benjamín Arellano Félix al Cefereso de Jalisco, pero necesariamente se debía ejecutar la orden de captura y resolver su situación jurídica con un posible auto de formal prisión por la comisión de tales hechos”.
—Durante su etapa como Agente del Ministerio Público asignado especialmente al “Caso Posadas Ocampo” ¿tuvo Usted contacto o acceso al capo referido, en alguna diligencia?
“Existió una entrevista con dicho personaje cuando también integré la entonces Comisión Interinstitucional de PGR, Gobierno de Jalisco y Episcopado Mexicano, pero simplemente te puedo decir que él se limitó a señalar que nunca estuvo presente ni sus hermanos, que a quien realmente deberían preguntarle era al doctor Carpizo y a Pablo Chapa Bezanilla, quienes manipularon la investigación, puesto que Benjamín Arellano quiso entrevistarse con el doctor Carpizo y este último nunca accedió a dicha entrevista”.
Las penas en Estados Unidos
El acuerdo que realizó Benjamín Arellano Félix a través de su abogado, con la Corte del Distrito Sur de San Diego, le permitió eliminar tres de los cinco cargos por los que sería juzgado en la Unión Americana: el de delincuencia organizada, el de sociedad criminal para distribuir estupefacientes en el sur de California y el de agrupación delictuosa para la compra legal de armas que se trasladan a México y a Colombia.
Únicamente será sentenciado por dos cargos: asociación delictuosa para introducir toneladas de mariguana y cocaína y otras drogas a la Unión Americana, y lavado de dinero.
Por el primer cargo recibirá un máximo de 20 años en prisión, una multa de 250 mil como máximo o el doble de las ganancias en bruto u otros ingresos derivados del defendido por la ofensa cometida. Una asesoría especial obligatoria de cien dólares por cargo y un plazo de libertad supervisada de hasta tres años y la entrega de todas las propiedades que representan o se derivan de ingresos obtenidos directa o indirectamente por la actividad de crimen organizado.
Por el cargo de lavado de dinero, un máximo de cinco años en prisión una multa de 250 mil como máximo o el doble de las ganancias en bruto u otros ingresos derivados del defendido por la ofensa cometida. Una asesoría especial obligatoria de cien dólares por cargo y un plazo de libertad supervisada de hasta tres años, la entrega de toda la propiedad que forma parte o esté derivada de los ingresos que el defendido recibió directa o indirectamente como resultado de la violación y entrega de toda la propiedad utilizada o que pretendió utilizarse de cualquier forma o en parte para cometer o facilitar dicha violación.
Los compromisos de Benjamín
En la firma del acuerdo judicial, Benjamín Arellano Félix estableció varios compromisos con el Gobierno de los Estados Unidos. Aquí los destacados:
* Acepta entregar una suma de dinero en contra suya y a favor de los Estados Unidos, de cien millones de dólares más intereses, provenientes de dinero en efectivo y propiedades.
* Se compromete a colaborar de manera verdadera y absoluta con los Estados Unidos en todos los asuntos relacionados con los bienes que posee y atestiguar con la verdad, en caso que se den futuros procedimientos.
* No puede instruirle a ninguna otra persona o entidad a destruir, dañar, tirar, o transferir los bienes mencionados.
* Antes de la sentencia el defendido aceptó ayudar a los Estados Unidos en la repatriación y entrega de los bienes y tomar todos los pasos necesarios para que los títulos de propiedad sean transferidos sin problemas al gobierno de Estados Unidos. Lo cual abarca todos los trámites.
* Acepta identificar y ubicar los bienes, lo cual implica también la firma de todos los documentos necesarios para la transferencia de las propiedades a los Estados Unidos, aunque los bienes estén a nombre de terceros. La acción aplica a cuentas bancarias, instituciones financieras, bonos, certificados, fideicomisos, seguros.
* Acepta que no apelará, ni declarará ataque colateral alguno y renuncia a todos sus derechos constitucionales para su defensa.
* Se compromete a no solicitar pre liberación.
* Todos los bienes están sujetos a su declaración cuando superen los mil dólares en el valor.
De igual manera, adquirió otras obligaciones. El acuerdo se acaba si incurre en alguna de las siguientes conductas:
* No declararse culpable.
* No aceptar absoluta responsabilidad en los cargos que se le imputan.
* No presentarse ante la corte.
* Intentar retirar su declaración de culpabilidad.
* Incumplir una orden de cualquier corte relacionada con este caso.
* Apelar o atacar colateralmente la sentencia o la condena.
* Realizar actos criminales adicionales desde el momento de su arresto y hasta el momento en que le dicten sentencia.
Cártel Arellano Félix, sigue
Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, sigue prófugo de la justicia.
Su permanencia en Tijuana, Ensenada, algunos municipios de Baja California Sur, e incluso ciudades de la Unión Americana, es una realidad conocida y confirmada por los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California, organismo encabezado por el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán y el General Alfonso Duarte Mújica.
Recientemente fue documentada la intención de “El Ingeniero” para reorganizar su grupo criminal ante la creciente presencia de testaferros de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Tijuana. Y al estilo de la familia Arellano, el sobrino de Benjamín recurrió a camino conocido: el Barrio Logan de San Diego, y la Mafia Mexicana en cárceles y calles californianas.
Conocida es la pugna que vivió Sánchez Arellano entre los años 2008 y 2010 con quien había sido lugarteniente de su estructura criminal, Teodoro García Simental, por el control de la venta y el trasiego de drogas por esta frontera mexicana. Capturado por el gobierno federal el segundo, “El Ingeniero” recobró su poderío criminal en esta región.
La propia autoridad norteamericana, específicamente la Agencia Antinarcóticos (DEA por sus siglas en inglés), ha emitido una alerta para lograr información que lleve a la captura del menor de los Arellano en encabezar la organización criminal.
Lo mismo y en territorio mexicano ha realizado la Procuraduría General de la República.
Aun con viejos elementos del CAF prófugos, como Manuel Aguirre Galindo “El Caballo”, financiero de la organización desde los tiempos en que ésta era liderada por Benjamín y Ramón, quien también apoyó en la criminalidad a Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, detenido en agosto de 2006 y éste sí sentenciado a prisión de por vida por la misma procuradora Laura Duffy, la estructura operativa para el trasiego y la venta de drogas, sigue viva.
Es conocido por la autoridad mexicana, que “El Ingeniero” cuenta con una suerte de consejo que le permite mantener la organización criminal. Hombres y mujeres que encabeza su tía, Enedina Arellano Félix, quien jugó un importante papel en el lavado de dinero.
Sin embargo la Procuradora Duffy se apresuró a declarar que con la aceptación de culpabilidad por parte de Benjamín Arellano la organización estaba desmantelada. Ambiente contrario se vive en Tijuana y otras zonas de Baja California, donde el cártel Arellano ahora comandado por “El Ingeniero” mantiene rutas de trasiego, distribución y venta de drogas entre México y los Estados Unidos.
