jueves, 22 de diciembre de 2011

ACTEAL: 17 AÑOS DE IMPUNIDAD; CONMEMORAN LAS ABEJAS


  
La conmemoración del decimocuarto aniversario de la masacre de Acteal, convocada por la Sociedad Civil Las Abejas, ha durado ya dos de los tres días programados en Yabteclum, municipio de Chenalhó, donde las cinco zonas de la organización tzotzil iniciaron este martes unas jornadas de ayuno y oración; también de memoria de la resistencia, de conocimiento del actual proceso de violencia en nuestro país.


Las familias de Las Abejas recibieron esta tarde a la caminata contra la violencia de Estado, por la paz, la memoria y contra la impunidad, que partió de San Cristóbal la madrugada de ayer, unos ratos a pie y otros rodando en carros, al modo de las antorchas guadalupanas.

 En tanto, en Acteal se congregaron desde el martes grupos de indígenas católicos de Simojovel, Chenalhó, Pantelhó y Mitontic.

Como cada año en estas fechas, y cada día 22 de todos los meses de los pasados catorce años, Las Abejas recuerdan a sus 45 muertos de 1997 y siguen demandando justicia y respeto por parte de las autoridades, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre.

En nombre de la organización, Antonio Gutiérrez sostuvo que en nuestro país la justicia se sigue concesionando únicamente a los amigos y socios de los gobernantes en turno. 

Mencionó la responsabilidad en los hechos de los entonces gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro; secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Todas las procesiones convergerán este miércoles en el crucero de Majomut, a la altura de la base militar, para dirigirse a Acteal y culminar la rememoración con la acostumbrada oportunidad de 

Las Abejas para la denuncia y la solidaridad, manifestándose también contra la impunidad de norte a sur en nuestro país y el acelerado proceso de militarización, paramilitarización y descontrol social, como deliberada estrategia del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

La Jornada

MATAN A HIJO Y NIETA DE ALCALDE SUPLENTE EN GRAN MORELOS, CHIHUAHUA


matanCHIHUAHUA, 20 de diciembre.- Un hijo y la nieta del alcalde suplente de Gran Morelos, Tomás Arturo Antillón, fueron ejecutados a tiros en el municipio de Cuauhtémoc, al noroeste del estado de Chihuahua.

En este mismo municipio, tres policías fueron atacados a tiros, muriendo uno de ellos y otro resultó con heridas de gravedad.

El reporte de la policía municipal indica que el primero de los hechos se dio cerca de las 18:00 horas en un centro comercial ubicado en el entronque del poblado de La Junta a Álvaro Obregón.

La Policía Ministerial encontró en el lugar a un hombre, identificado como Luis Antillón, y su hija de 6 años, los cuales presentaban varias heridas por arma de fuego y yacían en el piso de la tienda, mientras que otro hijo del occiso, de apenas 12 años de edad, fue llevado a un hospital con heridas graves.

El hombre y la niña que murieron fueron señalados como el hijo y la nieta del alcalde suplente del municipio de Gran Morelos, el cual ha sido controlado por grupos de narcotraficantes, quienes han atentado contra el alcalde, e hicieron huir a los policías, luego que el comandante fue encontrado con armas de fuego, en compañía de un mafioso del lugar.

Horas más tarde, cerca de las 23:00, tres policías fueron atacados a tiros por un comando armado en la Ciudad de Cuauhtémoc, muriendo uno de ellos, otro resultó gravemente lesionado y el tercero resultó ileso.

El atentado se dio en las calles Estado de Guerrero y Segunda de la colonia Reforma y el policía que falleció fue identificado como Gabriel Alejandro Barba.

EU CENSURA A REVISTAS CIENTÍFICAS



imagePor el temor de que la información se utilice para crear un arma biológica, el gobierno pide que no se detallen datos de la nueva cepa de influenza en Science y Nature


El gobierno de Estados Unidos reveló hoy que pidió a las revistas científicas Nature y Science que no publiquen los detalles de dos estudios sobre una nueva cepa letal del virus de la gripe aviar, por el temor a que si caen en manos equivocadas puedan servir para crear un arma biológica.


La petición sin precedentes, hecha por el Departamento de Salud y Servicios Humanos tras una recomendación del Consejo Consultivo Nacional de Bioseguridad (NSABB, en inglés), no ha gustado a las revistas, que no obstante evalúan cómo proceder y ya han efectuado algunos cambios en lo que tenían previsto publicar.

"Cierta información obtenida a través de estos estudios tiene el potencial de ser desviada para usos dañinos", explicó en un comunicado el Instituto Nacional de Salud (NIH, en inglés), que depende del Departamento de Salud.

Los estudios, realizados en laboratorios de las universidades de Wisconsin (EU) y Erasmo de Rotterdam (Holanda), lograron desentrañar una nueva cepa del virus H5N1, conocido popularmente como de la gripe aviar, que tiene potencial para transmitirse mucho más rápidamente entre los seres humanos.

Este hecho podría convertir al virus "en una muy grave amenaza global para la salud pública", sostuvo el NIH.

Por ello, y ante el temor de que la información sobre la nueva cepa pueda ser usada como nueva herramienta bioterrorista, un comité de expertos del NSABB revisó los manuscritos que describen los experimentos de laboratorio y recomendó que se publiquen únicamente sus resultados, pero "no los detalles metodológicos".

No obstante, el Gobierno estadounidense reconoce el "beneficio potencial" de la información para la investigación y la vigilancia mundial de la gripe, por lo que trabaja para establecer un mecanismo que permita a las personas con una "necesidad legítima" un "acceso seguro" a los detalles de los estudios, según el NIH.

"Es muy importante obtener la información para todas las personas alrededor del mundo que conviven con el virus y trabajan en ello", subrayó por su parte en un comunicado el editor jefe de Science, el doctor Bruce Alberts.

Alberts destacó también que la petición del gobierno de EU marca "un punto de inflexión", ya que se cree que es la primera vez que sucede algo así con una investigación legítima sobre salud pública.

En otro comunicado, el editor jefe de Nature, el doctor Philip Campbell, señaló que su revista debate el "acceso adecuado a los métodos científicos" de los estudios y cómo los detalles "podrían ser habilitados".

"Es esencial para la salud pública que todos los detalles de los estudios científicos de los virus de la gripe estén disponibles para los investigadores", añadió Campbell. 

VA PGR POR 12 DEL "MOREIRAZO"



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Tiene PGR abiertas cinco averiguaciones previas por la contratación ilegal del mismo número de créditos por un monto de 5 mil 300 mdp



La Procuraduría General de la República (PGR) pretende consignar a 10 ex servidores públicos del Gobierno de Coahuila, al actual Secretario de Finanzas de la entidad y a un funcionario de Hacienda por delitos relacionados con la contratación ilegal de deuda.

Entre los involucrados en la averiguación previa en el "moreirazo" no se encuentran los ex Gobernadores Humberto Moreira y Jorge Torres, aunque sí se pide que sean citados a declarar, pues los créditos contratados de manera ilegal se realizaron en sus respectivas gestiones.

La PGR tiene abiertas cinco averiguaciones previas por la contratación ilegal del mismo número de créditos por un monto de 5 mil 300 millones de pesos, de los más de 30 mil millones en los que se incrementó la deuda estatal.

Una vez recabadas las pruebas, entre los delitos por los que se investiga a los involucrados se encuentran asociación delictuosa, falsificación y uso de sellos de la Federación, que no están tipificados como graves.

Sin embargo, la PGR señala que pedirá a la autoridad judicial que niegue la libertad provisional bajo caución, amparada en el artículo 399 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite al juez rechazarla si el Ministerio Público lo pide argumentando que las características del delito cometido son un riesgo para la sociedad.

Entre los involucrados se encuentra el actual Secretario de Finanzas de la entidad, Jesús Juan Ochoa Galindo, quien en la anterior Administración fue el tesorero general y estuvo presente en las reuniones que se realizaron con Banco del Bajío para la contratación de créditos.

A partir del 1 de diciembre, la Tesorería del Estado cambió de nombre y ahora es Secretaría de Administración.

Otro involucrado es Héctor Javier Villarreal Hernández, entonces secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) y a quien se mencionó desde la primera averiguación como el responsable directo de la contratación ilegal de créditos.

A Villarreal Hernández se le acusa de presuntamente ordenar que se tramitaran los créditos y de participar en las reuniones con funcionarios bancarios y de la Secretaría de Hacienda para obtenerlos, con conocimiento de que para lograrlo se estaban usando documentos falsos.

Dos personajes que fungieron como tesoreros y contra los cuales va la PGR son Víctor Manuel Zamora y Miguel Ramón Rodríguez, por haber solicitado créditos y suscribir contratos con petición de deuda.

La lista de implicados incluye a Sergio Ricardo Fuentes, quien fuera administrador general de Políticas Públicas del SATEC; Carlos Mauricio Aguillón, entonces director de área de la Dirección General de Política Financiera de la Secretaría de Finanzas, y Alfredo Valdés Menchaca, quien laboraba como abogado del SATEC, que en el Gobierno de Humberto Moreira era un poderoso organismo que controlaba las finanzas y estaba a cargo de Villarreal Hernández.

A Valdés Menchaca se le señala porque supuestamente daba seguimiento a la inscripción del registro de los créditos y era el responsable de revisar los contratos e informar sobre los sellos que se ponían en los documentos respectivos.

Enrique Ledezma, subadministrador de Políticas Financieras del SATEC; Juan Manuel Froto, director del Fondo de Financiamiento para el Estado; Juan Manuel Delgado, encargado de aspectos administrativos, y Fausto Destenave, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila.

El funcionario de Hacienda que es investigado junto con los ex servidores públicos de Coahuila, es Jaime Jiménez, quien era director de Deuda Pública de Entidades y Municipios y avaló con su firma los documentos falsificados para la adquisición de deuda.

Cuatro de los cinco créditos investigados fueron celebrados en el periodo que gobernó Moreira.

¿Y el destino del dinero?
El Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira, hermano de Humberto, debe investigar el destino de los 5 mil 300 millones de pesos contratados de manera irregular, de un monto superior a los 30 mil millones a los que asciende la deuda estatal.

"Si los préstamos se aplicaron bien o no, eso corresponde verificarlo a la Auditoría Superior de Coahuila y, en su caso, a la Procuraduría local", explicó el abogado Luis Manuel Pérez de Acha.

La competencia es de esas autoridades porque los créditos se firmaron entre el Estado y los bancos, el dinero ingresó a las arcas estatales y fue ejercido bajo normas de Coahuila. 

COMO VAN LAS COSAS, PRONTO DEBEREMOS ELEGIR A QUÉ CÁRTEL DAREMOS NUETSRO VOTO: SICILIA


FotoAdvierte que sin unidad el próximo presidente sólo administrará desgracia y horror

El poeta no entiende cómo se pueden organizar comicios con el país balcanizado por el crimen

Rubicela Morelos Cruz/  La Jornada

Cuernavaca, Mor., 21 de diciembre. “Cuando lleguen las elecciones, tendremos que preguntarnos no por quién vamos a votar, sino por qué cártel vamos a votar. Se está haciendo realidad lo que ya habíamos avisado y es grave”, manifestó el escritor Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

En entrevista, advirtió que si los partidos políticos y los aspirantes a la Presidencia no conforman una agenda nacional de unidad que conduzca a la pacificación de México, quien gane la elección en 2012 sólo va a continuar administrando la desgracia y el horror.

Sin ese pedazo de suelo para realizar comicios transparentes para que los ciudadanos elijan sin presiones, ¿cómo habrá condiciones?, preguntó. En un país en donde casi no hay Estado, donde 98 por ciento de los homicidios y delitos quedan en la impunidad y donde nunca se aplica la justicia, sentenció.

Sostuvo que existe un Estado muy débil, incluso fracturado, lo que ha quedado demostrado en los cinco años tanto de la administración federal de Felipe Calderón, como de las entidades y municipios. ¿Quién puede gobernar con una población fracturada, dañada, y con el crimen organizado campeando por todos lados, con un país pulverizado?, cuestionó.

Pero esta falta de gobernabilidad, agregó, se agudiza cuando se aproximan elecciones; para muestra citó los recientes episodios violentos ocurridos en diferentes regiones del país.

Por último, pidió “a los violentos que viven en el mundo legal como ilegal que paren los homicidios, los secuestros y los levantones, para que al menos en estas fechas navideñas haya paz y amor en los corazones de los mexicanos”.

Aseveró que “Felipe Calderón está haciendo un desastre nacional que nadie de las otras autoridades se atreven a parar. Los gobernadores, dijo, se sienten virreyes y ni un partido político está atendiendo las demandas de la población como debería ser en cualquier país que se dice democrático.

Sicilia comentó que él nunca ha sabido que haya elecciones cuando se está en guerra, cuando todos los días amanecen muertos, cuando el país está balcanizado por el crimen organizado.

Y preguntó: ¿Quién puede tener una propuesta si no es a través de la unidad?, es una ficción, es una cortina de humo creer que un individuo va poder en un país, donde no hay ni el mínimo suelo para articular una vida republicana verdadera.

El poeta propuso que los partidos políticos busquen entre todos, y con los ciudadanos, una agenda común, un candidato moral, con unidad nacional, que permita construir una agenda de paz, para poder pacificar.

Lo que iba a blindar las elecciones este 2012, abundó, era la reforma política que demandaron distintas organizaciones civiles, pero los partidos políticos y los gobiernos la negaron,

A veces se ha malinterpretado, porque se dice que le estoy haciendo el juego a Felipe Calderón; no, yo no estoy hablando de que siga Calderón, es lo que menos quiero, pero deseo que los partidos tengan esa conciencia que podamos hacer un proceso de unidad nacional que nos permita transitar a verdaderas elecciones, concluyó.

EXPLORACIÓN MARINA


Astillero
Exploración marina
Ensayos neofranquistas
Piolín: privilegiar a EU
AMLO pide precisiones

Julio Hernández López

FotoEl gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (JDO; con jota, no con ge), se ha revelado como entusiasta explorador de nuevas formas de endurecer la mano en asuntos públicos. 

Tuvo su mayor momento de fama nacional cuando intempestivamente declaró como seguros delincuentes a quienes horas antes habían sido tirados como cadáveres de demostración en un puente de Boca del Río, en septiembre de este año. 

También logró colocar su nombre entre los más mencionados en Twitter cuando impulsó el encarcelamiento (y la posterior restricción legislada, bajo el disfraz de benevolencia) de usuarios de ese servicio de Internet que habían mentido, causando amplia alarma colectiva, sobre presuntos actos y amenazas criminales. 

Y ahora regala a la nación entera la oportunidad de ensayar, con la sustitución de la policía de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, la instauración de la Marina como alternativa de control social en una suerte de cogobierno entre el poder civil, declinante y cedente, y la fuerza armada de élite que el calderonismo ha ido imponiendo como su favorita y, a su juicio, la más confiable.

Admirador confeso de Francisco Franco, el gobernador JDO fue pionero en el establecimiento de una semioficial política de limpieza social que en otras entidades se practica pero sin que las autoridades acepten aunque sea indirectamente alguna autoría o responsabilidad. Luego del episodio de los 35 cuerpos descargados en las inmediaciones de una importante plaza comercial de Boca del Río, Duarte de Ochoa casi justificó en Twitter el episodio: 

Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar.

 Añadió: Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de plataforma México.

No todos los ejecutados, ni siquiera la mayoría, tenían antecedentes penales, ni se ha demostrado que hubieran escogido dedicarse a la delincuencia organizada ni están en registros federales.

Pero lo peor no fue que el gobernador dijera mentiras (que en todo caso podría corregir e incluso ofrecer disculpas), sino el tono de justificación de una masacre porque los caídos formaban parte de los malos

Así como la administración federal ha renunciado a investigar y sentenciar sobre decenas de miles de muertes, como es su obligación (se matan entre ellos, son daños colaterales, fue a causa del crimen organizado, son algunas de las premisas de incivilidad a conveniencia que ha usado el calderonismo para negarse a dar continuidad procesal penal a esos casos), el duartismo veracruzano (en Chihuahua hay otro gobernador priísta con el mismo apellido) quiso sensibilizar a la sociedad sobre el hecho de que los masacrados en exhibición eran delincuentes, como si la cacería de ellos colocara los posibles delitos cometidos por los exterminadores en una franja de perdón necesario, de indulgencia jurídica forzosa.

En esa evolución represiva, el gobernador de Veracruz está abriendo la puerta a la instauración, por la vía de los hechos, del sueño dorado de Felipe Calderón y, aunque pensando más en su propia Policía Federal que en marinos, de Genaro García Luna: 

la supeditación de los cuerpos locales a los nacionales, como si éstos sólo por ser federales estuviesen vacunados contra los vicios de los agentes estatales y municipales. 

Durante años, García Luna ha sostenido una implacable guerra contra las policías que no son las suyas, en busca de establecer un mando único. 

Por su parte, el Ejército ha tomado el control de buena parte de las secretarías de seguridad pública y los cargos relacionados con cárceles en las entidades federativas, mientras los marinos se han encargado de las acciones más delicadas y se han ido asentando como poder alterno en ciertas regiones.

EN LA PERMANENTE. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo, presentó una imagen donde el presidente Felipe Calderón Hinojosa recibe la comunión del cardenal Norberto Rivera Carrera, durante la primera sesión de la Comisión Permanente del CongresoFoto Roberto García Ortiz

Otro botón de muestra del retorcimiento de las leyes por razones políticas (de entreguismo al extranjero, en este caso) se vivió ayer con la deportación del acusado de asesinar en México (cerca de Santa María del Río, en San Luis Potosí) a un agente estadunidense que en extraña y nunca aclarada misión viajó a esa entidad y luego fue asesinado en condiciones que mueven a natural suspicacia.

 Reivindicando una especie de derecho a la venganza imperial cuando son tocados algunos de sus representantes en las colonias, el gobierno estadunidense tomó el control de las indagaciones, desplazó abiertamente a autoridades nativas y emprendió una persecución ejemplar contra Los Zetas.

Ahora, en una confirmación de la preminencia del interés jurídico de Washington sobre el de Los Pinos, Julián Zapata, alias El Piolín, acusado de asesinar al agente Jaime Zapata en México, no será sometido al curso procesal acá, sino en Estados Unidos, a donde fue extraditado ayer.

Justificaciones técnicas podrán ser esgrimidas por las autoridades mexicanas, pero lo cierto es que el interés nacional fue relegado para permitir que la jefatura vecina se haga justicia por propias leyes.

Interpretación jurídica precisa es lo que demanda Andrés Manuel López Obrador al tribunal electoral federal para saber qué puede hacer y qué tiene prohibido en el espacio normativamente nebuloso de las precampañas y los candidatos únicos que, según una decisión dada ayer, a partir de un caso correspondiente a Yucatán, no deben realizar actos de proselitismo más que frente a militantes de las organizaciones que los postulan.

 El tabasqueño ha tomado en el aire la oportunidad de plantar cara a la legislación restrictiva, contradictoria y confusa que, en su caso, le obligaría a mantenerse virtualmente en silencio e inmóvil. 

Nos quieren callar, dijo de inmediato, recordando que al priísta sin lecturas mucho le conviene un retiro de esa naturaleza, pero no a un aspirante, AMLO, que necesita multiplicar su actuar para reducir la ventaja de candidatos que contarán con el apoyo del erario federal y de abundante propaganda, sobre todo en televisión. ¡Hasta mañana, ya preparando un breve descanso de temporada.

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ZEDILLO DEBE RESPONDER EN ENERO A DEMANDA POR MASACRE DE ACTEAL, CHIAPAS


Son imputaciones infames e irresponsables, dice el ex presidente al Yale Daily News

Diez sobrevivientes lo acusan ante corte de Connecticut por crímenes contra la humanidad

El litigio, de orden civil
Las Abejas se deslindan
La CIDH investiga al Estado mexicano

David Brooks/  La Jornada
Nueva York, 21 de diciembre. Al cumplirse el 14 aniversario de la masacre de 45 civiles en Acteal, Chiapas, y después de las denuncias y expresiones de protesta de las principales organizaciones de derechos humanos internacionales durante los años recientes, ahora el caso está presente mediante una demanda civil presentada en Estados Unidos contra el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y, por otro lado, la presunta responsabilidad del Estado mexicano continúa bajo una investigación de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A principios de enero de 2012 Zedillo responderá por primera vez a la demanda civil en su contra por crímenes contra la humanidad, entre otras acusaciones, presentada ante un tribunal federal en el estado de Connecticut, en un proceso judicial que podría durar meses.

Abogados de las partes del litigio informaron a La Jornada esta semana que el caso procede y cada una prepara sus estrategias. La primera fase concluye el 6 de enero (fin del plazo para una respuesta inicial de Zedillo) y a partir de ahí un juez determinará los siguientes pasos.

El abogado de los demandantes, Roger Kobert, indicó que existen pocos precedentes para casos civiles de este tipo, pero si existen las circunstancias necesarias se puede hacer, y creemos que aquí tenemos esas circunstancias, los elementos necesarios para que este caso se sostenga.

Todo empezó de manera sorpresiva cuando, tal vez en la primera vez que un ex mandatario mexicano es demandado en el extranjero por un asunto de derechos humanos, el 16 de septiembre se presentó una demanda civil contra Zedillo por 10 víctimas del ataque (sobrevivientes y/o familiares de los muertos) contra la agrupación Las Abejas en Acteal, cuando el acusado despachaba en Los Pinos.

En la demanda, de 53 páginas, se acusa a Zedillo de conspiración para encubrir su vínculo o responsabilidad por la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en violación de leyes nacionales e internacionales, y busca el pago de hasta decenas de millones de dólares por daños compensatorios y punitivos.

Se argumenta que el acusado Zedillo sabía o debería haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo abusos de derechos humanos, y falló en prevenirlos o castigar a los responsables. (Revisar la demanda).
La demanda provocó sorpresa y llamó la atención en Estados Unidos por el perfil relativamente alto de Ernesto Zedillo en los ámbitos académicos (como profesor y director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale), empresariales y de relaciones internacionales (en proyectos de la Organización de Naciones Unidas, en comisiones sobre la despenalización de drogas, etcétera). Varios medios nacionales y algunos locales destacaron la nota.

Inmediatamente después de que se presentó la demanda, Ernesto Zedillo rechazó los cargos y sembró dudas sobre la posible motivación detrás de ésta.

En un correo electrónico enviado al Yale Daily News en septiembre pasado, el ex presidente mexicano calificó las acusaciones de infames e irresponsables y afirmó que carecen totalmente de bases y son obviamente falsas. Cualquier persona que se atreva a verificar los hechos concluirá que ésta es una calumnia fabricada por razones que desconozco.

Además, en carta enviada a la agencia Ap en las mismas fechas, Zedillo calificó las acusaciones de calumnias y afirmó: es obvio para mí que quien esté detrás de esta demanda no está de verdad buscando justicia para la gente inocente cuyas vidas fueron tan dolorosamente devastadas por ese crimen atroz.

En otra carta, dirigida al Hartford Advocate, rotativo local de Connecticut, Zedillo aseguró que el gobierno mexicano nunca empleó paramilitares para reprimir y bajo ninguna circunstancia aceptaría la existencia de grupos fuera de la ley para resolver argumentos o conflictos, y reiteró que las acusaciones son falsas.
Mientras tanto, Zedillo contrató un abogado privado, ya que la demanda no tiene ninguna relación con la Universidad de Yale, informó la institución.

Desde la presentación de la demanda se han generado cada vez más especulaciones y tensiones sobre sus orígenes.

Esta semana, el abogado de Zedillo, Jonathan Freiman, dijo a La Jornada que por el momento no podía comentar nada sobre el caso de manera pública, ya que se estaba preparando la respuesta a la demanda, pero cuando se presentó ésta declaró al Yale Daily News que el caso es claramente político.

Nutriendo la especulación sobre quién estaba promoviendo el caso, en septiembre y de nuevo a principios de octubre, Las Abejas se deslindaron de esa demanda, reiteraron que ninguno de sus integrantes participa en ella y criticaron que el caso parecía motivado más por dinero y política que por interés en la justicia.

La especulación se incrementó porque los 10 demandantes han solicitado el anonimato, argumentando su seguridad personal y temor a represalias de simpatizantes de Zedillo, del PRI, y de los paramilitares (según se afirma en la demanda), y porque no se ha aclarado quién contrató al bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess en Miami, que más bien se dedica a casos empresariales y de daños comerciales o personales, ni quién está pagando los costos legales.

Kobert, el abogado de los demandantes, afirmó hoy a La Jornada que las decisiones de sus clientes son privadas, y ante las sugerencias de Zedillo y su abogado de una motivación política detrás del caso, respondió que si alguien te está responsabilizando de cometer atrocidades, tal vez la mejor cosa que hacer es intentar cambiar el tema, ¿no?

Agregó que no conoce ni tiene relaciones con nadie de la esfera política mexicana. 

Reconoció que en este caso sus clientes, obviamente, son indígenas sin recursos que no pueden pagar los costos legales, y que su bufete decidió que el caso era de su interés y, por primera vez, indicó, los costos serán recuperados con un porcentaje del pago de los daños que la demanda solicita, algo que es práctica común en Estados Unidos en casos de este tipo, si es que tiene éxito.

La acusación se presentó ante el tribunal distrital bajo dos leyes (Alien Tort Claims Act y Torture Victim Protection Act) que permiten que los demandantes presenten demandas civiles sobre ciertas violaciones de leyes internacionales en Estados Unidos, aun si no fueron cometidas aquí o si el acusado no es ciudadano estadunidense.

Por otra parte, el caso contra el gobierno de México por la masacre de Acteal presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue admitida en 2010, y por ese motivo se abrió una investigación con la cual esa instancia estudia a fondo los méritos del caso, informó hoy a La Jornada María Isabel Rivero, jefa de comunicación social del organismo.

El estudio terminará con la elaboración de un informe, aunque no existe plazo para su conclusión. Ese reporte es presentado tanto al Estado como a los demandantes y, por lo general, incluye recomendaciones para reparar la situación.