Plagada de ilegalidades la investigación contra policías de
Ahome
En la recomendación número 40/2010 que la CEDH emitió a la fiscalía estatal el 19 de noviembre de 2011, el organismo estableció que no existe la figura “órdenes de presentación y/o localización” en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en sus normas reglamentarias sustantivas y adjetivas. Esto hace probable que en atención a las quejas que interpusieron ante dicho organismo los familiares de los agentes que con base a una orden de presentación fueron detenidos en Los Mochis el 15 de noviembre, la CEDH declare actos de inconstitucionalidad que atentan contra los derechos humanos de los policías afectados. De hecho, según declaraciones de los familiares de los detenidos y de los 15 policías que fueron puestos en libertad, fueron sometidos a tortura psicológica e incomunicación para que se declararan culpables de delitos que el Ministerio Público pretendía imputarles. El operativo fue irregular de origen debido a que la Procuraduría no contaba con ninguna prueba incriminatoria al momento de convocar a los agentes de Los Mochis a una supuesta reunión en la que finalmente fueron detenidos y trasladados a Culiacán. La llamada “operación limpieza” que según la PGJE intentó depurar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ahome de efectivos presuntamente implicados en secuestros, extorsiones y homicidios, acabó siendo una acción manchada de hecho por procedimientos ilegales. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la resolución 32/2011 derivada del expediente CNDH/4/2011/24/RI, ratificó en los mismos términos el criterio que utilizó su homóloga en Sinaloa al pedir a la Procuraduría se abstuviera de fincar sus investigaciones en órdenes de localización y/o presentación. Averiguación débil Aun cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado se aferra a que la SIEDO la rescate del descrédito que se le viene encima —al mantener la perniciosa táctica de primero detener y luego investigar— de un momento a otro la fiscalía podría pasar de querellante a inculpada. Con una averiguación previa que carece de pruebas sólidas contra el ex director de la Policía de Ahome, León Horacio Reyes, y 31 elementos bajo su mando que fueron detenidos el 15 de noviembre como presuntos responsables de los delitos de secuestro y extorsión, la PGJE ha tenido que dar marcha atrás, aunque a cuentagotas. El 29 de noviembre se vio obligada a poner en libertad a seis de los agentes detenidos y el 6 de diciembre tuvo que retirar, a regañadientes, el arraigo contra otros nueve policías, esforzándose por retener a los 17 restantes. Finalmente entregó a la SIEDO a solo 12 agentes municipales para que los trasladara a un penal de máxima seguridad. La contraofensiva jurídica de los detenidos contra el Gobierno de Sinaloa y el Ayuntamiento de Ahome es irreversible. Hasta el viernes de la semana pasada al menos 28 familiares de los detenidos se habían quejado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones a garantías constitucionales, mientras que otras cinco demandas por la vía penal se preparan para pedir la reparación del daño moral y económico. Ahora la indagatoria quedó en manos de la SIEDO y de un juzgado especializado en delincuencia organizada. Audiograbaciones, declaraciones de los 32 detenidos, trabajo de inteligencia efectuado por la Unidad Estatal Antisecuestros y denunciantes temerosos, es lo que se puso en manos del Ministerio Público Federal para que refuerce la endeble averiguación de la Procuraduría de Sinaloa y evite que el juez federal deje en libertad a los 12 policías mochitenses que fueron consignados. El jueves 15 de diciembre, unas horas antes de que se cumpliera el mes de arraigo de los agentes investigados, el caso se entregó a la SIEDO. Ni las declaraciones de los policías aprehendidos, ni las acusaciones de testigos anónimos, mucho menos las investigaciones del Ministerio Público, daban para sustentar la consignación ante un juez penal del fuero común. En el límite del plazo, el gobernador ordenó a su procurador Marco Antonio Higuera Gómez que pidiera la intervención de la Procuraduría General de la República. De no hacerlo así se habría visto obligado a dejar en libertad a los 17 elementos policiacos y enfrentar el escándalo por el fracaso de aquel operativo implementado en el marco de la entrega de su primer informe al Congreso del Estado. Pese a que el caso se turnó a la justicia federal, de cualquier forma la fiscalía estatal se colocó a un paso del banquillo de los acusados, en el que puso durante un mes a los policías de Los Mochis. Gobierno desobediente En la resolución 40/2010 que el 19 de noviembre de 2010 la Comisión Estatal de Derechos Humanos le hizo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, con base al expediente II/300/09, fundado en la denuncia de un joven que fue aprehendido e incomunicado por la Policía Ministerial, la CEDH recomendó no sustentar ninguna investigación en órdenes de localización y/o presentación. Las recomendaciones son las siguientes: PRIMERA. Instruya a la Unidad de Contraloría Interna de esa Procuraduría General de Justicia del Estado para que al tomar en consideración los actos motivo de la queja así como los razonamientos expuestos por esta Comisión tramite el procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en contra del licenciado N5, en su desempeño como agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el Delito de Homicidio Doloso Contra Mujeres de esta ciudad, así como de personal de la Unidad Modelo de Investigación Policial que intervino tanto en la orden de localización y presentación y detención de N2. SEGUNDA. Que en lo sucesivo, a fin de evitar violaciones a derechos humanos de imposible reparación, se elimine la práctica reiterada del agente del Ministerio Público de solicitar ordenes de localización y/o presentación, al no existir dicha figura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en sus normas reglamentarias sustantivas y adjetivas. TERCERA. Realicen las acciones inmediatas para que personal de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en el Delito de Homicidio Doloso Contra Mujeres de esta ciudad, así como de personal de la Unidad Modelo de Investigación Policial, sean instruidos y capacitados, respecto de la conducta que deben observar a fin de respetar los derechos humanos de las personas en el desempeño de sus funciones, respetando el derecho a la vida, a la integridad, seguridad jurídica y a la libertad. CUARTA. Se instruya al director de Policía Ministerial del Estado para que en lo sucesivo, en el caso de que existan personas en calidad de detenidas en los separos de esa corporación y que familiares de los mismos acudan para indagar si se encuentran detenidos, se proporcione la información con veracidad y oportunidad, dándose oportunidad a los detenidos de mantener libre comunicación vía telefónica con quien deseen en términos de ley. La SIEDO, espantapolicías El fantasma de llevarlos a México y entregarlos a la SIEDO siempre fue un factor de presión sicológica ejercido sobre los por policías de Ahome durante el arraigo al que los sometió la Procuraduría de Justicia del Estado. “Encerrados, sin saber de nuestras familias, sin tener asesoría jurídica y con interrogatorios hechos por personas que no identificamos, siempre nos decían que valía más para nosotros declararnos culpables y ser juzgados aquí, en vez de que nos llevaran a la PGR y nos acusaran de delincuencia organizada”, dicen los agentes municipales que estuvieron confinados e incomunicados durante 21 días. Les decían que allá los tratarían con mano dura, “que a chingazos nos iban a sacar la verdad”, que nunca volverían a ver a sus hijos y esposas porque serían metidos a un penal de alta seguridad. “Dos o tres veces al día nos avisaban que la SIEDO ya iba por nosotros”. Mientras estuvieron detenidos se las ingeniaron para hacerles saber a sus parientes cercanos que los trasladarían a la Ciudad de México. “Muévanse con el gobernador para que paren esto, que sepan bien quiénes son culpables y quiénes inocentes”. Incluso el procurador Marco Antonio Higuera les prometió a sus esposas que no intervendría la SIEDO. —¿Les asustaba que interviniera la SIEDO? —Sabíamos que era una especie de espantapolicías. Entre nosotros mismos veíamos que no tenían elementos para proceder, mucho menos para que entrara la PGR a este asunto. Querían meternos miedo para que firmáramos declaraciones en donde se nos acusaba de muchas cosas, de secuestradores y asesinos… —¿Quién les decía que se los llevaría la SIEDO? —Policías encapuchados que nos aseguraban que Chuytoño (Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, jefe de la Ministerial del Estado) nos aconsejaba que soltáramos toda la sopa para que las cosas fueran más fáciles y no nos trasladaran a México. Que de otra forma nos olvidáramos de los plebes, de las mujeres. Que nos iban a dar mínimo 30 años de cárcel. Se queda sin consignaciones la PGJE; fue la PGR quien concluyó investigación Otra faramalla de la justicia Martín Durán Todas las mañanas, el mayor retirado del Ejército, León Horacio Reyes, animaba a sus exsubordinados a seguir adelante, no dejarse amilanar. Hacían ejercicio para mantenerse activos durante los días de arraigo. “Adelante, vamos a salir libres”, les decía a sus compañeros, recuerda Teresa Osuna, su mujer. “Me decía que estuviera tranquila, que iban a salir, ayer mismo (el jueves) me decía “vamos a salir libres””, relata la esposa del exdirector de la Policía Municipal de Ahome, encarcelado desde el viernes en la madrugada en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, junto con otros doce agentes más. Teresa es un rostro de angustia, moreno y estragado, baja de estatura. Vino al edificio de la Procuraduría General de Justicia a saber de ellos, pues no informaron a familiares el destino del traslado. Se queja: “Los dejaron solos a su suerte”. Lo mismo hace el resto de las esposas de los doce agentes restantes enviados a prisión por medio de una orden de aprehensión librada por un juez federal a petición de la Procuraduría General de la República (PGR). Ello porque la Procuraduría local, según información oficial, no fincó responsabilidad penal contra ellos, en lo que advierte que no pudo concretar los expedientes de delitos del fuero común, pretexto bajo el cual fueron detenidos los 32 elementos policiacos el 14 de noviembre pasado. De la desesperación, las esposas pasan a la histeria, le reclaman a la prensa no haber estado presente a la hora en que fueron sacados por los agentes federales del Centro de Arraigo, en la colonia Guadalupe, hacia la medianoche del viernes pasado. Reclaman que estuvieron solas toda la noche del jueves en el lugar, sintiéndose desvalidas ante el impresionante operativo que se montó para llevar a sus maridos al aeropuerto. Ni derechos humanos ni reporteros. Sin ayuda de ningún tipo. Pero la esposa del mayor León Horacio es quien se atreve a hablar, directo, sin pausas, acusando al procurador de haberlas traído con engaños y tildando de falsas y mañosas las declaraciones que les imputan. “Lo acusó (al mayor) uno de ellos sin fundamento, a esa persona lo amenazaron, llegó y firmó la declaración sin saber qué era, ¿y por qué esa persona está libre?, que también se presente para que se caree con ellos, que les demuestre cuándo recibió dinero”, suelta la mujer. —¿Le dijo el mayor porqué los estaban investigando? —le pregunta Ríodoce a Osuna. —Según venían por un secuestro. Ellos no declararon, nada más declararon los que les echaron tierra. Las demás mujeres secundan a Teresa. “Ellos no declararon nada, los que salieron fue por falta de pruebas”, dicen. La esposa del agente Roberto Borboa Montiel, reaprendido el jueves en Los Mochis, nueve días después de haber salido del arraigo, asegura que su esposo había conseguido un amparo. “No le respetaron el amparo, me lo arrancaron de los brazos”, refiere la mujer en medio del llanto. Lo único que le dijeron a Borboa Montiel cuando fueron los ministeriales por él fue que tenía orden de aprehensión. Más adelante acusaron al procurador de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, de haberlas engañado, pues les había asegurado que no serían trasladados al final de las diligencias y que tampoco el arraigo sería extendido por más tiempo. Entonces otra mujer toma la palabra, reunidas todas afuera del edificio de la PGJE, donde no encontraron respuestas ni ecos. “Dos de los cinco que salieron fueron los que declararon en contra de ellos, les dieron a firmar una declaración que no conocían, ¿por qué ellos sí salieron y los otros no?, todo está armado”, apunta molesta. En efecto, según la PGJE, cinco de los 17 que estaban arraigados hasta la tarde del jueves 15, están en la calle con las reservas de ley. “Eso no significa que estén exonerados”, aclaró Marco Antonio Higuera Gómez cuando informó de manera oficial los resultados de la indagatoria. La línea de Los Mazatlecos Desde un inicio, Ríodoce publicó (edición 460) que una de las principales líneas que tenían para investigar a los mandos policiales de Ahome eran las declaraciones de integrantes del grupo de narcomenudistas de Los Mazatlecos, vertidas en averiguaciones previas que se abrían con motivo de detenciones. Primero fue Geovanny Lizárraga Ontiveros, capturado en mayo, quien según confesó, él y el Chapo Isidro pagaban 150 mil pesos a los agentes. Más tarde, Gilberto Plascencia, el Negro, también del clan, dio información a la PGJE en el mismo sentido. El 21 de noviembre pasado, la Policía Ministerial reveló en un boletín que Óscar Alexander Rojo Sánchez, el Rojo, pagaba como cuota a los mandos policiales (incluyendo a León Horacio Reyes) la cantidad de 40 mil pesos quincenales, cifra que era entregada a uno de los líderes del grupo criminal, Jesús Miguel Pacheco Samaniego, el Pecas, colaborador de Juan Pablo Osuna Sánchez, el Cien, ambos jefes de Los Mazatlecos. Los dos jefes de narcomenudistas también fueron vinculados con ataques a elementos ministeriales y municipales. Conforme iban cayendo los miembros de esta célula vinculada con los Beltrán Leyva en alianza con Los Zetas, la PME informaba de los presuntos pagos de sobornos por protección, revelados por los propios detenidos. Pero cuando se le preguntó al procurador sobre el tema, evadió la pregunta. —Lo único que tienen es sobre el asunto de Los Mazatlecos, que recibían dinero los policías de ellos. —Yo no le puedo dar una categoría… La chamba a la PGR El viernes, cuando las esposas de los agentes enviados ante el juez federal reclamaban sobre los engaños del fiscal, Marco Antonio Higuera Gómez dio una conferencia de prensa para aclarar que había sido la PGR la institución que había ejercido acción penal. Informó el nombre de los trasladados: el mayor León Horacio Reyes, Gonzalo Omar Pérez Rubio, Germán Carrillo Ochoa, Juan Francisco Mercado de la Torre, Joel Armando Salas, José Luis Álvarez Rendón. También se fueron Fernando Castañeda Labrada, Humberto Inzunza Cota, Sergio Casillas Torres, Osvaldo Valdez Soto, Manuel Hernández Mendoza, Ernesto Alonso Beltrán Álvarez y Roberto Borboa Montiel, reaprehendido en Los Mochis un día antes. El Ministerio Público Especializado en Secuestro, quien solicitó formalmente la medida cautelar del arraigo al juez del ramo penal, pidió que fuera levantada la medida a los 17 agentes. Pero solo para que los agentes federales cumplimentaran la orden de aprehensión obsequiada por un juez federal que ordenó el traslado a Veracruz. “En todo momento la PGJE señaló que había participación de autoridades federales”, justificó así Higuera Gómez que fuera la PGR quien al final de cuentas ejerciera acción penal. —¿Por el fuero común no se ejercitó acción penal? —se le preguntó al procurador. —Hasta este momento no se ha ejercitado acción penal. —¿Ambas dependencias hicieron un expediente propio? —cuestionó Ríodoce. —No, hay un desglose de expediente de la misma indagatoria nuestra. —Porque tengo la impresión que finalmente lo del secuestro, extorsión y homicidio fue una engañifa nada más… —No, le digo yo que de parte de nosotros la averiguación previa no ha sido resuelta, eso no significa que no haya elementos para actuar. —¿Los cinco (agentes) restantes fueron liberados? —Se levantó el arraigo por los 17 y PGR detuvo por mandamiento judicial a 12 de ellos. —¿Quiere decir, procurador, que no pudo la Procuraduría estatal acreditar los delitos que había dicho (del fuero común)? —Yo creo la investigación no solamente surge por un solo delito, siempre fuimos categóricos en señalar que el arraigo se había solicitado en una averiguación previa y de dónde era su origen, pero en todo momento les explicamos y somos reiterativos en señalar que había un trabajo paralelo que estaba realizando la PGR. Argumentó que las consignaciones tienen que ir debidamente soportadas y con el mayor número de personas que estén involucradas. “Yo creo que ejercitar acción penal con una parte no es nuestro interés, es hacerlo con todos los responsables y no solo de ese hecho, hay otros que ahorita por la reserva que nos impone la ley no se los puedo decir”, sostuvo. Al final de cuentas, la PGR informó mediante un comunicado emitido la tarde del viernes que los 13 elementos estaban en manos del juez federal, mismo que decidiría la formal prisión o libertad, como en una cuenta de la que al parecer ninguno de los trasladados se salva. Otro detenido en el caso Ah Nicolás Galaviz Vázquez, cabecilla del grupo de Los Compadres, que durante años controló las filas de la Policía Municipal de Ahome, fue detenido la noche del jueves para que rinda su declaración ministerial en el caso de corrupción que investiga la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República, por separado. Galaviz Vázquez, quien fue favorecido por el gobierno de Zenén Aarón Xóchihua Enciso para alcanzar su jubilación, tras meses de convalecer por una cirugía de cadera, habría sido presentado en Culiacán para que rindiera su declaración en torno a los casos de extorsión, secuestro y otros delitos que presuntamente fueron perpetrados por agentes preventivos ya sea por participación directa o por omisión. El grupo de policías autodenominados Los Compadres operó casi durante dos décadas como el máximo eslabón de control de las operaciones policiales, ya que estaba integrado por el subdirector general, Nicolás Galaviz Vega y por oficiales de mayor rango. Estos eran los que en realidad asignaban los servicios a sus subordinados, colocando en sitios privilegiados a incondicionales, protegiendo a integrantes, desterrando a opositores y distribuyendo los cargos. Durante años obtuvieron canonjías de los alcaldes en turno, como hasta ahora. Lucas Villaseñor, otro exoficial de la misma Policía Municipal y quien fue separado del cargo tras no aprobar las pruebas de control de confianza a que estaba obligado pasar, también fue apresado por los ministeriales. Este laboraba en el yunke del Tony Boy, en la colonia siglo XXI, cuando fue ubicado y apresado. También fue llevado a declarar sobre los hechos. Antes de ellos, el policía Roberto Borboa Montiel, quien se encontraba en funciones, había sido apresado también. Este fue parte de los nueve que recientemente fueron liberados por la PGJE, tras un arraigo de casi 20 días. |
lunes, 19 de diciembre de 2011
OPERACIÓN SUCIA
ALIANZA CONTRA ZETAS Y EL CARTEL DE JUAREZ
| Miguel Ángel Vega | |
Lo que desató la guerra Junto a esta guerra interna, Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada disputaban una de las plazas más importantes para el trasiego de drogas al entonces grupo delictivo más violento y sanguinario de todo el país: el cártel de Juárez. La de Juárez era una guerra que cada vez cobraba la vida de más y más personas y en donde la gente de Vicente Carrillo Fuentes el Viceroy, parecía tener todas las posibilidades de ganar, puesto que controlaban las esferas policiacas y políticas de esa ciudad y de Chihuahua, incluso la procuradora Patricia González fue acusada en repetidas ocasiones de proteger al cártel de Juárez y su brazo armado, La Línea. Fue entonces que el Chapo buscó mecanismos que le permitieran acabar con sus enemigos de una manera en que ni siquiera tuviera que meter las manos. La fórmula, que ni el más brillante de sus enemigos hubiera concebido, era involucrar al Gobierno de Estados Unidos para que ellos se hicieran cargo de sus contrincantes. Y así fue. Con una inciativa y una visualización que habría envidiado el propio presidente Felipe Calderón, el Chapo autorizó a su gente a entablar comunicación con una agencia federal de ese país, en este caso la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglás en inglés), para revelarles información sobre sus enemigos, ya que de ese modo sería el Gobierno de Estados Unidos quien se encargaría de ir por ellos. En términos llanos, los gringos serían el brazo armado del cártel de Sinaloa. La respuesta no se hizo esperar. Los ríos de sangre La alianza funcionó para las dos partes interesadas, excepto para la ciudadanía, que quedó en medio del fuego cruzado y empezó a ser víctima de una guerra sin fin entre el cártel de Sinaloa y sus aliados del ICE, contra el cártel de Juárez. Las masacres masivas no se hicieron esperar y se llegaron a documentar ejecusiones de más de veinte personas en Ciudad Juárez, Chihuahua y comunidades en la sierra como Creel, que entonces era conocido como destino turístico más que zona de guerra. “Esto está convertido en un infierno y no vemos para cuándo termine todo”, dijo a Ríodoce el padre Javier Ávila Aguirre, párroco de la iglesia de Creel, en donde el 15 de noviembre del 2008, un comando ejecutó a 13 personas que aparentemente trabajaban para el cártel de Juárez. Los números poco a poco se fueron disparando: 2 mil 400 ejecuciones en el 2008, otras 2 mil 944 muertes en el 2009. Precisamente, esos dos años coincidieron con el tiempo en que Estados Unidos fungió como brazo armado del cártel de Sinaloa. También coincidió aquella escalada de muerte con el operativo Rápido y furioso, dirigido por la Oficina de Alcohol, Armas y Tabaco (ATF), que permitió la entrada de miles de armas a territorio mexicano, y cuyos destinatarios eran gente del Chapo Guzmán. Es decir, Estados Unidos no solo actuó como brazo ejecutor del cártel de Sinaloa contra sus enemigos, sino que también lo armó hasta los dientes y de alguna manera acordó no tocarlo. Las narcomantas Los ataques contra solo un cártel por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos eran tan obvios que al grupo del Viceroy no le quedó otra que concluir que el Gobierno mexicano protegía al Chapo. Fue entonces que iniciaron una campaña con narcomantas en Ciudad Juárez y diferentes partes de la república en que exigían al presidente de la República atacar a todos los cárteles por igual, y no solo proteger a uno de ellos: el cártel de Sinaloa. Poco o nada se sabía entonces de que la gente del Chapo Guzmán colaboraba con agencias estadounidenses, a quienes les pasaban información sobre sus enemigos. Pero las narcomantas no solo demandaban equidad, también acusaban a la gente del Chapo de asesinar a “gente inocente” en Ciudad Juárez y otras partes de México, en donde también comenzaron a recrudecerse los niveles de violencia luego de que Estados Unidos pactara con el cártel de Sinaloa. De acuerdo con datos de la PGJE del estado de Sinaloa, en el 2008 el número de muertes violentas fue de mil 166 mientras que el 2009 fueron mil 252. Esos números, como las estadísticas de Chihuahua, significaron récords en ambos estados. Coincidentemente todo esto ocurrió cuando inicia el pacto entre los de Sinaloa y Estados Unidos. Debacle de un pacto Posiblemente el pacto hubiera continuado de manera indefinida, pero el 19 de marzo del 2009, en una exclusiva zona de la ciudad de México, elementos del Ejército mexicano arrestaron a Vicente Zambada Niebla, considerado entonces uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. La detención del Vicentillo significó también un eventual rompimiento entre el Gobierno de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa, toda vez que Zambada Niebla fue el primer narcotraficante de alto perfil en reconocer ser informante de la DEA, supuestamente a cambio de inmunidad y libertad para el trasiego de drogas de México a Estados Unidos. A partir de ese momento todo cambió y Estados Unidos respondió que ellos nunca habían ofrecido inmunidad al hijo del Mayo Zambada. No obstante, la defensa de Zambada Niebla enfatizó que existían pruebas en poder de la fiscalía que eran necesarios para que el Vicentillo recibiera un juicio justo, de lo contrario cabía la posibilidad de que saliera libre si el juez Rubén Castillo determinaba que “se estaba cometiendo una injusticia con él”. De acuerdo con el Vicentillo, los tratos entre el cártel de Sinaloa y Estados Unidos datan desde antes del 2004, cuando Humberto Loya Castro, consejero del Chapo, autorizara a este a proporcionar información sobre los enemigos del Chapo a cambio de libertad para el libre trasiego de droga de México a Estados Unidos. En marzo de 2010, otro informante del cártel de Sinaloa, Jesús Manuel Fierro Méndez, reconoció ante una corte federal en El Paso Texas, haber sido “vocero” del Chapo Guzmán y que en numerosas ocasiones mantuvo conversaciones telefónicas y algunas reuniones con agentes del ICE. En todos los casos, fuera Loya Castro, Zambada Niebla o Fierro Méndez, el cártel de Sinaloa fue tocado por las autoridades de México o Estados Unidos. O al menos eso es lo que señalan los testimonios brindados. En el caso de Zambada Niebla, según explican las mociones presentadas por la fiscalia, fue el Mayo Zambada quien habría autorizado a su hijo a entrevistarse con agentes de la DEA porque su intención era alejarlo del narcotráfico. Pero al ser arrestado el Vicentillo, su equipo de abogados destapó una cloaca de corrupción y favoritismo, que incluía una fórmula de la DEA para tomar el dinero decomisado a los cárteles de la droga y traerlo de nuevo a México donde habrían de lavarlo mediante sus operativos. También un portavoz de Joaquín el Chapo Guzmán pactó con la ICE Delación por impunidad Andrew Kennis y Jason McGahan* Humberto Loya Castro, asesor de Joaquín el Chapo Guzmán, y Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael el Mayo Zambada, no son los únicos miembros de alto nivel del cártel de Sinaloa que han servido de enlace entre esta organización delictiva y agencias de Estados Unidos. En marzo de 2010, Jesús Manuel Fierro Méndez, integrante del cártel de Sinaloa y excapitán de la Policía de Ciudad Juárez, testificó en El Paso que había sido “portavoz” del Chapo Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en algunas reuniones personales con agentes estadounidenses de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Había dos de nosotros que éramos, digamos, como portavoces —declaró Fierro Méndez. Nosotros pasábamos toda la información. Pero esta información la recibíamos, obviamente, de niveles más altos”. Expuso también que el Chapo Guzmán lo había autorizado a reunirse con el ICE e informarlo de las actividades de los cárteles enemigos. —¿Alguna vez el ICE le pidió información sobre el Chapo? —se le preguntó durante su testimonio en la Corte. —No estaba permitido y nunca se me pidió. Hasta el día en que fue arrestado, Fierro Méndez guardó en su celular el número de teléfono de un agente del ICE al que solo conocía como Rogelio. Fierro Méndez fue detenido por la DEA el 10 de octubre de 2008 en su casa de Ciudad Juárez. Después de ser extraditado a Indianápolis, Indiana, para enfrentar cargos por tráfico de cocaína, selló un acuerdo con la Procuraduría Federal de Estados Unidos. Evitó ser sentenciado a 27 años de cárcel a cambio de testificar en contra de sus antiguos socios del cártel de Sinaloa, Manuel Chávez Betancourt y Fernando Ontiveros Arámbula. Proceso obtuvo una copia del testimonio que Méndez Fierro rindió el 4 de marzo de 2010 ante la Corte de Distrito del Oeste de Texas. Ese día compareció como testigo del Gobierno de Estados Unidos. A menos que se indique lo contrario, el fiscal estadounidense Russell D. Leachman es el interlocutor en los extractos de la transcripción de la Corte que se citan en este texto. EN LA “NÓMINA” Cinco años antes de presentarse como testigo en El Paso, Fierro era un corrupto capitán de policía en Ciudad Juárez. Según declaró la DEA el día en que fue sentenciado, “al tiempo que supervisaba el transporte y la distribución de cocaína, también se desempeñaba como oficial de la Unidad Puma de Ciudad Juárez, México. La Unidad Puma es una fuerza de tareas antinarcóticos que opera dentro de la Policía juarense”. Fierro —cuyo apodo en el submundo de las drogas en Juárez también era Puma— admitió haber recibido dinero del narcotráfico mientras era capitán de policía. En la Corte insistentemente se refirió a esos sobornos como “la nómina”. P.– Y cuando dice “la nómina”, ¿se refiere a los sobornos a la Policía?. R.– No es un soborno. Es un pago por un trabajo específico. Es una cantidad que se le paga mensualmente a la Policía para que haga el trabajo que ellos quieren. P.– Muy bien. ¿Y qué se espera de la Policía una vez que está en “la nómina”, como usted dice? R.– Que haga o no haga lo que les interesa a los narcotraficantes. P.– Y solo para que las damas y caballeros aquí presentes entiendan lo que esto significa, ¿si usted es un policía en México, y digamos que no está en “la nómina”, qué pasaría con una persona así dentro de la corporación policiaca? R.– Si no estás en “la nómina”, si alguien no está en “la nómina”, esa persona de todos modos tiene que obedecer las órdenes que le dan. Porque si no obedece las órdenes, a esa persona la matarían. El cártel de Sinaloa reclutó a Fierro Méndez —quien entonces ya había renunciado a la Policía— para incrementar su influencia con la Policía local y con sus viejos amigos del Ejército mexicano. La frágil alianza del Chapo Guzmán con el cártel de Juárez, conocida como La Federación, se estaba rompiendo. En previsión de la ruptura final, el Chapo envió a emisarios de alto nivel para asegurar el apoyo local de hombres como Fierro Méndez, con el fin de lanzar una sorpresiva ofensiva militar contra su antiguo socio. P.– ¿Cómo conoció a Fernando Arámbula? R.– A fines de 2007 me pidieron reunirme con él para desarrollar algunas estrategias de narcotráfico. P.– ¿Quién le pidió reunirse con él? R.– Mayito. P.– Y cuando dice Mayito, ¿lo conoce con otros nombres? R.– M10 o Mario Núñez. P.– ¿Y se reunió usted con el señor Arámbula y Mario Núñez o Mayito? R.– Sí. P.– ¿Y cuándo se dio la primera de estas reuniones? R.– Primero me reuní con Mayito, probablemente en octubre de 2007. Y en noviembre de 2007 me reuní con Fernando. P.– ¿Y había alguien más en estas reuniones? R.– Sí. P.– ¿Quién más? R.– Hubo muchas reuniones, y en cada una de ellas había diferentes personas. En la primera a la que asistió Fernando estaba el comandante Loya; estaba el M10; su hermano el M11, Flais; Cuba, entre otros más que no recuerdo. P.– ¿Y cuál era el propósito de estas reuniones? R.– En ese momento se empezaba a dar una confrontación por la plaza y la intención era hacer arreglos para conservar esa plaza. P.– Cuando habla de conservar la plaza, ¿a qué se refiere? R.– A tener el control sobre toda la ciudad y todo el estado. P.– ¿Y qué significa tener el control de la plaza? R.– A ser capaces de… A mantener la capacidad de dar órdenes por encima de la ley a las agencias federales, estatales y municipales, y a tener el campo libre para poder seguir traficando droga sin problemas. Fierro Méndez testificó que el objetivo principal del cártel de Sinaloa en el corto plazo era eliminar a La Línea, la facción del cártel de Juárez que reivindicaba el control territorial sobre todo el estado de Chihuahua. Dijo, sin embargo, que el Chapo aclaró que siempre que fuera posible quería evitar una confrontación violenta. La estrategia era agotar hasta la última oportunidad para hacerle daño a La Línea. Según explicó Fierro Méndez en la Corte, “el objetivo era eliminar a La Línea de cualquier manera posible, fuera esta legal o no. Es decir, ya fuera a través del Ejército o proporcionando información al ICE, esta era la manera legal; o frenándolos con información que provenía de las filas más altas de La Línea”. El fiscal le preguntó si el cártel de Sinaloa trataba de utilizar al ICE para eliminar a sus rivales de La Línea. “Es correcto”, fue la respuesta. Luego de que La Federación se fracturó, miembros de La Línea que antes eran leales al cártel de Juárez empezaron a pasar información al de Sinaloa, dijo Fierro Méndez. Señaló que mucha de la información que tenía como objetivo a La Línea provenía de antiguos miembros de esa organización que cambiaron sus lealtades cuando estalló la violencia. Fierro mencionó que esos individuos tenían un nombre: se les conocía como La Gente Nueva. Cuando se le apremió a definir el término, dijo que La Gente Nueva era “La Gente contra La Línea”. ENVIADO POR GUZMÁN LOERA Fierro Méndez dijo también que cruzó la frontera para encontrarse con agentes del ICE en territorio de Estados Unidos. Para mostrar al jurado lo fácil que era para Fierro Méndez comunicarse con el ICE, el fiscal Leachman recuperó los nombres de dos miembros de esta agencia registrados en el celular que el mexicano portaba el día que fue arrestado. Uno de los agentes trabajaba para la oficina del ICE en Phoenix, Arizona; el otro, en la de El Paso, Texas. Fierro Méndez hizo contacto con el ICE en abril de 2008, ofreciendo sus servicios como informante de material sensible de inteligencia sobre los enemigos del cártel de Sinaloa, principalmente el cártel de Juárez. “Originalmente yo estaba dispuesto a trabajar con cualquier agencia de Estados Unidos; cualquier agencia federal, ya fuera el FBI, la DEA o el ICE”, expuso. Fierro Méndez y sus contactos del ICE aceptaron cooperar solo de palabra; no había ningún acuerdo escrito entre ellos, dijo. “Yo les proporcionaría información que les faltaba, y les corroboraría información que tenían”. —Además de los mencionados, ¿hubo otros servicios que realizó para el ICE? —le preguntó el fiscal. —Contacté a algunas personas que están en el negocio del tráfico de armas —contestó. Fierro Méndez notificaría al ICE cuando un miembro de alto nivel de La Línea fuera arrestado en México, con la esperanza de que Estados Unidos impidiera su pronto regreso al campo de batalla en Juárez. Según dijo, las autoridades estadounidenses tenían el poder de retrasar la salida de la cárcel de los miembros de un cártel enemigo. Afirmó también que el cártel de Sinaloa proporcionó al ICE información para realizar arrestos en suelo estadounidense. No dijo, sin embargo, si el ICE llevó a cabo estos arrestos. Explicó que le habían fijado límites sobre lo que podía decir respecto de sus acuerdos con el ICE. El M10 y otro miembro del cártel de Sinaloa, Julio Porras, fueron los que hicieron los arreglos para que Fierro Méndez se pudiera reunir con agentes del ICE en Estados Unidos. “No sé cómo lo hicieron”, testificó, “pero a través de ellos pude entrar al ICE sin preguntas”. En un interrogatorio cruzado con Martha Eskesen, la abogada de Ontiveros Arámbula, Fierro Méndez detalló la naturaleza de sus tratos con el ICE. P.– ¿Qué es lo que buscaba cuando emprendió pláticas con los agentes del ICE? R.– Que se hicieran arrestos aquí en Estados Unidos. P.– Bien. ¿Y se acuerda de los agentes con los que se reunió cuando empezó a tratar con el ICE? R.– Sí. P.– ¿Y quiénes eran esos agentes? R.– El agente que me tenía a su cargo era Rogelio. P.– ¿Y Rogelio era el nombre real del agente o era su apodo? R.– No lo sé. P.- Bien. ¿Entonces era el único nombre que tenía de esta persona? R.- El nombre que me dio. P.- Bien. ¿Y había algún otro agente con el que usted también trató? R.- José. P.- ¿Y conoce el nombre completo de José? R.- No. P.- Bien. ¿Había más agentes del ICE con los que usted tuviera trato? R.– Siempre que había una reunión, había por lo menos dos agentes del ICE, pero yo no conocía a ninguno de los otros. P.– Bien. Y cuando usted en esa época se reunía con ellos no estaba bajo custodia, ni encarcelado… y tampoco tenía ningún problema legal. ¿Correcto? R.– Correcto. P.– Usted estaba —y si estoy usando un término incorrecto, dígamelo—, usted estaba en una misión del Chapo para venir a proporcionar información. ¿Correcto? R.– Sí. EL COMANDANTE LOYA Fierro Méndez no es el primer miembro del cártel de Sinaloa que admite haber tenido un contacto telefónico regular o reuniones personales con agentes del orden estadounidenses. Humberto Loya Castro, uno de los principales asesores del Chapo Guzmán, mantenía contacto telefónico regular con el agente Manuel Castanon, de la oficina de la DEA en Tijuana. El nombre del agente Castanon se encontraba en el registro del celular de Loya Castro. El nombre completo del agente Castanon fue revelado en una moción presentada por la fiscalía estadounidense en el caso del Vicentillo. La moción incluía una sección de página y media titulada La continua comunicación de Loya Castro con agentes de Estados Unidos. Se trata de una crónica de sus conversaciones telefónicas con el agente Castanon entre octubre de 2010 y el 24 de agosto de 2011. Antes de que la fiscalía divulgara su nombre, en los registros de la Corte por parte de la defensa el agente Castanon aparecía como el “agente Manny” —del mismo modo en que Fierro Méndez no pudo proporcionar nada más específico que “Rogelio” para identificar a su contacto del ICE en Phoenix. Alvin Michaelson, un miembro de la defensa del Vicentillo, dijo al juez Rubén Castillo en una sesión abierta de la Corte que Loya Castro ha estado en contacto con el agente Castanon, “virtualmente sobre una base diaria durante casi diez años; hay miles de informes que respaldan nuestra posición, su excelencia. Él nos habló de correos electrónicos, de reuniones, de llamadas telefónicas. Él tenía a la mano el número telefónico del señor Manny”. Procedimientos de la Corte en el juicio por narcotráfico contra Zambada Niebla revelaron que agentes estadounidenses proporcionaron a altos miembros del cártel de Sinaloa información que utilizaron para golpear a sus cárteles enemigos. En un documento legal, fechado el 9 de septiembre de 2011, la Procuraduría Federal de Estados Unidos admitió que Loya Castro era un informante confidencial con registro en la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). El equipo legal de Zambada Niebla reveló la conexión de Loya Castro en una moción legal que interpuso en marzo. La Procuraduría Federal de Estados Unidos niega, sin embargo, que el acuerdo con Loya Castro implicara una garantía de inmunidad legal para los líderes del cártel de Sinaloa, tal como han alegado en la Corte los abogados del Vicentillo. Las conexiones entre Loya Castro y Fierro Méndez se extienden más allá de relaciones análogas con agentes del orden estadounidenses. Fierro Méndez mencionó en la Corte que vio a Loya en “tres de cuatro” reuniones que el cártel de Sinaloa convocó en Mazatlán para preparar embarques de droga destinados a Juárez. La fractura de La Federación trajo consigo una gran desorganización en el abasto de drogas. Sempiterno lugarteniente, Fierro destaca sucintamente los dos principales objetivos de las reuniones en Mazatlán: “Uno era seguir golpeando a La Línea en todas las formas posibles. El otro era organizarse para por lo menos poder cruzar las drogas”. * Tomado de la revista Proceso. |
domingo, 18 de diciembre de 2011
CÁRCEL SOLO PARA EX FUNCIONARIOS DE BCS
Sobre la demanda penal que fue anunciada ya hace meses contra Narciso
Agúndez Montaño, desconocemos también el estado que guarda la investigación y el
proceso legal correspondiente.
Ambos incidentes involucran a ex funcionarios de primerísimo nivel del
gobierno estatal anterior. En los dos casos, también, el delito se refiere a
peculado, es decir, al delito que consiste en el hurto de caudales del erario,
hecho por aquel en quien está confiada su administración, según define el
término la Real Academia Española.
Todavía no se han dado a conocer con precisión los detalles de los montos
involucrados con el delito supuestamente cometido por Narciso Agúndez Montaño; y
del que se refiere al de los recientes detenidos, aún menos sabemos.
Ni siquiera
tenemos indicios, tampoco, sobre qué instancia realizó la investigación que
arrojó los resultados que animaron a la presente administración a iniciar las
averiguaciones previas y a dictar las órdenes de aprehensión.
Si la responsabilidad de los hoy indiciados es probada, y aplicada la
sanción correspondiente, se estaría enviando a la ciudadanía una buena señal en
el sentido de que los delincuentes de cuello blanco, a veces extendidos
profusamente en la administración pública, ya no serán más tolerados.
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo
órgano auditor del Congreso de la Unión, en marzo de este año dio a conocer que
de los recursos federales destinados a educación en 2009 al Estado de Baja
California Sur, se encontró que fueron manejados irregularmente 1 mil 168
millones de pesos.
No obstante el gran prestigio de la instancia oficial – la ASF- que realizó
la auditoría; no obstante el dictamen negativo que ésta otorgó al desempeño de
instituciones estatales en el manejo financiero del recurso de origen federal, y
no obstante la gigantesca cantidad involucrada en su administración irregular,
la cuenta pública de 2009 del Gobierno de Baja California Sur, que fue aprobada
por la anterior legislatura, no ha sido sometida a revisión en este renovado
Congreso del Estado.
Omar Castro Cota, Secretario de Educación Pública en el gobierno de Narciso
Agúndez Montaño, declaró públicamente en su momento, que la responsabilidad de
rendición de cuentas, ante la Federación, del recurso enviado a nuestra entidad
como Fondo de Apoyo para Educación Básica y Normal (FAEB) recaía en la
Secretaría de Finanzas, a cargo, entonces, de José Antonio Ramírez Gómez, y
quien todavía hoy sigue desempeñando, en este gobierno encabezado por Marcos
Covarrubias, la misma responsabilidad que desempeñó como tesorero de Narciso
Agúndez Montaño.
Sería muy temerario de mi parte hablar de peculado en el caso de los
extraordinarios recursos que fueron manejados irregularmente en 2009.
Pero lo
que no puedo evadir es la responsabilidad de decir que dada la investidura de la
instancia que realizó la auditoría referida, y dados los desmesurados montos
involucrados en la administración irregular, el actual Secretario de Finanzas,
José Antonio Ramírez Gómez debe ser cesado de su responsabilidad para ser
investigado por lo que la Auditoría Superior de la Federación dio un dictamen
negativo.
¿O ya se está acordando con la Federación que las irregularidades sean
“solventadas”?
ULTIMO CONVOY DE EU ABANDONA IRAK
Sólo permanecerán en Irak 157 soldados estadunidenses encargados de entrenar
a las fuerzas iraquíes y un contingente de Marines para proteger la embajada de
Bagdad
Foto: Reuters
El último convoy, pertenecientes en su mayoría a la 3ª
Brigada de la 1ª División de Caballería, atravesó la frontera a las 07:30 (04H30
GMT).
Kuwait • Los últimos soldados estadunidenses abandonaron
Irak el domingo al amanecer con destino a Kuwait, poniendo fin al retiro total
de este país que invadieron hace cerca de nueve años, confirmó un mando en la
frontera.
El 20 de marzo de 2003, las fuerzas estadounidenses penetraron masivamente en
Irak para derrocar al antiguo dictador Sadam Husein, que sería ejecutado
posteriormente.
Sólo permanecerán en Irak 157 soldados estadunidenses encargados de entrenar
a las fuerzas iraquíes y un contingente de Marines para proteger la embajada de
Bagdad.
El último convoy, compuesto por 110 vehículos que transportaban medio millar
de soldados, pertenecientes en su mayoría a la 3ª Brigada de la 1ª División de
Caballería, atravesó la frontera a las 07:30 (04H30 GMT).
Hace ocho años y nueve meses, la tropa estadunidense cruzó la frontera en
sentido inverso en lo que se llamó "Operation Iraqi Freedom" (Operación Libertad
Iraquí), que daría paso a la guerra más polémica de la historia de Estados
Unidos desde la del Vietnam, casi medio siglo antes.
El ejército estadunidense llegó a contar con 170 mil hombres en el momento de
mayor intensidad de la lucha contra la insurrección y con 505 bases en Irak.
"Es agradable saber que es nuestra última misión aquí. Escribimos una página
de la historia, somos los últimos en marchar", declaró el soldado Martin Lamb,
integrante del último convoy.
Ante la negativa de Irak de acordar la inmunidad a los miles de soldados
estadounidenses encargados de continuar la formación, el presidente
estadounidense Barack Obama decidió, el 21 de octubre pasado, el retiro total de
sus tropas.
El último escuadrón abandonó en la madrugada del domingo el campo del imán
Ali para los iraquíes (campo de Adder para los norteamericanos), cerca de
Nasiriya, en el sur del país.
A partir de ahora, los 900 mil elementos de las fuerzas iraquíes tendrán la
dura labor de asegurar solos la seguridad del país, amenazados por los
insurgentes, especialmente Al Qaida, que aunque estén debilitados aún tienen
capacidad para hacer correr la sangre.
También deberán impedir el renacer de las milicias y una reedición de la
guerra confesional entre chiitas y sunitas que dejó miles de muertos en 2006 y
2007.
Los estadounidenses dejan un país sumido en una crisis política, tras la
decisión del bloque laico Iraquiya del ex primer ministro Iyad Allaui de
suspender a partir del sábado su participación en las labores
parlamentarias.
Con esta decisión, el segundo grupo en el Parlamento con 82 diputados, por
159 de la Alianza Nacional (la coalición de partidos religiosos chiitas),
pretende lanzar un mensaje contra la política del primer ministro Nuri al
Maliki.
Los sunitas, etnia del ex dictador Sadam Husein, se consideran abandonados
por el gobierno de mayoría chiita y reclaman mayor autonomía en las regiones que
ellos dominan, como disfrutan ya los kurdos. Pero eso amenaza con hacer estallar
el país en mil pedazos.
Pese a que Irak exporta 2.2 millones de barriles diarios, lo que le reporta 7
mil millones de dólares al mes, servicios básicos como la electricidad o el agua
potable siguen siendo defectuosos.
Hay otros dos peligros que amenazan con provocar conflictos internos: la
crisis en Siria entre sunitas y alauitas y la influencia cada vez mayor de
Irán.
Así finaliza la invasión lanzada sin el aval de la ONU para encontrar armas
de destrucción masiva que Sadam Husein tenía escondidas, según la administración
estadounidense que entonces dirigía George W. Bush. Después se reveló que no
existían.
Estados Unidos ha pagado un alto precio por esta ocupación: el Pentágono
gastó cerca de 770 mil millones de dólares en nueve años, tiempo en el que
murieron 4 mil 474 soldados estadunidenses, según las cifras oficiales de
Washington. Otros 32 mil soldados resultaron heridos.
La ocupación estadunidense desde marzo de 2003 habrá provocado también entre
104 mil 35 y 113 mil 680 víctimas civiles en Irak, según la organización
británica IraqBodyCount.org.
TRAS EL LAVADO DE DINERO
El SAT provoca terror domiciliario con programa recaudatorio y de combate a la informalidad |
Paúl Mercado/ RIODOCE.COM.MX | |
| A domicilio, como correspondencia
ordinaria, desde el pasado lunes 31 de octubre, miles de personas físicas
registradas o no en el padrón de contribuyentes han recibido una “invitación”
para pagar impuestos que de acuerdo con Hacienda han sido evadidos a través de
depósitos bancarios en efectivo. Amas de casa, estudiantes, entre otros
tarjetahabientes han caído en pánico por este requerimiento disfrazado y se
dicen perseguidos. En el fondo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está ante una jugada de dos bandas: ha encontrado el esquema que le permita elevar la recaudación sin tener que crear más impuestos y se ha decidido a combatir de alguna forma el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como es el caso del narcotráfico. “Yo diría que tiene esas dos finalidades: por un lado a Hacienda le interesa recaudar y esta es una buena fuente de recaudación. Y la otra es mandar señales muy claras: “A los que depositan en efectivo ¡aguas!, porque los va a requerir”, dijo a Ríodoce el contador Samuel Campos Velarde. Lourdes es ama de casa y renta la vivienda que ocupa con su marido y su hijo. Durante los primeros días del Programa de Regularización del ISR 2009 que emprendió el SAT recibió una carta invitación donde le indicaban que de acuerdo con datos institucionales detectaron que no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y que tuvo depósitos en efectivo en el ejercicio 2009, mismos que fueron superiores a los 70 mil pesos. Por esa razón, se indica en el documento, debe regularizar su situación fiscal y el SAT le ofrece para ello varias y cómodas alternativas, de conformidad con la regla II.2.8.3.7. correspondiente a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011. A medida que Lourdes leía la carta invitación, el desconcierto y el temor la invadían pues, aunque sí reconoce esos depósitos en efectivo, asegura que es dinero lícito que su marido se ganó en los Estados Unidos. “Es más, ese dinero es producto de la devolución de impuestos de aquel país, y no suena justo que sean sujetos a un gravamen por parte de Hacienda”, destacó. El suyo no es un caso aislado en Culiacán. Ya los despachos contables han recibido quejas o al menos se les ha consultado sobre este tipo de requerimientos, que se aclara no son tales, pues solo se trata de “una invitación que no obliga a ningún pago ni crea derechos”. Elena también es ama de casa y dijo a Ríodoce que igual ella recibió a un cartero con ese mismo documento de Hacienda, pero al preguntarle de qué era y aquel confirmarle el origen, se negó a recibirlo: “Yo no voy a recibir nada, porque no les debo nada. No quiero saber de eso, ni contribuyente soy”. Y el cartero se lo llevó. De acuerdo con el SAT, gracias al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), se logró detectar que alrededor de 600 mil contribuyentes y no contribuyentes recibieron depósitos en sus cuentas bancarias y desde el 2009 han evadido el pago del ISR. Es por esa razón que se les envió a sus domicilios o vía correo electrónico, también proporcionado por los bancos, una carta invitación y un formulario anexo para que paguen el impuesto correspondiente y regularicen su situación, incluso, para que quienes no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes lo hagan de manera automática y sin contratiempos. La estadística oficial indica que de las 600 mil personas físicas a las que se les envió la carta, un 10 por ciento ha recibido depósitos superiores al régimen al que están registrados, pero además se calcula que unos 180 mil recibieron depósitos sin estar inscritos en el RFC y aproximadamente 300 mil más los recibieron en sus cuentas bancarias y no han declarado el ISR correspondiente. A esta acción recaudatoria, que se niega sea producto del terrorismo fiscal en el que históricamente ha incurrido Hacienda y mucho menos una medida persecutoria, se le ha sumado el ordenamiento de más de 16 mil auditorías a contribuyentes que tienen en sus cuentas bancarias depósitos en efectivo con montos elevados. Si bien las cartas están redactadas en un tono “conciliador”, en ella se incluye la advertencia de que “no estar inscrito en el RFC y no declarar ingresos puede generar requerimientos y sanciones, así como el inicio de facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación”, por eso se “invita” a subsanar de manera inmediata y espontánea la omisión de no pagar el ISR que han generado los depósitos en efectivo. También se advierte: “Estás a tiempo de cumplir”. Consultado por Ríodoce, el contador Miguel Ángel González López, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio en Culiacán, A.C., explicó que el IDE es un impuesto que se propuso en el 2008 para combatir el comercio informal y que desde el 2009 a la gente se le ha retenido en sus cuentas. Ahora el SAT lo que busca es meter a esas personas al padrón de contribuyentes para que paguen el ISR derivado de sus depósitos. “Por lo pronto se trata solo de cartas invitaciones, de las cuales algunas personas están optando por pagar y otras van a esperarse a que a partir de marzo de 2012, cuando vence el plazo para estos pagos, les sea notificado legalmente esto que solo es una carta invitación, algo que no los obliga al pago… hay quienes están pagando, sus motivos tendrán”, señaló. —¿Esto significa que estamos ante un acto ilegal? —Es algo que es ilegal… la carta es una invitación, de las cuales la mayor parte de la gente va a esperar a que le notifiquen con un documento legal, un documento notificado conforme el Código Fiscal de la Federación. Esta carta solo la llevó un cartero y la entregó en las casas… legalmente no es correcto. Al seno de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio en Culiacán, A.C. ya se ha analizado este asunto y la conclusión es que lejos de ser un acto de terrorismo fiscal, como mucha gente piensa, es una medida meramente recaudatoria. Prueba de ello es que el cálculo alegre que al final de la jornada hace Hacienda es el de obtener un ingreso a sus arcas por 5 mil millones de pesos. “Ellos saben que esto es ilegal, es anticonstitucional. Mucha gente va a pagar, sí, pero creo que esto más que ser terrorismo fiscal tiene un fin recaudatorio, y como viene el 2012, año electoral, no sé si estén aprovechando la recta y que también tenga un fin político… eso quiero pensar”, reflexionó González López. —El argumento es que se combate la informalidad con este programa, ¿no será también que hay intención de atacar el lavado de dinero? —Tiene ese fondo, primero el IDE comenzó con lo que es el comercio informal y gente que no está registrada. Ahora le preguntan a la gente de dónde sacó ese dinero para depositarlo, también ahí es a donde vamos a caer, al lavado de dinero o al menos que comprueben el origen del dinero. Porque hay también operaciones de compraventa de casas, carros, de todo, donaciones… Sobre este mismo asunto, el contador Samuel Campos Velarde, director general del despacho Campos y Asociados, dijo ante el temor de los requeridos, quienes se sienten perseguidos con esta acción fiscalizadora, que el programa no es persecutorio y aclaró: “La verdad es que todos estamos obligados a pagar impuestos y quien hace depósitos en efectivo en una cuenta bancaria, pues, la autoridad presume que deriva de la economía informal. Y ya yendo un poquito más allá, México tiene suscritos tratados con la OCDE que tienen que ver con el combate al terrorismo y el lavado de dinero, entonces, esos tratados obligan a emprender acciones en este sentido”. —¿Entonces esto es una medida encaminada no solo a recuperar ese dinero evadido, sino a controlar el problema del lavado de dinero? —Efectivamente, así es. Yo diría que tiene esas dos finalidades. Ambas fuentes consultadas, especialistas en la materia, coincidieron que lo mejor en este caso es aclararle al fisco el origen de esos depósitos y comprobar que ya se pagaron los impuestos correspondientes. De lo contrario habría que pagar. “El que sepa que sí anda evadiendo impuestos y tiene la manera de pagar, va a pagar. Y el que pueda comprobar de dónde viene el dinero, aclara y comprueba y ya no pagaría nada. Y habrá otros que no hagan nada y probablemente no les pase nada, no sabemos qué haga aquí la autoridad, si ordena auditoria a todos o si va a ser selectivo, que el sentido común indica esto último”, indicó Campos Velarde. Contrario a la valoración de González López, en el sentido de que esto rosa la ilegalidad, Samuel Campos considera que todo es legal, y advierte que Hacienda bien pudo haber omitido las cartas invitación y mandar auditorías directas: “Eso hubiera sido un acto de molestia para el contribuyente, pero así da la oportunidad de que si está mal, se regularice, sin multa de por medio, y si está bien, pues que aclare”. A un mes de recibida la carta invitación, Lourdes no se ha decidido a hacer algo. No tiene dinero para pagar lo que le requieren, dice, aunque le den facilidades. Elena por su parte sigue sin querer saber nada del asunto, lo cual la deja expuesta a que Hacienda le envíe una revisión y eso implicaría que además de la deuda tenga que pagar multa. Así pues, todo hace indicar que no hay otra más que encarar el asunto. Pero el esquema tributario ha exhibido que con esta medida no solo se busca elevar la recaudación, sino que se atiende por otra vertiente el combate al lavado de dinero, y en medio de todo esto, el secreto bancario ha quedado hecho pedazos. Sitio web del programa:http://www.sat.gob.mx/regularizacion_isr/ Plazo para pagar el ISR 2009:31 de marzo de 2012 Las cuentas del SAT —600 mil evasores detectados vía IDE. —550 mil recibieron cartas invitación. —16 mil podrían recibir auditoría directa. —5 mil millones de pesos esperan recaudar. FUENTE: SAT. |
ATROPELLOS ÉLITE EN SINALOA
| Martín Durán | |
 A María del Carmen le pareció que aquellos policías vestidos de azul marino y con el rostro cubierto le dispararían delante de su hijo de tres años, a mediados de noviembre, cuando irrumpieron en su casa de la colonia Las Vegas buscando armas y drogas. Aterrorizada vio cómo tumbaron la puerta, cómo revolvieron el domicilio y ella misma sintió cómo la maltrataron verbalmente, exigiéndole que dijera en dónde estaba la droga, las armas. Su marido, Israel Vargas, no se encontraba esa tarde de noviembre y ella solo recuerda cómo lloraba el niño rodeado de los hombres que portaban fusiles. Desde entonces, asegura, su pequeño hijo cada que ve una patrulla rondar suelta el llanto, entra en pánico. A Israel lo detuvieron días después, afuera de un taller mecánico no muy lejos de su casa. La mujer relata que lo golpearon a culatazos hasta hacerlo vomitar sangre, pero el Grupo Élite envió un comunicado en el que indicó que Vargas vendía drogas a los “viciosos del barrio”. No dice que se resistió al arresto ni que lo golpearon, solo que portaba 15 gramos de “cristal” en el pantalón y que lo detectaron al ver al sujeto sospechoso arriba de una camioneta. María del Carmen cuenta otra cosa distinta. “Me cuidas mucho a mi hijo”, recuerda que le dijo su esposo cuando alcanzó a llegar, descalza y corriendo, con apenas un hilo de aire, hasta el taller donde lo tenían y donde otras personas vieron la detención. “De su boca le salió sangre y así lo subieron a una patrulla y se lo llevaron”, refiere la mujer. Más de 20 horas después de que se lo llevaron, ella no sabía dónde estaba hasta que la Secretaría de Seguridad Pública envió en comunicado donde señalaba que Israel vendía drogas en la colonia. “Yo les voy a abrir” A Isabel le detuvieron a su hijo de 16 años en Limontita junto con sus dos hermanos más chicos que él. Después de “jalonearlo” se lo llevaron y le achacaron que traía droga. Lo golpearon y más tarde lo boletinaron. Al día siguiente los periódicos publicaron que era un narcomenudista más de Navolato. Pero Isabel, al contar la historia a Ríodoce, relata que un par de noches antes irrumpieron en su domicilio. A pesar de que les gritó desde adentro horrorizada, que ella abriría la puerta, los élites prefirieron forzarla y destrozarle la chapa. “¿Por qué me tumban la puerta si yo les dije que les iba a abrir?”, les espetó la mujer una vez que se tranquilizó. Los policías, por fortuna, no revolvieron su casa, solo llamaron a su marido y platicaron con él afuera. Buscaban a una persona que alguien les dijo que vivía en esa casa. Los habitantes del domicilio dijeron que al que perseguían no tenía domicilio ahí, pero los policías se empecinaron en que un informante les avisó que vendían drogas. Del hombre por el que preguntaron traían una foto y al no ubicarlo se marcharon. “Siempre fueron como siete patrullas y eran más de 20 policías encapuchados”, comenta Isabel. Fue cuando ocurrió el arresto de su hijo en Limontita. Era domingo. Después de llevárselo lo pusieron a disposición del Tribunal de Menores. Ya el lunes, tras declarar, fue dejado en libertad, refiere la madre. Según ella, no coincidía la versión de los policías, pues en el parte pusieron que lo habían detenido en un lugar muy distinto y bajo distintas circunstancias. “Me preocupa que le va a quedar esa mancha, el antecedente de que lo involucraron, y en Internet aparece que vendía droga”. Las ambigüedades de la lucha Nunca antes como ahora, tras ocho meses de haber sido creado por el Gobierno del Estado para abatir los índices delictivos en zonas más conflictivas del estado, le habían llovido quejas al Grupo Élite de la Policía Estatal. Ni en su paso por Mazatlán o por Guamúchil, las fuerzas estatales habían estado en el foco de la atención de los organismos de derechos humanos. La Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), presidida por Leonel Aguirre Meza, informó que en estos tres meses que lleva este cuerpo policiaco en Navolato ha registrado siete quejas contra los agentes. Aguirre Meza, en entrevista, afirmó que su organismo está a favor de que el Estado, como autoridad, entre a las zonas más afectadas de Sinaloa para combatir el crimen, pero también buscando la legalidad, apegado a derecho en todo momento. “La actuación de la Policía Élite en Navolato está dando mucho de qué hablar, estamos viendo que la Policía no actúa en el marco legal que está estipulado”, remarcó el titular de la CDDHS. Dijo que a este organismo no gubernamental han estado llegando quejas, pero hay otras en donde las personas no se atreven a denunciar por temor a ser blancos de ataques, porque en Navolato no solo hay que cuidarse de los delincuentes, sino también de los policías. María del Carmen Gaspar, al momento de hacer la denuncia pública, apuntó que vía telefónica fue intimidada por supuestos agentes del Grupo Élite. Le marcaban desde el celular de su esposo para molestarla. Leonel Aguirre explicó que en ningún momento la CDDSH se opone a los operativos, incluso que estos se dieron a raíz de la casi desaparición de la Policía Municipal. “La respuesta a la inseguridad que había en el municipio fue el Grupo Élite, cosa que nos pareció algo bueno, pero en el límite de los derechos humanos no están actuando bien”, calificó el defensor. La transmutación de la Policía Élite Por un lado, los agentes élites comandados por el mayor Mejía, director de la PEP, detienen y encarcelan a ladrones de comercio, de vehículos, ejecutan órdenes de aprehensión, inhiben los robos y capturan presuntos narcomenudistas. Por otro lado, el uso excesivo de la fuerza pública contrasta con lo que oficialmente sostienen los mandos policiacos y funcionarios del área de seguridad. Testimonios recogidos por este semanario revelan que al principio de la llegada de la Policía Élite los navolatenses agradecieron al menos las caravanas de patrullas que se paseaban por las calles del municipio. Pero tres meses después esa lucha del Estado comienza a desvirtuarse, según opinión de vecinos de Navolato. “A todo mundo los ven como halcones, como informantes, nadie puede acercarse a ver un muerto que tiraron porque ya son parte de los delincuentes”, señaló una persona que fue testigo de cómo algunos policías insultaban a civiles cuando pasaban por la escena de un crimen. “Llegaron bien, se miraban las patrullas en las calles y a uno eso le daba confianza, mucho Gobierno en las calles da confianza, pero ahora la actitud de la gente del Grupo Élite cambió, no queremos que se salgan, sino que vayan por los que de verdad la deben”, continuó el navolatense entrevistado. Y a pesar del operativo instalado, los homicidios no disminuyen, pues estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado revelaron apenas la semana pasada que Navolato subió del tercero al segundo lugar dentro de los municipios con más crímenes, siendo superado por Culiacán, donde se concentran la mayoría de los asesinatos. En octubre se registraron 16 homicidios en el municipio cañero, a diferencia de noviembre que cerró con 18. Mazatlán fue desbancado al tercer sitio durante el mes pasado y Ahome relegado al cuarto lugar, pese a ser ciudades con mayor número de habitantes. “No tenemos ninguna queja”: Córdova “Yo invito a todos los ciudadanos que se sientan agraviados por alguna corporación de esta Secretaría a que vengan y levanten una queja, y suplico a cualquier organización no gubernamental que defienda derechos humanos que se acerque y nos entregue las quejas que pudieran tener en su institución, no hemos recibido ninguna queja de ninguna comisión, incluyendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”, declaró Francisco Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública al ser cuestionado sobre el tema. Cuando se le confirmó que la CEDH que preside Juan José Ríos Estavillo sí recibió una queja contra la Policía Élite, indicó que de manera oficial no se les ha notificado nada. “No nos han notificado, ¡que nos notifiquen!, puede haber cien quejas pero si no nos notifican no podemos saber de qué se trata”, exclamó Córdova Celaya. “Tenemos tres meses en Navolato, estos policías han de tener contacto con mil personas diariamente”, argumentó. —¿Andan estresados los policías? —le preguntó Ríodoce. —No andan estresados, nuestros policías traen la camisa bien puesta; vayan a Navolato y pregúntele a la sociedad, nunca vamos a atropellar los derechos de nadie. |
SENTENCIAN A MILITARES QUE FILTRABAN INFORMACIÓN PARA ALFREDO BELTRAN LEYVA (A) "MOCHOMO"
| Redacción | |
 Un juez federal sentenció a 25 años de prisión a cinco ex integrantes del
Ejército mexicano que estaban comisionados en el estado de Sinaloa, pero que
brindaban información de las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, particularmente a Alfredo
Beltrán, El Mochomo, cuando el general Hidalgo Eddy pretendía capturar al Chapo
Guzmán.Dichas personas fueron encontradas responsables de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos del tráfico y comercio de estupefacientes. El juez Cuarto de Distrito con residencia en Sinaloa determinó que la Procuraduría General de la República aportó pruebas suficientes para condenar a quienes ocupaban con cargos de Mayor de Justicia Militar, tenientes de infantería y sargento primero, todos adscritos a la Novena Zona Militar, en Culiacán, quienes proporcionaban información militar estratégica a El Mochomo. Los responsables son: Humberto Solís Galicia, Alberto Corina Herrera, Francisco de Jesús Pérez Chávez, Humberto Ramírez López Cornejo y Ricardo Ramírez León. A los soldados se les detuvo el 30 de enero de 2008, nueve días después de la captura de El Mochomo en Culiacán; posteriormente fueron arraigados en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), debido a que sus nombres aparecieron en documentos asegurados al cártel de Sinaloa. Asimismo, un ex militar los señaló como las personas que ofrecían información a los hermanos Beltrán Leyva de cada una de las acciones que pretendía realizar las tropas de la Novena Zona Militar en contra de la mencionada organización criminal. En ese tiempo, el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy pretendía capturar al Chapo Guzmán. Por esos hechos, la PGR integró la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/025/2008, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, misma que consignó ante el juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el estado de Jalisco, quien libró la orden de aprehensión correspondiente y después los sujetó a proceso penal. En su momento, en entrevista con Milenio, Heidi Villegas, esposa de Jesús Pérez, denunció que se cometieron irregularidades en la detención de su marido. De acuerdo a su versión, al Mayor se le detuvo y trasladó a la Ciudad de México, porque se encontró “su nombre escrito en una hoja durante el cateo en la casa de Alfredo Beltrán Leyva”. Asimismo, reveló que un ex militar de apellido Callejas, que era investigado por Pérez Chávez, declaró que éste recibía dinero de El Mochomo, situación, dijo, es totalmente falsa, ya que se puede comprobar el estatus de vida que llevaba su esposo. Por esta razón, Pérez Chávez pidió un careo con Callejas, pero esta petición le fue rechazada. Al querer visitar a su esposo en las instalaciones de Siedo, comentó que se le obligó a rendir una declaración y en ésta fue establecido que Villegas rechazó ser asistida por un abogado. Según ella, en ningún momento se le ofreció asistencia jurídica. |
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