El operativo Rápido y furioso no solo proporcionó armamento al cártel de Sinaloa, también armó al cártel de los Beltrán Leyva cuando vivían su momento más violento, desde mediados del 2009 hasta principios del 2010, revela un informe conjunto realizado por el Congreso y el Senado de Estados Unidos.
Según señalan una serie de recuadros mostrados en el reporte Estimulando la Violencia entre los Carteles, que incluye fechas y lugares de donde se localizaron armas de Rápido y furioso, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) reconoció al menos nueve armas usadas por grupos criminales durante enfrentamientos o decomisos hechos en Sinaloa.
Aun cuando el reporte no identifica a qué grupos pertenecían los delincuentes a quienes recogieron esas armas, sí hace un especial énfasis del destino final que tuvo el armamento así como la fecha exacta en que fueron reencontradas.
Cotejado el reporte con notas periodísticas publicadas en medios de comunicación de Sinaloa y comunicados de prensa del Ejército, se observó que parte de las armas confiscadas durante enfrentamientos, o en casas de seguridad, pertenecían al operativo Rápido y furioso, y el lugar donde se encontraron fue en el municipio de Guasave, una zona dominada por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Uno de esos decomisos ocurrió el 2O de febrero del 2010, en la colonia La Florida de Guasave, cuando elementos del Ejército chocaron con un grupo armado, suscitándose un enfrentamiento. Al someter el Ejército a los criminales, les aseguraron varios rifles de alto poder, entre ellos seis fusiles AK-47, tres AR-15, un M-16 y cientos de cartuchos. Una lista similar aparece en el informe estadounidense, donde coinciden además fecha y lugar.
Posteriormente, seis de los siete sicarios arrestados esa vez fueron degollados en el penal de Aguaruto, a principios de junio del 2010. Según trascendió pocos días después, todos ellos pertenecían a una célula de gatilleros de los Beltrán Leyva que peleaban el territorio al cártel de Sinaloa en el norte del estado.
El reporte sin embargo no precisa esa información, como tampoco identifica qué armamento asegurado formaba parte de Rápido y furioso, solo aclara que “cuatro de las armas” confiscadas eran parte del operativo.
El informe identifica otros seis casos ocurridos entre enero del 2010 y febrero del 2011 en que autoridades federales y estatales encontraron armas relacionadas con ese operativo, a personas que operaban en Guasave, Sinaloa de Leyva, El Naranjo, y Culiacán.
“Esas son solo algunas de las armas que se recuperaron, pero sin duda hay muchas más que se seguirán decomisando en el futuro, lo cual hará imposible saber cuántas armas realmente andan por ahí matando gente”, se lee en el informe.
Por todo México
De acuerdo a los autores de una investigación realizada por el Centro de la Integridad Pública (CPI) en marzo de este año, la intención de Rápido y furioso era beneficiar al cártel de Sinaloa para así llegar a su cúpula de poder.
No obstante, el trasiego de armas fue alcanzando niveles tan altos que pronto se escaparon de las manos de quienes orquestaron el operativo, como observa Ricardo Sandoval, del CPI.
“Nosotros tuvimos acceso a varias fuentes, incluyendo John Dodson (el agente del ATF que hizo público el operativo), y lo que descubrimos fue que las armas pasaron por Ciudad Juárez en varias ocasiones, y que la intención original era que estas llegaran a solo uno de los cárteles que peleaba esa plaza, creemos que este era el de Sinaloa, aunque no estamos seguros de ello”, dijo Sandoval a Ríodoce.
Esa duda habría de responderla Carlos Canino, agregado del ATF en sus oficinas en México, al declarar ante el Congreso de los Estados Unidos que las armas traficadas a México fueron adquiridas por el cártel de Sinaloa.
“En mi opinión, esta estrategia (de permitir el tráfico vigilado de armas) fue equivocada. Esto ocurrió debido a la vigilancia ineficaz en la división de campo en Phoenix y posiblemente más allá”, dijo Canino en su comparecencia.
El resultado fueron mil 26 armas ingresadas de Estados Unidos a México, desde finales del 2008 y principios del 2010, y según establece el reporte, hasta diciembre del año pasado solo se habían recuperado 241, principalmente en Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa.
La suma es mucho mayor a la presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reportó apenas 96 armas recuperadas, en su declaración del 22 de julio del 2011 ante el Congreso de ese país.
Los grupos que adquirieron las armas de Rápido y furioso, según menciona el reporte, fueron el cártel de Sinaloa, principalmente, pero también Los Beltrán Leyva, Los Zetas, La Familia Michoacana y el cártel de los Arellano Félix.
Más muertes: “más rápidas y más furiosas”
El operativo Rápido y furioso coincidió con una escalada de violencia en Sinaloa, cuando en el 2009 asesinaron a mil 252 personas, mientras que en el 2010 se registró una cifra récord de 2 mil 251 asesinatos, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Entre las víctimas había decenas de policías de todos los niveles de Gobierno, aunque ello no significa que en todos los casos se involucraran armas de Rápido y furioso.
La única muerte que verdaderamente pareció cimbrar a las autoridades mexicanas y estadounidenses fue la de Brian Terry, el agente de la Patrulla Fronteriza asesinado en el desierto de Arizona en diciembre del 2010, con una de las armas de la operación.
A partir de entonces, legisladores republicanos, principalmente, iniciaron una investigación para llegar a los responsables del operativo, que a estas alturas involucra no solo al director del ATF, sino al mismo procurador de Justicia, Eric Holder.
No obstante, ni el ATF ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) han señalado que comentarán al respecto, ya que se trata de una investigación que está en manos del Congreso y el Senado de los Estados Unidos.
“Más allá de toda declaración, la realidad es que el daño ha sido tanto, que tanto México como Estados Unidos tendrán que vivir con las consecuencias de esa omisión durante muchos años aún por venir”, se lee en el reporte de 60 páginas, preparado por el senador Charles Grassley, del Comité Judicial, y el congresista Darrell Issa, presidente del Comité de Vigilancia y Reforma de la Cámara Baja.
La Familia
Aun cuando el ATF afirma que la mayor parte de las armas de Rápido y furioso fueron a parar a manos de gatilleros que pertenecen al cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, muchas otras armas terminaron en grupos como La Familia Michoacana.
De acuerdo con el testimonio de Carlos Canino, este grupo derribó un helicóptero de la Policía Federal Preventiva con armas de Rápido y furioso el pasado 24 de mayo del 2011. En ese incidente, dos agentes habrían de resultar heridos.
Poco más de dos semanas después, la Policía Federal montó un nuevo operativo en contra de ese mismo grupo, matando a 11 sospechosos y arrestando a 36. Durante el enfrentamiento, la Policía decomisó 70 rifles, incluyendo un Barrett .50. Algunas de esas armas formaron parte de Rápido y furioso, señaló Canino en su declaración.
“Lo que estamos viendo es que los cárteles se han armado hasta los dientes, con rifles tipo Barret calibre .50 y esas armas en manos de esa gente va a cambiar los resultados de muchas batallas”.
Otra de las muertes adjudicadas a las armas de Rápido y furioso fue la de Mario González, hermano de la exprocuradora de Chihuahua, Patricia González, ocurrida el 21 de octubre del 2010.
Según trascendió en un video subido a la red, el hermano de la exprocuradora afirmó ser el encargado de llevarle a su hermana el dinero que recibía por proteger a la organización criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, que entonces se encontraba en guerra con el cártel de Sinaloa.
La exprocuradora negó esas acusaciones y dijo que el secuestro de su hermano era en represalia por los procesos que su administración había llevado en contra del cártel de Sinaloa.
Cuando las autoridades descubrieron el cadáver de González, la Policía Federal realizó una redada, enfrentando a pandilleros de Juárez y decomisándoles 16 armas. Dos de esas armas estuvieron vinculadas con Rápido y furioso, observa el reporte.
“Hay que romper un par de huevos
Aun cuando el reporte no identifica a qué grupos pertenecían los delincuentes a quienes recogieron esas armas, sí hace un especial énfasis del destino final que tuvo el armamento así como la fecha exacta en que fueron reencontradas.
Cotejado el reporte con notas periodísticas publicadas en medios de comunicación de Sinaloa y comunicados de prensa del Ejército, se observó que parte de las armas confiscadas durante enfrentamientos, o en casas de seguridad, pertenecían al operativo Rápido y furioso, y el lugar donde se encontraron fue en el municipio de Guasave, una zona dominada por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Uno de esos decomisos ocurrió el 2O de febrero del 2010, en la colonia La Florida de Guasave, cuando elementos del Ejército chocaron con un grupo armado, suscitándose un enfrentamiento. Al someter el Ejército a los criminales, les aseguraron varios rifles de alto poder, entre ellos seis fusiles AK-47, tres AR-15, un M-16 y cientos de cartuchos. Una lista similar aparece en el informe estadounidense, donde coinciden además fecha y lugar.
Posteriormente, seis de los siete sicarios arrestados esa vez fueron degollados en el penal de Aguaruto, a principios de junio del 2010. Según trascendió pocos días después, todos ellos pertenecían a una célula de gatilleros de los Beltrán Leyva que peleaban el territorio al cártel de Sinaloa en el norte del estado.
El reporte sin embargo no precisa esa información, como tampoco identifica qué armamento asegurado formaba parte de Rápido y furioso, solo aclara que “cuatro de las armas” confiscadas eran parte del operativo.
El informe identifica otros seis casos ocurridos entre enero del 2010 y febrero del 2011 en que autoridades federales y estatales encontraron armas relacionadas con ese operativo, a personas que operaban en Guasave, Sinaloa de Leyva, El Naranjo, y Culiacán.
“Esas son solo algunas de las armas que se recuperaron, pero sin duda hay muchas más que se seguirán decomisando en el futuro, lo cual hará imposible saber cuántas armas realmente andan por ahí matando gente”, se lee en el informe.
Por todo México
De acuerdo a los autores de una investigación realizada por el Centro de la Integridad Pública (CPI) en marzo de este año, la intención de Rápido y furioso era beneficiar al cártel de Sinaloa para así llegar a su cúpula de poder.
No obstante, el trasiego de armas fue alcanzando niveles tan altos que pronto se escaparon de las manos de quienes orquestaron el operativo, como observa Ricardo Sandoval, del CPI.
“Nosotros tuvimos acceso a varias fuentes, incluyendo John Dodson (el agente del ATF que hizo público el operativo), y lo que descubrimos fue que las armas pasaron por Ciudad Juárez en varias ocasiones, y que la intención original era que estas llegaran a solo uno de los cárteles que peleaba esa plaza, creemos que este era el de Sinaloa, aunque no estamos seguros de ello”, dijo Sandoval a Ríodoce.
Esa duda habría de responderla Carlos Canino, agregado del ATF en sus oficinas en México, al declarar ante el Congreso de los Estados Unidos que las armas traficadas a México fueron adquiridas por el cártel de Sinaloa.
“En mi opinión, esta estrategia (de permitir el tráfico vigilado de armas) fue equivocada. Esto ocurrió debido a la vigilancia ineficaz en la división de campo en Phoenix y posiblemente más allá”, dijo Canino en su comparecencia.
El resultado fueron mil 26 armas ingresadas de Estados Unidos a México, desde finales del 2008 y principios del 2010, y según establece el reporte, hasta diciembre del año pasado solo se habían recuperado 241, principalmente en Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa.
La suma es mucho mayor a la presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reportó apenas 96 armas recuperadas, en su declaración del 22 de julio del 2011 ante el Congreso de ese país.
Los grupos que adquirieron las armas de Rápido y furioso, según menciona el reporte, fueron el cártel de Sinaloa, principalmente, pero también Los Beltrán Leyva, Los Zetas, La Familia Michoacana y el cártel de los Arellano Félix.
Más muertes: “más rápidas y más furiosas”
El operativo Rápido y furioso coincidió con una escalada de violencia en Sinaloa, cuando en el 2009 asesinaron a mil 252 personas, mientras que en el 2010 se registró una cifra récord de 2 mil 251 asesinatos, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Entre las víctimas había decenas de policías de todos los niveles de Gobierno, aunque ello no significa que en todos los casos se involucraran armas de Rápido y furioso.
La única muerte que verdaderamente pareció cimbrar a las autoridades mexicanas y estadounidenses fue la de Brian Terry, el agente de la Patrulla Fronteriza asesinado en el desierto de Arizona en diciembre del 2010, con una de las armas de la operación.
A partir de entonces, legisladores republicanos, principalmente, iniciaron una investigación para llegar a los responsables del operativo, que a estas alturas involucra no solo al director del ATF, sino al mismo procurador de Justicia, Eric Holder.
No obstante, ni el ATF ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) han señalado que comentarán al respecto, ya que se trata de una investigación que está en manos del Congreso y el Senado de los Estados Unidos.
“Más allá de toda declaración, la realidad es que el daño ha sido tanto, que tanto México como Estados Unidos tendrán que vivir con las consecuencias de esa omisión durante muchos años aún por venir”, se lee en el reporte de 60 páginas, preparado por el senador Charles Grassley, del Comité Judicial, y el congresista Darrell Issa, presidente del Comité de Vigilancia y Reforma de la Cámara Baja.
La Familia
Aun cuando el ATF afirma que la mayor parte de las armas de Rápido y furioso fueron a parar a manos de gatilleros que pertenecen al cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, muchas otras armas terminaron en grupos como La Familia Michoacana.
De acuerdo con el testimonio de Carlos Canino, este grupo derribó un helicóptero de la Policía Federal Preventiva con armas de Rápido y furioso el pasado 24 de mayo del 2011. En ese incidente, dos agentes habrían de resultar heridos.
Poco más de dos semanas después, la Policía Federal montó un nuevo operativo en contra de ese mismo grupo, matando a 11 sospechosos y arrestando a 36. Durante el enfrentamiento, la Policía decomisó 70 rifles, incluyendo un Barrett .50. Algunas de esas armas formaron parte de Rápido y furioso, señaló Canino en su declaración.
“Lo que estamos viendo es que los cárteles se han armado hasta los dientes, con rifles tipo Barret calibre .50 y esas armas en manos de esa gente va a cambiar los resultados de muchas batallas”.
Otra de las muertes adjudicadas a las armas de Rápido y furioso fue la de Mario González, hermano de la exprocuradora de Chihuahua, Patricia González, ocurrida el 21 de octubre del 2010.
Según trascendió en un video subido a la red, el hermano de la exprocuradora afirmó ser el encargado de llevarle a su hermana el dinero que recibía por proteger a la organización criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, que entonces se encontraba en guerra con el cártel de Sinaloa.
La exprocuradora negó esas acusaciones y dijo que el secuestro de su hermano era en represalia por los procesos que su administración había llevado en contra del cártel de Sinaloa.
Cuando las autoridades descubrieron el cadáver de González, la Policía Federal realizó una redada, enfrentando a pandilleros de Juárez y decomisándoles 16 armas. Dos de esas armas estuvieron vinculadas con Rápido y furioso, observa el reporte.
“Hay que romper un par de huevos
para hacer un omelette”
Hasta febrero 27 del 2010, el ATF tenía contabilizadas mil 26 armas que habrían pasado con su “autorización”, mismas que tuvieron un costo en efectivo de 650 mil dólares.
La mayoría de esas armas fueron compradas en diversos establecimientos de la ciudad de Phoenix, Arizona.
Entre las armas que más dejó pasar el ATF durante este operativo destacan las AK-47 y Barrett calibre .50.
Hasta la fecha se han dado 48 incidentes en el país de donde se han recuperado armas ligadas al operativo Rápido y furioso, las cuales suman 241.
Durante todo el tiempo que el ATF realizó esta operación, no solo negó información a su oficina de México, también no advirtió al Gobierno mexicano sobre la basta canti
Hasta febrero 27 del 2010, el ATF tenía contabilizadas mil 26 armas que habrían pasado con su “autorización”, mismas que tuvieron un costo en efectivo de 650 mil dólares.
La mayoría de esas armas fueron compradas en diversos establecimientos de la ciudad de Phoenix, Arizona.
Entre las armas que más dejó pasar el ATF durante este operativo destacan las AK-47 y Barrett calibre .50.
Hasta la fecha se han dado 48 incidentes en el país de donde se han recuperado armas ligadas al operativo Rápido y furioso, las cuales suman 241.
Durante todo el tiempo que el ATF realizó esta operación, no solo negó información a su oficina de México, también no advirtió al Gobierno mexicano sobre la basta canti
