50 MIL EJECUCIONES...EN LA ADMINISTRACION DE FELIPE CALDERON Y PRODUCTO DEL CRIMEN ORGANIZADO

* En el actual sexenio, asesinatos relacionados con el crimen organizado aumentaron cinco veces en relación con el sexenio de Vicente Fox.

 * Por lo menos 24 mil 651 muertos son clasificados por el Gobierno Federal como “otros” y “sin datos”.

* “Si es un decapitado, pues obviamente (se clasifica) en ‘otros’, porque no está la categoría de decapitados”: Sistema Nacional de Información.

 * “En el ‘Triángulo Dorado’ es donde se encuentra más fuerte una situación que inquieta y lo que nos tiene con un poco más de inseguridad en el Estado”: Gobernador de Durango.

* “Estoy trabajando y luchando contra todos”: Gobernador de Sinaloa.

* Los gobernadores y procuradores de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua prefieren no dar entrevistas respecto al tema del narcotráfico. Enrique Mendoza Hernández Adela Navarro Bello

Hasta junio de 2011, a la administración del Presidente Felipe Calderón se le conocía como “el sexenio de los 40 mil muertos”.

Desafortunadamente, la cifra ya fue rebasada por mucho; léase: a partir de julio de 2011, a la gestión calderonista puede nombrársele ya como “el sexenio de los 50 mil muertos” o “el Presidente de los 50 mil muertos”… hasta el momento.

Los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado no tienen fin. A lo largo y ancho del México bárbaro contemporáneo, abundan ejecutados, decapitados, desmembrados, desintegrados en ácido, enterrados en narcofosas, incinerados, encajuelados, asfixiados, enteipados, degollados, estrangulados, colgados.

 Los muertos oficiales Tomando en cuenta las tarjetas informativas de las fiscalías estatales y la federal, de secretarías de Seguridad Pública estatales y federal, en cuatro años y medio del sexenio del Presidente de la República, Felipe Calderón, ZETA ha documentado por lo menos 50 mil 490 asesinatos relacionados con el crimen organizado; la cantidad incluye lo que el Gobierno Federal clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”:

* 2006: 62 muertes relacionadas con el crimen organizado nada más en diciembre, cuando inició el actual sexenio.

* 2007: 2 mil 826.

* 2008: 6 mil 837.

 * 2009: 11 mil 753.

* 2010: 19 mil 546.

* 2011: 9 mil 466.

De acuerdo con la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de 2006, de 2001 a 2006 se registraron 8 mil 780 ejecuciones; en cuatro años y medio del sexenio del Presidente Felipe Calderón los asesinatos relacionados con el crimen organizado aumentaron en un 575 por ciento, en relación con la administración de Vicente Fox Quesada.

Además, de los 74 mil 551 homicidios dolosos ocurridos durante el sexenio foxista, 8 mil 780 corresponden a ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. 11.7 de cada 100 homicidios dolosos durante la gestión de Fox estaban relacionados con el narcotráfico.

Mientras tanto, en la administración de Felipe Calderón, de 70 mil 107 homicidios dolosos ocurridos entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, el 72 por ciento corresponde a asesinatos relacionados con el crimen organizado.

De hecho, cuando Alejandro Poiré informó el 12 de enero de 2011 que durante 2010 sucedieron 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado, de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en realidad el funcionario reconoció que el 75.88 correspondía a crímenes relacionados con narcotráfico.

 Los “otros” muertos Por supuesto, no todos los homicidios dolosos son ejecuciones, estas últimas son definidas por el Gobierno Federal por su “presunta relación con el crimen organizado”.

Por ejemplo, de los 19 mil 546 homicidios dolosos ocurridos en 2010, el Gobierno Federal, a través de Alejandro Poiré, reconoció el 12 de enero de 2011 la cantidad de 15 mil 273 “ejecuciones”, clasificadas oficialmente como relacionadas con el crimen organizado.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las 15 mil 273 “ejecuciones” corresponden a homicidios dolosos cometidos con arma de fuego, arma blanca e incluido un tercer renglón, denominado “sin datos”.

Pero hay una cuarta categoría de homicidios dolosos denominada por la Secretaría de Seguridad Pública como “otros”.

En una especie de “fosa común” en las estadísticas oficiales, en la clasificación “otros” homicidios dolosos, se encuentran apilados los que no fueron asesinados por arma de fuego ni arma blanca.

En este rubro se sumaron 4 mil 674 nada más en 2010.

Haciendo sumas:

En 2010 hubo 4 mil 674 “otros” muertos;

3 mil 946 en 2009;

3 mil 487 en 2008;

4 mil 202 en 2007;

271 en diciembre de 2006 y 2 mil 253 hasta mayo de 2011.

Por si fuera poco, en la categoría de homicidios dolosos “sin datos”, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hasta los primeros cinco meses suman 459; en 2010, mil 271; en 2009, mil 043; en 2008, 2 mil 302 y en 2007, 743.

En total los “otros” muertos suman en cuatro años y medio del actual sexenio 18 mil 833, y en el apartado de homicidios dolosos “sin datos”, la cantidad es de 5 mil 818.

En pocas palabras, por lo menos 24 mil 651 muertos clasificados como “otros” y “sin datos” no son tomados en cuenta en las estadísticas del Gobierno Federal, relacionados con el crimen organizado.

 — En cuanto a las cuatro categorías de los homicidios dolosos (por arma de fuego, arma blanca, “otros” y “sin datos”), ¿en cuál de estas clasificaciones entran los decapitados, desenterrados de fosas comunes, enteipados, encajuelados, desmembrados, estrangulados, colgados e incinerados?, preguntó ZETA a un funcionario del Sistema Nacional de Información (SIN), quien pidió el anonimato. “Justamente en ‘otros’.

O sea, si es un decapitado, pues obviamente en ‘otros’, porque no está la categoría de decapitados.

Tampoco hay un apartado que diga ‘ejecuciones’, ‘decapitados’, que estén específicamente y que tú digas: ‘Bueno, ¿dónde está el descuartizado que encontraron hace dos semanas?’.

 Pues obviamente, a lo mejor lo reportan (las procuradurías estatales) sencillamente como un homicidio y es ‘sin datos’”.

 Un ejemplo muy claro de cómo el Gobierno Federal ha sido rebasado en cuanto al registro de ejecuciones, es el Estado de Chihuahua:

El 14 de marzo pasado, la Procuraduría General de Justicia de aquel Estado reportó 7 mil 209 homicidios, pero solamente informó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal sobre 4 mil 233, de los cuales 3 mil 806 fueron clasificados como dolosos y 427 como culposos.

Es decir, restando 7 mil 209 menos 4 mil 233, da como resultado que por lo menos 2 mil 976 asesinatos no fueron reportados.

ZETA solicitó entrevista con el licenciado Carlos Manuel Salas, fiscal general del Estado de Chihuahua, para saber más sobre el evidente ocultamiento de información al Gobierno Federal, pero hasta el jueves 7 de julio no se obtuvo respuesta.

“Ahí entra la cuestión de las procuradurías (estatales) que a lo mejor quieren ahí dar alguna otra imagen y que a lo mejor no te reportan los cinco encajuelados que encontraron hace tres semanas, ¿no?”, dijo a ZETA el funcionario del Sistema Nacional de Información.

— ¿Habrá alguna estimación sobre a cuánto ascenderá la cifra negra de homicidios a nivel nacional?

“No, porque el Sistema Nacional de Información sólo captura la información, por eso te digo que no son estimaciones que proporcionan las procuradurías (estatales), y no es tarea del SIN checar, investigar o calcular una cifra negra”.

Frontera de muertos

De los 50 mil 490 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado documentados por ZETA, correspondientes a cuatro años y medio del sexenio del Presidente Felipe Calderón, 30 mil 740 sucedieron nada más en ocho estados del Norte de México, en el siguiente orden:

 1.- Chihuahua: 11 mil 264 ejecuciones

2.- Sinaloa: 6 mil 055

3.- Baja California: 3 mil 702

4.- Durango: 2 mil 800 5.-

Nuevo León: 2 mil 043 6.-

Tamaulipas: Mil 964 7.-

Sonora: Mil 876 8.-

Coahuila: Mil 036

Tal como lo muestran las estadísticas de ZETA, Baja California todavía ocupa el tercer lugar en cuanto a ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, a pesar del discurso triunfalista del gobernador José Guadalupe Osuna Millán.

Asimismo, la guerra que mantiene el Gobierno Federal contra el crimen organizado y la que sostiene el Cártel de Sinaloa liderado por Joaquín Guzmán e Ismael Zambada contra otras organizaciones criminales, han arrojado 30 mil 740 ejecuciones, tomando en cuenta que, según la Procuraduría General de la República, en los estados fronterizos y norteños “El Chapo” Guzmán disputa toda la frontera a organizaciones como el Cártel Arellano Félix en Baja California, “Beltrán Leyva” en Sinaloa; el Cártel de Juárez en Chihuahua; y el Cártel del Golfo y “Los Zetas” en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango.

Una zona cruenta en la frontera de México con Estados Unidos es Nuevo León y Tamaulipas: Cielo, tierra y mar significan la plaza perfecta para el trasiego de droga a Estados Unidos y es harto codiciada por diversas organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel del Golfo y “Los Zetas”.

En esos dos estados, en los últimos cuatro años y medio han sucedido por lo menos 4 mil 007 ejecuciones de las 50 mil 490 ocurridas en todo el país.

De acuerdo con el Informe PGR de 2010 sobre delincuencia organizada, “originalmente ‘Los Zetas’ eran el grupo armado del cártel del Golfo; sin embargo, en diciembre de 2009 rompieron con sus aliados por diferencias en el control de los mercados y rutas.

A partir de enero de 2010, se han enfrentado en Tamaulipas y Nuevo León, lo que explica el incremento de la violencia en estos estados”.

 — ¿Entonces cómo se da esta separación de “Los Zetas” del “Cártel del Golfo” y empiezan Ustedes (Los Zetas) a operar?, preguntó la Policía Federal a Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias “El Mamito”, uno de los líderes y fundador de “Los Zetas” aprehendido el 5 de julio último.

“Ellos (los integrantes del Cártel del Golfo) empiezan, se juntan con los cárteles de ‘La Familia Michoacana’, con ‘El Mayo’ Zambada, con ‘El Chapo’ Guzmán, con los de Jalisco, ellos hacen su alianza y para cuando se hace la ruptura nos empiezan a matar gente; ellos ya estaban organizados y ahí es donde se separan los dos grupos, ya se hace un solo grupo, se hacen ‘Golfos’ o ‘Zetas’”.

“El Triángulo” de los muertos

La intersección de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango conocida como “El Triángulo Dorado” es el “narcoparaíso” de Joaquín “El Chapo” Guzmán, parcela fértil para el cultivo de marihuana y amapola; sobre todo es el corredor idóneo para el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Nada más en estos tres estados, en los últimos cuatro años y medio de Gobierno Federal se concentran 20 mil 119 ejecuciones de las 50 mil 490 documentadas: 11 mil 264 ocurrieron en Chihuahua, 6 mil 055 en Sinaloa y 2 mil 800 en Durango.

— ¿Tiene un análisis el gobierno de Durango sobre los cárteles que enfrentan una guerra en la Sierra Madre?, pregunta ZETA al gobernador de aquel estado, Jorge Herrera Caldera.

“Tenemos información por parte de aquí de la Fiscalía General Autónoma de Durango que está trabajando directamente con la PGR a nivel nacional, y en base a ese análisis que se tiene conjuntamente, pues sí se ve la existencia de diferentes grupos que actúan sobre todo en el lado de la sierra del ‘Triángulo Dorado’, lo que es Sinaloa, Chihuahua y Durango, es donde se encuentra más fuertemente una situación que inquieta y lo que nos tiene con un poco más de inseguridad en el estado.

Y por otro lado en la zona que es ‘La Laguna’, que es la frontera entre una zona metropolitana de Torreón y (el municipio de) Gómez Palacio aquí en la zona de ‘La Laguna’.

Y la otra zona que también se ha vuelto peligrosa es la frontera del Sur de Durango, que son los límites con Zacatecas”.

— ¿Son diferentes organizaciones criminales las que mantienen la inseguridad en estos tres puntos que nos comenta, gobernador?

“Bueno, son diferentes organizaciones de los diferentes cárteles que existen en la región, y pues hay como un trabajo conjuntamente que se está realizando entre los tres niveles de gobierno, sobre todo con el apoyo de la Federación, de la Policía Federal, del Ejército y elementos de la Policía Estatal, es como hemos estado haciendo diferentes operativos y en algunas ocasiones con la ayuda de las fuerzas municipales, pero también hay que decirlo, pues son organizaciones, más bien las policías municipales tienen realmente poca manera, pocos elementos para poder realizar una labor conjunta; y lo estamos haciendo, pero más fuertemente Gobierno Federal y Gobierno Estatal”.

 — ¿Funciona la presencia militar para inhibir la inseguridad, para disminuir las ejecuciones de alto impacto?

“Definitivamente sí; creo que se ha hecho una labor muy eficaz por medio de las Fuerzas Armadas y no solamente de las Fuerzas Armadas del Ejército mexicano, sino también ha tenido una participación muy activa y eficaz toda la Policía Federal en diferentes operativos, pues han realizado un trabajo exitoso en los diferentes puntos donde se ha hecho este trabajo del Estado y en los puntos también que se ha realizado, que es conjuntamente con otros estados como es el caso de ‘La Laguna’”.

— ¿Entonces a qué se debe el incremento el número de ejecuciones? Hasta mayo de 2011, Durango ocupa la quinta posición, con 567…

“Bueno, definitivamente estas acciones se dan precisamente con ese objetivo: ir disminuyendo estas acciones”.

Hasta ahí la entrevista del día martes 5 de julio, porque la comunicación telefónica con el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, fue interrumpida. ZETA insistió los siguientes días para continuar, pero hasta el jueves 7 de julio no hubo respuesta.

Este Semanario también platicó brevemente con el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, no obstante, al igual que su homólogo de Durango, a “Malova” tampoco le interesa hablar sobre narcotráfico: – Gobernador ¿cuántos de estos 6 mil 055 homicidios durante los últimos cuatro años y medio están en el orden federal y cuántos en el común?

“Pues mándame una lista con tus preguntas. No tengo datos y no quiero cometer errores en las cifras, porque pues no tengo estadísticas en este momento”.

— Dejando de lado las cifras, ¿sabe cuáles son las organizaciones criminales que convergen ahí en Sinaloa? El cártel de “El Chapo” Guzmán, “Los Zetas”… ¿Los tienen identificados en la Procuraduría o Fiscalía estatal de Sinaloa? “Bueno, pues eso es una pregunta para el Procurador…”.

 — ¿No hablas del tema (de narcotráfico) o no quieres hablar con nosotros?

“No le saco a nada. Pero tengo funcionarios que son los especialistas en la materia, y bueno, pues esas preguntas que tú haces están muy claras, ¿no?”.

— En febrero último, Manuel Clouthier Carrillo, diputado federal panista, hijo del ex candidato presidencial Manuel Clouthier en 1988, dijo que “El Gobierno Federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto… Sinaloa sigue sin ser tocado en la guerra contra el narco y la narcopolítica”.

Gobernador, ¿tiene abandonado el gobierno federal al Estado de Sinaloa? “No me quisiera meter en esa dinámica.

Yo quiero entrevistas que le sirvan a Sinaloa, no que provoquen controversias con nadie. No respondo ese tipo de entrevistas”.

— Gobernador, la inseguridad es una realidad en el país a la cual no nos podemos sustraer… “Ahí hay una declaración de un diputado federal que Ustedes la están expresando, y bueno, no me meto en eso”.

 — ¿No tienes opinión en relación al narcotráfico? “No, yo tengo trabajo. Estoy trabajando y luchando contra todos”. 

 Y en el tema de la seguridad, ¿cuál es su estrategia para Sinaloa, Gobernador?

“Te la puedo pasar, si me das oportunidad, te puedo pasar mi Plan Estatal de Desarrollo, te puedo pasar todas mis acciones, mis metas, te puedo pasar una relación de todo lo que hemos logrado en estos seis meses de gobierno, encantado de la vida, si me das oportunidad y hoy mismo”.

 Hasta ahí la breve entrevista con el Gobernador de Sinaloa. Dicho sea de paso que, para saber cuál es la situación en cuanto a narcotráfico en la frontera de México con Estados Unidos, ZETA también solicitó entrevista con César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua; Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; y Rodrigo Medina, de Nuevo León, pero hasta el jueves 7 de julio ninguno emitió respuesta favorable.

Las “cifras menores” del Presidente

“El gobierno va ganando la lucha (contra el narcotráfico)”, diría Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación, el 2 de diciembre de 2010.

Tal ha sido el discurso oficial del gobierno federal. Obviamente, el Presidente Felipe Calderón tampoco reconoce que no va ganando su guerra contra el crimen organizado: “Entiendo perfectamente y sé que es la percepción generalizada de que la guerra se va perdiendo. No comparto la afirmación”, ha dicho.

 A lo largo del sexenio el gobierno federal no ha reconocido la totalidad de las ejecuciones. De hecho, en 2010 calificó como cifras menores los homicidios relacionados con el crimen organizado: “Hubo cifras menores en enero, hubo cifras menores en febrero”.

Por supuesto, los pronósticos presidenciales fallaron porque las “cifras menores” alcanzaron el récord en 2010 de 19 mil 546 asesinatos relacionados con el crimen organizado de acuerdo con las propias fiscalías estatales, la federal, secretarías de seguridad pública estatales y federal.

El promedio de ejecuciones por mes durante 2010 fue de mil 628. Cifra nada menor, la que se ha generado este año. El promedio de ejecuciones aumentó en los primeros 5 meses de 2011 alcanzando una media de mil 893 mensualmente.

 “La tasa de homicidios en México es de 12 por cada 100 mil habitantes, mientras que en Brasil es de 25 por cada 100 mil habitantes. Eso sí, Brasil se lleva la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos”, justificó Calderón en 2010.

Pero resulta que si el INEGI da cuenta de 112 millones 336 mil 238 mexicanos y si en 2010 el gobierno federal registró 20 mil 127 homicidios dolosos, entonces la tasa de asesinatos en México ese año fue de 17.9 por cada 100 mil habitantes.

Pero antes que cambiar su estrategia contra el crimen organizado, Felipe Calderón prefiere encomendarse al Papa Benedicto XVI: “Santo Padre, gracias por su invitación, gracias a usted y a la Iglesia. Le traigo una invitación del pueblo mexicano.

Estamos sufriendo por la violencia. Ellos lo necesitan más que nunca, estamos sufriendo. Lo estaremos esperando”, dijo el Presidente Felipe Calderón al Papa Benedicto XVI durante la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II en mayo último.

Las “bajas colaterales”

Empresarios, defensores de los derechos humanos, activistas, secuestrados, estudiantes, niños, periodistas y muchos otros civiles forman parte de la larga lista de asesinatos cometidos en medio de la violencia en el país.

En la memoria de los mexicanos están los civiles muertos como, por ejemplo, “por estar en el lugar equivocado”, por protestar como la activista Marisela Escobedo en Ciudad Juárez, los más de 70 cuerpos exhumados de las narcofosas en Nuevo León en 2010; los 72 emigrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas en 2010, y en 2011, 193 cuerpos exhumados también en San Fernando; las 251 personas desenterradas de diversas narcofosas de Durango; los 11 empresarios asesinados en 2010 y 8 en lo que va de 2011, las matanzas de adolescentes mientras se encuentran en fiestas como en Ciudad Juárez, los 60 periodistas asesinados en el actual sexenio.

Y así, la lista de víctimas civiles no tiene fin. No hay estadísticas oficiales de cuántos civiles han sido asesinados en el actual sexenio.

Ante la falta de investigación federal, la especulación del gobierno del Presidente Felipe Calderón se ha convertido en oficial: “90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada.

 Sólo un 10 por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, emitiría la Secretaría de Gobernación en abril de 2010 en tiempos de Fernando Gómez Mont.

Ése ha sido el discurso oficial. Si desde diciembre de 2006 hasta los primeros cinco meses de 2011 ZETA ha documentado 50 mil 490 ejecuciones a lo largo y ancho del país, el diez por ciento de bajas de las instituciones y blancos civiles serían 5 mil 490.

 En todo caso lo que invita a la especulación es la ausencia de investigación por parte del gobierno federal para determinar con exactitud las estadísticas:

Algunas cifras de instituciones no oficiales dan un panorama peor: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó 214 casos de secuestros masivos de emigrantes, dando un total de 11 mil 333 víctimas nada más en el lapso comprendido entre abril y septiembre de 2010. Otras estadísticas de la CNDH son reveladoras: 5 mil 397 personas reportadas como extraviadas nada más en el sexenio del Presidente Felipe Calderón y 8 mil 898 cadáveres no identificados han sido algunos de los “resultados” de su “guerra” contra el crimen organizado.

 Los muertos en la historia Para tener una idea de la magnitud de la cantidad de muertos durante la guerra del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, es necesario tener presente otros acontecimientos históricos alrededor del mundo que han arrojado pérdida de vidas al por mayor.

De hecho, en el interior del Ejército Mexicano algunos militares ven en perspectiva histórica las muertes del sexenio federal. Por ejemplo, el General de División Luis Garfias Magaña dice a Don Julio Scherer en su reciente libro titulado “Historias de Muerte y Corrupción” editado por Grijalbo:

“En España, todas las muertes provocadas por grupos terroristas en los últimos cincuenta años, sumadas, son menos de las que ha habido en México durante los cuatro años pasados. Increíble.

Si contamos todos los muertos de la ETA en España, el ERI en Irlanda, el Beader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas que mataron a Aldo Moro, Sendero Luminoso, los tupamaros, los montoneros, suman menos que los treinta mil en México”, reconocería el General Garfias en 2010 para el libro de Don Julio Scherer publicado en febrero de 2011.

También el 3 de agosto de 2010 durante el “Diálogo por la Seguridad”, Guillermo Valdés, Director del Cisen, explicó que las ejecuciones ocurridas durante los primeros tres años y medio de gobierno del Presidente Felipe Calderón representaban una tercera parte de los muertos ocurridos en 12 años de la guerra civil de El Salvador y que la suma superaba al número de desaparecidos durante las dictaduras argentinas de la década de los 70.

Definitivamente, el de Calderón ya no es el sexenio de los 40 mil muertos. A partir de julio de 2011, puede nombrársele ya como “el sexenio de los 50 mil muertos”. Hasta el momento y a falta de año y medio para que concluya su mandato.

LAS VERDADES DEL JUICIO DE VICENTE ZAMBADA NIEBLA

Redacción

 Lunes 12 de septiembre de 2011

Acepta EU que el Vicentillo se reunió con la DEA El Gobierno estadounidense jamás ofreció inmunidad a Vicente Zambada Niebla ni a ningún otro miembro del cártel de Sinaloa a cambio de información, respondió el viernes la Procuraduría General de Justicia de los Estados Unidos, aunque aceptó que agentes de la DEA se reunieron con el Vicentillo en la Ciudad de México.

Por ello, toda acusación sobre el presunto permiso para el trasiego de droga es falsa y además infundamentada, establece un documento que el pasado viernes ofreció la Fiscalía ante una corte federal del norte de Chicago.

 “Zambada Niebla basa su teoría de inmunidad en la historia de otro criminal, Humberto Loya Castro, quien se decía abogado del cártel de Sinaloa, y fue procesado en San Diego en 1995”.

La defensa argumenta que, al verse perdido, Loya Castro ofreció información a la DEA a cambio de una sentencia menos dura aunque el Gobierno de Estados Unidos nunca se comprometió a nada”, explica la respuesta presentada en seis partes y donde la fiscalía estadounidense rechaza, punto por punto, toda acusación hecha por el Vicentillo.

Lo anterior pretende desmentir la moción presentada por los abogados de Vicente Zambada Niebla el pasado 29 de julio, en donde el Vicentillo afirma que él, junto a varios miembros del cártel de Sinaloa, actuaron con anuencia del Gobierno estadounidense para el trasiego de droga de México a varias partes de Estados Unidos, a cambio de información sobre bandas rivales que operan en territorio mexicano

.Entre las observaciones hechas en la moción, destacan una serie de peticiones de la defensa para que el Gobierno estadounidense revele pruebas de que, efectivamente, Zambada Niebla actuó con Autoridad Pública, y que por tanto tenía inmunidad para el trasiego de droga y debía quedar libre.

 “La defensa pidió descubrir evidencias que posiblemente ni siquiera existan, y aun cuando existieran, el solo recopilar toda esa información podría tomar años, y por ello objetamos la petición, principalmente porque no tendría importancia para la defensa”, se lee en la moción de la fiscalía, que contiene más de 150 páginas y a la cual Ríodoce tuvo acceso.

Carta blanca e inmunidad: un mito

La teoría de “inmunidad para el trasiego de droga”, no tiene precedente en la historia de Estados Unidos, apunta uno de los párrafos de la moción. En primer lugar, nunca explica ni cita legalmente el argumento de cómo se proporcionó inmunidad a Loya Castro, quien por cierto nunca la tuvo.

La realidad, dice el documento, es que Estados Unidos nunca ofreció inmunidad ni a Loya Castro, como tampoco la ofreció a Zambada Niebla, ni a ningún otro líder del cártel de Sinaloa, y eso incluye a Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, y se aplica en todas las acusaciones que tienen en este distrito y en cualquier otro dentro de Estados Unidos.

Detallando el argumento de Zambada Niebla, no tiene sentido que si un miembro de una organización criminal es acusado y coopera, todos los miembros de su grupo criminal quedarán inmunes a toda acusación, “no es así como la justicia estadounidense funciona”, señala el documento.

 Es por ello, observa la fiscalía, que todas las acusaciones hechas por Zambada Niebla en contra de Estados Unidos deberían ser desechadas por el juez Rubén Castillo porque simplemente no muestra evidencias que soporten esos señalamientos.

 Porque curiosamente, añade, Zambada Niebla basa sus alegatos en el caso de Loya Castro, quien nunca tuvo inmunidad aun cuando ciertamente cooperó con el Gobierno estadounidense. Pero aún así, el Gobierno de este país nunca se comprometió en beneficiarlo de alguna manera por la información que estaba proporcionando.

 Incluso, advierten, la fiscalía se contactó recientemente con Loya Castro para que confirmara que nunca se le hizo ninguna promesa a él o al acusado, según se explica en la página tres de la sección de inmunidad.

Las palabras se las lleva el viento

El documento hace también referencia a los señalamientos hechos por Zambada Niebla, y la supuesta reunión que tuvo con agentes de la DEA el 17 de marzo del 2009 en el hotel Sheraton de la Ciudad de México, pocas horas antes de ser arrestado.

 En ese encuentro los agentes estadounidenses aparentemente prometieron inmunidad internacional al Vicentillo a cambio de información, no obstante, según observa el documento de la fiscalía, eso legalmente queda sin efecto ya que ningún agente de la DEA ni de ningún otro nivel, tiene autoridad como para ofrecer esa inmunidad.

 Incluso, en la moción presentada por la defensa de Zambada Niebla, se expone el argumento de que “funcionarios del más alto nivel del Gobierno estadounidense ya estaban enterados de ello y aprobaban la inmunidad”, lo cual, dice la fiscalía, “es totalmente falso”.

 Y añade: “A los agentes de la DEA que se entrevistaron con el Vicentillo se les pidió que no se vieran con el acusado, por lo que ningún agente estadounidense pudo haber estado autorizado por el Gobierno de Estados Unidos para prometer inmunidad, aun cuando efectivamente le hayan hecho esa promesa”.

 “En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se concedió Autoridad Pública al acusado ni a ningún otro miembro del cártel de Sinaloa”, señala la moción.

Debido a ello, los fiscales integraron al documento una petición por desechar la moción y todas las acusaciones que se hicieron en el documento presentado por la defensa el pasado 29 de julio, y que van desde inmunidad y Autoridad Pública para los altos mandos del cártel de Sinaloa, hasta la observación de que Estados Unidos siempre tuvo conocimiento sobre cómo contactar al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán. Ríodoce intentó contactar a los abogados del Vicentillo para conocer una reacción inmediata, pero hasta el cierre de esta edición ninguno de los abogados habían regresado llamadas ni ningún correo electrónico.

No obstante, los abogados tendrán que responder los alegatos de la fiscalía a más tardar el próximo 26 de octubre, y es posible que entonces presenten pruebas para refutar los argumentos de los fiscales. La fecha para inicio de juicio se mantiene para el próximo 13 de febrero del 2012, en una corte federal del Distrito Norte de Chicago.

Los señalamientos del Vicentillo Según la moción hecha por los abogados del Vicentillo y presentada el pasado 29 de julio en una corte de Chicago, Zambada Niebla junto a otros integrantes de alto nivel del cártel de Sinaloa tenían años proporcionando información sobre bandas rivales a agencias estadounidenses.

Según indica la moción de ocho páginas, los agentes estadounidenses propusieron a su otro informante, Humberto Loya Castro, tener un encuentro con Zambada Niebla para proponerle que fuera él mismo quien proporcionara información sobre bandas enemigas.

De ese modo omitirían al intermediario y los tratos serían directamente entre los altos mandos del cártel de Sinaloa y la DEA.

“La DEA quería establecer una conexión más directa con otros miembros del cártel y Zambada Niebla pensaba que un acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos les brindaría mayor protección y lo volvería inmune a cualquier arresto y acusación, razón por la cual accedió a verse con agentes de la DEA”, explica la moción.

 Pero algo falló esa tarde, ya que dos días después, el 19 de marzo del 2009, Zambada Niebla fue interceptado por elementos del Ejército mexicano y arrestado.

Al ser detenido, el Vicentillo habría anticipado que toda acusación hecha en su contra por Estados Unidos sería revocada, dado el supuesto acuerdo entre el cártel de Sinaloa y la DEA

. La tregua, sin embargo, no habría de ser respetada y el Vicentillo fue sometido a las sombras. Zambada Niebla fue extraditado en febrero del 2010 y desde entonces se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad al norte de Chicago.

 Crónica de un encuentro furtivo (La versión de la fiscalía)

 La tarde del 17 de marzo del 2009, los agentes de la DEA, Manuel Castañon y David Herrod, se instalaron en la Ciudad de México para entrevistarse con otros agentes de la DEA que venían de Washington, DC.

 El punto de reunión sería la embajada de los Estados Unidos, en el DF. La intención de esa reunión era detallar algunos puntos sobre un encuentro que tendrían con Vicente Zambada Niebla, considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

A su llegada a la embajada, sin embargo, el director regional de la DEA, David Gaddis, expresó a los agentes cierta preocupación por la entrevista que tendrían con el Vicentillo, por lo que en el último momento decidió cancelar la reunión y ordenó a los agentes no verse con él sin su autorización.

El agente Castañon llamó entonces a su principal contacto, Humberto Loya Castro, para decirle que la reunión se había cancelado, y le propuso que se vieran en el lobby del hotel Sheraton de la Ciudad de México para explicarle en persona del porqué del cambio de planes.

 A Loya Castro lo desanimó la noticia, y dijo que tendría que explicarle a Zambada Niebla de la cancelación, pero que tendría que hacerlo en persona y se fue, pero quedó de verse de nuevo con los agentes en el mismo hotel, horas más tarde.

 Poco después, Loya Castro regresó acompañado de Zambada Niebla, desobedeciendo las indicaciones de los agentes de la DEA.

Entonces los agentes estadounidenses explicaron al Vicentillo que no estaban autorizados a verse con él, a lo que este les manifestó su simple interés de cooperar con ellos.

Los agentes indicaron que estarían en contacto, y que si se les autorizaba, tendrían una segunda reunión. Pocas horas después de ese encuentro, en la madrugada del 18 de marzo, Zambada Niebla habría de ser arrestado por el Ejército mexicano.

 Arresto y extradición

Casi un año después de ser arrestado, Zambada Niebla fue extraditado a Estados Unidos. En su defensa, sus abogados presentaron una moción acusando al Gobierno estadounidense de brindar inmunidad a varios líderes del cártel de Sinaloa.

 La fiscalía advierte en la defensa de su caso que, poco después de que se diera a conocer esta noticia, Loya Castro marcó al agente Castañon para disculparse con él por “lo mal aconsejado que fue el Vicentillo al presentar esa moción”, y por toda la atención que había generado en la prensa internacional.

En esa entrevista, dicen los fiscales, Loya Castro reiteró que nunca le hicieron ningún tipo de promesas o ningún acuerdo que comprometiera al Gobierno estadounidense. Incluso, observó Loya Castro, él ya habría contactado a la defensa del Vicentillo, y les habría dicho que él no los asistiría si tratan de hacerlo testificar de que, efectivamente, hubo un acuerdo previo entre el Gobierno de Estados Unidos y Zambada Niebla.

Según el documento de la fiscalía, Loya Castro estaría dispuesto a viajar a Estados Unidos para verse con los fiscales para desmentir los señalamientos de la defensa.

GOBIERNO DE SINALOA BAJO SOSPECHA

Alejandro Sicairos

Riodoce.com.mx

Cuatro crímenes parecen venir de un mismo lugar En la misma línea de fuego que le quitó la vida a Luis Pérez Hernández —exfuncionario en los sexenios de Juan Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla— así como a la vidente Martha Olivia Alonso Pérez y al abogado Francisco Eduardo Urrea Ortega, el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar robustece la hipótesis de una posible acción de la delincuencia política para eliminar a quienes poseen información no divulgada sobre políticos y gobernantes de los sexenios anterior y actual.

A la misma hora que el gremio periodístico despedía al director del medio digital A Discusión, el viernes la Procuraduría General de Justicia del Estado definía en la averiguación previa 60/2011 que el crimen de Millán Salazar derivó del trabajo que este realizaba como comunicador.

 Humberto Millán fue levantado por un grupo armado alrededor de las 6:20 de la mañana del miércoles 24 de agosto cuando salía de las oficinas de A Discusión, ubicadas en la colonia Canaco y a las 9:30 del día siguiente se confirmó su muerte al ser identificado el cadáver.

 De acuerdo con el testimonio inicial rendido por Eduardo Millán Salazar, quien lo acompañaba al momento de los hechos, sicarios a bordo de dos vehículos interceptaron la camioneta Tahoe en que se transportaban ambos, procediendo a llevarse a Humberto Millán, luego de que el comunicador les pidiera dejaran libre a su hermano.

Las primeras periciales señalan que Millán Salazar fue llevado directamente a un paraje cercano al campo Morelia, en la salida norte de Culiacán, lugar en que fue asesinado entre las 7:30 y las 8:00 horas, con dos balazos calibre 9 milímetros que le fueron disparados en la región posterior del cuello y en región frontal, sin existir huellas de tortura.

Se establece también que el grupo ejecutor estudió con anterioridad los movimientos rutinarios de la víctima, siguiéndolo en el recorrido que hacía de su oficina hacia la sede del grupo Radiofórmula, donde tenía un espacio noticioso.

 Queda asentado en la indagatoria que a ningún familiar o amigo le dio a conocer que fuera seguido o sufriera amenazas en los días previos a la desaparición forzada y asesinato. La fiscalía estatal, apoyada por expertos de la Procuraduría General de la República, solicitó la autorización de la familia para proceder a asegurar los espacios en los cuales el periodista efectuaba su labor y revisar archivos y materiales publicados recientemente.

El Ministerio Público enfocaba la indagatoria hacia las críticas que Millán Salazar publicó en 2010 y 2011 contra políticos que protagonizaron el reciente proceso electoral y contra funcionarios de primer nivel del gobierno de Mario López Valdez.

Presionada por la familia y reporteros que insistían en investigar a quienes Millán Salazar confrontó con su trabajo periodístico, la PGJE finalmente estableció que “el sentido crítico-político que diariamente hacía el comunicador, es la línea de investigación que está fortaleciéndose”.

La conexión

Luis Pérez Después de ser detenido el 10 de marzo de 2010 en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y tras el arraigo que un juez federal concedió en su contra a petición de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la PGR, Luis Pérez Hernández se comunicó con tres personas: el ex gobernador Juan Millán Lizárraga, el periodista Humberto Millán Salazar y la vidente Martha Olivia Alonso Pérez.

 A su exjefe Juan Millán le pidió que lo apoyara en justificar recursos por el orden de los dos millones de pesos anuales que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada halló en las cuentas personales del exdirector de Gobierno del Estado, solo en el sexenio de Juan Millán.

 Conforme a los reportes que la misma SIEDO hizo sobre tales llamadas, Luis Pérez le pidió a Humberto Millán que lo ayudara a denunciar el atropello del que según el exfuncionario era objeto posterior al cateo de la residencia que el entonces detenido tenía en el sector Recursos Hidráulicos, en la parte posterior del Congreso del Estado.

 A Martha Olivia Alonso Pérez, practicante de la cartomancia y confidente personal, el también operador político de la campaña que llevó a la gubernatura a Mario López Valdez la puso al tanto de la circunstancia que vivía tras ser detenido por elementos adscritos a la tercera sección del Estado Mayor de la Policía Federal. El 20 de marzo de 2010 la SIEDO logra que le amplíen el arraigo 20 días al exdirector y exsubsecretario de Gobierno por el presunto delito de lavado de dinero.

 La noche del 8 de mayo la PGR lo puso en libertad al no poder acreditarle los delitos imputados, regresando Luis Pérez a Sinaloa para incorporarse a la campaña de Malova. Al ganar López Valdez la gubernatura, Luis Pérez se autopromovió para ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública, aspiración que se le vino abajo a finales de 2010 al definirse el cargo a favor de Francisco Córdova Celaya.

Fue entonces que se declaró inconforme por su exclusión del gabinete malovista e incluso advirtió al mandatario y a su recién nombrado secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, que “no saben el alacrán que se están echando encima”.

 El 24 de enero de 2011 Luis Pérez fue levantado por un grupo armado en la casa de la vidente Martha Olivia Pérez, en la calle Presa de Valsequillo de la colonia Las Quintas, en Culiacán y un día después fue hallado ejecutado en un centro comercial de Guamúchil, con evidentes huellas de crueldad y tortura.

 La línea central de la investigación abierta por la Procuraduría apuntó a la información que poseía quien fue el jefe de los servicios de espionaje en el sexenio de Juan Millán.

En tanto la vidente Oli Pérez resultó muerta en su domicilio cuando un asesino solitario que se hizo pasar como cliente le efectuó un solo disparo a la cabeza, con arma calibre .38 súper.

 De nuevo el Ministerio Público centró la indagatoria en la información privilegiada que la cartomancista tenía en su poder debido a ser confidente de Luis Pérez y además testigo clave del asesinato de este.

 En ese mismo contexto de asesinatos cometidos contra quienes poseían información inconveniente para políticos y gobernantes, la madrugada del 28 de julio fue levantado en el sector Tres Ríos el abogado Francisco Eduardo Urrea Ortega, el Fuco, cuyo cadáver se localizó el mismo día en la tarde cerca de la Unidad de Servicios Estatales, al poniente de Culiacán.

Y la Procuraduría encasilló el caso en la misma hipótesis en que clasificó las muertes de Luis Pérez, Oli Alonso y Humberto Millán: poseían o divulgaron información que afectó intereses políticos.

 Narco, tema vedado

 De hecho un avance preliminar de las pesquisas efectuadas por la PGJE establece que el periodista Humberto Millán Salazar se concentraba en tocar asuntos políticos, con un estilo punzante dirigido a políticos en el poder, críticas que lo mismo le lanzó a la administración pública que encabezó Jesús Aguilar Padilla como a la que ahora preside Mario López Valdez.

 El director del diario digital A Discusión rara vez abordó temas de la delincuencia organizada. De las pocas veces que lo hizo se tiene registro de la nota publicada por Millán Salazar el domingo 4 de abril de 2010, cuando a raíz de que la revista Proceso divulgó en su edición 1744 el reportaje Narcopolítica en Sinaloa.

Escribió una información que tituló: Vizcarra Calderón, en la mira del Cisen por relación con Zambada: Proceso. El motivo son los negocios que presuntamente ha realizado durante más de dos décadas con uno de los barones sinaloenses de la droga, Ismael el Mayo Zambada.

 La historia que Chuy Vizcarra cuenta de sí mismo como comerciante desde niño en la escuela y en el mercado municipal Garmendia es muy distinta de lo que registra su ficha en el Cisen”. Luego, el 16 de junio de 2010, al celebrarse el segundo debate electoral que sostuvieron Mario López Valdez y Jesús Vizcarra Calderón, candidatos al Gobierno de Sinaloa, redactó otra nota firmada por él titulada “Vizcarra mostró intolerancia y no respondió si es compadre o no de el Mayo.

 Escribió: “Vizcarra dejó una y otra vez sin respuesta la pregunta central: ¿es o no es compadre de Ismael Zambada? De hecho, dejó sin respuesta otras interrogantes más fáciles: ¿eres socio de Jesús Aguilar Padilla? ¿Compraste la revista Proceso para que no circulara en Sinaloa con motivo del reportaje sobre el poder del Mayo? ¿Compraste el proceso interno del PRI para ser candidato a gobernador?”.

De acuerdo con versiones obtenidas por Ríodoce, tras esos comentarios le llegó a Humberto Millán una “atenta advertencia” de que no se metiera en esos temas. Con el mismo emisario, el periodista regresó la promesa de no volver a tocar el asunto y así lo hizo hasta el día de su muerte.

Desde entonces se enfocó por completo al tema político y en razón de ello el reportero Berzahí Osuna Enciso, colaborador y amigo personal de Millán Salazar desde el año 2000, señaló en la declaración rendida ante Averiguaciones Previas, momentos después del levantón que sufrió el director de A Discusión, que el estilo periodístico de este “siempre ha sido frontal, directo y sin ambages, cualidad que siempre ha incomodado a los funcionarios públicos y que ha derivado en amenazas directas e intentos de censura”.

 El video desconocido

 Fue precisamente en esa declaración ministerial donde Berzahí Osuna reveló que durante el proceso electoral y poselectoral que Sinaloa vivió en 2010 Millán le comentó “sus temores fundados de que los integrantes de la clase política afectados por su ejercicio periodístico, habiendo sido incapaces de sofocar su trabajo, intentaran agresiones contra su integridad física”.

Afirma que Millán Salazar le entregó un documento videograbado “el cual no he visto, pero en el que, según me comentó en su momento, hace señalamientos específicos y denuncias concretas sobre qué personas del Gobierno podrían ser responsables de cualquier atentado que sufriera él o su familia, el cual me pidió, en juramento de nuestra amistad, que lo hiciera público, en caso de que algo llegara a ocurrirle”.

Ríodoce le solicitó a Berzahí Osuna una copia del video grabado en vida por Humberto Millán, pero la negó al explicar que él decidirá el momento más adecuado para entregarlo tanto a la Procuraduría como a los medios de información.

“No quisiera que la investigación se prejuicie y excluya a actores políticos que no son considerados en ese documento”. Horas antes Osuna Enciso había precisado a periodistas y al gobernador Mario López Valdez, en reunión que el mandatario sostuvo con dirigentes y reporteros de las diferentes asociaciones una vez encontrado el cadáver de Millán Salazar, que las investigaciones deben incluir también a funcionarios del gabinete malovista.

 Mencionó a Gerardo Vargas Landeros, actual secretario de Gobierno, como uno de los políticos con los cuales Humberto Millán tuvo confrontaciones. “Solo espero que esté limpio de culpa y su inocencia esté acreditada en el expediente”.

 Un día después de que Humberto Millán fuera “levantado”, Eva Obdulia Guerrero Quintero, esposa del periodista, compareció ante el MP adscrito a Averiguaciones Previas. Ahí responsabilizó del hecho al ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, al ex candidato del PRI a gobernador Jesús Vizcarra Calderón y al actual alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

 “Porque mi esposo había estado haciendo críticas muy fuertes sobre ellos y ellos le habían cerrado el semanario (A Discusión)”, argumentó en la declaración que rindió a las 8:40 horas del 25 de agosto. Para José Alfredo Beltrán, dirigente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, la sospecha de que este crimen esté vinculado con grupos de poder político se sustenta en que Humberto Millán accedía a fuentes de primer nivel, daba primicias y exhibía mucho los sótanos de la función pública.

“Con las evidencias que publicaba irritaba mucho a personajes públicos. Era un hombre arrojado, aventado, se sorprendía uno mucho de cómo se atrevía a invadir espacios que un periodista convencional no tocaba.

 “Raras veces tocaba asuntos de la delincuencia organizada; era evidente que no le apasionaba el tema del crimen organizado o el narcotráfico”.

Recordó que hacia el gobierno de Mario López Valdez, el director de A Discusión siguió manteniendo una postura muy crítica hacia personajes que detentan el poder. Justificó la no entrega o divulgación del video grabado por Millán Salazar al argumentar que “no se quiere generarle tablas de salvación o chivos expiatorios al gobierno de Malova”.

 “Fue grabado en una circunstancia particular, en un momento en que la guerra de lodo era abominable en la escena electoral de Sinaloa”, puntualiza.

Preludios de impunidad Periodistas de todos los medios y todas las organizaciones gremiales se habían reunido el jueves a las 10.00 horas en el auditorio del edificio de la Procuraduría de Justicia. 

 Ahí lo recibiría el procurador Marco Antonio Higuera Gómez para dar avances de la investigación de la desaparición de Humberto Millán.

 Lo que los recibió fue una noticia que les erizó la piel. Un reporte recibido a las 8:43 de la mañana en la central policiaca C-4, sobre un cadáver localizado en las inmediaciones del campo Morelia, era atendido por peritos forenses.

Los minutos siguientes trajeron la noticia a cuentagotas: se trataba del cadáver de Humberto Millán Salazar.

El procurador no salió a confirmar el homicidio sino fue el subprocurador Martín Robles Armenta quien encaró la indignación e impotencia de los periodistas. Antecedió el silencio a los reporteros y luego la decisión de exigir una audiencia con el gobernador Mario López Valdez. En el Salón de Gobernadores, ante las exigencias de los periodistas, Malova dio la cara.

Se dijo particularmente afectado por la muerte de Humberto Millán: “La indignación para mí también es”, y se comprometió a investigar a quien resulte en la indagatoria, sea quien sea, “en lo político puede haber señalamientos, tanto de los que se fueron como de los que actualmente gobiernan”.

En la indagatoria, dijo, “no vamos a simular nada”. Y remató: “Sinaloa no es tierra de nadie, en Sinaloa hay gobierno, hay leyes y hay instituciones que vamos a castigar y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que esto no siga ocurriendo, coincido con ustedes que no puede quedar esto impune”.

 Es el mismo discurso que el gobernador deletreó ante los restos de Luis Pérez Hernández, siete meses antes de ese jueves 26 agosto, el día que hallaron muerto a Humberto Millán. Una promesa vacía, nunca la voluntad política.

 El reloj marca la muerte 06: 20 horas. El miércoles 24 de agosto un grupo armado intercepta en la colonia Canaco a Humberto Millán y a su hermano Eduardo, El periodista pide que dejen libre a su hermano.

 06:30 horas. La Procuraduría recibe el reporte del levantón y pone en alerta a todas las corporaciones policiacas.

08:00 horas. De acuerdo con los médicos forenses, a esa hora era asesinado Humberto Millán en un paraje de la salida sur de Culiacán.

10:00 horas. Los periodistas acuerdan un plan de máxima presión para abrir la posibilidad de que los delincuentes dejaran libre a Millán Salazar.

 11:00 horas. El procurador de justicia, el secretario de Gobierno y el delegado de la PGR reciben a los periodistas. “Está en marcha el máximo esfuerzo de la autoridad para localizarlo con vida, con salidas de la ciudad bloqueadas y helicópteros sobrevolando”, dicen.

 13:00 horas. Recorridos efectuados por diferentes medios de comunicación detectan que no hay tal operativo especial para localizar al periodista.

21:00 horas. Humberto Millán sigue desaparecido y la familia y colaboradores de él no habían recibido aún protección de la Procuraduría.

08:43 horas. Ya es jueves 26 de agosto, cuando un reporte a C-4 indica que hay un cadáver al sur de Culiacán, en una parcela de riego.

10:00 horas. Los periodistas acuden a la Procuraduría a pedir avances de la investigación y son enterados que Humberto Millán fue asesinado.

 11: 00 horas. El gobernador recibe a los comunicadores y les ofrece no dejar impune la muerte del director del diario digital A Discusión.

La muerte tiene permiso

Humberto Millán le había dicho a Eva Beltrán, su esposa, que la justicia en Sinaloa servía para maldita la cosa. Ella lo confirmó el amanecer del miércoles de la semana pasada cuando imploró a las autoridades que hallaran a su marido vivo… pero se lo regresaron muerto.

Era el adiós que la familia le daba al periodista, pero los alcances del drama cotidiano que vive Sinaloa fueron a corroborarlo muchos. Políticos, funcionarios, periodistas, luchadores sociales, académicos y empresarios miraban el ataúd, prueba fehaciente de que las cosas han llegado muy lejos en el desastre de la seguridad pública.

De un murmullo silencioso, ahogado por la certeza de que aquí la muerte tiene permiso, emanaban enormes interrogaciones. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Ya se animaron los políticos a matar a periodistas? ¿Volverán los reporteros a escribir igual que antes?

La noche del velorio había llegado Mario López Valdez, acompañado del exgobernador Juan Millán y un séquito de servidores públicos. Malova se “asomó” apresuradamente a la capilla ardiente, dio algunos pésames y salió con igual prisa. Juan Millán escrutaba a los lados con ojos desorbitados.

 Decía que estaba seguro que el Gobierno actual hará justicia. Afuera la agencia funeraria era blindaba discretamente por la llegada del gobernador.

 Adentro todos tenían miedo y en la tenebra del horror cada quien tejía su propia hipótesis sobre el crimen. Nadie se creía vivo del todo. Los narcos y los políticos tienen licencia para matar.

 Las horas corrieron en torno al ataúd. Antes de despedir al colega, los periodistas se colocaron una imagen de él en los rostros y gritaron: “¡Todos somos Humberto!”.

Fue entonces que un aplauso prolongado marcó la retirada. “Así como él lo hacía, yo les pido a los periodistas que exijan que se esclarezca el crimen y que se le haga justicia al nombre de Humberto”, pidió Eva Beltrán.

EL NARCO: EN MEXICO, LOS MUERTOS: EN E.U., EL NEGOCIO

 Por Marcela Águila Rubín

 swissinfo.ch

El 15 de septiembre de 1810: Al grito de “¡Viva México!”, el pueblo inicia su gesta libertaria. Año con año, la nación lo celebra. Empero, en los últimos tiempos la libertad se desdibuja y la euforia pierde vigencia.

¿Qué ánimo de fiesta con 40 mil muertos, 5 mil desaparecidos y un país rehén del crimen? Hoy, como hace 201 años, México requiere del concurso de todos para romper las cadenas. Pero ya no por la vía de las armas, como decidió el presidente, sino mediante un pacto nacional, como exige la sociedad civil.

“Un esfuerzo común que incluya a todos los partidos políticos”, como precisa la diáspora suiza. “En Colombia la situación comenzó a cambiar cuando los partidos dijeron ‘se acabó’, y comenzaron a trabajar juntos”, subraya Karl Frei, en entrevista con swissinfo.ch.

“Unidos deben trabajar también en México”, agrega el representante de los suizos con residencia en ese país norteamericano. Su postura es compartida. El experto de Naciones Unidas en crimen organizado, Edgardo Buscaglia, habla también de un pacto político como condición sine qua non para lograr una “autopurga del poder político”.

Y ese –dijo en una conferencia sobre el narco en la madrileña Casa de América- “sería el principio del fin del crimen”. En esa necesidad impostergable de unir empeños coinciden también los 88 especialistas, mexicanos y extranjeros, que bajo la égida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), se reunieron del 6 al 10 de junio en el Distrito Federal para revisar la situación del país y diseñar soluciones.

 “Es prioritaria la celebración de un pacto político y social de base amplia que permita reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país”, indican los expertos.

 “Ningún actor social debe quedarse al margen”, acotan. El riesgo de politizar la seguridad Sus conclusiones, compiladas en los ‘Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia’ y entregadas al presidente Felipe Calderón, advierten igualmente sobre la obligatoriedad de que los actores institucionales, sectoriales y partidistas subordinen sus decisiones en favor del interés nacional para que la diversidad política sea factor de cambio y no de estancamiento.

“La politización de la seguridad y de la justicia es el riesgo mayor que enfrentamos en esta crisis”, alerta su texto. Una admonición que cobra particular relevancia cuando México se prepara para las elecciones presidenciales de 2012.

Unos comicios que se antojan también peculiares dado el contexto de brutalidad que hay en el país y merced a la desconfianza de la población en sus instituciones.

 Edgardo Buscaglia habla de “fragmentación” del Estado mexicano. Afirma que luego de 60 años de poder de un partido único que “gestionó” el crimen, la transición a una competencia electoral caótica abrió espacios que ocuparon las mafias y ahora es el crimen el que busca gestionar al Estado.

 “Los grupos criminales compiten ferozmente por la captura de ese Estado”, por eso la explosión de la violencia. El doctor en Jurisprudencia de las Universidades de Illinois y Berkley, considera que la respuesta del Gobierno mexicano al crimen con el uso de la fuerza alimenta un círculo vicioso en el que el hampa devora a los servidores públicos.

 “A más soldados y más policías, más violencia y más corrupción”. Esa, precisa, es la denominada “paradoja de la represión”. Capitales colosales Para Edgardo Buscaglia, una de las razones por las que el crimen organizado tiene y mantiene su enorme poder de destrucción está en el hecho en que sus capitales se mantienen intactos.

 A lo sumo, dice, las autoridades logran decomisar el dinero que los delincuentes detenidos ocultan bajo el colchón, pero el grueso de sus patrimonios está a buen recaudo en otros países.

 Al respecto, y de acuerdo con el estudio dirigido por la UNAM y el IIDC, en México, un alto número de personas participan en el crimen organizado, moviendo capitales que se estiman hasta en 29 mil millones de dólares al año.

 Entre 2006 y 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió denuncias que se suponen por presunto lavado de dinero equivalentes al 8% del dinero sucio en circulación en el país.

 Además, se ha estimado que el 10% del sistema financiero mexicano opera con dinero proveniente del narcotráfico.

Algunos funcionarios del Departamento de Estado en Washington estiman que los movimientos de tráfico de drogas de las organizaciones que operan en los Estados Unidos generan utilidades ilícitas hacia México de entre 17 y 38 mil millones de dólares.

Narco con oficinas en EE UU La violencia engendra violencia. No solo es el narco. De acuerdo con el especialista de la ONU, el crimen organizado de México está diversificado -con 22 ramificaciones (extorsión, secuestros, toda suerte de tráficos..)- y expandido -con presencia en 52 países. Sin ir más lejos, al otro lado del Río Bravo:

“El consumo de la droga en Estados Unidos sigue y por lo tanto siguen también los caminos para llevarla. Pero en el momento en que la droga entra a Estados Unidos ya nadie habla de tráfico de drogas, parece que ahí no existe, que no hay narcotraficantes o tal vez los narcotraficantes tienen sus oficinas en el General Motors Building de Nueva York”, analiza Karl Frei.

 El empresario suizo recuerda que el tráfico de estupefacientes genera ganancias de billones de dólares. “Los estadounidenses ven el narcotráfico como negocio, mientras que en México, los narcotraficantes hacen la lucha en la calle. ¿Y por qué? Porque no hay penalización”.

Con cuarenta años fuera de Suiza, la mitad de ellos en México, el otrora representante del UBS, primera institución bancaria helvética, lamenta lo que considera una “abdicación” de las instancias municipales y estatales.

 “Dicen que la responsabilidad es del Gobierno Federal, pero el Gobierno Federal no puede cubrir todo el país”. La población sufre la inacción de las autoridades pero también sus excesos.

 Las violaciones a los derechos humanos no son privativas de las mafias. Los abusos de soldados y policías mantienen en alerta a las ONG, pero no solo:

“Los aparatos de seguridad y justicia reproducen patrones de discriminación que dan lugar a las más graves violaciones a los derechos humanos en contra de niños y niñas, mujeres, jóvenes, migrantes, gente en pobreza extrema, indígenas, personas con discapacidad e incluso contra los propios elementos o funcionarios de instituciones policiales y militares de los más bajos rangos”, denuncia el texto publicado por la UNAM.

 Suizos estrechan contactos

 Amén de las manifestaciones públicas para exigir el cese de las agresiones, además de estrategias sociales, como la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia que recorre el país reuniendo testimonios de víctimas de la violencia, de las redes de mexicanos que desde el extranjero pugnan por la paz en su país, la población establece mecanismos de autoprotección: se agrupa, se acompaña, se comunica.

 La Embajada suiza actualiza el censo de sus connacionales, les extiende recomendaciones. El 19 de diciembre del año pasado, un empresario helvético fue secuestrado en el central estado de Morelos. Se desconoce aún su paradero.

 “Se han tomado varias medidas para estar más en contacto con las personas, para saber dónde están y poder reaccionar más pronto en caso necesario”, explica Ursula Stump, cónsul honoraria en Guadalajara, segunda ciudad del país y capital del noroccidental estado de Jalisco. Ahí donde los signos de prosperidad reciente contrastan claramente con la pobreza secular.

La cantidad de vehículos nuevos y caros que circulan por la ciudad, por ejemplo. “Unas visitas nos comentaron: ‘¡Aquí la gente debe ganar mucho dinero!’”. A principios de año, el Consulado envió un escrito a los ciudadanos suizos afincados en Guadalajara que incluía números de emergencia a los que recurrir de ser menester, informa la cónsul.

 Rechaza, sin embargo, que el incremento de la delincuencia se haya traducido en un retorno masivo o precipitado de sus compatriotas a la Confederación.

 “Si bien la gente está un poco más tensa porque es una situación difícil –se puede tener la mala suerte de estar en un centro comercial en el mal momento- no hay desplazamientos de la comunidad suiza fuera del país”. Karl Frei coincide con la cónsul.

“Seguramente hay preocupación personal. Creo que en el caso de los empresarios suizos, están bastante conscientes de la situación que hay, pero no se percibe necesariamente como algo muy generalizado”.

Entrevistados en el marco del 89º Congreso de los suizos en el extranjero (26-28.08) en Lugano, ambos coinciden en que hay medidas de protección básicas tales como evitar determinados lugares.

 “Uno tiene que cuidarse un poco a dónde va y a qué hora y con eso puede reducir el peligro a niveles más o menos razonables”. ¿A dónde y a qué hora?: Al Zócalo capitalino, a las 23.00. Ahí, tradición obliga: la población lanzará, tal vez no con alegría, pero sí con rabia y con orgullo un nuevo y sempiterno “¡Viva México!”

LA CACERIA

Martín Durán

Riodoce.com.mx

El Chapo o el Mayo, el regalo prometido para Calderón Un general con fama de incorruptible escala las más altas cumbres de la sierra que conforman el Triángulo Dorado, al mando de una unidad élite del Ejército, en una de las últimas cacerías emprendidas por el gobierno de Felipe Calderón que pretende un trofeo antes de que concluya su sexenio fallido en la lucha antinarco: la captura del Chapo o el Mayo, los dos líderes del cártel de Sinaloa y, se dice, los más buscados del mundo.

 La noche del 22 de julio pasado, un grupo de militares pertenecientes a las Fuerzas Especiales del Ejército penetró en la vigilada región del Valle de San Lorenzo, dominada por el cártel de Sinaloa, y se enfrentó contra un comando de sicarios a la entrada del ejido El Melón, sindicatura de Quilá.

 Los saldos de la refriega reportados esa noche fueron dos presuntos sicarios abatidos y otro más detenido con armas y granadas, que más tarde fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República.

Los elementos también aseguraron dos vehículos, al menos de manera oficial: una camioneta Chevrolet color negra, con placas TZ-04924, la cual contaba con reporte de robo; y un automóvil Mercedes Benz color tinto, con blindaje especial, placas de circulación MXD-540 del Estado de México.

La primera unidad quedó volcada, con el cuerpo de uno de los pistoleros a un costado, mientras que el vehículo blindado quedó en medio de una carretera.

Aparentemente los ocupantes la dejaron y se fueron por otros medios. En el interior había dos fusiles AK-47 y un AR-15.

La huída había sido intempestiva. Más tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) identificó los cadáveres como los de Santiago Ibarra Zamudio, de 42 años, originario de Gómez Palacio, Durango, y con domicilio en la ciudad de Guamúchil. El segundo era Magdaleno Madriles Santos de 40 años, con domicilio en La Cruz de Elota.

 En el operativo militar fue detenido Alejandro Mariscal Millán, quien fue consignado por el Ministerio Público federal al Juzgado Cuarto de Distrito de Culiacán.

Los delitos que le imputaron fueron los de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos, en las modalidades de portación de armas de fuego y artefactos bélicos (granada) del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

También fue consignado por el delito de homicidio en grado de tentativa contra elementos del Ejército. Información de la PGR indica que quedó en manos del juez el 24 de julio pasado.

Mariscal Millán y los dos hombres abatidos fueron ubicados por fuentes extraoficiales de la PGR como miembros de una célula que comanda Orso Iván Gastélum, alias el Cholo, sicario de la avanzada de Joaquín el Chapo Guzmán, quien se fugó del penal de Aguaruto en agosto del 2009.

Esa noche, en la batida de El Melón, según indicaron fuentes del Ejército, las Fuerzas Especiales iban por Joaquín Guzmán Loera, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, en un operativo de inteligencia que pretendieron silencioso, hasta que los halcones lo descubrieron y los jefes emprendieron la partida de Quilá.

Ni los dos helicópteros Bell 412 y la veintena de camionetas de la milicia, cuyos números, según constató la prensa local, fueron cubiertos con cintas para no ser identificados, pudieron tender las redes para capturar al capo que estuvo presente en la zona.

El grupo de gafes, de acuerdo con informes de mandos de la Novena Zona Militar con sede en Culiacán, venían dirigidos en un operativo desde la Ciudad de México, y algunos de ellos tenían destacamento en la base militar del municipio de Badiraguato.

 Fue entonces cuando surgió la versión de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), había comisionado a un general con fama de incorruptible para llevar a cabo una de las últimas misiones del calderonismo: agarrar al Chapo Guzmán o a Ismael el Mayo Zambada, estableciendo un cerco militar en los puntos de influencia del cártel, sobre todo en el llamado Triángulo Dorado, que abarca la sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Un laberinto para un general

La versión fue confirmada del interior de la Sedena. El general de brigada, Antonio Gurrola Calzada, ha sido descrito por otros generales del Ejército como un militar de limpia trayectoria, honesto a toda prueba y muy inteligente.

Ha tenido una carrera meteórica dentro de la milicia. En 1997 fue ascendido a coronel de infantería y estuvo comisionado en las operaciones especiales del Estado Mayor durante el conflicto en Chiapas.

 En el 2005 estuvo como jefe de la Guarnición Militar de Matamoros, Tamaulipas. Hasta el 2010, fue comandante de la Cuarta Zona Militar, con sede en Hermosillo, Sonora.

 Tiene experiencia en mando de tropa pues fue comandante en varios estados, en el sector del Arma Blindada, cuyos miembros generalmente pertenecen a la Caballería, y que son los expertos de la milicia mexicana en la inspección e investigación de terrenos.

Recientemente ascendido al “olimpo” de los generales de brigada, desde hace meses Gurrola Calzada, con una edad de aproximadamente 60 años, está al frente de un operativo especial en la zona serrana, según indicaron altos mandos de la Sedena.

 Dicho operativo se centra en dos únicos objetivos: Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. De acuerdo con testimonios de comandantes del Ejército, Gurrola tiene una impecable hoja de servicio y está asignado de manera oficial a la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, y es ubicado como el segundo al mando, después del general de División Diplomado de Estado Mayor, Rubén Serrano Herrera, quien relevó en diciembre pasado al general César Jiménez López.

Fuentes militares consultadas mencionaron que Gurrola tiene bajo su mando a un número importante de elementos de las Fuerzas Especiales y tiene un comando permanente en la base de la cabecera municipal de Badiraguato, dotado de armas, vehículos, aeronaves y tecnología.

De hecho, según mandos de la Novena Zona militar, el grupo de gafes que tomó por asalto la comunidad de El Melón tiene destacamento en este municipio, cuna del narcotráfico en México.

El cerco que mantiene en la zona serrana abarca desde la región natal de Guzmán Loera hasta los entramados rumbos de Cosalá, de acuerdo con las mismas fuentes.

Constantemente las fuerzas especiales monitorean esa franja, en donde las poblaciones civiles han denunciado abusos de parte de las fuerzas castrenses en los últimos meses.

Gurrola Calzada, refieren, es un militar muy cercano a los afectos de José Armando Tamayo Casillas, quien fuera jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Vicente Fox, en cuyo sexenio se fugó el Chapo Guzmán.

También es cercano colaborador del subsecretario de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, y del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general Luis Arturo Óliver Cen. Ambos altos mandos son expertos en temas de narcotráfico, por lo que es posible que sea el motivo por el cual Gurrola Calzada haya sido enviado a seguirle los pasos de los líderes del cártel, que en más de una ocasión han sido señalados de ser beneficiarios de las políticas de seguridad de México y Estados Unidos.

 La guerra de Eddy contra el Chapo

No es la primera vez que el Ejército y sus generales lanzan las redes en busca de los jefes del cártel de Sinaloa, en sus propios territorios.

 Desde enero del 2006 que arribó el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, a la Novena Zona, se han implementado fuertes operativos en las colindancias de Badiraguato y Culiacán con Chihuahua y Durango en la búsqueda de los capos, sobre todo del Chapo, que pareciera ser la obsesión de los gobiernos panistas.

 Ya para abril, comunidades enteras fueron arrasadas en la frenética cacería que emprendió el general Hidalgo Eddy, que intentaba recapturar al capo oriundo de La Tuna como un trofeo personal.

Una de las primeras reacciones de los narcos contra estos operativos fue el asalto a un cuartel en la empinada sierra duranguense, ocurrido una noche de principios de junio.

 Un comando atacó y quemó una base del Ejército en las cercanías de la comunidad de Los Frailes, municipio de Tamazula, aparentemente como represalia ante el cerco militar que tendió el Gobierno a los narcotraficantes de esas zonas.

 Todo ocurrió en ese 2006. El 18 de septiembre, a las 22:00 horas, fue arrojado el cuerpo de Enrique Parra, semienvuelto en un plástico negro, a la entrada de la Novena Zona Militar. “Por dedo, Eddy”, decía el mensaje directo al mando general.

También la detención de Luis Albero Cano Zepeda, sobrino del Chapo, en un operativo en Durango, contribuyó a tensar el clima. Según la PGR, Cano se desempeñaba como piloto de un avión que era utilizado para el transporte de droga.

Esto ocurrió el 22 de agosto de 2006 en Bastantitas, Tamazula. Fue detenido junto con cuatro colaboradores más cuando aterrizaban en una avioneta tipo Cessna. Una semana después de que le arrojaron el cuerpo al general Eddy, los altos mandos de la Sedena lo enviaron como agregado militar a Moscú.

 Pero el general regresaría a su laberinto el 9 de junio del 2007, con nuevos bríos y con la misma consigna. La tropa a su cargo fue acusada de cometer las mismas tropelías que un año antes, y el 28 de julio del 2007, un supuesto grupo de agricultores de Tamazula publicaron en el diario El Debate un desplegado señalando las violaciones de los derechos humanos de la población.

 Se supo entonces que dicho desplegado fue enviado desde la Ciudad de México, vía fax. El 7 de septiembre, un comando ejecutó al interlocutor entre el Ejército, Gobierno del Estado y los medios, Óscar Rivera Inzunza, y dos días más tarde, en tres puntos de la ciudad, aparecieron restos caninos en bolsas de plástico y coronas fúnebres con amenazas contra Hidalgo Eddy.

Aparecieron en los muros orientales de la Zona Militar, en el bulevar Gabriel Leyva Solano y a un costado del parque Ernesto Millán Escalante.

 Entre los mensajes intimidatorios estaban: “O te alíneas o te alíneo. Gral. Eddy. O copela o cuello”. El 30 de noviembre fue relevado de nuevo. Tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero de 2008 en Culiacán, el Ejército detuvo a un Ministerio Público militar y a tres efectivos más, señalados por trabajar para el Mochomo.

Uno de ellos, el teniente Luis Lonjitud, había sido escolta de Hidalgo Eddy. Se supo luego que estos militares pasaban puntual información sobre los movimientos del general. Así, el general que se había propuesto culminar su carrera con el Chapo Guzmán de trofeo, terminó siendo infiltrado por el capo hasta en su recámara.

Atrapar al Chapo en tres etapas: Wikileaks En el cable 3077 desclasificado por WikiLeaks, enviado el 26 de octubre de 2010 al Departamento de Estado por la embajada de México y clasificado como “secreto”, señala que el director de Inteligencia, Dennis Blair, se reunió con el secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.

 Dicha reunión ocurrió el 19 de octubre del año pasado, la víspera de un encuentro con el presidente Calderón y miembros del Gabinete de Seguridad.

 Entre los temas que destacó Galván fue el papel de los militares en la lucha antinarco, la cooperación del Gobierno de Estados Unidos para el combate al crimen organizado y la ampliación de la colaboración de las agencias en México.

 La información que envió la embajada a Estados Unidos, fue que el general estaba interesado en establecer los más altos niveles de cooperación con los gringos.

“Y hacer a su institución (Sedena) responsable de capturar blancos de alto nivel, incluyendo a dos miembros de Los Zetas y al jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán Loera”, dice el documento filtrado por WikiLeaks.

Además habló con el diplomático de una operación especial de tres etapas para capturar a Guzmán Loera:

“Él dijo (Galván) que la Sedena está implementando una operación, la cual consta de tres etapas, específicamente para atrapar al Chapo.

 La primera etapa, que ellos han concluido, es establecer una fuerza física en el área de sus operaciones para recolectar información de inteligencia”.

 “Hizo notar que han encontrado 10 ó 15 lugares por donde él (el Chapo) se mueve, pero que el Chapo comanda una amplia red de apoyo constituida por informantes y que tiene un cinturón de seguridad de hasta 300 hombres que dificultan el lanzamiento de operativos para su captura. La segunda fase consiste en desplazar un círculo de soldados dentro de las áreas donde opera, la cual Galván espera iniciar pronto. La tercera etapa es su captura”.