Este año inició a tambor batiente en
Chihuahua. La investigación sobre las irregularidades cometidas en la
administración del priista César Duarte Jáquez arrojó algunos nombres que
llegan a las más altas esferas del PRI, lo que generó una respuesta brisca de
parte del Gobierno federal: la Secretaría de Hacienda detuvo los recursos que
por Ley le corresponden al estado, denunció Javier Corral Jurado, actual
Gobernador de Chihuahua. Hoy, el Gobierno de esa entidad y el federal se
encuentran en medio de un conflicto abierto y frontal.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien
mantiene una serie de litigios abiertos contra la empresa OHL, se sumó a la
batalla legal que la entidad emprendió y para él no hay otra opción: el
Gobierno de Enrique Peña Nieto debe entregar los recursos sin condición y
extraditar a César Duarte. “No hay nada más que discutir, nada más que
acordar”, afirma.
Y esa negociación que no está en la
mesa, dice, es el “pacto de impunidad” que permitió a la administración federal
tener “el control” de los alcances que tuvo la detención de Javier Duarte de
Ochoa y Roberto Borge Angulo, “es el miedo terrible del Presidente Enrique Peña
Nieto por ser llevado a los tribunales, obligado a rendir cuentas y
eventualmente ir a prisión”.
Ciudad de México, 17 de enero
(SinEmbargo).– Chihuahua inició la investigación para lograr la detención y
extradición del ex Gobernador César Duarte Jáquez, y en el camino se topó con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su decisión de no
transferir los recursos que, por Ley, le corresponden.
El actual Gobernador del
estado norteño Javier Corral Jurado notó que era necesario iniciar una
estrategia jurídica y solicitó al abogado Paulo Díez Gargari elaborar esa
estrategia.
El abogado, que tiene ya una
historia de batallas con OHL y el Gobierno del Estado de México, ya tiene
trazado el plan: se presentarán una o dos controversias ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), por una violación grave del pacto federal
generada por una afectación presupuestal y porque existe la intención de
impedir al gobierno de Chihuahua ejercer sus competencias en materia de lucha
contra la corrupción, previstas en el Artículo 113 de la Constitución.
“Esas son las dos exigencias
del Gobierno de Chihuahua: entreguen los recursos sin condición y extraditen a
César Duarte. No hay nada más que discutir, nada más que acordar”, comenta en
entrevista con SinEmbargo.
Desde su perspectiva este
caso no tiene margen de derrota, sólo un enemigo poderoso que sabe defenderse.
En el fondo, dice, lo que
está de por medio es el “miedo terrible del Presidente Enrique Peña Nieto por
ser llevado a los tribunales, obligado a rendir cuentas y eventualmente ir a
prisión. Ese miedo hace que el Gobierno federal actúe de una manera absurda,
irracional y violenta que es que lo que vemos con [el caso] Chihuahua”.
Lo que el Gobierno de Peña
Nieto quiere impedir, añade, es la extradición del ex Gobernador sin tener
control de los alcances de la investigación, como dice que lo tuvo en Veracruz
con Javier Duarte de Ochoa y en Quintana Roo con Roberto Borge Angulo.
Actualmente, la Fiscalía
General del Estado de Chihuahua realiza una investigación sobre la
triangulación de recursos públicos para financiar campañas del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en 2016, en la que estaría involucrado el ex
Gobernador César Duarte y otros miembros del tricolor, como el ex dirigente
nacional priista Manlio Fabio Beltrones, y el ex secretario general adjunto
priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien está señalado de desviar 250
millones de pesos.
Para Javier Corral, esto es
una señal de que el Presidente Peña está preocupado por los alcances de las
investigaciones contra Duarte y contra quien resulte implicado. Por eso dice
que si el gobierno no claudicará, pero Chihuahua tampoco lo hará en su lucha
contra la corrupción.
No obstante, Fernando Galindo
Favela, subsecretario de Egresos de la SHCP, ha señalado que se “le ha cumplido
a los chihuahuenses”, entregando, a través del Gobierno del estado, los
recursos económicos que le corresponden por ley.
El Fondo de Fortalecimiento
Financiero, que es donde se supone que deben salir los recursos, es un fondo
que la Secretaría de Hacienda administra con absoluta discrecionalidad.
Datos obtenidos de un estudio
elaborado por México Evalúa, muestran que este fondo durante el 2017 tenía un
presupuesto autorizado de 3 mil 300 millones de pesos. Al 30 de septiembre de 2017,
se habían ejercido más de 32 mil millones de pesos.
La entidad que más recibió
fue el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017, mientras que el
estado que menos recibió, fue Chihuahua: 60 millones de pesos.
“Que no nos digan que no hay
un castigo a un pueblo. No al gobierno, porque la lucha va más allá del
gobierno”, sostuvo Díez.
El abogado Paulo Díez Gargari
llevará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el reclamo del Gobierno
de Chihuahua al Gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
–¿Cómo describiría una batalla en la que se lucha
contra Hacienda?
–No creo que ese sea el
rival. El rival es el sistema y es mucho más que sólo la Secretaría de
Hacienda. Pensamos presentar ante la SCJN, me parece el lugar privilegiado para
el diálogo democrático; es un lugar privilegiado para llevar los temas de la
agenda nacional y este, el de Chihuahua es uno de ellos, porque tiene que ver
con la Constitución, tiene impacto federal y está en medio de la lucha contra
la corrupción y la impunidad.
Esta lucha siempre es
desigual. Casi, por definición, los corruptos son los poderosos y más en una
sociedad como la nuestra, pero al final del día tenemos derecho, instituciones
y ahí se tiene que dar la batalla. Y si los tribunales nacionales no fueran
suficientes para eso, están las instancias internacionales. Lo importante en
estas batallas es librarlas hasta el final, porque la apuesta de los corruptos
es que su contraparte, no tendrá la fuerza para aguantar el tiempo ni los
recursos necesarios para esto, pero la batalla hay que darla aunque sea
desigual.
–Si partimos de que es el sistema, ¿qué ocurre ahí
para que se utilice a una de las secretarías más importantes del país para este
tipo de fines?
–Es terrible y es una de las
cosas que llevaremos a la Corte porque se trata, ni más ni menos, que del uso
de la Hacienda Pública como un medio de control político para premiar a los
gobernadores bien portados y para castigar a los rebeldes. Esto no debe ser y
es justo lo que está de fondo. El Fondo de Fortalecimiento Financiero, que es
donde se supone que deben salir los recursos, es un fondo que la Secretaría de
Hacienda administra con absoluta discrecionalidad y le distribuye más dinero a
aquellos estados en los que tiene un interés particular y partidista,
desgraciadamente.
Un ejemplo numérico: este
fondo, durante el 2017 tenía un presupuesto autorizado de 3 mil 300 millones de
pesos. Al 30 de septiembre de 2017, se habían ejercido más de 32 mil millones
de pesos. Un sobre ejercicio increíble. Y la entidad que más recibió,
adivinaste, es el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017,
mientras que el estado que menos recibió, fue Chihuahua: 60 millones de pesos.
El promedio por estado sería como de mil millones de pesos y Chihuahua está con
60 millones. Que no nos digan que no hay un castigo a un pueblo. No al
gobierno, porque la lucha va más allá del gobierno.
Lo primero que a mí me motivó
aceptar la invitación del Gobernador Corral, es la lucha contra el agravio casi
vergonzoso cometido contra la gente, porque cuando el Gobierno federal niega
estos recursos al Gobierno del Estado de Chihuahua, no lo afecta a él, afecta
al pueblo porque le impide al gobierno cumplir con sus tareas básicas:
seguridad pública, salud, educación.
Lo que es verdaderamente
grave es una intención del Gobierno federal de impedir que las investigaciones
y los procesos penales en curso en Chihuahua, algunas de las cuales involucran
a personajes del más alto nivel del PRI Nacional, vayan adelante. El sistema,
el Gobierno federal, el Presidente Peña y el PRI saben que esto puede ser el
principio del fin del régimen. No es exageración. Todos sabemos que vivimos en
un país en el que la corrupción es quizás, el problema más grave. Nunca antes
habíamos tenido una investigación bien hecha y perfectamente documentada de
principio a fin y eso es lo que aterra al sistema, lo que explica su reacción
tan violenta.
No es lo mismo extraditar a
Javier Duarte o a Roberto Borge que a César Duarte. En el caso de los otros dos
están protegidos o encapsulados por el pacto de impunidad que desgraciadamente
no se queda en el PRI, es un pacto transversal que afecta a otros partidos
políticos, e incluso, a buena parte del sector privado. Esa es la diferencia.
Extraditar a un Gobernador o procesarlo, incluso encarcelarlo, no destruye el
pacto de impunidad. Puedes traerlos bajo una investigación acotada, que se
conozcan los alcances y en el caso de Chihuahua esa posibilidad no existe y es
lo que hace novedoso este caso. Si el Gobierno federal pudiera llegar a un
acuerdo con el estado de Chihuahua para traer a César Duarte y delimitar los
cargos, ya lo tendríamos aquí y por eso la respuesta.
–Están también los funcionarios de Hacienda que han
salido a argumentar el tema del dinero de Chihuahua, con argumentos como que no
depositaron por un error en un número de cuenta. ¿Cuál es el nivel de los
funcionarios en este tema?
–Esta es una comedia de
equivocaciones de principio a fin. Justo en el momento en el que el gobernador
Corral daba su mensaje a medios de comunicación el pasado 8 de enero, la SHCP
publicó un comunicado de prensa en el que según ellos trataban de explicar qué
es lo que ocurría y que ellos cumplían con el marco legal. Pero en realidad era
un tema engañoso y no se refería a lo que el Gobernador estaba exigiendo.
Hacienda habló de las participaciones federales y a las aportaciones de fondos
federales que se hacen al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal. A lo que se
refería el Gobernador era un subsidio por 700 millones de pesos que estaba
pactado en un convenio y que tenía que haberse cumplido. El subsecretario
Miguel Messmacher Linartas fue uno de los que estaba presente en esa reunión en
la que el Secretario José Antonio González Anaya, le dice al Gobernador Corral
que no le daría los recursos hasta no saber el alcance de las investigaciones y
los procesos penales.
Sale Messmacher en una
entrevista y en más de una ocasión señaló que la Secretaría no iba a entregar
esos recursos hasta que no supiera el alcance de la investigación. Eso es una
barbaridad porque pareció que decía que no se iban a liberar los recursos hasta
que el proceso penal en contra de Alejandro Gutiérrez y de algunos otros
miembros del PRI, probablemente, concluyeran. Y eso puede tomar meses o años.
Es un sinsentido.
Cuando escuché eso no lo
podía creer porque es una confesión de delitos. Era el Subsecretario
reconociendo lo que Corral había denunciado y reiterando que no iban a entregar
los recursos. La SHCP se dio cuenta y el Secretario empezó a decir que lo que
no había era suficiencia presupuestaria. Estuvo la ocurrencia anterior de un
número de cuenta equivocado y ante eso no hay nada que decir, si un niño lee
las primeras planas de los diarios entenderá que aquello es de risa. Me parece
vergonzoso que la Secretaría recurra a un argumento como esos.
En cuanto a la suficiencia
presupuestaria, el tema deriva de un convenio firmado el 14 de diciembre. Es un
convenio para el otorgamiento de subsidios por 700 millones de pesos que deriva
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Es verdad que la entrega de esos convenios
está sujeta a la disponibilidad presupuestal. Pero esto se firma el 14 de
diciembre y por lo tanto hay disponibilidad, si no la hubiera no se firma el
contrato. Ahí había un compromiso ya formal. Tenían que entregarse esos
recursos. Disponibilidad presupuestal había y de sobra, porque Messmacher había
dado conferencias en las que anunció que el año se iba a acabar con excedentes
muy importantes, pero en el último boletín, el del domingo 14 de enero, dicen
que tampoco Tlaxcala y Zacatecas tuvieron disponibilidad presupuestaria y eso
es mentira.
En el caso de la retención de
recursos para los ciudadanos de Chihuahua no se puede dejar que la Secretaría
de Hacienda piense que los mexicanos somos tontos, dice Díez Gargari. Foto: Cri
Rodríguez, SinEmbargo
Hay un estudio de México
Evalúa, en el que se puede ver que el Estado de México ha recibido 5 mil 251
millones hasta el 30 de septiembre, y Chihuahua 61 millones. Estos señores
dicen que no hubo disponibilidad para Tlaxcala, pero se le puede decir al Secretario,
con cifras y documentos que está mintiendo: Tlaxcala, al 30 de septiembre,
había recibido ya 224 millones casi cuatro veces más que Chihuahua.
No podemos seguirnos
comportando más de esta manera y dejar que la Secretaría de Hacienda piense que
somos unos tontos que no leemos. Los ciudadanos tenemos que mantenernos cada
vez más exigentes y poner alto a las ocurrencias […]. En el caso Tlaxcala es
claro que está mintiendo.
En el estudio de México
Evalúa del Fondo de Fortalecimiento Financiero, señala que en 2016 tuvo un
presupuesto autorizado de mil 560 millones de pesos, pero se ejercieron 64 mil
millones de pesos. De esos recursos Hacienda no le rinde cuentas a nadie. No
nos dice por qué los distribuye como lo hace, ni cuándo ni nada.
En 2017, lo aprobado eran 3
mil 344 millones de pesos, pero al 30 de septiembre se habían gastado 32 mil
806. Es al final del año cuando más presupuesto se reparte de este fondo, de
modo que es probable que este año tengamos un total de 50 mil millones de
pesos. Eso es año tras año.
Cuando vemos las cifras del
Estado de México, lo primero que salta es 5 mil 291 millones de pesos en el año
de la elección para Gobernador. Ese es el uso partidista, estos son los
disfraces de aparente legalidad que utiliza el gobierno para llevar a cabo
actos que son delictivos; transferir miles de millones de pesos cada año del
presupuesto federal a las campañas políticas, a sus gobernadores bien portados,
a los de su partido y a los que ellos escogen de la oposición –a lo que me refería
con el pacto de impunidad–. Por eso el sistema ha sido tan eficaz en su faceta
corruptora. Es un modelo diseñado por el PRI y ha logrado silenciar e
incorporar a muchos otros gobernadores de otros partidos políticos.
–¿Cómo se le hace para obtener
resultados concretos? El dinero que se transfiere a las campañas es una especie
de secreto conocido por todos y que se repite.
–En la estrategia jurídica
vamos a llevar a cabo varias acciones. La más importante es que desde el punto
de vista del Gobierno del estado son una o dos controversias constitucionales
que van a atacar el incumplimiento de la SHCP en la entrega de recursos y
segundo, la omisión del Gobierno federal de solicitar la extradición de César
Duarte. Ambos están relacionados: la falta de entrega de los recursos está
absolutamente relacionada con la extradición de César Duarte, que ha sido
retrasada por el Gobierno federal a pesar de las 10 órdenes de aprehensión
emitidas por tribunales estatales y una orden de aprehensión federal emitida
por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El Gobierno federal no hace
nada porque no tiene las condiciones, como las tuvo en otros estados, para
traer al ex Gobernador. En Chihuahua no controlan ellos y esta represalia de no
entregar el recurso justo reprende eso, esa negativa marca una primer gran
diferencia. El Gobernador Corral ha sido muy claro en decir que no se negociará
nada y en exigir los recursos sin condición alguna. La controversia
constitucional es un mecanismo de control de la regularidad constitucional de
normas jurídicas o de actos. Tradicionalmente la Corte había admitido el criterio
de que las controversias tenían que estar relacionadas con una invasión de la
esfera competencial de los estados, pero poco a poco ha ido flexibilizando ese
criterio, de modo que ahora basta con que haya un indicio de un agravio al
Estado, que puede ser un tema presupuestal o cualquier otro ámbito previsto en
la misma Constitución.
La novedad es esa: vamos a ir
a la SCJN a decir que no sólo se trata de una violación muy grave del pacto
federal que me genera una afectación presupuestal terrible, que me impide
cumplir con mis funciones básicas como estado, sino que además, existe la
intención de impedir al Gobierno de Chihuahua que ejerza sus competencias en
materia de lucha contra la corrupción que están previstas en el Artículo 113 de
la Constitución. Esas son las dos exigencias del Gobierno de Chihuahua:
entreguen los recursos sin condición y extraditen a Duarte. No hay nada más que
discutir, nada más que acordar.
El priista César Duarte Jáquez y el
Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro
–Usted mencionó el descontento social que podría
ocasionar que esta lucha que inicie no llegue a buen puerto. Usted que ya ha
librado otras batallas, ¿qué ve en el caso Chihuahua que lo lleva a poner todas
las fuerzas?
–A nivel personal me parece
conmovedor y muy esperanzador. Lo que yo vi en Chihuahua este fin de semana era
algo que no había visto. Una concentración de personas que no parecían
acarreadas, que estaban por su propia voluntad, con mucho ánimo, muy molestos,
sintiendo el agravio del Gobierno federal. Yo estuve ahí para hacerle ver a la
gente que no es solo una lucha de Chihuahua ni por el pueblo de Chihuahua
solamente. Es una batalla mucho más amplia, por México, contra la corrupción y
la impunidad.
Viendo ese ánimo social en un
país que a veces parece tan apático, ya cansado, frustrado de que nunca hay
resultados, es muy esperanzador ver a los chihuahuenses con mucha alegría,
dispuestos a dar la batalla y creo que nos corresponde a todos los demás
acompañarlos en la medida que podamos.
Me entrevisté allá con gente
de la sociedad civil, empresarios y personas físicas. Todos están muy
entusiasmados y me manifestaron que ellos están dispuestos a emprender su
propia batalla y acordamos que la estrategia jurídica trabajaría en la
promoción de amparos que serán presentados por ellos contra esos dos actos, a
un nivel distinto. Es doblemente motivador porque cruza con este camino que
emprendí hace algunos años de la lucha contra la corrupción y la impunidad,
primero centrado en el caso OHL y luego más allá, en el caso del Estado de
México.
Yo creo que eso le preocupa
al Gobierno federal, que soy yo quien está encabezando la defensa jurídica de
Chihuahua, porque entienden lo que eso significa, que puede haber este tipo de
investigaciones en otros estados. Sin embargo, la diferencia es que en el
Estado de México no hubo alternancia y en Chihuahua sí y además el gobernador
es peculiar, por decirlo de alguna manera, en el espectro político-partidista.
No es un individuo que uno pueda encasillar y esa independencia es la que nos
tiene aquí.
Hubo un tema que yo denuncié,
no solo en los medios sino ante la Procuraduría General de la República (PGR) y
ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este desvío de mil 600
millones de pesos que se hizo en septiembre de 2016, de otro aparente subsidio
–completamente ilegal– y que directamente a financiar la campaña política de
Alfredo del Mazo para Gobernador en el Estado de México. ¿Cuántas veces se ha
repetido esto en los estados de la República? Eso es lo que tenemos que empezar
a investigar seriamente a partir de Chihuahua. El hecho de que la sociedad vea
que sí se puede, que aunque el enemigo es grande y poderoso, si se hacen bien
las cosas, cuando se actúa correctamente, es posible ganar las batallas, no solo
pelearlas.
Yo me considero en algunas
cosas un soñador, pero no soy de los pelean sus batallas para perderlas,
algunas se podrán perder, pero todas las peleo para ganarlas y estoy seguro que
esto se va a ganar porque no existe margen para la derrota. Si esta pelea no
gana Chihuahua, el daño para el país será enorme en términos de esta
frustración social tan grande que hoy ya existe y que crece cada vez que la
sociedad cree que se ganarán casos que están perfectamente documentados y se
pierden. Hoy tenemos la oportunidad de empezar a cambiar la historia. De
cambiar este régimen de impunidad y permitir que nuestro país comience a
retomar el rumbo, un rumbo que no tenemos.
–¿El caso Chihuahua le dará otro tinte al último año
de administración de Enrique Peña Nieto?
–No hay duda. La violencia de
la reacción del Gobierno federal no se explica sino en función del miedo
terrible de Peña Nieto por ser llevado a los tribunales, obligado a rendir
cuentas y eventualmente ir a prisión. Eso es lo que está en juego. Ese miedo
hace que el Gobierno federal actúe de una manera absurda, irracional y violenta
que es que lo que vemos con Chihuahua. La corrupción es el problema más grave
de México, pero cuando la corrupción la vinculas al financiamiento ilegal de
los partidos políticos, entonces lo que era un acto ilegal de corrupción
aislado, se convierte en la norma, en algo permanente, porque el corruptor y el
corrompido siguen ligados en el tiempo y se ven obligados a mantener esta
relación perversa en la que hay que seguir corrompiendo y mantener los
privilegios.
(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/ ENERO 17, 2018, 12:05
AM)
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