Foto:
Enrique Botello
Las
personas liberadas no llevan las garantías necesarias para que la sociedad les
acoja, tienen las mismas necesidades de comer, vestir y contar con un techo
digno. Una radiografía de cómo están los reclusos conformados por nivel
educativo: los delitos de bajo impacto son cometidos entre la población con
educación básica, robos, asaltos, riñas, también homicidios. Mientras aquellos
con niveles medio superior y superior, incurren en delitos federales como
fraudes, portación de arma y posesión de droga
En
los penales de Baja California hay registrados 12 mil 100 internos, de ellos,
apenas la mitad ha cursado la secundaria, la gran mayoría son propensos a
volver a delinquir incluso a horas de quedar libres por falta de una verdadera
reinserción social.
Cuando
las autoridades estatales liberan a un detenido del Centro de Readaptación
Social (Cereso) básicamente lo único que dan es un “Bye, ¡vayan con dios!”,
bromeó Faisal Díaz Nasif, quien fue presidente del Patronato de Liberados del
Cereso de Ensenada.
Sin
un cambio de ropa, sin dinero y en la mayoría de los casos sin familia, las
personas salen del penal pero, lo más lamentable, dijo, es que no llevan bases
para reintegrarse con éxito a la sociedad.
Una
de las principales acciones que realizan es salir es buscar trabajo inmediato,
lo que muchas veces se les dificulta por su calidad de ex convictos; quienes
salen de las instalaciones tienen las mismas necesidades que cualquier otro
civil de comer, vestir y tener un techo digno.
Al
año de haber asumido la responsabilidad en 2014, Faisal le renunció al director
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Daniel de la Rosa
Anaya, debido a que ni si quiera le ofrecieron un escritorio para trabajar.
Platicó
que apenas iniciaba cuando le advirtieron que las oficinas las iban a demoler
para construir el edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), los pocos días que ocupó el lugar había más
inversión propia que resultados.
No
había nada de personal y la secretaria técnica, encargada de hacer evaluaciones,
renunció, por eso calificó de ficticio lo que se está haciendo con el
patronato.
El
patronato de liberados es “solo un membrete”, calificó quien ahora titula el
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP).
“Como
los demás que han dirigido el organismo, creí que había voluntad para una
verdadera reinserción social para los prisioneros de Ensenada, y adecuada, pero
la realidad de las cosas es que no se está haciendo nada”, sostuvo.
Trató
de implementar un programa de aportación de ropa, por lo regular a los
liberados les dan las mismas prendas que usaban cuando ingresaron al penal.
La
intención era que llevaran un par de cambios y ofrecer un lugar limpio con
regaderas y un comedor que pudieran usa de manera esporádica, pero ni eso fue posible.
“Es
muy triste el trato, y evidentemente lo único que consiguen es que vuelvan a
robar”, indicó. El problema es que por cuestiones jurídicas y técnicas del
NSJP, las autoridades están liberando delincuentes al por mayor.
El
recién nombrado presidente del patronato, el comerciante Jorge Menchaca
Sinencio, coincidió en que no hay presupuesto para llevar a cabo los trabajos
de reinserción.
Aunque
decidió tomar la responsabilidad de coordinador, es incómodo no tener avances en
la responsabilidad que le han encomendado, expresó el también presidente de la
Cámara Nacional de Comercio Servicio y Turismo (Canaco-Servytur).
EDUCACIÓN BÁSICA PARA INHIBIR DELITOS
El
psicólogo René Valenzuela ha realizado trabajos relacionados con la comunidad
dentro de los Ceresos, sobre todo con jóvenes. Ha estudiado las causas
multifactoriales que originan la conducta delictiva, así como plantear las
posibles directrices a tomar, a fin de revertir este lamentable incremento de
la incursión de adolescentes a las filas del crimen organizado y demás delitos
de índole patrimonial.
Todos
los caminos llevan a que la descomposición social o la falta de atención de
niñez son detonantes.
Compartió
que en la parte ocupacional, en el penal de Tijuana sólo hay dos personas
trabajando en el tema de deportes, otra en el área educativa y una en lo
laboral.
Otro
punto débil es el hacinamiento de las celdas donde conviven entre 24 y 27 reos.
Respecto
a la educación, considera de suma importancia invertir en estos rubros,
partiendo de que los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes
acceso a la enseñanza pública.
“Los
sistemas de educación deberán cuidar y atender de manera especial a los jóvenes
que se encuentren en situación de riesgo social. Deberán prepararse y
utilizarse plenamente programas de prevención y materiales didácticos, planes
de estudios, criterios e instrumentos especializados”, sugirió.
Valenzuela
compartió un caso donde un hombre fue liberado a las dos de la madrugada y, a las
seis de la mañana, ya estaba de vuelta en las celdas por tratar de robar en una
tienda de autoservicio.
Como
este ejemplo hay más en Tijuana, por lo que consideró importante que se empleen
programas de apoyo para quienes delinquen.
ESTRUCTURA EDUCATIVA DE REOS EN PENALES
En
una radiografía de cómo están conformados por nivel educativo, los Ceresos
resalta que los delitos más comunes cometidos entre la población con educación
primaria y secundaria son los de bajo impacto, como robos, asaltos, riñas,
también homicidios.
Quienes
han cursado niveles medio superior, en su mayoría, están detenidos por delitos
federales como fraudes, portación de arma y posesión de droga.
Datos
solicitados a la SSPE a través de transparencia, indican que la comunidad de
internos sin escolaridad en Baja California es de 633, de estos, 17 son
mujeres. En el caso de Ensenada todos tienen cursada por lo menos la primaria.
El
mayor porcentaje se concentra en la educación básica, donde en el caso de
primaria, 3 mil 467 tienen ese nivel de educación y, 5 mil 362, la secundaria.
En
los diferentes centros hay 407 profesionistas y siete internos con maestría,
tres son mujeres.
Sobre
el estado civil, 4 mil 888 son solteros, 2 mil 168 casados y 4 mil 629 en
concubinato; el resto enviudó o se divorció.
DEJAN IR DINERO PARA REOS
La
Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dispuso de un recurso económico por el
orden de los 78 millones de pesos que para mejorar y equipar los Ceresos de
Baja California, pero el Estado no han mostrado el mínimo interés de recibir el
dinero.
“Ni
siquiera han volteado a ver el recurso, no tienen disposición para presentar un
proyecto, sobre todo para Ensenada, que quienes nos hemos enterado, sabemos que
es una vergüenza”, criticó un empresario.
Ese
dinero está disponible cada ejercicio y en 2017 han solicitado apoyo del sector
empresarial para que a través de ellos se presente un programa a la SSPE para
destinar el recurso.
PENALES SALEN LIBRADOS EN CALIFICACIÓN
La
calificación nacional de los penales es de 6.27, en concreto los de Baja
California tienen un 7.2, mientras que los de Guanajuato son los mejores con un
8.2. En el caso de Baja California, el penal de El Hongo mantiene en un
promedio alto a la entidad federativa por ser uno de los mejores, según el
último resultado de 2016, del Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En
el caso del centro en Mexicali consideraron necesario prestar atención en los
temas de sobrepoblación, hacinamiento e insuficiencia en los procedimientos
para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos,
condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las
personas privadas de la libertad dentro y fuera de dormitorios, área médica,
cocina y comedores.
Además
de deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones
disciplinarias, deficiente integración del expediente técnico-jurídico,
actividades laborales, capacitación educativa y deportiva. Falta atención a
personas adultas mayores, vigilancia a personas privadas de la diversidad
sexual, hay insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y
de desintoxicación voluntaria.
Asimismo,
insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes
violentos y en los procedimientos para la remisión de quejas sobre probables
violaciones a los derechos humanos.
Si
bien El Hongo tiene resultados favorables, se advierte poner énfasis en el
trato a indígenas, con discapacidad física y/o psicosocial, privados de la
libertad que viven con VIH/Sida o en condición de diversidad sexual.
En
el caso del El Hongo II, de Tecate, mantiene casi las mismas quejas que El
Hongo, y del Cereso de Mexicali, se determinó falta de atención a la higiene y
descuido con personas con capacidades u orientación sexual diferente.
En
el Cereso Tijuana se mantiene sobrepoblación, hacinamiento e insuficiencia en
los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los
derechos humanos.
Recomiendan
una mayor vigilancia en las condiciones materiales, equipamiento e higiene de
la cocina, comedores, instalaciones para la comunicación con el exterior, y
señalan deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones
disciplinarias. Sobre todo falta una clasificación entre procesados y
sentenciados.
Advierten
una deficiencia en actividades laborales y de capacitación, actividades educativas
y deportivas.
Entre
los presos con requerimientos específicos, está la inatención a personas
adultas mayores e insuficiencia en los programas para la prevención de
adicciones y de desintoxicación voluntaria.
(SEMANARIO ZETA/EDICIÓN IMPRESA / LORENA
LAMAS / LUNES, 28 AGOSTO, 2017 12:00 PM)
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