Foto: Cuartoscuro.com.- Renato Sales
Heredia, comisionado nacional de seguridad (CNS).
A un año del NSJP, hay 26 mil reclusos
menos, 27 cárceles cerraron sus puertas y se abrieron 13 nuevas o restauradas.
En BC, el número de presos decrece en 241 mensuales desde junio del año pasado,
y en BCS son 24 menos cada mes. Fallo de la SCJN posibilita la salida de más
del 30% de la población actual de las prisiones, recluida por delitos antes
considerados como graves
De junio de 2016, cuando
entró en vigor en su totalidad el sistema penal acusatorio Adversarial, al
último día de mayo del año en curso, los establecimientos penitenciarios
mexicanos han perdido el 11 por ciento de su población, en una desaceleración
gradual atribuida a que ya son pocos los delitos que la legislación penal
estima como graves o de prisión preventiva oficiosa.
Expertos estiman que otro 33%
de los internos que actualmente están en la cárcel, por la comisión de delitos
considerados como graves en el viejo sistema penal mixto, podrían ser liberados
luego de la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), que posibilita la aplicación de las reglas del
nuevo sistema para que se valore sustituirles la prisión preventiva por otra
medida cautelar. Esto significa que de los 210 presos que actualmente hay en
México, 69 mil 300 podrían obtener su libertad condicional.
Reconocidos juristas y
funcionarios públicos de los ámbitos de seguridad y procuración de justicia
desaprueban el fallo de los ministros y urgen a que se efectúen las reformas
necesarias al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) para que se
incorpore una serie de delitos al catálogo de los ilícitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa.
Foto: Cuartoscuro.com.- Renato Sales
Heredia, comisionado nacional de seguridad (CNS).
El primero en justificarse
por el incremento en la comisión de los delitos cometidos por la portación y
uso de armas de fuego, es el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales
Heredia, quien aseguró que antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, por
cada diez homicidios intencionales cuatro eran cometidos con el uso de arma de
fuego, en tanto que ahora, por cada diez asesinatos, en siete se emplean este
tipo de armas, por lo que urgió a replantear el procedimiento penal.
Delitos como extorsión,
lavado de dinero, portación de arma de fuego, desaparición forzada y robo de
hidrocarburos, así como la mayoría de los cometidos por servidores públicos, ya
no son considerados como graves. Alarmados por el alza en la incidencia
delictiva, las libertades ya ocurridas y las que están por venir, el gobernador
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes; el fiscal general de Jalisco, Eduardo
Almaguer; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
pidieron a los legisladores federales realizar modificaciones a la brevedad.
También los mandatarios de
Hidalgo, Durango, Querétaro y Nuevo León expresaron que en la próxima reunión
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) solicitarán al Congreso de
la Unión efectuar cambios legales al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP),
con la intención de frenar la excarcelación masiva de reos que se prevé, en
caso de que éstos soliciten una revisión de su caso para seguir su proceso en
libertad, como lo determinó la Suprema Corte.
Foto: Diego Simon
Sánchez/Cuartoscuro.com
Por su parte, el director
general de la organización civil “México SOS”, Orlando Camacho, refirió que el
sistema acusatorio tendrá que pulirse en el trayecto y corregir algunos
aspectos, pues no puede servir de excusa para que los funcionarios se
justifiquen ante los altos índices delictivos, cuando lo que han fallado son
las políticas públicas, con una mala preparación de policías y agentes del
Ministerio Público, lo que se refleja en una errónea integración de las
carpetas de investigación.
BAJAS EN BC Y BCS
En esta frontera, donde
también se han disparado la cantidad de delitos, el fenómeno a la baja en el
número de internos es similar al nacional, pues en las cinco prisiones ubicadas
en Tecate, Tijuana, Mexicali y Ensenada, cada mes disminuye la población penitenciaria,
al grado de que en los últimos doce meses quedó solucionada la leve
sobrepoblación que se tenía.
En Baja California, en junio
del año próximo pasado había 15 mil 005 reclusos en las cárceles estatales y,
al último día de mayo de 2016, la cifra era de 12 mil 114 privados de la
libertad; mientras que la capacidad de los penales El Hongo, El Hongo II y los
centros de reinserción social (Cereso) de los municipios referidos, es para
albergar a 14 mil 823 reos.
Las penitenciarías
bajacalifornianas tienen 2 mil 891 presos menos, lo que promedia una
despresurización mensual de 241 delincuentes que ya no ingresan a los
establecimientos penales de la entidad. Y aunque disminuyó la sobrepoblación
global en el Estado, el exceso de encarcelados prevalece en Tijuana y Mexicali,
con 47 y 66%, respectivamente.
Por su parte, Baja California
Sur no solo decreció en sus estadísticas de reclusos, sino que hasta cerró un
penal, al desalojar durante mayo las instalaciones del Centro de Reinserción
Social de Loreto, para trasladar a sus internos a diferentes cárceles de la
entidad, según reportó la autoridad penitenciaria al Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Los privados de libertad en
junio del año anterior eran mil 761, mientras que en mayo de 2017 quedaron en
mil 469, lo que significa el descenso en 292 personas, para un promedio mensual
de desocupación de 24 individuos que no son internados, contrario a lo que
antes ocurría. También BCS dejó atrás el problema de la sobrepoblación, pues el
número de espacios es para mil 734 reos.
A NIVEL NACIONAL
El Sistema Penitenciario
Nacional reporta una importante merma de procesados y sentenciados durante el
último año en los 365 centros penales, que al mes de mayo están registrados en
la República Mexicana. De tenerse censados 236 mil 886 internos en junio de
2016, a la fecha comparada, son 210 mil 810, con un descenso de 26 mil 76
prisioneros, casi la cantidad que albergan los reclusorios de la Ciudad de
México. Son 2 mil 173 presos menos en promedio los que no pisan la cárcel cada
mes.
Por razones obvias de
situación poblacional, el ex Distrito Federal encabeza la lista de las
prisiones con más personas encerradas, con 29 mil 599; le siguen en el orden,
25 mil 810 reos en el Estado de México, 15 mil 121 en Jalisco, 12 mil 114 en
Baja California, 7 mil 950 en Chihuahua, 7 mil 823 en Sonora y 7 mil 86 en
Nuevo León.
CIERRE DE PENALES
El movimiento de apertura y
cierre de penales durante el año reciente fue intenso, ya que en junio, de la
anualidad inmediata anterior había 379 establecimientos dependientes de
autoridades municipales, estatales y federales. Se registró el cierre de 27
cárceles, la mayoría municipales, y se inauguraron o reabrieron 13, para que la
infraestructura penitenciaria conste de 365 reclusorios a la fecha.
En San Luis Potosí, en junio
de 2016, se reportó el cierre definitivo de los centros de reclusión
distritales en Santa María del Río, Guadalcázar, Cárdenas, Salinas de Hidalgo,
Ciudad del Maíz y otro. Mientras que en Durango, terminaron los días de las cárceles
municipales de Teapa, Jalapa y Jonuta. En agosto, en Guerrero, se modificó el
número espacios en 13 de sus 15 penales.
En Coahuila, en septiembre
cerró sus puertas el centro penitenciario de Acuña, por no contar con las
medidas de seguridad necesarias y espacios dignos para la reinserción social,
además de que presentaba afectaciones estructurales. Un mes después, el Estado
de México amplió la capacidad en siete penitenciarías y reabrió dos en Ciudad
Nezahualcóyotl. En Pachuca también se abrieron nuevos espacios en tres centros.
En noviembre, mientras que
Aguascalientes, Coahuila y el Estado de México reportaron ampliaciones para
albergar a más reclusos, en Tabasco hubo cierre definitivo en las cárceles de
Emiliano Zapata y Villa La Venta; y en las emblemáticas Islas Marías, dejó de
funcionar el Centro Federal Femenil de Readaptación Social “Rehilete”.
Para 2017, los movimientos
son muchos. En Sinaloa, en enero, cambiaron los nombres a sus cárceles antes
llamados CECJUDE por los de “Centro Penitenciario”. En Tabasco, cerraron las
prisiones municipales de Paraíso, Jalpa de Méndez y Balacán. En mayo, cerró el
Cereso de Loreto, BCS y el de Morelia (Francisco J. Mújica) en Michoacán.
También Durango decidió terminar con los calabozos de siete cárceles municipales
en Canatlán, Cuencamé, Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Topia, San Juan del
Río y Nazas, por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los presos fueron trasladados a otros reclusorios.(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ/ LUNES, 17 JULIO, 2017 12:00 PM)
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