Juan
Manuel Gastélum Buenrostro, presidente municipal de Tijuana, no puso su firma
ni su nombre en el contrato de arrendamiento que comprometió más de 79 millones
de pesos de las arcas municipales para rentar camiones de basura. Lo hicieron
sus empleados.
El
8 de junio de 2017, por medio de un “Comité de Información” encabezado por la
síndico procuradora Ana Marcela Guzmán, el propio alcalde, el secretario del
Ayuntamiento, Raúl Felipe Luévano y el regidor Arnulfo Guerrero, declararon
“con carácter reservado” el multimillonario contrato que firmó el Ayuntamiento
con la empresa Turbofin para el arrendamiento de camiones de basura,
justificando que se debe manejar con “secrecía y sigilo” ante una investigación
en curso, sin pronunciar cuál o de qué índole.
ZETA
ha tenido acceso y posee una copia del contrato, el cual fue entregado a tres
despachos de abogados que concluyeron de manera similar: el documento posee
irregularidades en perjuicio del Ayuntamiento de Tijuana, y es ventajoso para
la empresa de relativa reciente creación y poca experiencia.
Además,
los abogados consultados por este Semanario advirtieron en el documento actos
que pudieran configurar responsabilidades administrativas o incluso penales,
hablando del delito de desvío de recursos públicos.
El
contrato, solicitado por ciudadanos y regidores a los que se les ha negado, es
revelador. Por ejemplo, porque Turbofin, la empresa beneficiada por medio de
una adjudicación directa, no solo tiene ya prácticamente 79 millones de pesos
por parte del Gobierno, sino que podrá renovar el contrato por lo que resta del
trienio panista, embolsándose 202 millones 456 mil pesos.
O
cosa peor: Turbofin recibió 26 millones 190 mil pesos por adelantado sin
proporcionar un solo camión al Ayuntamiento, más otro pago de 5.8 millones de
pesos. Con ese dinero alcanzaba para comprar 20 vehículos idénticos a los
rentados (a razón de 1.2 millones de pesos por cada uno, con capacidad de seis
toneladas).
Pero
la administración municipal estableció 30 días después del pago y la firma del
contrato para que la empresa hiciera entrega únicamente de 10 de las 40
unidades con las que está comprometida.
Estos
movimientos -absurdos, para los abogados consultados- están respaldados en
papel por el contrato firmado por la administración de Gastélum y la empresa,
en la que se relaciona a Jaime Rogozinski, pero elaborado por el consejero
jurídico, Leonardo Martínez Delgado.
Rogozinski,
hijo de Jacques Rogozinski Schtulman, director general de Nacional Financiera,
negó en una carta dirigida a Revista Proceso ser el propietario de Turbofin y
haber participado en un proceso de contratación en Tijuana, como anteriormente
había aceptado Gastélum.
Según
su versión, “prestó sus servicios” únicamente a la empresa, la cual dejó de
laborar en marzo, cuando se firmó el contrato con el Ayuntamiento.
(SEMANARIO
ZETA/ Destacados / Isaí Lara Bermúdez/Viernes, 30 Junio, 2017 06:18 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario