Foto: Cortesía
Del caso de Jorge Agraz
Fitch, ex funcionario exhibido intentando extorsionar a un propietario de un
bar a cambio de no molestarlo, ya tiene conocimiento la Procuraduría General de
Justicia del Estado. Agraz Fitch –sobrino político del gobernador, Francisco
Vega de Lamadrid– hasta hace unos días se desempeñaba como Director de Asuntos
Internos de la Sindicatura Municipal de Tijuana que titula Ana Marcela Guzmán.
Fue el Contador Público José
Alberto Escourido, quien como “ciudadano responsable” fue a presentarse en el
Ministerio Público para “denunciar hechos por la posible comisión del delito de
extorsión” bajo el Número Único de Caso 0204-2017-19340.
El escándalo de corrupción en
el ayuntamiento se dio a raíz de audios el pasado 15 de abril donde dos
personas negocian una cantidad de dinero para no recibir ni ordenar operativos
de reglamentos a un establecimiento.
La renuncia de Agraz en la
sindicatura –no su despido– vino después de que en medios de comunicación se
publicaría el audio donde el funcionario exigía más de 56 mil pesos mensuales a
un bar para no molestarlo y dejarlo operar.
Unos días después, el propio
alcalde, Juan Manuel Gastélum admitió que reconocía la voz del audio en la del
empleado de su administración.
La síndica Ana Marcela Guzmán
únicamente se limitó a comunicar que se iniciaría una investigación respecto al
caso.
Y fue el ex funcionario a
través de su cuenta social dio a conocer que había presentado su renuncia el 17
de abril. Partido Encuentro Social pidió públicamente que la PGJE investigara
el caso, sin embargo, hasta la fecha, la sindicatura no dio vista a la
dependencia por tratarse de un posible delito.
Tuvo que ser José Alberto
Escourido, presidente de la asociación 100 por Tijuana, pero en su calidad de
ciudadano quien fue hacer de conocimiento a la Procuraduría de Justicia lo que
es de dominio público.
“Existe la causal, para
solicitarles como ciudadano, se investigue dichos actos de extorsión contra
ciudadano, ante quien resulte responsable, después de que ustedes ejecuten la
investigación”, describe el documento recibido en un módulo de la PGJE en Zona
Río.
(SEMANARIO ZETA/ Destacados /Isaí Lara
Bermúdez/ Jueves, 27 Abril, 2017 08:08 PM)
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