DENUNCIAN RED DE CORRUPCIÓN EN CONTRALORÍA

Ya investiga la Fiscalía Anticorrupción

En los documentos exhibidos ante Dossier Político por Martín Pérez Reyes, quien hasta el mes de junio se desempeñó como subdirector de Auditorías a Municipios, se detalla que los hechos de corrupción a los que alude tienen que ver con la retención del 17%, aproximadamente, del sueldo mensual que percibe cada uno de los empleados contratados por honorarios en esa institución, tanto los de recién ingreso como los que ya laboraban el sexenio pasado.

A un año de iniciar el actual sexenio, la Secretaría de la Contraloría General, principal órgano fiscalizador de todas las dependencias que integran el gobierno del estado, y que dirige Miguel Ángel Murillo Aispuro, se encuentra “bajo la lupa” por graves acusaciones que en contra de algunos directores de esa institución, se han entablado en la Agencia del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción.

Contra toda lógica y a pesar del carácter de las funciones de esa Secretaría tan perfectamente delimitadas, dicha dependencia enfrenta hoy serias imputaciones por parte de un ex empleado que ha puesto con valor “el dedo en la llaga”.

Se trata de Martín Pérez Reyes, quien hasta el mes de junio se desempeñó como subdirector de Auditorías a Municipios, dependiente de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública de esa institución.

De acuerdo a la averiguación previa FEIHC-II-87-2016, a la que se le da seguimiento en la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, Pérez Reyes afirma que al interior de la Contraloría estatal opera una red de corrupción.

La denuncia fue interpuesta cuando el acusador aún laboraba en la Contraloría, de lo cual hay constancias que obran en poder de esta Redacción.

De acuerdo a la documentación proporcionada por el ex funcionario, en ella se asegura que esta presunta red estaría integrada por Jesús Román Gutiérrez Sánchez, director general de Evaluación y Control de Obra Pública; Manuel Hernán Vladimir Chávez, director de Auditoría; Víctor Efraín Figueroa Miranda, director de Verificación; Iván Estrada Asedo, Director de Evaluación y Control y Jesús Félix Ibarra, director de Área.

Como testigo clave de la operación de dicha red, Pérez Reyes también señala a una empleada de nombre Carolina León Ramos. 

En los documentos exhibidos ante Dossier Político, Pérez detalla que los hechos de corrupción a los que alude tienen que ver con la retención del 17%, aproximadamente, del sueldo mensual que percibe cada uno de los empleados contratados por honorarios en esa institución, tanto los de recién ingreso como los que ya laboraban el sexenio pasado.

Y explica que los operadores citados obligan a los empleados que no tienen base o plaza, a aportar ese porcentaje por tratarse de un “impuesto” que se les debe cobrar y que ya existía en el gobierno de Padres. Sin embargo, no les entregan ningún tipo de comprobante, mucho menos lo reflejan en la contabilidad gubernamental.

Lo curioso, agrega, es que a cada empleado se le argumenta que se le paga más de lo que por ley le corresponde y por eso debe devolver alrededor de 3 mil pesos mensuales, aproximadamente, aunque hay otros que tienen de entregar una cantidad mayor, en proporción al sueldo devengado.

(DOSSIER POLITICO/ CLAUDIO TIZNADO / 2016-10-13)