Fotos: Tomadas de Internet
El secuestro de Jesús Alfredo Guzmán, hijo de
“El Chapo” Guzmán, en Puerto Vallarta sería una venganza. Autoridades
jaliscienses señalan al Cártel Jalisco Nueva Generación como autores del
levantón. Una fuente consultada por ZETA afirma que existe una alianza entre el
CJNG y los Beltrán Leyva. SEIDO atrae las investigaciones por la privación de
libertad en el restaurante La Leche. “Alfredillo” cuenta con cargos en una
Corte Federal de Illinois por tráfico de drogas
Fuentes de inteligencia estiman que detrás del
levantón de Jesús Alfredo Guzmán Salazar “Alfredito”, hijo del narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán, y otras cinco personas en Puerto Vallarta la
madrugada del 15 de agosto, se encuentra una perversa alianza entre el Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los hermanos Beltrán Leyva, con miras a
convertirse en la organización criminal más poderosa de México.
La coalición de los Beltrán
Leyva con Los Zetas en Sonora, los Guerreros Unidos en Guerrero y otras
facciones criminales en diversos territorios; y los pactos del CJNG con el
Cártel Arellano Félix e infiltración en sectores del Cártel de Sinaloa en Baja
California, son clara muestra de su expansión territorial en el trasiego y
mercado de las drogas.
Los Beltrán Leyva que
disputan el control del narcotráfico en Sonora, Sinaloa y Nayarit, estarían
ampliando sus conexiones a Jalisco y Baja California, además de Chihuahua.
Por su parte los jaliscienses
entrarían al negocio en algunos de los estados del Noroeste donde no han tenido
influencia. La fuente consultada por ZETA sustenta su hipótesis en un personaje
que sería el nexo entre ambas agrupaciones delictivas:
Rafael Caro Quintero, quien
durante su estancia en el penal estatal de Puente Grande –a partir de 2010– vio
surgir al Cártel Jalisco Nueva Generación que controló los centros
penitenciarios, con quienes el sinaloense llevó una excelente relación y con
discreción ejerció un liderazgo pacífico.
Con Caro Quintero liderando
el proyecto de crear un “mega cártel” se estaría alineando también a los
correligionarios de los Carrillo Fuentes (sobrinos de su ex socio Ernesto
Fonseca Carrillo “Don Neto”) en Chihuahua y a algunos grupos de Los Zetas fuera
de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, buscando una conformación geográfica
controlada del narcotráfico como la que existía hace más de tres décadas: Los
del Pacífico y los del Golfo, antagónicos.
La persecución a los más
cercanos colaboradores y familiares del encarcelado capo Joaquín Archivaldo
Guzmán Loera, además de representar una venganza personal de los Beltrán Leyva,
significaría para Rafael Caro reconciliar a la parte del Cártel de Sinaloa que
no es atacada por este bloque, la que representa Ismael “El Mayo” Zambada en el
“Triángulo Dorado”.
Las células criminales de
otros cárteles como los Caballeros Templarios y sus derivados en Michoacán, Los
Rojos en Guerrero y otras más en las regiones de La Laguna y el Sureste del
país tendrían que alinearse también o de lo contrario la “guerra” será cruenta
en esas entidades, dijo el informante de extracción militar, quien colaboró
para el gobierno federal en pasadas administraciones.
PUERTO VALLARTA
La madrugada del lunes 15 de
agosto, a las 00:10 horas, un comando armado irrumpió en el restaurante La
Leche de Puerto Vallarta, donde un grupo de hombres y mujeres, encabezados por
Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán realizaba una
celebración.
Los sujetos armados con
rifles de asalto se llevaron al joven y cinco varones más. Inicialmente hubo
una gran confusión, pues en el establecimiento gastronómico ubicado sobre la
avenida principal del destino turístico, al que la policía tardó más de 40
minutos en llegar, se había preparado una mesa en la que había 16 personas y se
presumía que a todas las habían privado de la libertad.
Para justificar su demora,
las autoridades locales argumentaron que el reporte de auxilio fue realizado
mucho tiempo después del suceso, además que habían recibido otras dos llamadas
que informaban de un atraco por un grupo numeroso de individuos al Hotel Fiesta
Americana y una riña colectiva en diverso punto, lo que les hizo desviar
recursos humanos y materiales para atender las que resultaron ser falsas
emergencias.
A las afueras del
restaurante, la Policía localizó estacionados cinco automotores de lujo, todos
en color blanco, uno de ellos blindado, que pertenecían tanto a los
“secuestrados” como a los que no fueron levantados, pero abandonaron el lugar.
Los victimarios, dijeron
empleados de La Leche, arribaron al sitio a bordo de varios vehículos y a bordo
de dos camionetas –de color blanco– subieron por la fuerza a quien después se
sabría es hijo del “Chapo” Guzmán y sus amigos, quienes no opusieron ninguna
resistencia ni poseían armas de fuego.
Esa misma mañana, el fiscal
general de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, confirmaría los hechos,
teniéndose el dato de que se trataba de 16 personas privadas de la libertad,
por lo que se trasladó hasta Puerto Vallarta con un equipo de investigación
para la ocasión.
El gobernador Aristóteles
Sandoval Díaz anunció que ya realizaban la búsqueda de las víctimas “por tierra
y aire”.
INVESTIGACION
Ese mismo lunes 15 inició una
deficiente investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, con
versiones oficiales variadas y con filtraciones de información a través de
redes sociales y medios de comunicación.
Una de las principales líneas
señalaba que entre los plagiados había un hombre de apellido Coronel, otro
sujeto que había sido escolta del ex gobernador de Jalisco, Emilio González
Márquez y un empresario nayarita.
Por la tarde, en rueda de prensa,
el fiscal Almaguer reculó en la información y dijo que se trataba de entre 10 y
12 personas las que fueron privadas de la libertad, que procedían de los
estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.
Reiteró el dato del ex
escolta y adelantó que se corroboraría si una de las víctimas tenía parentesco
o no con el narcotraficante Ignacio Coronel.
La mayoría de los comensales
del restaurante se hallaban vacacionando en el puerto desde el 8 de agosto,
estuvieron hospedados en el Hotel Marriot, entre ellos varias mujeres, quienes
fueron testigos del múltiple levantón y luego de recuperarse del shock nervioso
pudieron retirarse sin ser molestadas por autoridad alguna.
Después, cuando el Ministerio
Público quiso localizarlas ya no lo consiguió. Para la noche de la misma fecha,
el vocero del Gobierno de Jalisco, Gonzalo Sánchez, informó a través de su
cuenta de Twitter que finalmente fueron “entre seis y siete” los hombres
llevados por los sicarios y aseguró que de las investigaciones se desprendía
que los hechos ocurrieron por las disputas entre grupos de la delincuencia
organizada.
El cerebro de los equipos de videograbación
del restaurante fue asegurados por la Fiscalía y trasladado vía aérea a la
ciudad de Guadalajara por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses para extraer las imágenes de víctimas y victimarios e identificarlos.
En la madrugada del martes
16, el fiscal en entrevistas radiofónicas dejó la cifra de “secuestrados” en
seis personas y reveló que uno de ellos era hijo del narcotraficante Joaquín
Guzmán.
Unos medios de comunicación
señalaron que se trataba de Iván Archivaldo, y otros, que era Jesús Alfredo, de
apellidos Guzmán Salazar.
Ante las adivinanzas del
fiscal, otros periodistas señalaron que habían plagiado a ambos.
Esa tarde, Almaguer Ramírez,
en rueda de prensa confirmó la identidad de Jesús Alfredo como uno de los
privados de la libertad, junto a Juan Daniel Calva Tapia, de 53 años, Josías
Nahualli Rabago Borbolla, de aproximadamente 35, y Víctor Galván Ureña, de 46,
de los que se sabe fueron llevados hacia el sur de la Costa de Jalisco en los
vehículos de sus captores.
Para entonces se había desahogado 30
diligencias de investigación, 25 dictámenes periciales, 15 entrevistas a
testigos, la inspección a los cinco vehículos asegurados y del lugar de los
hechos, así como la revisión de videos. No había detenidos, ni
localización de víctimas.
FILTRACIONES
La madrugada del miércoles 17
de agosto, el Blog del Narco publicó fotografías obtenidas del video del
restaurante La Leche. Se habían editado fotos de cada uno de los seis
desaparecidos y otras tantas de los rostros de los plagiarios.
Otras gráficas mostraban los
momentos en que los comensales estaban arrodillados frente a sicarios con
rifles de asalto.
Antes de la aparición de las
fotos, la versión de que un hijo del “Chapo” estaba entre los privados de
libertad fue una filtración que tuvo que ser confirmada por el fiscal Almaguer,
quien en su afán protagónico siguió concediendo entrevistas a estaciones de
radio para declarar que no sabía cómo se habían filtrado las fotos, si solo él,
su gente cercana y los peritos, tuvieron el equipo de videograbación en su
poder.

En redes sociales se publicó
que la foto salió de uno de los equipos de telefonía móvil asegurados en la
escena del levantón.
La otra, un fragmento de 38
segundos del video del momento del ingreso y egreso del comando se difundió
masivamente.
La Fiscalía General y la
Secretaría General de Gobierno de Jalisco informaron que se investigaría quién
o quiénes están vinculados con la fuga de información y que se llegará a las
últimas consecuencias, con sanciones a los que resulten responsables.
El jueves 18 de agosto, la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) atrajo formalmente las pesquisas del suceso.
La noticia fue confirmada por
el delegado en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), Ramón
Ernesto Badillo Aguilar.
La Fiscalía estatal se
convirtió solo en coadyuvante de la manoseada indagatoria al entregar la
carpeta de investigación del caso.
Del posible levantón de Iván
Archivaldo Guzmán “El Chapito”, Eduardo Almaguer declaró que “hasta el momento
no hay ningún elemento, indicio, revisión de secuencia fotográfica y de videos,
ni de todas las entrevistas a los testigos, que se han llevado a cabo, que
digan que hay la presunción de que se encontrara esta otra persona entre las
que fueron privadas de su libertad”.
Dijo que se trabajaba en
identificar a las dos personas de las que aún no se tenía su identidad.
JESÚS ALFREDO
Jesús Alfredo
Guzmán Salazar es el cuarto de cuatro hermanos, hijos de la señora Alejandrina
María Salazar Hernández, una mujer de 57 años, originaria de Culiacán, que en
agosto de 1977 contrajo matrimonio civil en el poblado de Jesús María, Sinaloa,
con el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Alejandrina, que
declaró en febrero de 2005 ante la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) “nunca me he fijado en el acta
de matrimonio bajo qué régimen de bienes estoy casada”, le puso el nombre de
Jesús Alfredo a su hijo en honor a uno de sus 11 hermanos fallecido algunos
años atrás.
“Alfredillo” es el menor de los Guzmán
Salazar, nació el 17 de mayo de 1986, lo que indica que tiene 30 años de edad;
sus hermanos son: Iván Archivaldo, de 36 años; Gisell Alejandrina, de
aproximadamente 37, quien estudió medicina; y César, el de mayor edad, 39, a
quien le gustó la carrera de administración de empresas.
La primera vez que figuraron
en una averiguación previa los “Chapitos” fue en mayo y junio de 1993, tras las
investigaciones del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Alfredo tenía apenas 7 años.
Habían pasado su infancia mudándose de casa. Vivieron en las colonias
Residencial Victoria, Chapalita, Ciudad del Sol, Conjunto Patria y Providencia,
entre otras.
Jesus Alfredo Guzmán Salazar,
el hijo del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias
“El Chapo”, que fue secuestrado esta semana por un presunto comando del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un restaurante denominado La Leche, ubicado
en Puerto Vallarta, Jalisco
Los policías judiciales que
fueron contratados como “niñeros” y choferes de los Guzmán Salazar confesaron
su rutina. Iban por los tres niños más pequeños todos los días a una residencia
de la calle Quebec en el fraccionamiento Providencia, para llevarlos a sus
respectivas escuelas –primaria y secundaria– de la Universidad Autónoma de
Guadalajara.
Su padre fue detenido en Guatemala el 7 de
junio. Tras la fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande el 19 de enero
de 2001, las investigaciones los llevaron de nuevo a las actuaciones.
Se interrogó a su parentela y les aseguraron
documentos, las mismas casas aseguradas en 1993 y algunas cuentas bancarias.
A César se le señaló como
coadyuvante en la fuga de su progenitor, pero sin cometer ningún delito.
Tras la detención de Iván
Archivaldo “El Chapito” en enero de 2005 se investigó a todos los hermanos.
Jesús Alfredo tenía 19 años y
junto con su madre, fraternos y tías promovió un juicio de amparo ante el
Juzgado tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, porque
las autoridades federales presuntamente pretendían detenerle.
El Juzgado Octavo de Distrito
de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, y en apelación, el Tercer
Tribunal Unitario del Primer Circuito, negaron las órdenes de aprehensión
solicitadas por la Procuraduría General de la República contra 14 de los
familiares del “Chapo” por su presunta responsabilidad en la comisión de
diversos delitos, incluido lavado de dinero.
Sin embargo, en los Estados
Unidos de América, en agosto de 2009, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, junto con
su padre Joaquín Guzmán Loera, fue acusado de múltiples cargos de tráfico de
drogas en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois.
A su madre, María Alejandrina
Salazar Hernández, la señalaron de proporcionar apoyo material a las
actividades de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa.
Por ello el Departamento del
Tesoro los incluyó en la lista negra de cabecillas del narcotráfico el 6 de
julio de 2012. En fecha diversa también se enlistó a Iván Archivaldo y otros
hijos de “El Chapo”.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/
INVESTIGACIONES ZETA/LUNES, 22 AGOSTO, 2016 12:00 PM)
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