HERMOSILLO, Son. (apro).- La
transparencia no se le da a la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano:
En los primeros nueve meses de su gestión se han emitido seis acuerdos de
reserva, de los que se desprenden 374 “actas de clasificación” relacionadas con
mil 426 expedientes, incluidas quejas y denuncias ciudadanas promovidas contra
el exgobernador, el panista Guillermo Padrés y sus colaboradores.
Los argumentos esgrimidos por
la autoridad para encriptar la información van desde que se trata de
“investigaciones administrativas” hasta que se encuentran relacionadas con
“”registros contables” o “estrategias y medidas a tomar” por parte de
servidores públicos.
La solicitud de acceso a la
información pública 00501916 establece que del 13 de septiembre de 2015 al 29
de junio último las 13 secretarías del gobierno estatal, que engloban a 55
dependencias, dejaron información fuera del alcance de los ciudadanos porque
forman parte de “investigaciones administrativas”, contienen “registros
contables” o, bien, se trata de “estrategias y medidas a tomar” por parte de
servidores públicos e “inversiones en obra pública”.
En 2015, el gobierno de
Pavlovich le puso candados a mil 343 expedientes y en lo que va de 2016 ya
suman 83 los expedientes sellados.
CASO PADRÉS: SELLADO
La Contraloría General del
Estado, la responsable de transparentar la información gubernamental, emitió el
primer acuerdo de reserva el 17 de septiembre de 2015, solo cuatro días después
de que rindiera protesta el exdirigente estatal priista, Miguel Ángel Murillo.
Con este acuerdo, el
contralor estatal alejó la posibilidad pública de que los sonorenses conocieran
las mil 111 quejas y denuncias ciudadanas interpuestas contra el exgobernador
Padrés y sus funcionarios.
“Se restringió el acceso a la
información contenida en los expedientes relativos a estas quejas y denuncias
hasta en tanto no se haya dictado una resolución administrativa definitiva”,
argumentó el contralor Murillo en un escrito.
Y añadió: “Este acuerdo de
reserva se encuentra en proceso de desclasificación, en virtud del principio de
máxima publicidad contenido en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora”.
Los mil 426 expedientes
blindados fueron puestos bajo reserva de manera paulatina los días 18 y 30 de
septiembre; el 3, 19, 20 y 27 de noviembre; y el 21 de diciembre.
Este año han sido dos únicas
fechas: el 22 de enero y el 29 de febrero.
SEÑAL DE ALERTA
La recién nombrada directora
de Sonora Ciudadana AC, Leticia Cuesta, considera que este desproporcional
número de acuerdos de reserva envían una “señal de alerta” a los habitantes de
esta entidad.
“En los sonorenses nace la
interrogante de saber qué información está oculta en esos expedientes; debe
prevalecer el principio de máxima publicidad”, dijo la dirigente de la
asociación civil vigilante de la transparencia gubernamental sonorense.
El 2 de noviembre de 2014,
Apro reveló que el exgobernador Guillermo Padrés había emitido nueve acuerdos
de reserva, con información que podría ser consultada hasta el 2024.
A nivel nacional, el 9 de
marzo anterior, esta agencia informó que el gobernador panista de Puebla,
Rafael Moreno Valle, clasificó 98 expedientes -solo el 10% de los reservados
por Pavlovich- y la noticia causó un descontento en el país.
El gobierno de Pavlovich
reservó hasta el año 2026 la versión pública de los reportes policiacos y
atención que brindaron los cuerpos de emergencia estatal la tarde del 5 de
junio de 2009, cuando se registró el incendio de la guardería ABC, donde 49
niños perdieron la vida y 106 resultaron con lesiones incurables.
El politólogo peruano,
Eduardo Bueno León, destacado investigador del “clan Fujimori”, señala que la
información clasificada es “un obstáculo” en la lucha contra la corrupción.
“Impide el acceso a
información oficial, lo cual no debería ser porque viola la Constitución; y
bloquea el trabajo de fiscales, de los medios de comunicación y los derechos de
la sociedad civil”, asegura.
De visita en Sonora, para
participar en el primer el encuentro internacional Anticorrupción, el también
académico de la Universidad Iberoamericana acusó que esta obstrucción de la
información “privilegia intereses superiores” y “afecta grandemente a la democracia”.
El expresidente y fundador
del Instituto Transparencia Informativa del Estado de Sonora (Ities), Francisco
Cuevas Sáenz, puntualiza, a su vez, que “el excesivo uso del poder no está en
el número de acuerdos de reserva sino en los motivos que generaron la
información clasificada”.
El funcionario aclara que
algunos de los archivos reservados incluidos en este reporte del gobierno
estatal ya fueron liberados por no contar con sólidos fundamentos y se
comprometió a cotejar esta información entregada con la que cuenta en su poder.
La mandataria priista Cluadia
Pavlovich justificó el hecho de que los expedientes gubernamentales hayan sido
“clasificados”, con el argumento de que así lo establece la Ley.
“Se deben seguir los
procedimientos correspondientes y siempre de acuerdo a la legalidad; y si
tienen un algún algo a lo que se deba de recurrir, pues puede recurrir, por
supuesto (sic) todo de acuerdo a la Ley como se debe”, dijo al reportero antes
de cortar de tajo la entrevista realizada luego de un evento oficial.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ MILTON MARTÍNEZ , 1 JULIO, 2016)
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