Mientras en el estado de Guerrero ya fue
presentada en la Legislatura local una iniciativa de ley al respecto, en
dependencias del gobierno federal circula un meticuloso estudio cuyo título
determina su trascendencia: “Propuesta para la legalización del cultivo de la
amapola.- Fines científicos y médicos”, cuya copia obtuvo Proceso. Basado en
estadísticas duras y en análisis de organismos nacionales e internacionales, el
documento establece objetivos muy concretos: abatir las ganancias de los grupos
criminales, ayudar a los campesinos pobres de las zonas de cultivo y,
finalmente, proporcionarle alivio a los enfermos que necesitan medicamentos
derivados del opio, de palpable escasez y carestía en México. La propuesta es
provocadora y seguramente desatará debate interno y rechazo de algunos países
extranjeros, pero el plan ya está gestándose…
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Entre las autoridades federales circula desde el año pasado un documento que
propone legalizar el cultivo de la amapola con fines médicos y científicos.
Contiene un proyecto cuya finalidad es atender al creciente número de enfermos
que padecen dolores intensos y no tienen acceso a los medicamentos derivados
del opio, ayudar a las poblaciones pobres donde se cultiva ilegalmente la
planta e impactar en las finanzas del crimen organizado, el cual gana
anualmente más de mil millones de dólares por el trasiego ilegal de heroína y
opio a Estados Unidos.
El documento –titulado
oficialmente Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos
y médicos, y fechado en noviembre de 2015– evalúa la posibilidad de reformar el
marco legislativo e institucional en materia de protección a la salud para
permitir la producción de amapola en México y destinarla al procesamiento y
distribución de medicamentos para aliviar padecimientos crónicos.
La idea es legalizar su
cultivo y aprovechar los plantíos ya existentes, concentrados en al menos cinco
entidades –Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y sobre todo Guerrero— de las
13 donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha erradicado en los
últimos dos años 15 mil 633 hectáreas de esa planta.
La propuesta –elaborada por
un grupo especializado de asesores gubernamentales– se apoya en que ya existen
marcos normativos internacionales que lo permiten y señala los ejemplos de
Turquía e India, donde la legalización de la amapola se realizó con éxito en
1933 y 1947, respectivamente.
Pero se advierte la
posibilidad de que esta propuesta provoque malestar en algunos países.
De hecho se cree que podría
haber presión internacional contra esta iniciativa de ley, principalmente de
parte de Estados Unidos, el mercado más grande de opioides (derivados de los
opiáceos) ilícitos producidos en México.
Fragmento del reportaje que se publica
en la edición 2056, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JOSÉ GIL
OLMOS / 26 MARZO, 2016)
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