En su informe “Situación
sobre Derechos Humanos en México”, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) afirmó que en el país, la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa a manos de la policía en septiembre de 2014, es “un ejemplo
emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del
crimen organizado”.
La CIDH, que no emitía un
informe sobre México desde 1998, subrayó que el caso de Iguala es muestra de la
“graves deficiencias” de las investigaciones en este tipo de casos, como la
“impunidad estructural y casi absoluta” en los graves crímenes que ocurren en
el país.
Además, la Comisión consideró
insuficiente la respuesta del Estado mexicano a las graves violaciones a los
derechos humanos que ocurren en el país y exhortó a las autoridades a erradicar
la impunidad generalizada.
El informe incluye, además,
un amplio diagnóstico de las fuentes de violencia, sus manifestaciones y un
análisis detallado y documentado de la situación de derechos humanos en México.
El informe, elaborado después
de que siete integrantes de la CIDH visitaran México el pasado octubre, destaca
las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la
inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de
derechos humanos como las principales violaciones.
El informe también se enfoca
sobre el uso de violencia por agentes del Estado, incluyendo los casos de
Tlatlaya, Estado de México, en 2014, el de Apatzingán y el enfrentamiento en
límites entre Tanhuato y Ecuandurco en Michoacán en 2015, y resalta la
necesidad de medidas para la rendición de cuentas por autoridades.
“La práctica de la tortura es
alarmante en México”, y también es “generalizada”, declara el informe. Citando
cifras oficiales, el reporte ubicó en 26 mil 798 la cantidad de personas
desaparecidas en todo el país.
También apuntó que la
Procuraduría General de la República (PGR) investigaba 2 mil 420 denuncias de
tortura en abril de 2015, sin embargo, sólo hubo 15 sentencias condenatorias
por ese delito a nivel federal.
En otro apartado cita al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas sobre la cifra de 151 mil 233 homicidios
desde 2006 hasta agosto de 2015.
La CIDH señaló que la
situación en México se agravó desde que el entonces presidente Felipe Calderón
Hinojosa lanzó una campaña contra el crimen organizado en 2006, y además, negó
que haya habido mejora alguna en los niveles de violencia tras la llegada al
poder del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.
En un resumen de las
violaciones de derechos humanos y la impunidad, el informe subraya que bajo el
actual régimen no se ofrecieron “cambios sustanciales” en políticas de seguridad
mientras que continúan desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y
la inseguridad ciudadana, así como la de mujeres, migrantes, defensores de
derechos humanos y periodistas.
“La CIDH constató una
profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad
cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la
justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y
otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de
justicia es una ‘simulación'”, se lee en el informe que debería ser anual.
Sin embargo, en el extenso
informe sí valoró como “importantes” la reforma constitucional y varias
legislaciones que han entrado en vigencia desde 2011 para la investigación de
casos de tortura y desaparición forzada.
Al mismo tiempo, la CIDH
manifiesta su “agrado” por la “apertura” del Estado mexicano al escrutinio
internacional y la labor del GIEI en torno a los hechos en Iguala.
A pesar de ello, el órgano
adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó graves
irregularidades en las investigaciones que se llevan adelante por
desapariciones, por lo que recomendó un paquete de medidas para alcanzar esa
meta, entre otras, adoptar una ley general sobre desaparición, otra sobre
tortura, así como mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
“En la actualidad, el reto
del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su
apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan un
gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva.
Por lo tanto, el gran desafío
del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una
efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables
de violaciones de derechos humanos”, concluye el informe de la CIDH sobre los
DH en México.
(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Miércoles, 2
marzo, 2016 09:05 AM)
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