CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
La llave que cuelga de una cadena oxidada abre la cerradura y deja salir el
hedor a orines mezclado con humedad. El ropero tiene una sola puerta, los
muebles son viejos y están llenos de polvo, las paredes están descarapeladas y
la cama presume sábanas rotas y con manchas de sangre y semen.
Ésta es una de las
habitaciones del hotel Cozumel, donde la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF) aloja a víctimas del delito y a sus familiares como
parte del apoyo que, por ley y dentro de su protocolo de atención, está
obligada a brindarles mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente.
Ubicado a tres cuadras de la
procuraduría capitalina –en Doctor Barragán 79 esquina con Doctor Navarro–, es
un establecimiento donde lo mismo llegan parejas por un par de horas de pasión
y turistas con bajo presupuesto, que víctimas de trata y agresión sexual, o
parientes de quienes fueron brutalmente asesinados.
A uno de esos cuartos fue
enviada a principios de agosto de 2015 Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera, una
de las cinco víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte. De
aproximadamente 60 años, la mujer viajó desde Comitán, Chiapas, a la Ciudad de
México para reconocer el cuerpo torturado de su hija. La Subprocuraduría de
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJDF le dio
alojamiento en ese hotel mientras se desarrollaban las primeras diligencias.
Acompañada de Amalia Cruz,
abogada de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), llegó incrédula a la recepción
del lugar. Con temor, ambas subieron a la habitación asignada y en el camino
hallaron a una joven ebria que salía con un hombre de otro cuarto. Cuando
entraron al suyo, Mirtha exclamó: “¡Aquí nos van a matar a nosotros también!”.
Salieron de inmediato.
El pasado 9 de noviembre, en
la presentación de la Plataforma de Seguimiento del Caso Narvarte, la mujer
recordó el momento:
“(La PGJDF) aloja a los
familiares de las víctimas en el hotel Cozumel de la colonia Doctores, en un
ambiente de pánico e inseguridad a propósito para amedrentarlos y hacer que
cejen en su empeño de exigir el derecho a una investigación.”
Según la Ley de Atención y
Apoyo a las Víctimas del Delito para el DF y el reglamento de la Ley para la
Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de
Trata de Personas en el DF, el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del
Delito Violento (Adevi) de la procuraduría capitalina debe ofrecer hospedaje y
transporte al lugar de origen a las víctimas directas o indirectas ofendidas, o
testigos de feminicidio, como fue el caso de Nadia y las otras tres mujeres
asesinadas en la Narvarte.
El tipo de ayuda lo decide el
Consejo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, presidido por el
titular de la PGJDF –en este caso, Rodolfo Ríos– e integrado por los titulares
de la Comisión de Derechos Humanos local, las secretarías de Seguridad Pública
y Salud y la Subprocuraduría de Atención a la Víctimas del Delito. Su propósito
es “fortalecer y promover” las acciones a favor de los ofendidos.
Sin embargo, obtener el apoyo
implica un proceso tardado y burocrático que comienza con hallar las oficinas,
pues el domicilio impreso en folletos y en la página en internet del Adevi es
erróneo: dice Mérida 255, colonia Roma Sur, pero el edificio está en el número
225.
Enseguida, la víctima o sus
parientes son interrogados en el área de Trabajo Social, donde les hacen un
estudio socioeconómico y el caso se envía al consejo para su análisis. No
obstante, según Amalia Cruz, la PGJDF decide directamente a quién dar el
beneficio, “sobre todo cuando se trata de asuntos mediáticos” como el caso
Narvarte.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ SARA PANTOJA / 4 FEBRERO,
2016)
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