Orlando Santaolaya Villarreal, alias “El
Chuletas” y Ramiro Ramírez Martínez, alias “El Rambo” forman parte de un grupo
de cuatro hombres detenidos por secuestro en 2009 en Playas de Rosarito.
Este año, la Organización de
Naciones Unidas (ONU) exigió su libertad por considerarlos víctimas de tortura
Sin embargo, tras su reciente
liberación de un penal federal de Nayarit, fueron reaprehendidos por la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acusados del homicidio del
agente ministerial Marco Antonio Vicencio Rojas, ocurrido en 2008.
Los delitos, informó la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), consisten en homicidio
calificado producido por disparos de arma de fuego y delincuencia organizada.
Orlando Santaolaya "El
Chuletas" y Ramiro Ramírez Martínez "El Rambo"
“El Chuletas” y “El Rambo”
fueron identificados por diversas corporaciones de seguridad pública como
pertenecientes a la banda del ex policía municipal Ángel Jácome Gamboa, alias
“El Kaibil”, quien a su vez trabajaba para Teodoro García Simental “El Teo”.
El policía ministerial
Vicencio Rojas fue atacado a balazos y asesinado en su vehículo Chevrolet
Cavalier, color rojo, cuando transitaba por la carretera Ensenada-Tijuana, a la
altura del kilómetro 34 en el municipio de Playas de Rosarito.
Orlando Santolaya Villarreal
y Ramiro Ramírez Martínez fueron detenidos el 16 de junio de 2009 en Rosarito
por elementos militares. En su momento, se les consignó por el delito de
secuestro de un hombre de 65 años.
También, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) informó que al momento de la aprehensión, se les
encontraron mil 662 cartuchos, 20 armas, 278 cargadores, dinero en efectivo,
vehículos y equipo táctico.
En junio de 2009, fueron presentados como parte de una
célula de "El Teo"
Sin embargo, organizaciones
civiles de Derechos Humanos alegaron que los dos hombres, junto a Rodrigo
Ramírez Martínez “El Gordo” y Ramiro López Vázquez, fueron detenidos de manera
ilegal y después, torturados en instalaciones militares de Tijuana.
La queja llegó hasta la ONU,
la cual emitió su primera recomendación por tortura a México por este caso y
exigió la inmediata liberación de los cuatro hombres.
Orlando Santolaya Villarreal
y Ramiro Ramírez Martínez se encontraban en Nayarit cuando fueron ubicados por
las autoridades ministeriales de aquel estado y de Baja California.
Desde el 1 de diciembre de
2015, fueron trasladados a Baja California para que enfrenten el proceso penal
derivado del homicidio del agente ministerial.
Además de “otras
averiguaciones previas por delitos similares, las cuales se encuentran en
integración”, informó la PGJE.
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