Después de un intrincado proceso para
crear la Unidad de Atención a Grupos Indígenas en Ensenada, finalmente fue
inaugurada, con un mínimo presupuesto y oficinas que requieren adecuaciones. El
destino de la Unidad que atenderá las necesidades de pueblos nativos y foráneos
depende de la negociación política para subsistir y servir
Su inauguración fue
considerada histórica, pero el proceso fue escabroso, a consideración del
regidor Salvador Espinoza Ascencio, representante del partido Movimiento
Ciudadano en el Cabildo de Ensenada y principal impulsor de la Unidad de
Atención a Grupos Indígenas en Palacio Municipal.
En el corte del listón, el pasado 16 de octubre, observadores
especialistas en el tema indigenista resumieron la importancia que el gobierno
municipal dará a la naciente dependencia desde el hecho que el alcalde Gilberto
Hirata Chico no se hizo presente en el acto, “y en cambio, mandó a un funcionario
de segundo nivel como el recaudador de rentas”.
La oficina “atenderá todas
las necesidades de los pueblos nativos y foráneos que radican en el municipio”,
anunció el Ayuntamiento, aunque sin mucho presupuesto, ni plan de trabajo
establecido, pero finalmente en funcionamiento después de casi dos años de
cabildeo.
Punto de acuerdo presentado
al inicio de la actual administración por el regidor Espinoza Ascencio en su
calidad de coordinador de la Comisión de Asuntos Indígenas, el de la Unidad del
mismo nombre encontró desde el primer momento el rechazo de la mitad de los
ediles, al considerar flojo el argumento de crear una oficina de atención
especializada a esos grupos. Primero, porque ya está implícita en las funciones
generales que estipula el Reglamento de la Administración Municipal; segundo,
porque los servicios del gobierno los requieren los ensenadenses en general y
por igual, y en última instancia, porque las finanzas del Ayuntamiento no están
para más gastos.
El 24 de octubre de 2013, en
sesión ordinaria de Cabildo, fue aprobada la reforma al Artículo 88 del
Reglamento de la Administración Pública para el Municipio, desde la cual se
crea la Unidad de Atención a Grupos Indígenas, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social Municipal (DESOM). Pero en el documento no se definieron las
atribuciones que tendría dicha instancia. Tras varias sesiones en el lapso, el
5 de febrero de 2014 se aprobó reforma al mismo reglamento para suprimir la
Coordinación de Gabinete, así como la desaparición de varias dependencias,
entre ellas la Secretaría de Turismo, donde para el ejercicio 2014 tenían
presupuestados 2 millones 13 mil pesos, por lo que se acordó que al menos el 35
por ciento de esa partida se destinara ahora a DESOM, para que ésta, a su vez
canalice a la Unidad de Atención a los Grupos Indígenas.
Luego se acordó el punto de
acuerdo para adicionar el Artículo 88 Bis, donde se establecieron las funciones
y facultades de Unidad de Atención de Asuntos Indígenas, tales como manejar
programas sociales, difundir las acciones que favorezcan a esas comunidades,
promover cursos de capacitación y sensibilización, entre otras.
El 5 de agosto de 2015 se
solicita en junta de Cabildo la ampliación presupuestal del Ramo 13 Oficialía
Mayor por la cantidad de 200 mil pesos y la creación de partidas para reparar
los inmuebles que albergarán la Unidad de Atención a Asuntos Indígenas y
oficina de pasaportes. El cabildeo se
extiende varias sesiones y el 31 de agosto se aprueba el dictamen 91/2015,
donde se autoriza una ampliación presupuestal por 67 mil 425 pesos, quedando
pendiente de autorización la cantidad de 132 mil 575 pesos para la adecuación
de ambas oficinas.
Finalmente, el 30 de
septiembre de 2015, se aprueba el dictamen 107/2015 para la ampliación
presupuestal por 129 mil 370 pesos para la “adecuación de oficina de asuntos
indígenas y oficina de pasaportes”. A la primera le corresponden 27 mil 420
pesos, a la segunda 101 mil 950 pesos, para materiales, mano de obra y
mantenimiento de las oficinas. El acuerdo se aprobó con 12 votos a favor y
cuatro abstenciones, entre ellas la del síndico social Félix Ojeda Ortega.
LACERANTES
Reivindicar los derechos de
los indígenas y la creación de la Unidad, es un compromiso y proyecto en
conjunto con el presidente municipal desde el inicio de la administración,
“pero ha sido muy escabroso, por decir lo menos; desgraciadamente muchos de los
compañeros regidores, especialmente compañeras regidoras, se han opuesto a este
proyecto”, expone el coordinador de la Comisión de Asuntos Indígenas de
Cabildo, Salvador Espinoza Ascencio.
Se refiere a las ediles del
Ana Daniela García Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; María de
los Ángeles Zepeda, de Acción Nacional; y Ana Gabriela Bórquez Gómez, del
Partido Nueva Alianza.
Fuera de ellos, sí hay
voluntad de atender a las comunidades indígenas, afirma Espinoza: “Ha habido
una gran colaboración por parte del presidente municipal, ha habido algunas
resistencias por algunas gentes, pero
quien más se ha opuesto aquí es el partido del PANAL, el Verde, la misma
fracción del PAN han sido un poco más lacerantes, muy insistentes en esta
situación.
“Son revanchismos políticos,
porque qué argumentos pudieran tener para no apoyar a una clase tan
desprotegida, que cuando andas en campaña vas y te tomas las fotos con ellos y
dices que vas a luchar para que tengan una vida mas digna. Lo cierto que a
la hora de votar los puntos de acuerdo o
resoluciones, hay ciertas resistencias, ‘si tu no votas por esto, yo no voto
por aquello’, no son tan coherentes, no son tan claros algunos compañeros y
compañeras. Nos hace falta madurez y más
criterio para determinar los asuntos que aquí se legislan”, detalla.
Aclara Espinoza que la unidad
no es de nueva creación, pero lo trascendental es que se concibe como una oficina independiente, cuyo fin sea contar
con un presupuesto propio: “El año pasado logramos que se destinaran 438 mil
pesos, pero desgraciadamente las compañeras regidoras no enclaustraron ese
presupuesto en la Secretaría de Desarrollo Social; entonces, a pesar de tener
un presupuesto, no pudieron desarrollarse al cien por ciento los términos
previstos para esta unidad”.
Advierte el regidor que
insisten con el secretario de Desarrollo Social y con el alcalde Hirata para
que el recursos lo ejerza directamente la Unidad, bajo el mismo esquema que lo
tienen los regidores, supervisados por la Tesorería, “pero a final de cuentas,
las denuncias y demandas de nuestros hermanos indígenas que lleguen a la Unidad
serán atendidas ahí mismo, con gente que tenga la capacidad de entenderle en su
propia lengua o dialecto, que no haya el malentendido”.
Explica el promotor de la
Unidad de Atención para los Asuntos Indígenas que las principales demandas de
las comunidades indígenas, tanto las nativas como las migrantes, son la
vivienda y educación, muchas demandas por discriminación de sus derechos
laborales, servicios de salud como la carencia más grave en las comunidades al
sur de Ensenada, así como solicitudes de láminas, cobijas y comida.
Apunta el regidor que la
Unidad trabajará coordinada con otras instancias similares, tales como la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Procuraduría de
los Derechos Humanos, y legisladores locales y federales. De la oficina estará encargado Salomón Ruiz
Alvarado Juárez, oaxaqueño que habla dos dialectos; será asistido por Julio
Ceceña, representante de las culturas nativas de Baja California. Ya tienen
oficina acondicionada, la idea es posteriormente -cuando logran mayor autonomía
económica- tener a un representante de la Unidad en cada delegación, pero por
lo pronto con una secretaria en la oficina central, completarán un equipo de
tres personas.
“Lo que pasa que también
tenemos que adecuarnos a los recursos que el Ayuntamiento tiene, puedo pedir
una gran cantidad de personal pero eso también me va a trabar, debemos ser coherentes, necesito que primero se abra
la oficina…”.
¿ESCABROSO?
La regidora María de los
Ángeles Zepeda se muestra sorprendida de que al largo proceso que siguió la
aprobación de la Unidad de Asuntos Indígenas, se le atribuyan intereses
partidistas: “Su servidora es muy minuciosa en revisar los puntos de acuerdos
en los demás compañeros ‘suben’”.
La primera observación sobre
la pertinencia de la propuesta, expone, fue que se proponía una Dirección, lo
que derivaría en una carga económica para ya el de por sí mermado presupuesto
municipal, por lo que convencieron al regidor del Movimiento Ciudadano que lo
bajara a Unidad, “que parta de Desarrollo Social, a través de Grupos
Vulnerables, hasta ahí todo bien, no sé por qué ‘escabroso’, si está muy
claro”, exclama Zepeda.
Reconoce la edil que la
oposición fue en el sentido que se pedía una ampliación presupuestal para
construir una oficina, cuando se podían aprovechar algunos espacios desocupados
en el mismo Palacio Municipal.
Finalmente, en una reunión de
Comisiones a la que no asistió el regidor Espinoza, la regidora Zepeda sugirió
que mejor se acondicionara una oficina desocupada en el cuarto piso de
edificio, y que se echara mano de mobiliario existente en los almacenes, por lo
que el presupuesto aprobado se redujo considerablemente.
“Era bastante en un
principio, pero tampoco que lo hayan reducido quiere decir que se vaya a
aprobar, el recurso que pidan si lo ‘bajan’, pero qué caso tiene, si lo que
queremos es ahorrar, maximizar los recursos y minimizar los gastos”, refiere
Zepeda, quien además aclara que fueron
“abstenciones”, no votos en contra el suyo y tres más: “Porque también sería
votar en contra de la ciudadanía”.
Dice que aunque Espinoza le
reclamó por analizar y decidir sin su presencia sobre la adecuación de la
Unidad de Atención para Asuntos Indígenas, no hay intereses ni choques
partidistas en su postura: “Su servidora siempre ha estado muy al pendiente y
muy a favor de que a los grupos vulnerables se les atienda como debe ser. Ya
ve, la oficina que propuse ya estaba lista nada más para abrirla, se hizo una
inauguración, se hizo un ambigú, se hizo todo un protocolo que la verdad es un
poco excesivo, pero cada quien…”.
Ante la posibilidad de
duplicidad de funciones al derivar de Desarrollo Social y Grupos Vulnerables,
“por eso fue mucho el análisis, veíamos duplicidades, por qué más burocracia,
pero como el regidor tiene la Comisión de Asuntos Indígenas y le interesaba que
se le diera atención especial a esos grupos, y como recién se había eliminado
la Secretaría de Turismo, pensamos en ese recurso, no le vimos problema y salió
en unanimidad de votos”.
Pero anuncia que le darán
seguimiento a la multicitada Unidad para comprobar su efectividad y respuesta
para con la ciudadanía: “Es importante que tenga un fin, porque si no se les va
dar la debida funcionalidad, no tiene caso. Vamos a ver cuántas personas están
atendiendo al mes, al igual que todas las unidades, Pesca, Asuntos Religiosos,
Gestión Empresarial… Vamos a supervisar qué tanto han funcionado, qué tan
viables son, porque si no están funcionando, sería mejor reintegrarlas a donde
ya estaban”.
INDÍGENAS, 2.8% DE LA POBLACIÓN EN BC
En el Estado de Baja
California se estima una población de 3 millones 155 mil habitantes, de los
cuales 89 mil 663 son indígenas, lo que arroja un porcentaje del 2.8 de la
población total.
Según los resultados del
Censo de Población realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y
Geográfica (INEGI), la población indígena
tanto nativa como migrante que reside en la entidad, asciende a 41 mil 5
habitantes; en el municipio de Ensenada radican 23 mil 266 de ellos.
El 26 de noviembre de 2010,
en el Periódico Oficial del Estado de Baja California se publicó el Reglamento
de Atención a los Pueblos Indígenas en el Municipio de Ensenada, donde se
establece que “es del orden público e interés social y de observancia general
en todo el territorio del Municipio de Ensenada, en materia de derechos y
cultura de los pueblos y comunidades indígenas (…) regular el reconocimiento,
protección, preservación y difusión de la cultura indígena (…) para preservar
su existencia, supervivencia, dignidad y bienestar”.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ/
20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LAS 18:50:44)
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