
Arzate
Carbajal, quien junto con al menos otro ex funcionario sonorense es señalado
por su participación en la venta de bebés, que presuntamente eran robados a sus
madres (mujeres en condiciones vulnerables), tramitó ante la justicia federal
un amparo, y en tanto que es resuelto obtuvo una suspensión provisional a la
orden de aprehensión en su contra.
La
Interpol lo busca en 186 países. Según el sitio en Internet del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF), será en las próximas horas cuando el Juzgado Primero
de Distrito en Materia Penal defina si concede en definitiva el recurso legal
al inculpado por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.
El
juicio de amparo fue admitido el sábado 10 de octubre, con el número de expediente
1447/2015 en el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Hermosillo.
De
acuerdo a lo publicado por el portal del Consejo de la Judicatura, se programó
una audiencia incidental del caso para este jueves 15 de octubre, y otra para
el 5 de noviembre, pero de acuerdo a especialistas en derecho consultados, no
es necesario que se presente a ninguna de las dos, y bastará con que estén
presentes sus abogados.
Vladimir
Arzate es señalado, junto con José Hernández López, ex director jurídico de la
Unión Ganadera Regional de Sonora, como quienes encabezaban una red de
corrupción en el gobierno del ex mandatario estatal Guillermo Padrés Elías,
para separar de sus hijos a madres con problemas de drogadicción o en extrema
pobreza, y luego entregarlos en adopción, con documentos falsos, a padres de
familia que pagaban hasta 20 mil dólares por los infantes.
Aunque
las autoridades reconocen sólo 12 casos, la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos señala que hay indicios de que fue en al menos 20 ocasiones en que los
bebés que debían estar internados en la Casa Hogar Unacari, en Hermosillo,
fueron vendidos.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Ulises
Gutiérrez Ruelas / La Jornada/ 2015-10-14)
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