En las últimas cinco semanas el periódico ha registrado
decenas de amenazas y ha llevado el caso ante la Fiscalía. Además, ha
hecho del conocimiento de esa institución y de las autoridades de
Seguridad Pública información que parece apuntar a operaciones de
seguimiento a sus periodistas.
El periódico El Faro publicó que pasado 16 de julio
presentó una primera denuncia, y este martes 11 de agosto de 2015 su
respectiva ampliación, por una serie de amenazas recibidas en las
últimas semanas, a propósito de dos publicaciones en las que denunció
abusos y posibles ejecuciones extrajudiciales cometidos por agentes de
la Policía Nacional Civil.
El 16 de julio este periódico pidió a la Fiscalía General
de la República que investigue y persiga a las personas que, a través de
redes sociales, lanzaron amenazas contra la integridad física de
algunos periodistas de El Faro, después de que el medio publicara la
nota “Aquí ya no caben más: mátenlos”, que relata una brutal paliza a un
detenido esposado en la Delegación centro de la PNC.
El martes de esta
semana, presentó una ampliación de esa denuncia debido a que por los
mismos medios fueron comunicadas otra serie de amenazas después de que
se publicó la crónica “La Policía masacró en la finca San Blas”, en la
que se reconstruye un operativo policial en el que murieron ocho
personas, ocurrido el 26 de marzo de este año en San José Villanueva, La
Libertad. Los testimonios y documentos periciales recogidos por El Faro
contradicen la versión oficial de la Policía, que afirma que las ocho
víctimas eran pandilleros y que todas las muertes se produjeron durante
un intercambio de disparos.
“Espero en Dios poder capturar a una maldita rata empleada
de ese periódico basura”, escribió un usuario el pasado 3 de agosto, en
una publicación en la página de Facebook del periódico. “Allá por La
Sultana hay que ir a ametrallar”, escribió desde un perfil anónimo otra
persona, en alusión a la colonia donde se ubican las oficinas de El
Faro. “Ojalá hubieran acribillado a los miembros del Faro”, añadió otro.
“Si estuvieran en Guatemala, ya les hubieran quemado sus instalaciones y
a ustedes seguro los linchan”, comentó otra persona, en una publicación
sobre el mismo tema, el 6 de agosto. El Faro ha archivado decenas de
estos ejemplos, que en algunos casos también se individualizan contra
sus periodistas.
“Español es esa mierda, matémoslo como lo que le pasó al
otro en La Campanera por ser bocón”, comentó un usuario en Facebook en
respuesta a un tuit de uno de los autores de la crónica de la masacre de
San Blas. La amenaza parecía aludir al asesinato del fotoperiodista
hispano-francés Christian Poveda, en 2009. “Ojalá y termines como Poveda
por insultar a todos los que no somos mareros”, escribió alguien en
Twitter.
El periódico también tiene información que apunta a que en
las últimas tres semanas ha habido seguimiento físico a algunos de sus
periodistas. Esta información, junto con un registro de las amenazas
recibidas, ha sido entregada a la Fiscalía y puesta en conocimiento de
la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Seguridad Pública.
El artículo 154 del Código Penal dice que “el que amenazare
a otro con producirle a él o a su familia, un daño que constituyere
delito, en sus personas, libertad, libertad sexual, honor o en su
patrimonio, será sancionado con prisión de uno a tres años”, sin
embargo, esa pena de prisión puede ser reemplazada por castigos
alternativos. Uno de los agravantes de este delito es si las amenazas se
producen de forma anónima, en cuyo caso, la pena del delito aumenta de
tres a seis años y ya no es excarcelable.
El director de El Faro, José Luis Sanz, lamentó que se esté
atacando a periodistas por cumplir con su labor de investigar y
denunciar. “El clima de dolor y miedo que hay en el país explica que
haya reacciones viscerales hacia las pandillas y hacia la denuncia que
hizo El Faro, pero es inadmisible que un periodista reciba amenazas por
hacer bien su trabajo. La sociedad salvadoreña tiene que reflexionar
sobre el rumbo que están tomando las cosas”, analizó Sanz. “La labor del
periodista no es subirse en la ola de la opinión pública, sino impulsar
a la sociedad a la reflexión sobre sí misma y exigirle mayores niveles
de humanidad y respeto al Estado de Derecho. Ojalá que las autoridades
sienten un precedente ante quienes amenazan a periodistas y garanticen
la seguridad de quienes ejercen el periodismo no solo en El Faro, sino
en el resto de medios del país”, agregó.
El precedente más inmediato de acoso a periodistas a este
medio ocurrió en julio del año pasado, cuando policías de la División
Antinarcóticos detuvieron en un reten a Óscar Martínez, el coordinador
de la Sala Negra de El Faro, expresamente para cuestionarlo por su
relación con una fuente. Aquel caso también fue puesto en conocimiento
de las autoridades pero no derivó en ninguna sanción a los agentes
implicados. De acuerdo con el ránking de la organización Reporteros sin
Fronteras, El Salvador bajó siete posiciones en 2014 en la Clasificación
Mundial de la Libertad de Prensa.
En 2013, la Asociación de Periodistas de El Salvador
reportó ocho casos de agresiones a la prensa; en 2014, esa cifra subió a
28 casos
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