“NOS ESTÁN HEREDANDO PROBLEMAS”: MELBA OLVERA

Quebrantada en sus finanzas, sin una tercera parte de su personal, con rezagos en la integración de expedientes y más de 12 millones de pesos en adeudos, continúa la transición de la Procuraduría de los Derechos Humanos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California.

El 2 de julio, Melba Olvera Aguilar cumplió un mes al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California. Elegida por 22 de 24 diputados del Congreso para ocupar durante cuatro años la presidencia del organismo de vigilancia de Derechos Humanos, la joven comunicóloga reconoce la necesidad de reivindicar a una institución tan dañada.

Alrededor de su escritorio, la esperan expedientes y documentos cuidadosamente ordenados. En una de las repisas de su oficina, aún lucen 15 marcos de madera para fotografías vacíos, dejados ahí por su antecesor.

El paso de Arnulfo de León Lavenant por la anterior Procuraduría de los Derechos Humanos -reformada a Comisión por el Congreso local- fue desastroso. En tres años, transfirió miles de pesos del erario público a sus cuentas personales, desvió millones de pesos, aceptó contratar a familiares de legisladores a cambio de ampliaciones presupuestales, e integró a su equipo a ex funcionarios públicos señalados de tortura y abuso de poder.

Su designación, en 2012, pactada en la anterior Legislatura como una cuota más para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un año previo a elecciones municipales y estatales, no solo convirtió al organismo en una caja chica para gastos millonarios pendientes de solventar, sino que abandonó la defensa de los Derechos Humanos.

Precisamente en una entidad con severos abusos policiales documentados, donde llegan más de 60 mil migrantes repatriados al año, con 80 mil investigaciones por violencia contra la mujer en cinco años y en donde estalló el movimiento de jornaleros de San Quintín.

Ante esta situación, la CEDH recibió 720 quejas durante los primeros cinco meses de 2015. En un mes, el equipo de la nueva titular duplicó el número de solicitudes de información a las instituciones de seguridad pública por denuncias en su contra, como una primera etapa para abatir el rezago de integración de expedientes.

Pero, detalla la comisionada, no se trata solo de la carga de trabajo, sino de la capacitación del personal, por lo que implementará la creación del Servicio Civil de carrera para así cumplir con requisitos y avanzar en la profesionalización de la institución.

Sin embargo, la operatividad de la Comisión depende en gran medida de su capacidad para sortear los malos manejos financieros que mantienen sumida a la institución. “Si a ti te dan una Comisión, pero te la dan con millones de pesos menos, entonces cómo le haces para mover tus piezas, ¿haces lo mismo que hizo el anterior?”, se cuestiona mientras mueve la cabeza de derecha a izquierda.

A continuación, la entrevista que Melba Olvera, presidenta de la CEDH, concedió a ZETA.

— Entra a una Comisión que en los últimos tres años no figuró por velar por los derechos humanos de los bajacalifornianos, sino por la opacidad, irregularidades administrativas y malversaciones millonarias. ¿En qué estado encuentra el organismo?

“La encuentro con un gran reto no solo en términos financieros, sino en cuanto a la estructura. Tiene retos, grandes áreas de oportunidad en lo estratégico y en proyecto encaminado a la protección, promoción y supervisión de los derechos humanos en Baja California. No es el cambio de una institución a otra por el nombre solamente, es la creación de la CEDH con todo lo que implica, crear una institución nueva, autónoma de Derechos Humanos, fuerte y digna. Para lograrlo, se requiere de un presupuesto”.

— ¿Cuál es la situación financiera de la CEDH? ¿Cuál es el monto requerido para el pago de liquidaciones e indemnizaciones por despidos injustificados?

“La última vez que revisamos esta deuda es de poco más de 11 millones de pesos por 20 demandas laborales. Cuando se hizo el acuerdo de creación de la CEDH, se estableció que se le heredan a la Comisión, los inmuebles y las obligaciones legales. Nos están heredando problemas. Cuando recibimos la institución, no fue partiendo de cero, no con un recurso para la transición, sino con una serie de deudas que se fueron adquiriendo desde hace tres años”.

— ¿Van a solicitar un préstamo al Congreso o una ampliación?

“Hicimos una solicitud al Congreso para ampliación de presupuestos para cumplir con las obligaciones que nos fueron heredadas. Además del cambio de estructura de un organigrama bastante vertical, se está migrando a uno horizontal, pero con la creación de nuevos espacios como la Secretaría Ejecutiva y la Quinta Visitaduría General”.

— ¿Qué hace falta para terminar con los procesos legales correspondientes a las denuncias de despido?

“Contar con el recurso”.

— ¿Qué otros tipos de adeudos tiene la CEDH?

“Con los servicios en materia de energía eléctrica, agua potable, arrendamiento, teléfono, paquetería, medio millón de pesos en cuotas de ISSSTECALI. En total, son varios millones”.

— ¿Desde hace cuánto no se pagaban estos servicios?

“Por lo menos hace poco más de un año que se empezaron a sumar las deudas, incluyendo temas del arrendamiento de inmuebles. Esta situación es tan crítica que nos vimos forzados a cerrar la oficina de la Zona Este y solo instalar un módulo para hacer maniobras con el dinero de la renta. Se estaban pagando alrededor de 10 mil pesos de renta y, cuando hicimos un análisis de operatividad de la oficina, el número de asuntos atendidos y de recepción de quejas, estaba muy por debajo de las metas. También se hicieron convenios de carácter laboral, tener que hacer pagos que fueron convenidos con empleados una o dos semanas antes de que entrara en funciones”.

— ¿Qué tipo de convenios?

“Vamos a decir que se negoció con algunos para que no hubiera una demanda de carácter laboral, se negociaron los finiquitos en plazos y quedó la obligación de pagarles”.

— ¿Qué temas va a atender la Quinta Visitaduría?

“La Quinta Visitaduría es para población migrante en Tijuana, entre otros asuntos”.

— ¿Qué seguimiento dará la CEDH a las irregularidades cometidas por el anterior titular en cuanto al manejo de las finanzas?

“En ese sentido ya no sería yo la persona que podría dar una opinión al respecto, la diputada Rosalba López Regalado hizo la solicitud al ORFIS para que iniciara una auditoría, mínima que se está llevando a cabo. Será el Congreso a quien le toque dar una opinión al respecto. A mí sí me toca hacer las observaciones pertinentes a esta recepción de la institución, porque es insumo para el siguiente punto o etapa que decidan las diputadas y diputados”.

— Estos asuntos, aunque sean financieros, ¿tampoco permiten la transición completa o trabajar de lleno en los asuntos relacionados con Derechos Humanos?

“Dificultan mucho la transición. Independientemente de esas situaciones financieras, hemos trabajado intensamente. Notamos que en el último mes, se duplicaron las solicitudes de información a las autoridades con expedientes de quejas. Si había 40 solicitudes de información a Seguridad Pública, normalmente en un mes, en este mes que llevamos aquí son 80”.

— En el equipo del ex titular, se encontraban familiares de diputados locales, también familiares del propio ex procurador. ¿Ya revisó su plantilla de personal para saber si algunos continúan cobrando dentro de la CEDH?

“Estamos en diagnóstico de las funciones de quienes laboran. El anterior titular de la que era PDH incluyó en la nómina a personas relacionadas con él, como su hijo (Israel Lozoya Medina), quien ya no labora con nosotros. Estaba en la oficina de Tecate”.

— ¿Qué resultados ha arrojado este diagnóstico de personal?

“He encontrado gente muy comprometida con su trabajo, pero también la falta de profesionalización en algunas áreas. Son pocas las personas en capacitación de Derechos Humanos. El área de Transparencia, requiere una mayor profesionalización. Quienes están trabajando de manera cotidiana en quejas, necesitan más apoyo. Esto no tiene que ver solamente con abatir un rezago, sino con poder estar al día en la actualización en los marcos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, México ha firmado más de 150 tratados en materia de Derechos Humanos, se prevé que tres o cuatro más que entren en vigor el siguiente año. Es necesaria una actualización continua”.

— ¿Cuántas personas integran su personal?

“En el Estado, son alrededor de 100 empleados, pero el 31 de mayo se vencieron 27 contratos por asimilables, terminaron de laborar en la institución, al 1 de junio que llegamos, encontramos la institución con 27 personas menos”.

— Entre el poco personal, ¿se encuentran las oficinas de San Quintín?

“El día 3 de junio, estuve visitando las oficinas de Vicente Guerrero y San Quintín, empleadas hay una persona en San Quintín y dos en Vicente Guerrero. En 2014, el 15 por ciento de las quejas, recayeron sobre estas tres personas. Cuando inició el movimiento de jornaleros, en marzo, se han presentado 20 quejas por violación a derechos relacionados con la seguridad y libertad”.

— ¿Cómo percibe la Comisión al movimiento jornalero en San Quintín?

“San Quintín no es un tema exclusivo de derechos laborales, la problemática tiene que ver también con el derecho a la protección a la salud, a la educación, derecho de los niños y de las niñas, de las mujeres, trato digno, a la no discriminación, protección social”.

— ¿Sabe de las averiguaciones previas contra Francisco Castro Trenti, las denuncias penales que enfrenta por tortura y la queja levantada en su contra aquí dentro de la PDH? ¿Por qué continúa trabajando para la CEDH?

“No tenía conocimiento de eso. He escuchado ese tema. De hecho desde el momento en que estaba involucrada la periodista Carmen Olsen. Entonces tuve conocimiento, pero el actual director de Quejas ya estaba aquí cuando llegamos”.

— ¿Cuántas quejas ha recibido la Comisión en lo que va del año?

“Tenemos 720 quejas recibidas del 1 de enero al 31 de mayo de 2015. El 40 por ciento lo concentran las secretarías de Seguridad Pública municipales. Tijuana, Ensenada y Mexicali, en ese orden. Después la Policía Estatal Preventiva y en tercer lugar, el CERESO La Mesa”.

— Por último, comisionada, ¿recibió ofrecimientos de diputados antes o después de su nombramiento?

“No recibí, ni he recibido ni presiones ni solicitudes, ni me han pedido que incluya a alguien en la plantilla (de personal). Entiendo que sean las prácticas, pero me sorprende la desconfianza a un proceso que se hizo con toda la intención de reivindicar una institución. Supongo que después de una situación tan complicada en la relación del Congreso con la institución, pues  optaron por una propuesta en la que pudieran converger puntos de coincidencia, fue coyuntural. Muchas de las personas, diputadas o diputados, conocen mi trabajo desde hace mucho tiempo”.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ INÉS GARCÍA RAMOS /   09 DE JULIO DEL 2015 A LAS 07:58:07)