Aparte
de cambiar una palabra que perjudica el salario de los jornaleros de San
Quintín en la minuta que firmaron con Gobernación, el Gobierno de la República
no ha cumplido con los puntos de acuerdo que el Subsecretario Miranda Nava
comprometió el 4 de junio. Los trabajadores del campo se unen para solicitar la
modificación al texto y exigir resultados
La
calma de las últimas semanas en el Valle de San Quintín podría durar hasta los
primeros días de julio, cuando los voceros de la Alianza de Organizaciones
reclamen personalmente a las autoridades federales el haberlos hecho firmar una
minuta modificada que echa por tierra las prestaciones ganadas.
Cinco
de los trece voceros del movimiento se trasladaron a Ensenada y reunieron a los
medios de comunicación, primero, para aclarar que no están divididos, y
segundo, para aceptar que cometieron un error al firmar un documento donde se
acepta el “salario base integrado”.
La transcripción por parte de ZETA de las
declaraciones y los motivos narrados por Herrera respecto a su distinto
proceder con el resto de sus compañeros, fueron tomados por la Alianza como una
sugerencia del medio, y no del vocero, de que entre ellos ya había división.
“Hoy
venimos para desmentir que hay fracturas, estamos más fortalecidos que nunca,
queremos continuar dando esta lucha a favor de los trabajadores”, dijo de
entrada el profesor Fermín Salazar, uno de los voceros.
Lo
que reiteró Bonifacio Martínez: “La Alianza sigue más fuerte que nunca, hemos
visto algunas notas que la Alianza se vendió. La Alianza no tiene precio, no
tenemos el signo de pesos en la frente”.
“La
Alianza en ningún momento se ha fracturado ni se va a fracturar”, externó
contundentemente Fidel Sánchez, “los voceros en ningún momento nos vamos a
pelear”. Después de aceptar del desliz de haber firmado un punto poco favorable
añadió: “Pero no se vale que aprovechándose de la circunstancia de este error
se quiera hacer leña…”.
Por
su parte Justino Herrera, firme, primero pidió perdón a Dios, y luego a sus
compañeros, por ser como es, y por haber revelado el fallo: “Pero es mi deber
hablar con honestidad, con la verdad y no esconder nada. Si a través de lo que
dije en una entrevista con el compañero del semanario ZETA piensan los
ciudadanos, o los medios, o el mismo gobierno, que estamos distanciados, no lo
estamos”.
Se
sostuvo en lo dicho y volvió a pedir disculpas a sus compañeros: “Nunca voy a
decir algo que no sea lo que es, y tal como es, y cómo pasan las cosas. Lo que
dije lo sostengo”.
Ante
una decena de reporteros Justino Herrera volvió a explicar lo sucedido la tarde
del 4 de junio cuando al momento de presentársele la última minuta redactada se
encontró con la palabra de salario “integrado”, “que astutamente el abogado de
los empresarios o del gobierno aumentaron”.
Precisó
que aunque ni él ni el resto de los voceros pueden ponerle nombre ni apellido
ni cargo a quien hizo la trampa “porque desgraciadamente la minuta se redactó
en una mesa aparte, no sé cómo la hicieron, pero el caso es que la hicieron y
nos la llevaron”.
Que
el resto de sus compañeros no se negarán a firmar esa minuta que invalidaba los
acuerdos anteriores lo atribuye ahora a un descuido: “Creo que no se dieron
cuenta de la palabra, como todos habíamos acordado firmar la segunda minuta,
pensamos que era la misma que se habían llevado”.
“Efectivamente,
eso es lo que pasó”, justificó Fermín Salazar. “Somos seres humanos y fue un
pequeño descuido”. Explicó que cuando se fueron a imprimir y sacarle copias al
documento, al regresar debió haber venido con esa alteración que solamente
Justino advirtió: “Sí escuché que decía ‘yo no lo firmo’, pero me quedé pensando
‘por qué cambia de opinión’, y nosotros desafortunadamente lo firmamos y no
vamos a decir que no”.
“Sí,
se cometió un error, y un error gravísimo”, aceptó de forma más contundente
Lucila Hernández, vocera de las mujeres jornaleras dentro de la Alianza de
Organizaciones. Dijo que “integrado” es tan sólo una palabrita pero con ella
sola “se violaron los derechos de nuestros compañeros, son las prestaciones de
Ley, está en la Constitución”. Concluyó principalmente la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, pero también Derechos Humanos y Gobernación “tienen
que realizar una revisión profunda y retirar esa palabra ‘integrado’”.
“…
y esa palabra que está en la minuta, vamos a pelear juntos los voceros para que
se modifique, se quite o se cambie, para sentirnos cómodos todos”, sentenció
por su parte Fidel Sánchez.
Él
como el resto de los voceros, no desean aseverar que el gobierno federal actuó
de mala fe, o como se dice coloquialmente, que los ‘chamaquearon’ al alterar de
último momento la minuta: “Independientemente que haya sido intencional o
no, de todas maneras vamos a pelear para
quitar esa palabra que está causando mucho daño a nuestros compañeros que
depositaron su confianza en la Alianza. Y no nada más los jornaleros de San
Quintín, esa confianza fue depositada a nivel nacional e internacional, los más
de 5 millones de jornaleros en el país, su esperanza está en el movimiento de
San Quintin”.
Pero
el engaño del salario “integrado” que invalida las prestaciones que ya se
habían ganado en abril y que se revalidaron en la maratónica jornada del 13 y
14 de mayo será solo el principal del resto de los reclamos en el próximo
encuentro entre la Alianza de Jornaleros y el gobierno federal, pues resulta
que la mayoría de los compromisos signados por el subsecretario de Gobernación
Miranda Nava no se han cumplido.
No
se ha iniciado con la revisión para categorizar a las empresas, no se ha
liberado a los 14 encarcelados por los disturbios del 9 de mayo, no se ha
iniciado la afiliación al Seguro Social ni la construcción del hospital de
especialidades para la mujer, tampoco ha auxiliado para reparar los daños de
los comerciantes afectados en la primer revuelta, incluso y la autoridad
federal tampoco ha confirmado el nuevo encuentro ni puesto cita para próximo encuentro.
Por
lo tanto la lucha continúa y los reclamos para el gobierno federal se mantienen
por la sencilla razón que no han resuelto: “Con lo que conocemos en el campo
nos basta y sobra para demostrar que están violando la ley, y si las empresas
tienen buenos abogados y asesores, saben perfectamente que están violando la
ley”, resumió Justino Herrera.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ / 01 DE
JULIO DEL 2015 A LAS 18:24:04)
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