Empantanados en la creación de la Gendarmería
–cuerpo policiaco-militar prometido por el presidente Enrique Peña
Nieto–, funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y mandos
de la Policía Federal (PF) acusados de acoso sexual y laboral hacia
personal femenino de la corporación, arremetieron contra las agentes que
denunciaron en Proceso a esos dos organismos dependientes de la
Secretaría de Gobernación.
En su número 1967, este
semanario dio a conocer las condiciones a las cuales son sometidas las
policías federales, obligadas a acceder a las peticiones sexuales de
jefes de la corporación. Dos de las denunciantes, Griselda Montero y
Genoveva Ruiz, han sufrido las consecuencias de haber hecho públicos sus
casos.
Un ejemplo: Maestra en derecho constitucional, Montero fue
relegada a un rincón de la Dirección General de Formación y
Profesionalización de la PF, dependiente de la Coordinación del Sistema
de Desarrollo Policial, institución en la cual era instructora en el
tema del papel de la policía en los juicios orales…
Fragmento del texto que se publica en la edición 1970 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/ 6 de agosto de 2014)
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