*Acusa Auditoría Superior de la Federación
Los
estados solapan la impunidad de sus funcionarios al exculparlos, con un
sinnúmero de razones, de los castigos que promueve la Auditoría
Superior de la Federación.
Nueve
de cada 10 expedientes que la ASF envió a las contralorías estatales
para aplicar sanciones administrativas contra funcionarios, quedaron en
la impunidad.
En
un extenso reporte de 2 mil 591 páginas, la Auditoría detalla caso por
caso las respuestas que dan los estados a las promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para quienes cometen
irregularidades en el manejo de fondos federales, o sea el dinero de los
mexicanos.
Con
corte al 31 de marzo, los expedientes que tienen “resolución
definitiva” por parte de las contralorías locales suman 750, los cuales
corresponden a observaciones a las cuentas públicas del 2008 al 2011.
De esos casos, en 678 los estados determinaron que no había castigo que aplicar por diferentes razones.
Argumentaron
entre otras razones: evidencias insuficientes, que no se encontraron
anomalías, que era improcedente la petición de la Auditoría y que,
aunque sí había irregularidades, ya había prescrito el plazo legal para
sancionar.
Otros
motivos invocados fueron que se habían reintegrado los recursos (aunque
sin especificar de dónde los habían obtenido) o que hubo incumplimiento
a la ley, aunque no dolo ni mala fe.
En sólo 48 casos, la sanción determinada fue una amonestación pública o privada.
Solamente
24 expedientes concluyeron con la inhabilitación de funcionarios; 22 de
ellos son de Guerrero por la cuenta pública del 2009.
Los ejemplos de cómo los estados protegen a sus funcionarios sobran.
El
Estado de México pagó indebidamente a 5 mil 848 trabajadores de la
educación, de los cuales 973 estuvieron comisionados al sindicato sin
razón legal y otros 4 mil 875 estaban adscritos como “personal
homologado”.
Sin
embargo, la entidad respondió que no existían elementos para iniciar
procedimiento de sanción alguno y que, además, había prescrito el tiempo
para un eventual castigo.
Otro
ejemplo: funcionarios de Veracruz adjudicaron directamente, sin
justificación legal, tres contratos en el Puente Coatzacoalcos I, por un
monto total de 87.4 millones de pesos.
La
Contraloría local respondió a la ASF que sobreseyó el expediente al no
haberse acreditado probable responsabilidad administrativa en el
resultado.
En
Baja California se entregó, de manera extemporánea, la comprobación de
recursos transferidos por la Conade por 25 millones de pesos.
El
gobierno aceptó la anomalía, pero dijo que no había responsabilidad de
la encargada del Instituto del Deporte y cerró el caso.
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