En
el sexenio anterior el Fovissste benefició a un selecto grupo de
empresarios del ramo de bienes raíces, quienes construyeron viviendas de
interés social para unos 5 mil empleados del Estado. El problema es que
se inflaron los costos y también los montos de los créditos a los
burócratas. Desde entonces y hasta ahora las autoridades en vez de
buscar a los responsables del fraude le pasaron la factura –millonaria– a
los trabajadores, la mayoría de los cuales devengan salarios que a
duras penas les permiten sobrevivir.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Un fraude en el Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(Fovissste), que viene desde el sexenio anterior, tiene en la
incertidumbre económica, patrimonial y jurídica a unos 5 mil burócratas,
quienes sufren hoy el acoso del nuevo gobierno.
El Fovissste
–ahora encabezado por José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua–
persiste en el encubrimiento de los responsables del fraude, deja
abiertas las averiguaciones previas, radicaliza el acoso a los afectados
para que sean ellos quienes paguen el desastre financiero y hasta envía
informes falsos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
para que cierre el expediente de una recomendación por lo ocurrido.
El
desfalco –de 570 millones de pesos– benefició a grupos empresariales
propietarios de constructoras, sociedades financieras e inmobiliarias
con las cuales accedieron a la millonaria bolsa de la vivienda de
interés social con la complicidad de servidores públicos.
Lejos de
investigar la larga cadena de beneficiarios, el gobierno de Felipe
Calderón acusó a los burócratas –de diferentes dependencias y ciudades y
cuyo único punto en común es haber resultado elegidos en los sorteos de
crédito para vivienda– de haber elaborado documentación falsa y
prácticamente haber hackeado –cada uno de ellos– la base de datos del
Fovissste para obtener recursos superiores a los que les correspondían.
La
CNDH documentó el caso y emitió la recomendación 60/2012 el 31 de
octubre de 2012; en ella se hace notar que el Fovissste violó los
derechos humanos de los trabajadores al achacarles las fallas y
omisiones de los funcionarios del organismo.
La recomendación fue
aceptada por el Fovissste, institución que hasta el momento nada ha
hecho al respecto. Por el contrario, en los meses recientes ha abundado
en las irregularidades cometidas por la administración pasada a fin de
presionar a los trabajadores y obligarlos a pagar.
Y los favorecidos en este negocio permanecen intocados.
En
su número 1882 (del 25 de noviembre de 2012) Proceso dio a conocer que
entre las constructoras implicadas en el fraude estaba el Grupo Módulo
Progresivo, cuyos accionistas eran el entonces secretario federal de
Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg (ahora secretario de Desarrollo
Económico del gobierno capitalino) y Gerardo Ruiz Maza, socio a su vez
de Paul Davis Carstens, pariente de Agustín Carstens, gobernador del
Banco de México.
Otra implicada es Constructora Syser, filial de TV Azteca.
También
se publicó entonces que varias de las sociedades financieras de objeto
limitado (sofoles) involucradas en el fraude tenían vínculos estrechos
con el gobierno de Calderón.
Es el caso de las hipotecarias Bajío,
Su Casita y Patrimonio, implicadas en otro escándalo de corrupción por
la compra ilícita, vía Grupo Ixe, de certificados bursátiles en el IMSS
cuando dirigía el Instituto Juan Molinar Horcasitas (Proceso 1759, 1753 y
1842).
Además el director de Grupo Ixe era Javier Molinar
Horcasitas (hermano del entonces director del IMSS) y en la estructura
de esa institución figuraban al menos otros dos familiares de Carstens.
A
ocho años de cometido el fraude varias de las empresas beneficiadas
desaparecieron, ningún funcionario del Fovissste fue investigado y según
los trabajadores afectados, pruebas documentales de su inocencia han
“desaparecido”.
Acoso peñista
A los
trabajadores adquirientes de viviendas de interés social los acusan de
falsificar recibos de nómina y comprobantes de ingresos para ser
merecedores y acreditarse más recursos de los que les correspondían y
también de manipular el sistema electrónico del Fovissste para obtener
los recursos.
Y las medidas punitivas que se les pretenden aplicar son, además de injustas, excesivas.
Un
ejemplo: si un trabajador tenía derecho a 280 mil pesos de crédito pero
obtuvo 430 mil, se le exigía pagar los 150 mil excedentes en una sola
exhibición, más intereses, que elevan la deuda aproximadamente 50%. Se
pretendía cobrarle 225 mil pesos a un trabajador que gana unos 6 mil
mensuales.
Los créditos fueron otorgados entre 2005 y 2008 y
durante ese tiempo los trabajadores suscribieron contratos y escrituras,
habitaron las casas y pagaban 30% de sus ingresos mensuales al
Fovissste. De pronto el organismo interpuso contra ellos demandas
penales y empezó a descontar vía nómina hasta 50% de los salarios de los
afectados, lo cual es ilegal.
En octubre de 2011 unos 500
afectados presentaron una queja ante la CNDH, la cual resolvió que la
autorización y deficiente integración de esos financiamientos “devino de
la propia autoridad”.
El ómbudsman consideró que se violaron los
derechos de los trabajadores y, entre otras medidas, recomendó al
Fovissste presentar alternativas viables de solución al problema.
La
CNDH también observó que para resolver el problema financiero el
Fovissste aplicó acciones ilegales, como los arbitrarios descuentos
salariales. Según la CNDH no se presentaron alternativas viables de
solución pues el organismo planteó que se liquidara en una sola
exhibición el adeudo, algo imposible de cumplir por parte de los
trabajadores.
El Fovissste planteó después un convenio
modificatorio que exigía amortizaciones semestrales que, por su monto,
tampoco podían cubrir los trabajadores, como constató el ómbudsman.
Otro
de los aspectos destacados en la recomendación de la CNDH fue que el
Fovissste presionó a los trabajadores para que pagaran los excedentes y
lo hizo mediante avisos ajenos a los establecidos en los contratos.
La
recomendación fue aceptada, pero no cumplida. Según los trabajadores
entrevistados por este semanario, la nueva administración del Fovissste
ha dado informes falsos a la CNDH.
“El Fovissste respondió que ya
tenían una solución que los trabajadores estábamos aceptando para llegar
a negociaciones con ellos. Oficialmente le dijimos a la CNDH que no es
cierto, no vamos a llegar a ningún convenio modificatorio porque lo que
ellos nos están ofreciendo no está dentro de nuestras posibilidades y
seguimos insistiendo en el respeto a nuestra escritura”, dice Patricia
Flores, una de las afectadas.
Flores, junto con los trabajadores Mario López y María Teresa Pérez, exponen lo que no dice el Fovissste a la CNDH:
Los
avisos que la CNDH consideró una forma de presión para liquidar el
adeudo ahora se han agravado y son una advertencia permanente. Al
intentar conocer sus estados de cuenta del Fovissste vía internet, antes
de ver las cifras y condiciones de su crédito encuentran un aviso
electrónico. Ya no sólo se los envían sino están ahí permanentemente.
Otro.
La CNDH consideró que las alternativas de solución planteadas durante
la pasada administración, cuando se emitió la recomendación, eran
inviables por la dificultad de que los trabajadores pudieran exhibir las
cantidades reclamadas.
La actual administración además de
plantear el pago en una sola exhibición, ofrece una serie de pagos
mensuales o un pago anual, pero las cantidades exigidas son las mismas
–o mayores– que la CNDH ya había considerado inaccesibles para los
trabajadores.
La única diferencia es que se propone dividir el
estado de cuenta en dos porciones. La “A”, con las cantidades del
crédito al que tenían derecho, y la “B”, con las condiciones de la
llamada “demasía”.
Flores recuerda que al momento de emitirse la
recomendación, lo que el Fovissste pretendía era descontar hasta 50% del
salario de los trabajadores, una medida cuya ilegalidad fue detectada
también por la CNDH pues por ley los descuentos vía nómina no pueden
exceder 30%.
Lo que en la actual administración les proponen es
peor: descontar el 30% que por ley deben pagar vía nómina y que el resto
del adeudo de la porción “B” se pague “por fuera”, con depósitos
bancarios.
Los trabajadores mostraron a este reportero copias de
varios estados de cuenta, pero pidieron no revelar sus nombres pues el
acoso se ha radicalizado contra quienes declaran a los medios. Los
documentos sirven para observar los ejemplos de la solución peñista:
Por
ejemplo una trabajadora del DIF, con sueldo base de 10 mil 400 pesos
mensuales, debe pagar 3 mil 98 pesos mensuales. Con eso y las
deducciones por ahorro para el retiro y otros conceptos, le restaría un
ingreso de 5 mil 652 pesos mensuales. Además, “por fuera”, mediante
depósito bancario, deberá pagar, conforme a la propuesta peñista de
“regularización” mensual, mil 849 pesos. Su ingreso real quedaría en 3
mil 803 pesos mensuales.
Según los trabajadores, la forma de
ofrecer “soluciones” por parte de funcionarios del Fovissste –como lo ha
hecho la subdirectora de Asuntos Jurídicos, Guadalupe Chacón– es
ofensiva: si no pueden pagar en una sola exhibición o no les atrae la
mensualidad, pueden pedir anualidad, les dijo, y con el aguinaldo o “si
les cae una tandita”, van pagando.
Para la mayoría de los casos la “oferta” es la de pagar un promedio de 23 mil pesos anuales durante 24 años.
Aun
peores son los intereses leoninos. Por ejemplo en una mensualidad de
mil 849 pesos, mil 422 corresponden sólo a intereses. En el caso de la
anualidad de 23 mil pesos, 17 mil 65 serían por ese concepto.
En
el caso de esa trabajadora del DIF, su crédito fue de 543 mil pesos y
los intereses ascienden a 259 mil. El problema es que así como se alteró
la documentación con la cual les otorgaron los créditos, también se
inflaron los avalúos, así que la casa comprada por la primera cantidad,
en realidad cuesta menos de 400 mil pesos, conforme a un avalúo
reciente. De aceptar las condiciones del Fovissste, pagaría más del
doble del valor real de su casa.
“¿Qué clase de interés social es
ese? Son intereses peores que los de una hipoteca. El convenio
modificatorio es totalmente perjudicial para nosotros. No baja el monto a
pesar de que hemos estado pagando”, dice la trabajadora.
A tapar huellas
Una
serie de publicaciones, aparentemente basadas en filtraciones del
Fovissste a diferentes medios pusieron en alerta a los afectados,
quienes consideran que el gobierno prepara una embestida en su contra.
Desde
el pasado octubre diferentes diarios empezaron a informar acerca de una
supuesta “operación hormiga” para defraudar al Fovissste por mil 500
millones de pesos a través de negociaciones individuales.
Patricia Flores rechaza la supuesta operación y explica:
Por
la normatividad, así como con una serie de expedientes entregados por
los afectados a Proceso, se puede observar que la documentación sólo
pudo haber sido falsificada en el proceso entre las inmobiliarias, las
sofoles y los responsables de la base de datos del Fovissste, pues la
sola alteración de un recibo de nómina (que por otra parte debe ser
revisado, cotejado y autentificado) no basta para obtener un crédito
como ese.
Hoy, cuando la mayoría de las sofoles implicadas ha
desaparecido, lo mismo que las constructoras –algunas sólo cambiaron su
razón social–, los afectados se han topado con otro muro: como la
documentación se presentó en original y copia ante notario público,
buscaron a éstos para obtener las pruebas de su inocencia.
De
acuerdo con Mario López, uno de los trabajadores afectados, la selección
de los notarios fue muy extraña: en la mayoría de los casos no
correspondían a domicilios próximos a los de la realización del trámite;
por ejemplo a un trabajador de Ixtapaluca, Estado de México, se le
pedía firmar ante un notario de Cuernavaca, Morelos.
En meses
pasados, cuando han recurrido a los notarios que elaboraron las
escrituras para obtener copias de los expedientes y demostrar así que no
entregaron documentos falsos, se los han negado, les dicen que no los
tienen y sólo ofrecen copias certificadas de las escrituras con costos
de hasta 4 mil pesos, lo cual en muchos casos es el ingreso total de un
trabajador en un mes y además no sirve de nada.
Dentro del
Fovissste sólo se sancionó a unos cuantos capturistas mientras que el
panista Manuel Pérez Cárdenas y su equipo, directamente responsables de
la operación del Fovissste en esa época, permanecen intocados.
A
ello debe añadirse que desde 2011 el organismo interpuso denuncias
penales contra los trabajadores, por lo que en aquella ocasión decenas
de personas fueron detenidas. Las averiguaciones previas siguen
abiertas, aunque no se han consignado y la amenaza de ser detenidos de
nuevo en cualquier momento, dicen, los mantiene en tensión permanente.
Flores
sintetiza: “No queremos dejar de pagar, lo que queremos es que se
respeten las condiciones de las escrituras. Se trata de sujetarnos a lo
que se contrató, y si en efecto hubo un fraude, se castigue a los
verdaderos responsables y se les cobre, pero no que quieran hacernos
pagar por ellos”.
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