MÉXICO, D.F. (apro).- De nueva cuenta el gobierno del
expresidente Felipe Calderón fue puesto en evidencia con la liberación
del mayor Arturo González Rodríguez, acusado de proporcionar información
al cártel de los Beltrán Leyva dentro de la “Operación Limpieza”.
Después de cuatro años y medio de reclusión, el juez primero de
Distrito en el Penal de “El Rincón”, en Nayarit, Mauricio Fernández de
la Mora, absolvió y ordenó la libertad del militar al estimar que la
acusación de colaborar con la organización criminal provenía de testigos
protegidos “mentirosos y mendaces”.
Al igual que González Rodríguez, el abogado Juan Manuel Ramírez
Cabañas –ambos acusados de delincuencia organizada y delitos contra la
salud en la modalidad de fomento– recibió anoche la sentencia
absolutoria del juez federal. Los dos dejaron el penal esta madrugada.
Con base en el fallo de la causa penal 38/2009, el juzgador consideró
que no podía considerar culpables a los inculpados con base en los
dichos de testigos protegidos “mendaces y mentirosos” como Jennifer y
María Fernanda, artífices de la “Operación Limpieza”.
En su sentencia, el impartidor de justicia estableció que María Fernanda ni siquiera conocía al Mayor González.
Los testigos protegidos acusaron al militar de proporcionar a los Beltrán Leyva y a Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, información de las Secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Defensa, sobre los movimientos del entonces presidente Felipe Calderón.
Los narcotraficantes habrían empleado esta información para “evitar
encontrarse” con el personal de seguridad del expresidente, y a cambio
supuestamente pagaron al mayor 320 mil dólares.
Los testigos colaboradores también acusaron a González de reclutar
militares para el cártel de los Beltrán, capacitar a sus grupos de
escoltas a través de una empresa de seguridad privada de su propiedad y
abastecerlos de armas.
Particularmente lo inculparon de vender en 20 mil dólares a los
delincuentes una metralleta MP5 y tres ametralladoras G3, que
supuestamente entregó en un restaurante McDonald´s ubicado en Plaza
Satélite.
Al abogado Ramírez Cabañas lo imputaron de regentear “tienditas” y
pagar sobornos a servidores públicos federales a cambio de información
de utilidad para los Beltrán Leyva.
Al final, el juez consideró que ninguna de las acusaciones fue
probada, y en el caso de Jennifer se trata de declaraciones que fueron
rendidas en el extranjero ante una autoridad que era incompetente y sin
abogado, razón por la que tampoco tenían validez.
González fue capturado el 23 de diciembre de 2008 en Chiapas, con
base en una orden de localización y presentación librada por la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), derivado de una denuncia anónima que lo involucraba
con el narcotráfico.
A cinco años de haber sido lanzada la “Operación Limpieza”, de un
total de 13 funcionarios que fueron encarcelados por su supuesta
protección al narcotráfico, 10 ya fueron absueltos y liberados por falta
de pruebas, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SEIDO
(antes SIEDO), y Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la Policía
Federal, los principales acusados.
Dos días después de que Ramírez Mandujano fue absuelto por los
tribunales de las acusaciones que el gobierno de Calderón presentó en su
contra en 2008, ocurrió la liberación del general Ángeles Dauahare, que
en mayo de 2012 fue acusado, junto con Roberto Dawe González y Rubén
Pérez Ramírez, así como el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández
Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, de proporcionar a la organización
criminal de los hermanos Beltrán Leyva información sobre las acciones
del gobierno federal en su contra, por lo menos durante 2007, a cambio
de dinero.
En su edición 1891, la revista Proceso dio a conocer que el caso del
general Dauahare, quien dejó la cárcel el pasado 17 de abril, se le
empezó a derrumbar al gobierno calderonista horas antes de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa
Florence Cassez.
De acuerdo con la nota firmada por Jorge Carrasco, a la PGR de Jesús
Murillo Karam le iba resultar difícil sostener las acusaciones de
delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con
el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente
coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los
enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Y así fue.
Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario,
Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de
comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los
hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le
enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de
cometer delitos contra la salud.
En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos
Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de
México, Raúl Valerio Ramírez, la dependencia respondió al abogado que
las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores” no estaban
corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado
fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con el número de oficio DGCPPAMDO/707/2013, difundido inicialmente
por el periódico Reforma el martes 22 de enero, la PGR aludió a los
dichos de los testigos identificados con las claves Jennifer y Mateo,
quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de aprovechar sus distintos
cargos de jefe militar para proteger a los Beltrán Leyva.
El abogado Roberto López Nájera, Jennifer, y Sergio Villarreal
Barragán El Grande, quien se convirtió en colaborador de la PGR con el
alias de Mateo, inculparon al general en retiro sin que la dependencia a
cargo de Marisela Morales corroborara sus acusaciones, además de que
sus declaraciones ministeriales fueron desvirtuadas por el Ministerio
Público federal en la averiguación previa para involucrar aún más a
Ángeles Dauahare.
El deslinde la PGR sólo favoreció al divisionario, quien en 2006
estuvo entre los considerados a ser secretario de la Defensa Nacional
con el propio Calderón, pero terminó siendo subsecretario en los dos
primeros años de ese gobierno. El juez dio vista a los otros militares
acusados para adherirse o no a ese reconocimiento de la PGR.
Desacreditados los dichos de los testigos por la propia PGR, se
debilitó también la denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, que
supuestamente se hizo vía telefónica a la SIEDO, hoy SEIDO.
Según esa
“prueba” que quiso hacer valer la PGR en tiempos de Calderón, militares
con grados de generales y mayores colaboraban con la organización de los
Beltrán Leyva para realizar actividades de narcotráfico.
Esa fue la justificación de la PGR para actuar contra los generales
Tomás Ángeles, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén
Pérez Ramírez, el mayor Iván Reyna Muñoz y el teniente Silvio Isidro de
Jesús Hernández Soto.
La propia procuradora Morales tuvo que desechar públicamente otra
denuncia anónima en la que se acusaba a Ángeles de haber facilitado el
narcomenudeo cuando fue director del Colegio Militar, entre 2000 y 2002.
(PROCESO/
/ 26 de junio de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario