En la cárcel... tal vez acusadas por su tez morena o por carecer de apellido de abolengo como en Ciudad Obregón
Fernando Villa
Escárciga
… Y otra vez:
abuso, atropellos, violencia y exceso de la fuerza pública contra decenas de familias
pobres en Sonora. La barbarie regresa por sus fueros para salvaguardar el
interés de los ricos.
Ahora fue en un
predio aledaño a Bahía de Kino donde cientos de elementos de la Policía Estatal
Investigadora y de la Policía Federal irrumpieron de madrugada fuertemente
armados contra el pobrerío.
Llegaron con
fusiles de alto poder, con metralletas para someter a hombres, ancianos, mujeres
y niños cuyo “delito” fue aposentarse desde hace doce años en el predio para
dedicarse a la pesca.
Les derrumbaron sus
casas, destrozaron sus pertenencias y los sacaron como perros, al fin que
ninguno de los afectados pertenece a la rancia “aristrocracia” sonorense ni a
la clase política estatal.
Las versiones
circulan en pocos medios, acaso dos o tres, que consignan entre 50 y 300 el
número de familias cuyas casas fueron destrozadas con grandes máquinas por
órdenes de la autoridad municipal.
Hasta ahora se desconoce
el nombre del Juez --si es que hay orden de desalojo--, lo mismo que el del “propietario urgido por
desalojar” para construir un complejo turístico.
Como delincuentes,
también, son tratadas cinco personas a las que la PEI y la PFP remitieron al Ministerio
Público por el delito de ser “pobres, defender sus derechos y buscar un modo
honesto de vivir”.
Manuela Vázquez, Micaela
Villareal y Bárbara Gutiérrez se
encuentran en la cárcel, tal vez acusadas por su tez morena o por carecer de
apellido de abolengo como en Ciudad Obregón.
Hacer referencia a
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es inútil e insultante: desde su
invención, el engendro sólo ha servido para devorar presupuestos y organizar
cócteles.
Del Congreso del
Estado, vale la presencia, solidaridad y exigencia de justicia del diputado perredista
Carlos Navarro quien se apersonó con
los afectados para manifestarles su respaldo.
Los diputados del
PRI, tan oportunos para cuestionar los excesos del Nuevo Sonora y del Ayuntamiento panista de Hermosillo, hasta ahora
no se han pronunciado. El silencio también es reacción.
Falta saber si el
propietario del terreno invadido resulta afín a los priístas y, en consecuencia,
los legisladores del tricolor legitiman la represión contra las familias hoy en
desamparo.
Este tipo de situaciones,
en términos de justicia social y de respuestas a un sector que reclama espacios
para vivir y trabajar, deberían ser tema recurrente los quehaceres político y
de gobierno.
El desdén hacia
este tipo de noticias o el silencio de los grupos políticos irá indicado con
quién está cada cual. Y claro, para muchos la apuesta será el
olvido.
Pero ya se verá qué
sigue. Ya se verá…
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