sábado, 31 de marzo de 2012
¡DEJARON IR AL PRESUNTO HOMICIDA INTELECTUAL!
Dejaron ir al principal sospechoso del homicidio de la
occisa María Clarita Hernández Tabanico.
Porfirio Sarabia P.
La Paz, Baja California
Sur.- Voces ciudadanas y abogados litigantes lamentan lo sucedido en la
Procuraduría General de Justicia del Estado, con el homicidio de María Clarita
Hernández Tabanico, de 37 años de edad, al dejar ir a Gregorio Parra Rivas, de
profesión Ingeniero, esposo presunto homicida intelectual.
"Lo tuvieron
en sus manos, estuvo frente al Ministerio Público cuando rindió su declaración
testimonial y no les ocurrió arraigarlo, porque era lógico la presunción de su
participación en el homicidio, era el principal sospechoso del crimen de su
esposa", expresaron indignados a este medio abogados litigantes.
"De
haberlo arraigado oportunamente la Procuraduría habría realizado el mejor
trabajo del año, en materia de delitos de alto impacto como siempre se mencionan
pero nunca se ejecutan", subrayaron.
Los dos detenidos presuntos
homicidas materiales de la occisa: Luis Enrique López Gómez y Enrique Francisco
Canale Parada, oriundos de Ciudad Obregón, Sonora y ex trabajadores del ahora
prófugo Gregorio Parra Rivas, trabajador de la paraestatal Comisión Federal de
Electricidad, están confesos que ellos mataron a golpes a María Clarita, por
órdenes del patrón de ambos.
A 14 días del homicidio de María Clarita
Hernández Tabanico, - el último apellido nos lo aclaró el adolorido Fernando
Hernández, padre de la occisa- porque lo manejábamos como Tabano-.
Desde
una ciudad Estadounidense se comunicó vía telefónica con nosotros, para
agradecer las informaciones y seguimiento que estamos dando el homicidio de su
hija, enterándose lo que están haciendo y no las autoridades, para el
esclarecimiento del crimen.
Dijo que María Clarita Hernández Tabanico,
dejó dos niños huérfanos: Fernando Cortés, de 11 años, hijo de su primer
matrimonio y la niña Ana Olga Parra, de 2 años de edad, quien por cierto nació
muy pequeñita que apenas cabía en la palma de la mano, pero poco a poco fue
creciendo actualmente está sana.
Los niños están con ellos en Estados
Unidos porque existe una buena relación con el padre del niño Fernando, quien
por cierto fue quien vino a La Paz, B.C.S., a identificar el cuerpo de su ex
esposa, trasladando el cuerpo a la ciudad de Mexicali, Baja California, donde le
dieron cristiana sepultura el 22 de marzo de 2012.
Fernando Hernández,
confía en las autoridades y que pronto habrán de esclarecer el homicidio de su
hija, capturando al presunto autor intelectual Gregorio Parra Rivas.
VIOLÓ A UNA NIÑA EN TIJUANA Y LA COMPARTIÓ CON SUS "COMPAS"
Rafael MORALES MAGAÑA
TIJUANA.-
El “calafiero” Luis Alejandro Silva López violó a una niña de 9 años de edad y
todavía se atrevió a obligarla a sostener relaciones sexuales con otros chóferes tan depravados como él.
Por fortuna ya está recluido en la penitenciaría de La Mesa, luego de ser
capturado por agentes de la Policía Ministerial del Estado, en acato a la orden
obsequiada por el titular del Juzgado Octavo Penal, donde será procesado por
violación equiparada agravada.
Según consta en la denuncia que familiares de la menor presentaron en la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Silva López, de 37 años y
originario del Distrito Federal, perpetró su fechoría desde 2012 y probablemente
antes.
Como era chofer de vehículos de transporte público conocidos como “calafias”,
obligaba a la niña a intimar con otros choferes.
En las investigaciones ordenadas por el agente del Ministerio Público del
fuero común se pudo establecer que la criatura fue forzada a tener estas
prácticas en repetidas ocasiones durante 2011.
MÁS AMENAZAS CONTRA SEMANARIO ZETA DE TIJUANA
| Álvaro Cepeda Neri |
Ésta y el cese de la violencia homicida, así como el regreso de los
militares a sus cuarteles y funciones de auxilio ante desastres, es lo que los
gobernantes deben de resolver, ya que esos problemas no pueden continuar como
hechos cotidianos. Por todo el territorio los mexicanos no hallan cómo seguir
con sus actividades diarias en el contexto de la crisis económica y las
pavorosas necesidades sociales, porque no saben en qué momento los atraparán los
encuentros entre militares-policías y matones.
La nación sobrevive angustiada, desesperada y huyendo de sus lugares de
origen y domicilio: expatriados en su propia patria. Nos han impuesto un nuevo
despotismo “con las fuerzas (de la violencia física, derramamiento de sangre)
explotadoras vueltas hacia dentro contra una población sometida. Se mantiene a
las masas en estado permanente de subdesarrollo (y una “guerra”, para favorecer
esto y aquello)”: Harvey Wheeler, La democracia en una era
revolucionaria, editorial Monte Ávila.
En ese estado de cosas, los periodistas también padecen esa violencia
mezclada con amenazas, atentados, agresiones, levantones y homicidios.
Una vez más el semanario Zeta, editado en la frontera bajacaliforniana,
es víctima de esas amenazas cumplidas de funcionarios y delincuentes, las dos
caras de la violencia. Los medios de comunicación que no se han plegado a la
censura informativa, que demuestra el servilismo de algunos contados diarios,
han informado sobre las “amenazas telefónicas provenientes de sujetos que se
identificaron como parte de un grupo criminal”.
El texto completo apareció en varios periódicos, en solidaridad con el
semanario y el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (propone
criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia
que genera la delincuencia organizada no sirva para propagar terror entre la
población y establecer mecanismos para la protección de los periodistas y de la
identidad de las víctimas de esta violencia).
“El equipo del semanario Zeta ha sido objeto de diversos ataques y
amenazas a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, que han llegado
incluso, a cobrar la vida de tres de sus colaboradores. A ello se suma el
atentado sufrido por su fundador. Estos hechos lamentables han estado marcados y
promovidos por la impunidad: el Estado debe poner fin a este perverso ciclo”
(Reforma, 6 de marzo de 2012).
En los últimos casi 12 años que los militantes del Partido Acción Nacional
como funcionarios federales (en los municipios y su configuración como estados)
tienen la obligación de hacer prevalecer la legalidad, para no privar de la vida
y libertad a todos los mexicanos. Sesenta y siete trabajadores de la información
han sido víctimas de homicidios y otros más secuestrados, para que no ejerzan
sus derechos a manifestar en el periodismo impreso, la radio y audiovisualmente,
información a la opinión pública.
El presidencialismo fallido de Felipe Calderón ha descuidado la máxima
seguridad para los mexicanos y, al dirigir torpemente la “estrategia” militar y
policiaca para enfrentar a la delincuencia, ha contribuido al aumento de la
criminalidad. Lo que aprovechan funcionarios y delincuentes para atacar a la
prensa, como el caso de Zeta, cuyos reporteros, columnistas, editores y
directora han amenazado y, en cualquier momento cumplirán. La respuesta del
semario es que “ante la impunidad nos queda la publicación, el ejercicio de
nuestra libertad de expresión y el derecho a estar (y dar) información, que es
lo que nos sostiene”.
El periodismo crítico, veraz y contrastado de Zeta no ha perdido esa
brújula desde Jesús Blancornelas, director y fundador, víctima de varias
agresiones políticas, inquisiciones administrativas, judiciales y atentados.
Tres más de sus reporteros han caído por homicidios y sus autores intelectuales
gozan de impunidad. Así que las advertencias telefónicas por parte de quienes se
identificaron como “un grupo criminal” (lo sean o aparenten serlo), pone en
grave riesgo a los periodistas del semanario que sí están informando sobre los
hechos de la violencia generalizada por todo el país, sobre la pavorosa
corrupción que priva en todas las instituciones administrativas y judiciales y
la impunidad.
*Periodista
JOVENCITAS, ANZUELO DEL NARCO EN MONTERREY
Juan Alberto Cedillo/ Reportaje Especial
MONTERREY, N.L., (apro).- “El Colitas”, quien recién había cumplido 18 años
de edad, fue el primero en irrumpir en el Casino Royale gritando:
“Ya se los
cargó la verga”, acto seguido accionó su arma de grueso calibre provocando
pánico entre los más de 200 parroquianos que se encontraban en la casa de
apuestas.
Un par de horas antes, Jesús Rafael Torres Bautista, alias “el Colitas”, fue
citado en un concurrido restaurante especializado en cabrito, el platillo típico
de Monterrey, por sus jefes: José Alberto Loera Rodríguez, “El Voltaje”,
Francisco Medina Mejía, “El Quemado” y Baltazar Saucedo Estrada, “El
Mataperros”, los líderes “Zetas” en la zona metropolitana.
Después de comer y recibir órdenes, “El Colitas” salió del restaurante “El
Gran Pastor” con al menos una docena de colegas para dirigirse en tres vehículos
a comprar alrededor de 200 litros de gasolina, que verterían en la entrada del
Casino Royale.
Los dueños del casino se negaban a pagar una cuota de 150 mil dólares para
que los “Zetas” los dejaran trabajar.
Después del atentado, Rafael Torres Bautista regresó a su centro de
operaciones: los barrios marginados del norte de la zona metropolitana donde
destaca la CROC, una colonia controlada por pandillas.
En esa zona, “El Colitas” era líder de una célula de los Zetas integrada por
Josué Mejía Garza alias “El Flaco” o “El Negro”, de 24 años, y los menores de
edad Jesús, “Chuy Pestañas” de 16 años; Itsama,“Chama”, de 16; Yesenia, de 17, y
Yaresi,“Ale”, de 15.
Las pesquisas de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León arrojaron
que Torres Bautista y su banda de menores estaría implicada directamente en diez
homicidios y por lo menos en otros 50 actos delictivos, entre secuestros,
asaltos y robos con violencia. Además de ser corresponsable de la muerte de las
52 víctimas inocentes del Casino Royale.
“El Colitas” y las mujeres adolescentes fueron reclutados entre las 20
pandillas que controlan la delincuencia organizada en Monterrey, nuevos miembros
que han fortalecido la estructura de los Zetas en toda la República.
La estrategia de “Los Maras”
Los jóvenes y adolescentes se han convertido en la nueva carne de cañón para
el grupo, ya que los usan como sicarios, halcones y vendedores de droga al
menudeo.
El “Estudio Longitudinal de Pandillas en Monterrey”, realizado por
investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señala que durante los
últimos cuatro años las bandas juveniles aumentaron 20 por ciento, para sumar
alrededor de 2000 integradas por más de 30 mil pandilleros.
La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León detectó alrededor de veinte
de esas pandillas de donde los “Zetas” y el cártel del Golfo reclutan a sus
nuevos miembros.
La manera de cooptarlos la contó a Proceso un expandillero que habló bajo la
condición del anonimato: “Los Zetas están usando el mismo método que Los Maras
para reclutar”.
El sistema es muy sencillo: consiste en provocar conflictos y riñas entre las
pandillas para que los jóvenes finalmente se hagan miembros y se protejan con el
grupo más fuerte, en este caso, “Los Zetas”.
Tienen como prioridad reclutar mujeres para atraer a más jóvenes. Como
ejemplo destaca el caso de Rogelio Chacha Quintero, alias “El Yeyo”, excapo del
municipio de Guadalupe, quien recién se fugó del penal de Apodaca.
“El Yeyo” fue detenido la mañana del 13 de diciembre del 2011 tras un
operativo de fuerzas especiales del Ejército que logró burlar el cerco de diez
policías que lo protegían.
El operativo ocurrió en una bodega ubicada sobre la calle México entre
Tamaulipas y Yucatán de la Colonia Orizaba del municipio de Guadalupe, que forma
parte de la zona metropolitana de Monterrey.
En esa bodega se encontraban 23 autos, algunos de lujo, que habían sido
robados. El Ejército capturó a cuatro hombres y tres jovencitas, fueron
sorprendidos cuando se encontraban durmiendo. Se les decomisaron dos paquetes de
droga, cuatro armas entre largas y cortas, 15 aparatos celulares y cientos de
cartuchos de distintos calibres.
El militar que encabezó el operativo confirmó que Rogelio Chacha Quintero
usaba a “las tres mujeres para reclutar a hombres para el
grupo de la
delincuencia organizada al que pertenecían”.
Las mujeres de “Los Zetas” además están levantando la estafeta que dejan los
capos caídos en la “narco guerra” contra el cartel rival y contra los efectivos
del Ejército y la Marina.
En los últimos meses han sido capturadas una gran cantidad de adolescentes
pertenecientes a ese grupo, que no han sido presentadas por ser menores de
edad.
En lo que va de 2012 también han ocurrido al menos una docena de asesinatos
de mujeres jóvenes, presuntamente “ejecutadas” por sicarios del grupo rival.
El cártel de Golfo no se queda atrás y también tiene entre sus filas a una
gran cantidad de mujeres jóvenes. El ejemplo más reciente ocurrió el pasado 2 de
febrero. Ese día fue capturada una banda de secuestradores que operaba en
municipios rurales del sur del estado. Estaba integrada por: Alan Josué
González, de 24 años, Jorge Eduardo González, de 18 y Dewy Vianey Rojas, alias
“la China”, de 24.
Después de su captura estuvieron arraigados varios días. En la madrugada del
21 de febrero fueron enviados al penal del Topo Chico, prisión controlada por
los Zetas.
Dewy Vianey y sus compañeros aún no tenían celda designada. Los hombres se
encontraban en el área de observatorio, mientras que la mujer estaba en la
enfermería. Hasta esos lugares llegaron dos reos: Eduardo Sánchez Contreras de
21 años y Jesús Sandoval Gómez de 32, quienes asesinaron a “la China” y sus
colegas del cártel del Golfo con armas punzo cortantes.
MUERE NIÑO DE 10 AÑOS EN MEDIO DE UN TIROTEO DE PANDILLAS EN DURANGO
Luis Lozano
El niño iba a una tienda cercana a su domicilio, en la colonia Francisco
Zarco, cuando ocurrió el incidente.
De acuerdo con el informe del forense, la bala que hirió a José Antonio Durán
Peña le penetró el pulmón. Falleció cuando recibía los primeros auxilios por
parte de los servicios de emergencia.
José Antonio estaba junto a su familia en una fiesta cuando lo enviaron a
comprar víveres a una miscelánea cercana; la pelea entre dos grupos de jóvenes
inició con pedradas y palazos, hasta que uno de ellos sacó un arma de fuego y
comenzó a disparar a los contrarios, justo cuando el niño pasaba por el
lugar.
Hasta el momento no se reportan detenidos por el deceso del menor.
Este día, además, se confirmó la muerte de un comerciante en la colonia El
Campanario, en el municipio de Gómez Palacio.
El fallecido fue identificado como Jesús Ramírez Ramírez, de 32 años.
El hombre estaba vendiendo hamburguesas cuando varios individuos llegaron y
le exigieron el dinero de sus ventas; finalmente el sujeto que lo amagó le
disparó en la cabeza.
Hasta el momento no hay personas detenidas por el asesinato.
ARRANCA CAMPAÑA MARCOS ULLOA CADENA
Tempranea el candidato de
MORENA…
En su arranque de
campaña Marcos Ulloa estuvo acompañado por los precandidatos a la alcaldía Librado Navarro Jiménez (MC), Lino Ruiz Coronel (PRD) y Jazmín Gómez Lizárraga
(PT).
Fernando Villa
Escárciga
A defender con la ley
en la mano los votos para Andrés Manuel
López Obrador, convocó Marco Antonio Ulloa Cadena al iniciar
durante los primeros minutos de hoy las campañas a cargos federales en el
país.
Poco antes, más de un
centenar de vehículos con militantes del Movimiento Ciudadano, PRD y PT
recorrieron la avenida Serdán en una manifestación para resaltar la presencia de
la izquierda en Guaymas.
Banderas rojas y
amarillas, globos naranjas y mucha música fueron parte del festejo de los
partidos políticos que enarbolan la candidatura de López Obrador a la
Presidencia de la República.
“Tenemos que echarle
ganas, correr la voz y sumar voluntades en la lucha por un verdadero cambio para
México, un país mejor para todos”, dijo Ulloa Cadena, que contiende para
diputado federal por el 04 Distrito.
También subrayó la
necesidad de impulsar a Ana Gabriela
Guevara y Alba Celina Soto al Senado de la República,
para dignificar a un Congreso de la Unión con verdaderos representantes del
pueblo.
En su arranque de
campaña Marcos Ulloa estuvo acompañado por los precandidatos a la alcaldía Librado Navarro Jiménez (MC), Lino Ruiz Coronel (PRD) y Jazmín Gómez Lizárraga
(PT).
Igual participaron el
candidato suplente a diputado federal Trinidad Arvizu Iturrios y el precandidato petista a
diputado Rodolfo Lizárraga Arellano,
lo mismo que el directivo perredista José Guzmán López.
Como
parte de su agenda proselitista Marcos Ulloa tempraneará hoy en el Mercado
Municipal, luego estará en un programa de radio y por la tarde visitará las
comunidades yaquis de Vícam y Bácum.
COMANDO EJECUTA A 4 HOMBRES EN NAYARIT
Un joven fue ultimado frente a una secundaria en Torreón.
Redacción
Huajicori, Nay. Cuatro hombres fueron ejecutados en la localidad
serrana de El Guamuchilar en el municipio de Huajicori, ubicado al norte del
estado. Los acribillados estaban encapuchados y vestían ropa tipo militar, según
los primeros informes.
Los occisos salieron de un domicilio particular y subieron a una camioneta,
donde fueron atacados. Las víctimas no tuvieron tiempo de repeler la
agresión.
Los ejecutados fueron identificados como Irineo y Severiano Rentería Segundo,
Daniel Ortega Pérez y Epifanio Flores Fructuoso, de 21, 18, 38 y 22 años,
respectivamente.
En Torreón, Coahuila,frente a la secundaria técnica número 13 en el ejido La
Unión, a las 20:00 horas fue localizado el cadáver de un joven que fue
identificado como Mauricio Luna Aguilar, de 24 años.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el hombre fue
agredido por varios sujetos que viajaban a bordo de un automóvil.
El cuerpo presentaba varias heridas producidas por disparos de arma de fuego
en distintas partes, por lo cual se le trasladó al Hospital Universitario para
practicarle la necropsia a que obliga la ley. En el sitio fueron asegurados 10
casquillos percutidos calibre 7.62x39.
DETIENEN EN BANGKOK A PALAZZOLO, CAPO DE LA "COSA NOSTRA"
Es considerado por los investigadores como el financiero encargado de lavar el dinero sucio del exjefe supremo de la mafia Toto Riina (detenido en 1993) y el expadrino mafioso Bernardo Provenzano.
Afp
Roma. La policía tailandesa detuvo el viernes por la noche en el
aeropuerto de Bangkok a Vito Roberto Palazzolo, considerado uno de los capos de
la mafia siciliana (Cosa Nostra), en el marco de una operación de Interpol,
indicaron este sábado medios de prensa italianos.
Palazzolo, de 64 años y originario de Terrasini (cerca de Palermo, en
Sicilia), es considerado por los investigadores como el financiero encargado de
lavar el dinero sucio del exjefe supremo de la mafia Toto Riina
(detenido en 1993) y el expadrino mafioso Bernardo Provenzano.
Condenado definitivamente en 2009 a nueve años de cárcel por asociación
mafiosa, vivía desde mediados de los años 80 con el nombre de Robert von Palace
Kolbatschenko en Sudáfrica, y las autoridades habían rechazado
extraditarlo.
ACRIBILLAN A CUATRO MUJERES EN MORELOS
Agencia Reforma
Cuernavaca, Morelos - Cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, fueron agredidas a balazos dentro de su vivienda en la colonia Vista Hermosa en el municipio de Jiutepec.
“Los hombres encapuchados que irrumpieron con violencia
en dicho lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada de este viernes 30, iban por
el padre de las menores, Israel ‘N’, alias ‘El Albañil’, quien en su primera
declaración refirió que se encuentra bajo proceso penal por el delito de
portación de arma de fuego y obligado a firmar cada semana en un Juzgado de
Distrito desde hace año y medio”, informó la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE).
Las víctimas del ataque fueron identificadas como Vanesa,
de 9 años, cuyo estado de salud es grave; Susana, de 17; Yesenia, de 15, y
Daniela, de 20, nuera de Israel “N”.
La dependencia indicó que, junto con personal del Sistema
DIF-Morelos, los servicios periciales de la dependencia brindarán apoyo a la
madre de las tres menores en materia de atención médica, psicológica y
material.
En el lugar fueron encontrados casquillos calibre .45 y
7.56 de AK-47, conocida como “cuerno de chivo”.
TIROTEO EN DURANGO, DEJA CUATRO MUERTOS
El Universal
Durango— La Fiscalía General del estado confirmó que en las primeras horas de esta sábado se registró un enfrentamiento en el municipio de Santiago Papasquiaro que dejó como saldo cuatro personas muertas.
De acuerdo al reporte de la dependencia el hecho de sangre se registró la madrugada de hoy entre presuntos grupos delincuenciales en el camino Herrera-Topia de esta demarcación.
Los cuerpos presentaron varios disparos por proyectil disparado por arma de fuego y fueron trasladados al anfiteatro de la Fiscalía General del estado en calidad de no identificados.
Por otra parte, se dio a conocer que en el lugar fueron encontrados armas, chalecos y cartuchos útiles.
Asesinan a hombre por resistirse a asalto
Además, el agente del Ministerio Público comisionado en la Comarca Lagunera tomó conocimiento el día de ayer del deceso de una persona del sexo masculino, quien falleció a consecuencia de herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en región temporal.
El occiso respondía al nombre de Jesús "N" de 32 años de edad, con domicilio en la colonia El Campanario en el municipio de Gómez Palacio.
Se dedicaba a vender hamburguesas en el exterior de una tienda ubicada en el ejido San Alberto, lugar hasta donde llegaron varios sujetos armados a bordo de una camioneta Mercury de color azul, sin placas de circulación, quiénes les exigieron el dinero y las pertenecias de valor.
Tras ello, uno de los atacantes amagó al occiso amenazándolo de muerte y le realizó un disparo con los resultados ya descritos, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.
ALCALDE DE COMONDÚ REVELA DESFALCO DE EMPLEADOS MUNICIPALES
Además, afirmó que la denuncia en contra de trabajadores de la Dirección de
Ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento continuará hasta generar el deslinde
de responsabilidades.
Mientras tanto, los hoy ex empleados “están separados de
sus cargos”, al tiempo en que son investigados.
Alejandro Acuña Rivera
La Paz, Baja California Sur. El presidente municipal de
Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, asegura que la denuncia penal presentada en
contra de una red de trabajadores de la Dirección de Ingresos de la Tesorería
del Ayuntamiento local, deberá seguir su curso para terminar en el deslinde de
responsabilidades en contra de aquellos que resulten culpables de haberse
apropiado ilícitamente de los impuestos pagados por contribuyentes de esta
población.
En entrevista con ZETA, el edil adelantó que el
resultado de la investigación arrojó un desfalco aproximado a 60 mil pesos
diarios, y que los empleados municipales, en su mayoría sindicalizados,
alteraron recibos oficiales para quedarse con el dinero de la comuna.
“Todos están separados de sus cargos… Ahorita la autoridad
correspondiente está determinando quiénes son los responsables, nosotros
separamos a todos porque no sabíamos quiénes eran los involucrados y no podíamos
correr el riesgo de que se quedaran dentro de la oficina y movieran
documentación o alteraran la información, entonces se perdió la confianza y
tenemos que esperar a que la autoridad deslinde responsabilidades”.
A continuación se transcribe íntegramente la entrevista concedida
por Pérez Sánchez a este Semanario el viernes 16 de marzo.
— Tenemos entendido que en las denuncias penales que interpuso en
contra de los ex funcionarios de la pasada administración, va una exclusivamente
en contra de un grupo de empleados actuales del Ayuntamiento de Comondú, por
haber obtenido de manera ilícita dinero que se pagaba de impuestos. ¿Qué sigue
en todo ese asunto?
“Es algo que se dio, después de un gobierno que, de cierta forma,
generó vicios y costumbres que pretendieron ir con esa inercia a la entrada de
esta administración. Ciertamente, son algunos trabajadores del Ayuntamiento que
se les hizo fácil desfalcar al erario municipal, porque observaron que al
anterior alcalde lo hacía, y bueno, se hizo una costumbre que cualquiera podía
agarrar recursos públicos; sin embargo, cuando llegamos nosotros fuimos claros e
hicimos un llamado enérgico a todos los trabajadores, argumentando que no
podíamos nosotros seguir con ese tipo de prácticas que sucedieron en el pasado,
ni tampoco permitiríamos, como se hizo antes, ese tipo de prácticas. Durante
este casi año de administración, ha sido una lucha constante de nuestro trabajo,
y donde estamos marcado esa gran diferencia. Como patrón tratamos de cumplir
todas las obligaciones que tenemos, pero también de exigir a los trabajadores de
alguna forma la obligación y el compromiso que tienen; desafortunadamente
algunos trabajadores hicieron caso omiso a ese llamado, y bueno, las denuncias
penales están caminando”.
— ¿Podría ser un poco más específico y explicar qué
detectaron?
“En los arqueos y revisiones de rutina que se dan en las áreas de
ingreso, nos encontramos con una red de trabajadores que estaban haciendo mal
uso del dinero público, aprovechándose de sus facultades como empleados,
falsificaban o alteraban documentos para apropiarse ilícitamente de ingresos,
proveniente de los impuestos que pagaban los contribuyentes. Quiero comentarles
que ya radicamos las denuncias penales correspondientes en la Agencia del
Ministerio Público Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, y
obviamente, siguen su trámite. Nosotros no vamos a dar marcha atrás en ese
sentido ni vamos a ceder a presiones, porque si algo tenemos en claro, es el
compromiso con los ciudadanos, respecto de cumplir y respetar el Estado de
Derecho. En el anterior trienio, la ciudadanía perdió la confianza en su
gobierno y hoy nos toca recobrar su confianza; lo único que estamos haciendo es
evitar ese tipo de prácticas y poner el ejemplo”.
— ¿Es cierto que el sindicato intervino a favor de esa red de
trabajadores ligados a este hecho de corrupción?
“Es cierto, tienen un sindicato que ha intervenido en su defensa, sin
embargo, está consciente de no podrá defenderlos en cosas que son ilícitas, y
sobre todo, donde se ha cometido un delito. La Ley es clara, y aquellos que
están involucrados deberán aportar elementos de pruebas en su defensa en el
plano legal. Es un derecho que tienen como ciudadanos. Por lo pronto, las
denuncias están radicadas, y bueno, es la autoridad competente la que tendrá que
deslindar responsabilidades”.
— ¿Cuántas personas son? ¿Ya los tienen detectados por
nombres?
“Por respeto y prudencia no podemos señalar públicamente, ya que corremos el
riesgo de señalar gente inocente o señalarla nada más por señalarla. Estamos
esperando a que las autoridades, en materia de su competencia en este caso,
deslinden responsabilidades, porque es el agente del Ministerio Público y el
juez, quienes determinarán quiénes son los culpables de este ilícito. El delito,
te lo puedo decir con toda seguridad, está plenamente acreditado, porque hay
pruebas y elementos suficientes, y estoy seguro de que si le seguimos escarbando
y revisamos desde cuando se venían dando ese tipo de prácticas en el
Departamento de Ingresos, vamos a encontrar muchas cosas”.
— ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué no pueden definir Ustedes
quiénes son si en esos procedimientos, sobre todo administrativos, hay personas
que tienen firma y está muy definido quiénes pueden ser los
culpables?
“Ahí está el problema, tenemos en la administración municipal un sistema
obsoleto, es decir, equipo de cómputo que ya no debería tenerse en el
Ayuntamiento, y aplica muy buen en ese dicho que dicen, que ‘la ocasión hace al
ladrón’, porque por obsoleto que es, permite que cualquier gente pueda
utilizarlo e ingresar al sistema, ya que no tiene los candados que deberían de
tener ese tipo de equipos; inclusive pueden modificar recibos. Ahorita estamos
trabajando ya en la modernización, es uno de los retos grandes que tenemos
respecto al Departamento de Ingresos. En caja también tenemos un sistema de
cobro muy anticuado y permite que el mismo trabajador modifique a su antojo los
recibos oficiales. Te pongo un ejemplo: el recibo de dinero tiene tres o cuatro
copias, un ciudadano que iba a pagar una contribución, recibía un recibo por la
cantidad de 8 mil 150 pesos, que era lo que había pagado en caja, pero resulta
que la copia del recibo de ingreso había sido expedida por 150 pesos. De esa
dimensión estaba el robo, entonces lo que hicimos fue elaborar una auditoría,
recurrimos a todos los ciudadanos y comparamos los recibos, y nos dimos cuenta
que se estaban robando los ingresos del Ayuntamiento; inclusive hasta el
concepto cambiaban, para evitar que nos diéramos cuenta”.
— ¿Cuánta gente hay involucrada en este delito? Parece ser una red…
“Pues están coludidas varias personas, dos o tres, mínimamente,
porque haciendo un análisis de la situación y muy por encimita, está el que
entrega el recibo, el que lo llena y el que cobra, cuando menos ellos saben bien
que ese dinero se va quedando en caja, y ellos al momento de hacer el corte con
su jefe inmediato, entregan el dinero y recibos y todo coincide. Ahora, está
también quien borra la cantidad del recurso en el sistema de cómputo, que
supuestamente ya se pagó, porque al otro año, el ciudadano viene a pagar su
impuesto y ya está pagado, ya que ya fue aplicado en el sistema, y como el
sistema es obsoleto, permite que pasen este tipo de situaciones”.
— ¿Toda esa gente sigue trabajando?
“No, todos están separados ahorita”.
— ¿Cuántos están separados?
“Son alrededor de diez trabajadores, es importante dejar en
claro, no quiere decir que los diez sean culpables, pero a todos los separamos
para evitar de alguna manera cualquier riesgo. Ahorita la autoridad
correspondiente está determinando quiénes son los responsables, y nosotros
separamos a todos porque no sabíamos quiénes eran los involucrados, no podíamos
correr el riesgo de que se quedaran dentro de la oficina y movieran
documentación o alteraran la información, entonces se perdió la confianza y
tenemos que esperar a que la autoridad deslinde responsabilidades. Yo no me
quiero convertir en un juez, mi ámbito de competencia es el Poder
Ejecutivo”.
— Menciona la ausencia de candados, eso no implica la posibilidad de
que esas personas se vayan sin castigo porque no hay un control…
“Mira, yo veo algo muy claro, que el delito está plenamente
acreditado y quien lo hizo, no puede estar fuera de este grupo de personas, es
muy burdo lo que ellos hacían y cómo engañaban, cómo, en pocas palabras, se
robaban el dinero. No sé cuántos se hayan involucrado, pero lo que sí me queda
claro, es que están desde los que manejaban los recibos, hasta los que cobraban.
Nadie se va a echar la culpa de algo que no hizo, en la investigación,
obviamente esos trabajadores van a declarar y se van a fincar responsabilidades.
Yo estoy esperando a los términos de Ley”.
— Esto es desde el punto de vista penal, pero están llevando un
proceso interno en el Ayuntamiento…
“Así es, aunque ahí tenemos un detalle, en lo que es el contrato
de trabajo del sindicato, porque el sindicato está abogando por los derechos que
tienen como trabajadores. La Contraloría Municipal se está encargando de las
sanciones administrativas y todo lo que respecta a la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos”.
— Pero eso no los exime de responsabilidades…
“Eso es un robo, y lo administrativo va a ser una consecuencia de
lo penal”.
— ¿Lo penal incluye la devolución del dinero?
“Los abogados son los que tienen más claro todo lo relacionado a
la demanda, yo no te podría dar una opinión muy acertada, la demanda es penal,
estas personas, si se encuentran responsables, van a pagar con cárcel, cuando
menos por los delitos de peculado y uso indebidos de recursos públicos del
erario. Les voy ser honesto, lo que está pasado es la primera etapa, porque la
investigación del delito aún no ha terminado. El resultado de la primera
auditoría nos arrojó un desfalco de alrededor de 60 mil pesos diarios, entonces
estamos revisando desde que tomamos protesta, hasta donde se descubrió todo lo
que estaba pasando”.
— Definitivamente, no tiene más remedio que investigar y sancionar
porque, de alguna manera, Usted firmó por lo que recibió, y eso lo hace
responsable de las finanzas que le entregó el anterior alcalde…
“De hecho quiero comentarte que nosotros no recibimos de manera
oficial como marca la Ley, y por eso, levantamos una acta que nos ampara de
muchas cosas que sucedieron y que también se están investigando después de que
presentados las denuncias penales correspondientes. Nosotros delineamos, donde
empieza nuestra administración municipal, y desde ahí asumimos la
responsabilidad, y lo quedó atrás, alguien tendrá que dar cuentas, y no
precisamente a mi, sino a la procuraduría y al Poder Judicial”.
— ¿Ya revisaron bien? Porque si no revisa Usted, nadie va a revisar
lo que ocurrió en la administración pasada…
“Mira, derivado de lo que te digo, relacionado a la entrega, no
tienen idea de los problemas que tuvimos que enfrentar para poder acreditar
algunos delitos. Nosotros tenemos un control, pero en la administración pasada,
no hubo demasiados duplicados de recibos, y es donde se tiene uno de los fraudes
más grandes de la historia. Ya radicamos las denuncias penales, porque hay mucho
duplicado de recibos, lo que decía al principio: los trabajadores se fueron con
la inercia de lo que se pudo hacer en la administración anterior, porque había
una coparticipación, si el patrón roba, pues nosotros también queremos hacer lo
mismo. Y eso es lo que permitió que de alguna manera, la gente pensó ‘acá no va
a pasar nada, no va a suceder nada, no se va a dar cuenta el nuevo alcalde’; sin
embargo lo detectamos y van a tener que pagar por eso, no sé cuánto tiempo lo
harían”.
— Eso es lo mismo que tienen ahorita, ¿no?
“No, ahorita no son dobles los recibos, sino alteración de
recibos”.
— ¿La copia?
“Las copias nada más están modificadas, es el mismo recibo, es
decir, alterado, pero en la anterior administración está duplicado. Un decir: tú
agarras un recibo, donde pagaron unos terrenos, y tienes dos recibos bajo el
mismo folio”.
— ¿Cuál fue la reacción del sindicato?
“Bueno, el sindicato ha sido claro y dice que no van a solapar
ningún ilícito que haya hecho algún trabajador, pero es entendible que hayan
puesto abogados a su servicio para que se defiendan, porque como líderes, sus
agremiados se acercan. La Ley siempre tiene un apartado para los que cometen
ilícitos, y es el tener el derecho de defenderse, y es entendible de esa forma.
‘Defiéndete, ya te metiste en una bronca’, yo pienso que es la postura del
sindicato, darle la posibilidad de que se defiendan sus agremiados. El sindicato
en ese sentido, con nosotros nunca habido la presión de que digas ‘a cambio de
esto, nada’, al contrario, hay una buena comunicación, donde para mí es
importante de que entiendan que no vamos a permitir este tipo de situaciones, y
quiero que ojalá éste sea un ejemplo y sirva para frenar cualquier intención de
servidores públicos y funcionarios en ese sentido”.
— ¿Ya revisaron en las otras áreas de gobierno?
“Hemos estado en caso de seguridad publica y sistema de agua
potable y alcantarillado, y la verdad, era un problema muy fuerte que podríamos
llamar de usos y costumbres de ese tipo. Muy complicado el tema y, en
lo personal, llegamos y marcamos los nuevos lineamientos y se ha generado mucha
ámpula y problemas por la reacción de eliminar este tipo de prácticas. Imagínate
cómo vivían esas personas que robaban entre 7 y 8 mil pesos diarios, dinero que
única y exclusivamente, era de una sola persona. Llega uno y se los quita de un
día para otro, obviamente se genera una resistencia y te mueven a la gente, pero
afortunadamente, la mayoría ya entendió que la administración no va a tolerar ni
a permitir eso”.
— ¿Y la auditoría a la pasada administración?
“Te puedo decir que hay trabajadores involucrados en lo que son
las denuncias en contra de los ex funcionarios de la anterior administración,
inclusive algunos tienen nexos y fueron utilizados. Te puedo decir en el caso de
Tesorería, existe un contador que está involucrado completamente en un fraude en
la Tesorería, y es trabajador sindicalizado. En el caso de Catastro, y sin temor
a equivocarme, algunos trabajadores se prestaron en el despojo de terrenos y los
delitos ya están acreditados, y se está investigando”.
— ¿Cuánto dinero se está invirtiendo en los sistemas de controles o
candados para que sean más confiables?
“Ahorita ya logramos cambiar el sistema de nómina, porque teníamos
problemas, ya que era tan antiguo el sistema, que ahora los jóvenes o los nuevos
ingenieros de cómputo, no sabían de los sistemas o los lenguajes que se estaban
utilizando. Era muy complicado, y sólo teníamos a dos personas que sabían
entenderlo. Es un sistema que vale dos millones de pesos, y hemos estado
apoyándonos con el Departamento de Cómputo del gobierno del estado, ahí vamos,
por eso ha sido lento, no podemos cambiar de un día para otro. Lo más urgente
era cambiar en este año el sistema de nómina, que era para mi importantísimo,
porque había cosas muy sueltas, ahora sí que no necesariamente
aviadores”.
— ¿Y qué te quedaría pendiente?
“El sistema de ingresos, porque es lo más complejo, ya que va
junto con Catastro. Estamos trabajando en una modernización catastral que de
alguna forma nos permitiría tener base de datos de todo el municipio, y
automáticamente se cargaría como debe ser, una sola base de datos, y tener ese
control; lo que queremos evitar es tener dos bases de datos y que tengas que
cruzarla año con año la información entre Ingresos y Catastro”.
— ¿Y eso lo tiene Usted para el año que entra?
“Sí, el año que entra, traemos un programa que vamos a bajar a través de
SEDESOL y ojalá podamos lograrlo, porque es una cantidad muy considerable de
dinero”.
— ¿Cuál es el nivel de ingreso en sus sistemas?, porque ahí todo lo
que se maneja es ingresos para el Ayuntamiento, ¿o no?
“Es bien complicado, porque no nada más es el área de Catastro,
está Seguridad Pública, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, pero
lo más fuerte es Seguridad Pública y Catastro, que son las áreas donde se
ingresa más recurso. Estamos hablando de un promedio de tres millones y medio
mensuales”.
— Sus trabajadores estuvieron manejando los tres millones y medio de
pesos como les dio la gana, y viendo los tejes y manejes que hicieron con los
ingresos, según explica por las irregularidades que detectaron, posiblemente sus
ingresos deberían ser mucho más…
“Es muy claro en el caso de Catastro, como son claves
catastrales, son 38 mil claves que tenemos en el municipio y son los
contribuyentes, andamos con un programa de recuperación, porque al final, lo que
ha sucedido es como un robo hormiga”.
— ¡Ni tan hormiga!…
“Robo hormigón, porque se va de poco a poquito”.
— Finalmente, tenemos información de que por lo
obsoleto de los sistemas, en la pasada administración hubo mucho despojo de
propiedades, pero contrario a lo que pasa en Los Cabos, no fue despojo físico,
sino en papeles…
“Por poner un ejemplo, el problema más serio que tenemos es en
Catastro y en el Fondo Legal, porque hay muchas propiedades hasta con tres
títulos. Ya revisamos algunos casos y vemos que los títulos están duplicados y
hasta falsificados. Imagínate el problema que se presenta, ¿quién es el
verdadero dueño? Son problemas muy graves que nos dejó como herencia la anterior
administración y donde están involucradas propiedades de alto valor comercial en
San Juanico, por citarte una población. Imagínate que estés al corriente en tus
pagos y de repente te quiten tu propiedad, después de que llegue otro, y diga
‘el terreno o la casa es mía’. Este delito también está siendo investigado,
porque la administración pasada se prestó mucho, quizá por la gente que gobernó,
y estamos seguros que tarde o temprano va traer un conflicto muy fuerte al
Ayuntamiento”.
— ¿De qué tamaño es el problema?
“Hasta ahorita hemos detectado alrededor de treinta títulos
falsificados, y por esos casos, ya se radicó una denuncia penal en contra de
quienes resulten responsables. Es una lucha de esos predios, y nosotros como
Ayuntamiento, estamos en medio, ya hemos sido requeridos por el agente del
Ministerio Público para ofrecer testimonios, y es un procedimiento, a ver
quiénes van a ser los dueños. Ya se investiga quién es primero, quién fue
alterado, inclusive fueron alterados algunos registros, que eso es más grave
todavía, y nos dimos cuenta porque a la hoja de una propiedad le ponen una cruz,
y ahí hasta usaron corrector. De esa dimensión es el problema”.
LEY ANTI-LAVADO: OTRA OCURRENCIA DE CALDERÓN
Diputados analizan la propuesta del Ejecutivo, que establece 17 actividades
financieras sujetas a supervisión, o, en su caso, a la notificación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entre éstas, la comercialización o
distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos,
marítimos o terrestres, y la prestación de servicios de blindaje para cualquier
unidad.
También se vigilarán las transacciones de joyería, metales y piedras
preciosas, ya sea por pieza o por lote, obras de arte y, por supuesto, bienes
inmuebles.
Francisco Navarro Fausto
Uno de los últimos tragos amargos que Felipe Calderón hará pasar a los
mexicanos antes de dejar la Presidencia de la República, ya se encuentra en la
mesa de análisis de la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de decreto por
el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (mejor conocida como “Ley
Anti-Lavado”), medida que se une a políticas prohibitivas que han afectado la
economía de la frontera, como la restricción de dólares en efectivo y el Sistema
de Supervisión y Control Vehicular (SIAVE).
De entrada, la legislación establece 17 actividades financieras
sujetas a supervisión, o, en su caso, a la notificación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre éstas la comercialización o
distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos,
marítimos o terrestres, y la prestación de servicios de blindaje para cualquier
unidad automotriz, por mencionar algunos rubros.
Otro apartado menciona la prohibición del “uso de efectivo en la
liquidación o pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas, billetes,
en moneda nacional, divisas o metales preciosos, en los supuestos
siguientes”:
- Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes
inmuebles.
- Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales
sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
- Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, metales
preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de
arte.
- Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo.
- Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier
naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de
personas morales.
Cabe recordar que la reglamentación está basada en la iniciativa
de Felipe Calderón Hinojosa (agosto 2010) y la de Santiago Creel (octubre de
2010), ambas encuadradas en la Estrategia Nacional para la Prevención y el
Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
Hasta el momento, los legisladores federales analizan los puntos
que contiene el documento, según expresó Óscar Arce Paniagua, diputado federal y
miembro de la Comisión de Justicia.
Aunque se espera que la propuesta sea aprobada antes de que
termine el período ordinario de sesiones (30 de abril), el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) considera que en el presente escenario electoral, el proyecto
pudiera politizarse y no ser aprobado, quedando en manos del próximo presidente
y del futuro gabinete, la admisión de la legislación.
La Ley busca proteger el sistema financiero y la economía nacional
con el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar
actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
En 2010, la iniciativa de Santiago Creel mencionaba que, de
acuerdo al Reporte Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de
Narcóticos de ese año del Departamento de Estado de Estados Unidos,
aproximadamente 15 y 30 mil millones de dólares son producto de las ganancias
anuales que obtiene la delincuencia organizada en México, como consecuencia de
sus diligencias.
Difícil aplicar Ley
Respecto a la “Ley Anti-Lavado”, el miembro de la Comisión de
Honor y Justicia de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de
Abogados de Baja California, Carlos Atilano Peña, opinó que el problema
fundamental radica en que “estamos haciendo parches, vemos una ley, nos
olvidamos de las demás y estamos haciendo un parche jurídico.
La adecuada
conducción sería una reforma integral general que llevara de la mano todos los
ordenamientos legales que confluyan en la penalización de ciertas conductas y su
relación con las nuevas disposiciones, no sólo la ‘Ley Anti-Lavado’.
Deberían
considerarse otras (legislaciones) en migración, salud, fiscal, que van
íntimamente relacionadas”.
Agregó que el problema de México es la impunidad, ya que los
reglamentos no se aplican y ha habido “falta de voluntad política para aplicar
las leyes y corrupción, que es lo que ha agravado la inseguridad del país”.
De acuerdo al experto, lo anterior no es todo, ya que en el país
no se tienen los mecanismos del orden práctico para instrumentarlos a las
futuras disposiciones, y en diversas ocasiones se cometen daños colaterales.
Por
ejemplo, a los empresarios que no pueden depositar libremente su dinero, sobre
todo en las franjas fronterizas donde existe una dinámica económica diferente al
resto del país.
“Se maneja mucho la moneda extranjera, se les restringen los
depósitos y se les quiere relacionar con situaciones ilícitas. Ahí es donde se
les ata de más, porque hay un prejuicio de que determinada cantidad elevada,
proviene de una situación ilícita.
Con estas medidas las autoridades perjudican
a gente que sí está acostumbrada a hacer operaciones financieras de la mejor
manera, están inhibiendo la inversión, un flujo comercial importante sobre todo
en la frontera”, alertó Atilano.
El Estado, afirmó, bien sabe que el crimen organizado generalmente
maneja sus operaciones financieras en efectivo, y así lo confirman los decomisos
que hacen las autoridades militares y policiales, que son de grandes cantidades
de dinero.
“Los delincuentes no van a darte un cheque, un giro, una
transferencia electrónica. No quieren dejar ni una huella, buscan cómo evadir”,
espetó.
Aunado al panorama aquí descrito, no existe un organismo
especializado que dé seguimiento a los delitos de una forma puntual, una
dirección que se encargue de una entidad de inteligencia que genere un cúmulo de
pruebas en el tema del lavado de dinero, y esos vacíos son los que aprovecha la
delincuencia.
“Los encargados de aplicar la Ley actúan de una forma
disfuncional, porque el que se encargó de hacer la investigación, se delega del
proceso y la ejecución de la sentencia, y el delincuente se aprovecha porque
sabe cómo está operando el sistema”, finalizó el especialista.
ZETA consultó a otro abogado, quien explicó que
de acuerdo a las autoridades, se estima que al país entran entre 25 mil y 40 mil
millones de dólares provenientes de los Estados Unidos, pero no sólo se debe
combatir dicho ilícito, sino que se debe abatir la corrupción en el país.
“No se trata nada más de combatir el dinero ilícito por venta de
drogas, para que tengas un conocimiento, el costo de la corrupción en México es
de 60 mil millones de dólares al año. Casi dos o tres veces más de lo que se
estima de drogas, casi el 9 por ciento del Producto Interno Bruto. México tiene
casi 25 años con el mismo ingreso per cápita, eso es una consecuencia
de la corrupción, el fenómeno de las drogas es un riesgo transferido. Por la
venta de drogas nos están mandando los dólares, pero qué esta pasando con el
delito de corrupción. Todo está muy enfocado a las drogas, carteles, qué bien,
pero para mí hay otras áreas de oportunidad como es el combate a la corrupción”,
estableció el entrevistado, quien añadió que a través de los controles a la
corrupción, el lavado de dinero se vería “mejorado”, pues los empleados de la
función pública tendrían la obligación de justificar sus bienes o la forma en
que viven conforme a lo ingresos que declaran; igual sucedería a los empresarios
que estén coludidos con ellos.
“Necesitamos más transparencia, mejores procesos
verídicos para poder criticar el buen o mal gobierno y poder exponer a quien no
está desarrollando sus funciones”, acotó.
No todas las empresas cumplen
Para Ramón García Gibson, doctor en Derecho por la Universidad
Autónoma de México (UNAM), el problema importante en México es que no existe una
legislación contra el lavado de dinero, aunque existen disposiciones de
circulares que emite la SHCP.
“En el tema hay toda una infraestructura preventiva y de combate,
desde 1997 las instituciones financieras están obligadas a reportar operaciones
a la Unidad de Inteligencia Financiera y, en caso de haber la sospecha de un
ilícito, se procesan los datos y se hace el siguiente paso, que es una
averiguación previa. Se hace una denuncia penal por parte de la UIF, quizá el
proceso judicial es donde a lo mejor pudiera ser lento el tema para poder lograr
una sentencia en el lavado de dinero”, anotó, para continuar:
“Dentro de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional contra el
Lavado de Dinero, la difusión y la información es un tema importante, con la
nueva Ley (Anti-Lavado) la Procuraduría General de la República tendrá que
informar al congreso cada año de lo que está haciendo respecto al tema”.
Otro especialista consultado por ZETA precisó que
aun cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuenta con algunas
circulares para prevenir el blanqueo de capitales, no todos los organismos se
apegan a ello:
“Si la sigues al pie de la letra vas a cumplir con sistemas,
procesos de prevención y evidencia. El detalle es que no todas las empresas
privadas lo cumplen al 100 por ciento. Muy pocos lo hacen al pie de la letra, y
al no tener esa fortaleza, la autoridad queda atada de manos”.
Asimismo, reconoció que en el tema de lavado de dinero “hay muy
pocas investigaciones y muy pocos procesos abiertos. En los últimos veinte años
han metido a la cárcel en promedio a 40 por el ilícito ya citado”.
La razón es que el blanqueo de capitales se tipifica “como segundo
delito, no como el delito principal, si evades impuestos y ocupas el dinero en
otra cosa para ocultar su origen, no muchas veces te dicen que lavaste dinero;
porque el lavado de dinero no sólo viene del narcotráfico, viene de evasión de
impuestos, un fraude, narcotráfico, secuestro, drogas… No se persigue y no se
sigue a la gente por eso, pero sí hay situaciones que se prestan a, por eso no
hay muchos antecedentes”, finalizó.
Aprobación con retraso
El objeto de la Ley en cuestión es “proteger el sistema financiero
y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y
detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a
través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar
datos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras
financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos
para su financiamiento”.
El legislador Alejandro González Alcocer comentó que la
reglamentación ya fue aprobada por el Senado y está en manos de sus colegas,
quienes al parecer están haciendo algunas adecuaciones. “Ha estado paralizada,
los diputados dijeron que la habrían de aprobar hace 15 días, ya se pasaron con
mucho. Estamos en espera de que salga con algunas modificaciones y tenemos
pendiente también una miscelánea penal, que es la reforma a todos códigos, penal
y de procedimientos, y a todas las leyes financieras, para modificarlas de
acuerdo a esa Ley de prevención de lavado de dinero. Ya tengo el borrador”,
afirmó el senador.
Por su parte y respecto al tema, el diputado Arce concretó:
“Estamos analizando la Ley de Lavado de Dinero, hasta el momento hemos propuesto
cerca de 40 modificaciones, pues hemos tenido algunos detalles que revisar, por
ejemplo, las compras acumuladas se van a reportar (a la SHCP).
Una parte
importante en la legislación es el aviso y la otra es la identificación que se
da cuando vas a comprar un artículo en efectivo de las actividades consideradas
vulnerables.
Te identificas con tu credencial cuando no pasas cierto límite,
pero nos encontramos ante otros bienes de consumo, como son las armadoras de
autos que, se considera, deberían notificar a la autoridad.
Ahí tenemos que ser
muy enfáticos para que no sea una carga más burocrática para los empresarios.
En
eso estamos trabajando. Tenemos que estar revisando respecto a las actividades
en efectivo, en donde una unidad de enlace de la Procuraduría General de la
República tenga que analizar, porque si dejamos los márgenes de manejo de
efectivo muy pegados, no va a haber un análisis real, va a ser mucha información
que no tenga un análisis profundo”, reconoció.
Lo que dice la Ley de los reportes
La Sección Tercera, que refiere los plazos y formas para la
presentación de avisos, cita que quienes realicen actividades sujetas a
supervisión de las previstas en el Artículo 17 de la Ley, presentarán ante la
SHCP los avisos correspondientes, a más tardar a los treinta días hábiles
siguientes de que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen.
Además, determina que la presentación de los avisos será a través de los medios
electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría.
Dichos avisos contendrán respecto del acto u operación
relacionados con la actividad vulnerable que se informe, lo siguiente:
I. Datos generales de quien realice la actividad
sujeta a supervisión.
II. Datos generales del cliente, usuarios o del
Beneficiario Controlador, y la información sobre su actividad u ocupación de
conformidad con el Artículo 18 fracción II de esta Ley.
III. Descripción general de la actividad sujeta a
supervisión sobre la cual se dé aviso.
Tratándose de la prestación de los servicios de fe pública, “los
avisos en cuestión serán los que presenten a las dependencias y entidades de la
administración pública de los tres órdenes de gobierno, en los términos de las
leyes federales y estatales que rigen esta clase de servicios, con lo que se
tendrá por cumplida la obligación de presentar los avisos a que se refiere la
presente Ley”.
Asimismo, la Secretaría podrá determinar a través de disposiciones
de carácter general, las condiciones y casos en que las actividades sujetas a
supervisión no sean objeto de aviso, siempre y cuando hayan sido realizadas a
través del sistema financiero.
Entrará en vigor un año después
Los artículos transitorios de la “Ley Anti-Lavado” consideran que
entrará en vigor a los doce meses posteriores al día de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que de aprobarse en abril el
presente año, tendría efectos a partir del cuarto mes de 2013.
Una vez que eso suceda y “en tanto sea creada la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, las funciones serán ejercidas por la
Unidad Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos cometidos
por Miembros de la Delincuencia Organizada prevista en el Artículo 8, primer
párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.
La Unidad Especializada de Análisis Financiero tendrá que ser
creada en un plazo máximo de noventa días a partir de la entrada en vigor la
Ley.
No han sido consultados: CCE
Mario Escobedo Carignan, titular del Consejo Coordinador
Empresarial, señaló que hasta el momento el organismo no ha sido requerido por
los legisladores para dar su opinión respecto a la “Ley Anti-Lavado”.
Sin embargo, aclaró que, aun cuando se aprobara, haría falta
generar el reglamento de la Ley para poder analizar la posible afectación que
pudiera representar al sector.
“El empresariado tiene que estar a favor en
términos generales de cualquier acción en contra del crimen organizado, pero
también vemos vacíos en la propia Ley.
Buena parte de las exigencias de GAFI
(Grupo de Acción Financiera Internacional, sobre el blanqueo de capitales) que
no cumple México es porque no hemos hecho las adecuaciones necesarias para
cumplir con lo que pide.
“Por ejemplo, el hecho de que la unidad que vigila el tema de
lavado no puede acceder la base de datos de PGR, entonces si a través de las
operaciones financieras estás analizado posibles operaciones ilícitas, la
autoridad que se dedique a la investigación de delitos está amarrada de manos”,
sentenció.
Como no se ha podido avanzar en las exigencias del organismo
internacional que combate el blanqueo de dinero, el gobierno federal no quiere
soltar el tema del depósito de dólares en efectivo. Al respecto, Escobedo
indicó:
“Que al final del día, estar estableciendo restricciones en estos
depósitos es una forma de cumplir con GAFI, por eso nos ha costado tanto
convencer a la autoridad, porque no han podido avanzar en otros temas y en ésta,
que si pudieron, no la han querido soltar”.
— ¿Podría la Ley contra el lavado pasar en este periodo?
“Aunque aparentemente se dice que el tema está destrabado, dudo
mucho de los acuerdos que públicamente se manejen. Muchas de las cosas que se
van a estar sucediendo en el Congreso, obedecen a cuestiones políticas; por
ejemplo estamos a favor de la reforma laboral, pero no queremos que se posponga,
nadie puede estar en contra el sector empresarial. De aprobarse la Ley,
inmediatamente vamos a hacer un análisis y participar en lo que será el
reglamento".
Y remató:
“Qué tan veraz o transparente es el solicitarlo en estos momentos,
con un escenario político y con qué posibilidades de prosperar, pues sólo espero
que no se vaya a trabar. Me gustaría que la Ley se pudiera cumplir sin complicar
las actividades de las empresas, y que al final del día vaya dirigida a revisar
operaciones ilícitas. Hay que recordar que en el caso de las empresas, tenemos
cuentas que están siendo constantemente fiscalizadas”.
Borrador de reformas
Las comisiones de justicia, gobernación y estudios legislativos
tienen en sus manos el proyecto de borrador de dictamen a la Iniciativa con
Proyecto de Decreto (del senador Alejandro Gonzáles Alcocer), por el que se
reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal; del Código
Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley de Instituciones de
Crédito; Ley del Mercado de Valores; Ley de Sociedades de Inversión; Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; Ley de Ahorro y Crédito
Popular; Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo; Ley de Uniones de Crédito; Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro; además de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Dicha iniciativa, también conocida como Miscelánea Penal en
Materia de Lavado de Dinero, habrá de publicarse con las adecuaciones necesarias
una vez que la Cámara de Diputados apruebe la “Ley Anti-lavado”.
Millonarias operaciones en efectivo
En noviembre de 2011 y de acuerdo a la Secretaría de la Defensa
Nacional, elementos del Ejército decomisaron en Tijuana la cantidad de 15
millones 350 mil dólares (aproximadamente 125 millones de pesos).
Un mes
después, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California (SSPE)
informó sobre el decomiso de 34 mil dólares en efectivo.
En marzo de 2009 las autoridades localizaron 207 millones de
dólares en efectivo en una residencia en la Ciudad de México; en tanto el 14 de
septiembre de 2008, en otra detención de delincuentes que tuvo lugar el
Culiacán, Sinaloa, se confiscaron más de 26 millones 202 mil dólares.
Carstens contra lavado de dinero
Fue el lunes 20 de abril de 2009 cuando, por mandato de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ese entonces a cargo de Agustín
Guillermo Carstens Carstens, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
las Disposiciones de Carácter General a que se Refiere el Artículo 115 de la
Ley de Instituciones de Crédito, estableciendo la política de
identificación del cliente y el usuario, así como los reportes de operaciones
financieras relevantes, inusuales, internas preocupantes y las transacciones
internacionales de fondos.
En su momento, el funcionario expresó que resultaba necesaria una
homologación en los estándares aplicables a las distintas entidades y
actividades financieras en México, donde se incluyeran normas específicas que
permitieran el adecuado seguimiento de las operaciones que llevaran a cabo entre
clientes y usuarios, abarcando los servicios que se otorguen en una sucursal,
“así como aquellos brindados a través de comisionistas e, inclusive, los que se
presten a través nuevas tecnologías, dentro de un marco legal que permita una
adecuada prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al
terrorismo, sin menoscabar el sano desarrollo de las instituciones de
crédito”.
Las disposiciones del documento contienen una actualización de las
normas que deberán observar las instituciones de crédito en materia de
prevención y detección de operaciones, y que pudiesen ubicarse en alguno de los
supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis ó 400 Bis del Código Penal
Federal.
Capítulo IV, del uso de efectivo y metales
En el Artículo 32 del proyecto de decreto por el que se expide la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, se establece que queda prohibido dar cumplimiento a
obligaciones y, en general, liquidar o pagar actos u operaciones mediante el uso
de monedas, billetes, en moneda nacional, divisas o metales preciosos, en los
siguientes supuestos:
|
Actividad
|
Número de veces el salario mínimo general diario vigente
en el Distrito Federal (62.33)
|
|
Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes
inmuebles.
|
16,716 = 1,041,908.28
|
|
Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre
vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
|
3,343 = 208,369.19
|
|
Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, metales preciosos
y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte.
|
5,015 = 312,584.95
|
|
Adquisición de boletos que permitan participar en juegos con
apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber
participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos.
|
3,343 = 208,369.19
|
|
Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo,
bienes inmuebles.
|
6,780 = 422,597.40
|
|
Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier
naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de
personas morales.
|
3,340 = 208,182.20
|
|
Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de
los bienes a que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo.
|
3,343 = 208, 369.19
|
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