TOLUCA, Edomex.
(apro).- El 5 de noviembre de 2013, dos familias vivieron uno de los momentos
más terribles de sus vidas: frente a un juez intercambiaron a los que durante
un año y diez meses creyeron que eran sus hijos, pero que en realidad fueron
cambiados –con total impunidad– en el Hospital Materno Infantil del Instituto
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) del Estado de
México, antes de ser entregados a sus madres biológicas.
Aquel día, en el
Juzgado Octavo de lo Familiar, los dos hijos mayores de la familia Anaya
lloraron y gritaron tras los barrotes de la sala, mientras sus padres
entregaban a su hermanito a la señora Estrada, quien a su vez se desprendió del
pequeño a quien crió sola con la ayuda de sus padres, pues su pareja la
abandonó.
Tan sólo al
recordar aquel día, las lágrimas vienen a los ojos de las dos madres:
-¿Y mi hijo?,
pregunta Estrada.
-Creciendo, está
bien, responde la otra mujer, que pide guardar su identidad.
-¿Crees que me
extraña?
-Es tan
inteligente que sabe hacer sus manifestaciones en el momento preciso.
Hay evasivas,
silencio. Ambas lloran. “Es un tema que nos mata”, coinciden.
Los niños –cuya
identidad es resguardada a petición de sus padres– nacieron el 26 de enero de
2012, con 59 minutos de diferencia en el ISSEMYM, dependiente del gobierno de
Eruviel Ávila, donde atiende a los empleados de su administración.
Ambos llegaron al
mundo vía cesárea; fueron dos de las cinco operaciones que se realizaron aquel
jueves. Dos días después, cada madre fue dada de alta y salió del hospital
cargando al bebé que entonces creía suyo, pero que meses después se enterarían
que fue cambiado por el personal médico del Instituto.
Tres años después
–pese a denuncias penales y supuestas investigaciones internas sin resultados—
los responsables continúan laborando en la dependencia y atendiendo a las
mujeres en el parto y el cuidado de los recién nacidos.
Ante la impunidad
en el ISSEMIM, dirigido por Delfino Reyes Paredes, la Contraloría Interna de
esta dependencia, representada por Miguel Ángel Pérez Lugo, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México a cargo de Alejandro Jaime Gómez
Sánchez y los tribunales Superior de Justicia y de lo Contencioso
Administrativo, el pasado 30 de marzo, una de las familias envió una carta al
presidente Enrique Peña Nieto –cuya copia tiene Apro— en la que le explica todo
lo ocurrido.
En ella le pide
instruir a quien corresponda para que se haga justicia en su caso, se
inhabilite al personal médico responsable y se evite la repetición de esta
negligencia con otros bebés que a diario nacen en el hospital de la entidad que
él mismo gobernó.
No obstante, su
esfuerzo fue en vano:
“Su asunto es de
injerencia y competencia del Gobierno del Estado de México, por lo que se le
recomienda comunicarse a la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del
Estado de México”, le contestó el pasado 6 de abril el director general de
Atención Ciudadana de la Secretaría Particular del presidente, Carlos Eduardo
Romero Castro.
Y remató: “Al reiterarle
el firme compromiso del Gobierno de la República con la construcción de un
México próspero e incluyente, le envío un cordial saludo”.
Tres años después
del hecho no hay ninguna consignación ni sanción a nadie.
LA SOSPECHA
Meses después de
que nació su hijo, la señora Estrada comenzó a tener problemas con su pareja.
Él le recriminaba que el bebé no se parecía a él, que no simpatizaban. “No es
mi hijo, me engañaste”, la acusaba continuamente.
Aquella sospecha
terminó con la separación de la pareja. Pero, convencida de que sí era su hijo,
ella lo demandó ante un juez de lo familiar para obtener el reconocimiento de
paternidad y la pensión alimenticia. Su pareja se negó y pidió la realización de
dos pruebas de ADN; una de ellas se envió a un laboratorio de Estados Unidos.
El 23 de enero de
2013 –prácticamente a un año del nacimiento del niño– los resultados arrojaron
lo inesperado: “el
señor no es el
papá… ni ella es la mamá”.
Sin el apoyo de su
pareja, el mundo de la señora Estrada se vino abajo. “Desde entonces no vivo,
caí en una depresión muy fuerte. Es estar como muerta en vida”, dice en
entrevista.
Con rabia,
incredulidad y dolor, acudió al ISSEMYM para reclamar la búsqueda y entrega de
su hijo biológico. El calvario se agudizó: “Me acusaron de loca, me daban
evasivas, se negaban a aceptar la responsabilidad. Me negaron acceso al
expediente. Todos hablaban como si se hubieran intercambiado perritos y no
bebés”.
Luego interpuso
una denuncia penal en la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos Cometidos
por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México (PGJEM) con el expediente número 192820360006713.
En ella señaló
como responsables al Instituto y al personal médico que la atendió: cirujanos,
ginecólogos, pediatras, neonatólogos, enfermeras y todos los que atendieron su
parto.
Pero en vez de
atenderla con profesionalismo, los policías ministeriales comentaban: “A lo
mejor se fue a una fiesta y le cambiaron la ropa al niño”, “No es cierto, lo
que quieren es lana”.
El 17 de mayo del
2013, cinco personas de la Fiscalía acudieron al domicilio de la madre de Jesús
Anaya. Los “pseudo-agentes” llegaron intimidantes en cuatro vehículos y con
jalones y atropellos, sin identificarse y provocando un escándalo con los
vecinos, le exigieron decirles dónde estaba su hijo.
“Tiene un pedote
con la ley” y debe presentarse ante el Ministerio Público, le advirtieron.
Sin temor de haber
cometido delito alguno, el matrimonio Anaya se presentó ante la Mesa de
Responsabilidades número 7, con la ministerio público Sandra López Sánchez.
Ahí, “nos dieron un trato déspota, negligente, falto de todo respeto,
profesionalismo y sensibilidad… Nos trataron como delincuentes, como si
nosotros nos hubiéramos robado o secuestrado a nuestro hijo”, cuenta Anaya.
Por el acoso y
maltrato que recibieron del personal de la Fiscalía, el matrimonio exigió
hablar en privado con el fiscal. Sin una pisca de tacto ni sensibilidad, les
informaron que había una demanda para entregar a su hijo a su madre biológica.
Peor aún, les dijeron que mientras se investigaba el asunto, debían entregar al
niño al DIF estatal (DIFEM).
La esposa de Jesús
se desmayó por el impacto de la noticia. Durante tres días se encerró en su
cuarto sin querer saber nada. Por su mente pasaron una y otra vez los
recuerdos: su bautizo, sus primeros pasos, el no dormir hasta estar abrazado de
su papá, su apego por una guitarra y por su hermano mayor, las canciones que
ella le cantaba. Todo lo que un bebé podía iluminar en una familia.
Al principio el
matrimonio se negó a someterse a pruebas genéticas pues estaban seguros que
todo era un error, pero las autoridades les dijeron que era una orden legal y
les dieron el citatorio.
Totalmente
indignados por el maltrato que sufrieron en la PGJEM y desconfiados de todo
procedimiento que hiciera su personal, el matrimonio pidió realizar una prueba
en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Mientras esperaban
el resultado, padecieron incertidumbre, temor, falta de apetito, insomnio,
irritabilidad y hasta hablaron del divorcio. Al final, la ciencia les confirmó
el hecho: no eran padres biológicos del bebé al que hasta ese momento habían
visto crecer.
La PGJEM también
llamó a los padres de los otros tres niños que nacieron por cesárea aquel 26 de
enero del 2012. Dos fueron gemelas y el otro niño se comprobó que sí vivía con
la familia correcta.
Sin ninguna duda
de por medio, el juez de lo familiar ordenó el intercambio de los menores y
pidió que ambas familias convivieran para que el impacto en los niños no fuera
tan severo.
Así lo hicieron
algunas veces, pero pronto concluyeron que el dolor de las despedidas y el
llanto de los pequeños al separarlos de sus “otros” papás, no era sano para
nadie. Decidieron no verse más.
La familia Anaya
también interpuso una demanda penal que se anexó al mismo expediente y juzgado
que el de la señora Estrada. Sin embargo, la PGJEM resolvió que “no había
delito qué perseguir”.
El 12 de junio de
2013 las familias afectadas interpusieron una queja en la Contraloría Interna
del ISSEMYM con el número CI/ISSEMYM/IP/059/2013. Sin embargo, el resultado les
dio otra bofetada:
El contralor
Miguel Ángel Pérez Lugo exoneró al personal médico que hizo el cambio, pues el
3 de diciembre de 2014 resolvió: “No hay lugar a iniciar un procedimiento
Administrativo Disciplinario en contra los Servidores Públicos adscritos al
hospital Materno Infantil de este Instituto”, con motivo de dichas denuncias.
Peor aún, ordenó:
“Archívese el presente asunto como tal y definitivamente concluido, hágase las
anotaciones en los registros correspondientes”.
SECUELAS E IMPUNIDAD
Después de que
cada familia “recuperó” a su hijo biológico, comenzó su duelo. “Recuperamos a
un hijo, pero perdimos a otro. De cualquier forma, es un daño irreparable”,
coinciden ambas madres. Saben que sus hijos buscan en su rostro “a su otra
mamá”.
Por lo que
consideran como “un infierno”, dejaron de ir a fiestas y reuniones familiares para
evitar el morbo y los comentarios: “¿Este es el hijo de verdad o el falso?”,
“Éste si se parece a ti, el otro no”, sólo por mencionar algunos.
“No hay palabras
para expresar el vacío de un hijo que sin ser de nuestra sangre, lo amamos”,
dice Jesús Anaya.
Ambas madres
fueron a tratamiento psicológico y hasta se acercaron a la religión para
superar la depresión y saber cómo llevar las secuelas que manifiestan sus
hijos.
“Mi hijo me dice:
‘no, tu mamá no’, se enoja, me rechaza, llora mucho”, cuenta la señora Estrada.
De menores
ingresos económicos que la familia Anaya, dejó la terapia porque cada sesión le
costaba 800 pesos, cantidad que no pudo solventar pues es el sostén de su casa
donde vive con su hijo y sus padres.
Con los Anaya, el
hijo de en medio aún conserva la fotografía de “su otro hermanito” en la
pantalla del celular y por las noches despierta buscándolo, llorando.
Y es que, el
ISSEMYM no ha asumido ninguna responsabilidad por el intercambio de los niños
y, en consecuencia, tampoco ha brindado ninguna ayuda a las familias afectadas.
Ni siquiera porque
el 5 de septiembre de 2014, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (CODHEM) emitió la Recomendación 23/2014, basada en el expediente
CODHEM/TOL/342/2013, cuya copia tiene Apro y que, por cierto, está inhabilitada
para consultarse en la página de internet http://www.codhem.org.mx.
La investigación
del organismo concluyó que “existen elementos que comprueban violación a
derechos humanos de los entonces recién nacidos y sus familiares”.
Por ello,
recomendó aplicar “un procedimiento administrativo disciplinario y en su caso,
las sanciones que se impongan” a los responsables del cambio de bebés. También
le pide elaborar un “manual o protocolo de identificación de recién nacidos” para
implementar en cada uno de sus establecimientos y, “de manera metódica y
sistematizada” en el ISSEMYM, así como girar un “instrumento general” para
prevenir su “estricto cumplimiento” por parte del personal médico.
Además sugirió
establecer un mecanismo para capacitar y al personal médico del ISSEMYM sobre
la atención a la mujer durante el embarazo, parto y pauperio, así como al
recién nacido, así como de los derechos humanos en general.
Las familias
aseguran que el instituto no ha hecho nada de lo que recomendó la CODHEM.
Tampoco se les ha acercado para tratar de resarcir el daño.
Sin ninguna
noticia positiva de justicia sobre el caso y aunque llevan un año y cinco meses
viviendo con sus hijos biológicos, ninguna de las dos familias ha dimitido en su
intención de castigar a los culpables.
Y a pesar de que
ya comenzaron a recibir represalias en sus trabajos y temen ser despedidos o
allanados en sus negocios y domicilios por denunciar el caso, coinciden en que
no cederán hasta que haya una sanción a los responsables.
De hecho,
consideran la posibilidad de enviar el caso a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
“Como
derechohabientes debemos ser estandarte de las denuncias y malos tratos… El
personal médico debería ser castigado porque ese día no tenían exceso de
trabajo como para no poner atención a los niños. El delito está comprobado, no
se cumplió con el protocolo de seguridad y quién sabe a cuántas madres les han
hecho lo mismo y no lo saben”, alerta la esposa de Jesús Anaya.
La señora Estrada
es contundente: “Me sigue doliendo, tengo mucha rabia contra las autoridades,
pero el coraje y la impotencia me impulsa a seguir con la demanda. Son tres
años de injusticia y ya estoy cansada, pero esto es una forma de decir: ya
basta de impunidad, quiero aprender a vivir otra vez”.
(PROCESO/ Reportaje
Especial / Seguir a
@spantojaproceso/ Sara Pantoja/22 de
abril de 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario