Luis Antonio
Torres “El Americano” siguió los pasos de su enconado rival, Hipólito Mora
Chávez, y se entregó a las autoridades por la balacera que el 16 de diciembre
de 2014, dejó 11 muertos en Michoacán. Presuntamente antes del enfrentamiento,
Mora pensaba inscribirse como candidato independiente a diputado. Del líder del
grupo criminal Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, no
se sabe su paradero. El comisionado para la paz en Michoacán, Alfredo Castillo,
tampoco menciona al capo
El destino de los
líderes de los dos grupos de ex autodefensas michoacanos y de 35 de sus
seguidores, quienes hace un par de semanas se enfrentaron a balazos en La
Ruana, Michoacán, con saldo de 11 personas muertas, se encuentra en manos de la
Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Morelia.
Luego de la entrega
voluntaria de Luis Antonio Torres “El Americano”, el martes 30 de diciembre y
de Hipólito Mora Chávez, el sábado 27, así como de algunos de los integrantes
de ambos grupos, la juez María Consuelo López Ramírez será la encargada de
resolver la situación jurídica de todos los implicados en el delito de
homicidio.
Por razones de
seguridad y debido a que los indiciados fueron internados en el penal estatal
“David Franco Rodríguez”, mejor conocido como “Mil Cumbres”, el Juez Segundo
Penal de Apatzingán, quien libró las órdenes de aprehensión, solicitó que un
tribunal de la capital michoacana se encargara de conocer del asunto. Sus
deseos fueron escuchados y se le relevó del conocimiento de la causa penal.
Tanto Mora Chávez
como “El Americano” habían anunciado que solo se entregarían para ser
enjuiciados en caso de que existieran garantías de que “no iba a pasar nada”, y
al parecer, así se los garantizó en sus comunicaciones el comisionado para la
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes,
sin que se revelaran datos sobre la presunta entrega pactada.
A la devaluada
actuación que ha tenido Castillo desde que fue designado por el Ejecutivo
federal y a las críticas de los habitantes de la entidad purépecha que no han
encontrado paz en sus comunidades, se unen las voces de políticos de distintos
partidos que ponen bajo la lupa al comisionado, ante la escalada de hechos
violentos que siguen ocurriendo.
En la primera sesión
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada por el Partido
del Trabajo, Lilia Aguilar, planteó la posibilidad de que el funcionario de
origen mexiquense sea llamado a comparecer, para que explique el grado de
descomposición social generado en Michoacán durante los meses recientes.
La detención de
ambos personajes ha despertado polémica entre los pobladores del municipio de
Buenavista Tomatlán y de Tierra Caliente. Hipólito Mora Chávez, fundador de los
grupos de autodefensas en la región, es quien ha generado las mayores
simpatías, al ser considerado un líder de la comunidad, mientras que Luis
Antonio Torres “El Americano”, también es apoyado por algún sector, aunque es
un secreto a voces que se le identifica por presuntos vínculos con Servando
Gómez Martínez “La Tuta” o “El Profe”, jefe del cártel del narcotráfico Los Caballeros
Templarios.
El sacerdote de la
Diócesis de Apatzingán, Gregorio López Jerónimo, calificó como “un error”
encarcelar a Hipólito por el enfrentamiento a tiros del 16 de diciembre en La
Ruana, y vaticinó que una decisión de esa naturaleza se traducirá en una
paralización de actividades en esa región limonera, y probablemente, en otras
regiones de la entidad donde apoyan a las guardias comunitarias.
HIPÓLITO Y SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS
Tan pronto concluyó
el novenario de su hijo Manuel Mora, abatido en la balacera por la que ahora
podría ser enjuiciado, Hipólito Mora se reunió con sus correligionarios en
contra de quienes se libraron órdenes de aprehensión y se pusieron de acuerdo
en la forma en que se entregarían ante las autoridades federales. El sábado 27
de diciembre se materializó la entrega pactada con el comisionado Castillo.
Mora y otras 26
personas ingresaron al reclusorio de “Mil Cumbres”. A ellos se les imputan diez
de las once muertes del enfrentamiento en La Ruana. Solo el homicidio de
Manuel, hijo de Hipólito, no les es reclamado en la causa penal 222/2014. Su
situación jurídica sería resuelta el miércoles 31 de diciembre, o, en su
defecto, de ampliar el plazo constitucional a 144 horas como es su derecho para
aportar y desahogar pruebas, el sábado 3 de enero.
Según Eduardo
Quintero, abogado del fundador de los grupos de autodefensa, su cliente podría
quedar libre por falta de elementos para procesar, al concluir el término
constitucional, pues estima que Hipólito Mora y su gente fueron los agredidos,
al solo defenderse de “El Americano” y sus acompañantes. Quintero confía en que
a más tardar en seis días, la juez resuelva conforme a derecho y que sea con un
auto de libertad.
Más allá de los
aspectos formales de la imputación contra Mora Chávez, su defensor levantó
ámpula al comentar que su cliente pretendía buscar una candidatura a diputado
federal. Señaló que es mucha coincidencia que el enfrentamiento se haya
registrado en una fecha tan cercana al registro de candidaturas independientes,
por lo que no descarta que lo acontecido en La Ruana, haya sido planeado para
afectar los planes políticos de Hipólito.
Eduardo Quintero
aseguró que cuando el personaje recupere su libertad podría registrarse como candidato independiente, o buscaría
alguna candidatura por un partido político, “si es que éste se compromete a
dejarlo actuar de manera autónoma”.
Por su parte,
cuestionado al respecto por medios de comunicación en Michoacán, Édgar Eduardo
Pasallo Cachú, vocal secretario del consejo distrital del Instituto Nacional Electoral
(INE) con cabecera en Apatzingán, , dijo que el líder de los ex autodefensas no
podría ser candidato a ningún cargo de elección popular en los comicios de
2015, puesto que el plazo de aviso de intención ha finalizado, y Mora no
formalizó su interés ante esa institución.
UN “AMERICANO” IMPREDECIBLE
De Luis Antonio
Torres “El Americano” no se conoce mucho, pero resalta la sospecha popular de
antiguos vínculos con personas ligadas al Cártel de Los Caballeros Templarios.
La imagen que de él se tiene en Tierra Caliente, es la de un hombre de carácter
fuerte que también ha arrastrado a cientos de personas para formar grupos de
autodefensa.
Todo parecía indicar
que la detención de Torres no sería tarea sencilla para las autoridades, pues
desde que terminó el plazo o gracia concedida por el comisionado Castillo para
que los participantes en la balacera se entregaran voluntariamente, tras velar
a sus muertos, se conocieron algunas acciones de resistencia por parte del
llamado grupo “H3”. Finalmente, “El Americano” se entregó con nueve de sus
incondicionales.
Mientras Hipólito
Mora se puso a disposición de las autoridades el sábado 27, ese mismo día,
desde la madrugada, los huestes de “El Americano” bloquearon la carretera
Cuatro Caminos-Apatzingán y otras vialidades de Buenavista Tomatlán,
presuntamente para evitar que el Ejército o la Policía Ministerial de Michoacán
detuvieran a su líder. Tras algunas horas de bloqueos, finalmente hubo apertura
a la circulación.
Al enterarse de la
supuesta actitud de Luis Antonio Torres y su gente, el lunes 29 de diciembre,
la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán informó que
tenían la ubicación del mencionado, por lo que de un momento a otro podrían ir
por él y cumplimentar la orden de aprehensión dictada en su contra, así como de
25 de sus hombres.
No fue necesario ir
por él, ya que la mañana del martes 30 de diciembre, “El Americano” y nueve
personas más se entregaron ante las autoridades michoacanas para deslindar su
responsabilidad en los hechos imputados. Torres se presentó en unas canchas
deportivas en Buenavista Tomatlán, donde ya lo esperaban el procurador de
justicia local, Martín Godoy Castro, y otros funcionarios.
Luis Antonio y sus
acompañantes fueron subidos a un helicóptero de la Secretaría de Marina-Armada
de México y fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General
de Justicia del Estado en Morelia, para después ser internados en el penal de
“Mil Cumbres”. Los nueve detenidos junto con “El Americano” son: José Alberto
Ayala Chávez, Ruperto Anaya Díaz, Gustavo González Sánchez, Adrián Eduardo
Zamora Cortés, Jorge Negrete Vargas, René Salvador Esquivel Núñez, Eladio
Cisneros Flores y José Pablo Ochoa Gutiérrez.
El abogado de los
miembros del grupo “H3”, Óscar Salazar Esquivel, aseguró que durante el plazo
de pruebas ofrecerá diversos videos de la balacera del 16 de diciembre, en los
que se aprecia que “El Americano” y sus seguidores se replegaron durante los
hechos y, a pesar de que su cliente iba con mujeres y niños, fue la gente de
Hipólito Mora la que disparó indiscriminadamente. El litigante agregó que las
otras 15 personas requeridas por mandamiento judicial se irán entregando en
grupos de cinco.
EL SILENCIO DE “LA TUTA”
El líder de Los
Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta” o “El Profe” salió de
escena. Hace unas semanas, en el último de sus videos difundidos por redes
sociales, anunció su retiro. Reiteraba lo mismo que dijo en la primera
entrevista concedida a CB Televisión en julio de 2009, cuando asumió el control
operativo del entonces llamado cártel de La Familia Michoacana: “No me van a
detener con vida”.
A más de cinco años
de que la Procuraduría General de la República ofreciera una recompensa de 30
millones de pesos a quien informara del paradero o brindara datos que ayuden a
la detención de “La Tuta”, el narcotraficante no ha sido localizado y, además
de que dejó de aparecer públicamente y en las videograbaciones, las autoridades
tampoco hablan de él.
Hace más de 12 años,
autoridades federales tuvieron las primeras noticias sobre Servando Gómez
Martínez, un profesor de primaria que se involucró en actividades relacionadas
con el tráfico de drogas. Investigaciones de ZETA ubican la primera demanda de
amparo promovida por “La Tuta” el 19 de diciembre de 2002, ante el Juzgado
Quinto de Distrito en Michoacán (635/2002).
Por una posible
orden de aprehensión en contra de Servando, el juicio de garantías en contra
del agente del Ministerio Público de la Federación, con sede en Lázaro
Cárdenas, la delegada estatal de la PGR en Michoacán y otras autoridades, causó
sobreseimiento el 7 de enero de 2003, al no existir el acto reclamado.
Una semana después,
Gómez Martínez interpuso una nueva demanda de amparo ante el mismo juzgador y
en contra de las mismas autoridades (17/2003). Su familiar y autorizado legal,
Viviano Gómez Armenta, reclamaban una orden de captura que no existía y el
asunto terminó archivado el 19 de marzo siguiente.
El 28 de abril de
ese año, en el juicio constitucional 272/2003, ante el Juzgado Octavo de
Distrito en Michoacán, “La Tuta” pudo enterarse de que existía la averiguación
previa 56/2003-LC en la Agencia del Ministerio Público con residencia en Lázaro
Cárdenas, mas no había aún orden de aprehensión en su contra. También se sobreseyó
el asunto, el 29 de mayo de 2003.
Fue hasta el cuarto
amparo promovido por el entonces “humilde maestro rural”, el 23 de junio de
2003, que se conoció de un mandamiento de detención en su contra. El Juez
Octavo de Distrito con residencia en la ciudad de Uruapan, reconoció ante el
Juez Sexto de Distrito de Michoacán (372/2003) que “La Tuta” era buscado por
delitos contra la salud.
El 26 de agosto
siguiente, el juez de amparo concedió la protección de la justicia federal a
Servando Gómez Martínez en contra de la orden de captura por posesión de
marihuana, y negó ampararle por la modalidad de cosecha del mismo
estupefaciente.
El 10 de octubre de
esa anualidad, el Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de
revisión, pero el 19 de febrero de 2004, el Primer Tribunal Colegiado del
Décimo Primer Circuito confirmó la sentencia recurrida. Sus abogados fueron
nuevamente Viviano Gómez Armenta y Édgar Julián Cabrera Estrada. En dicho
juicio quedó en claro que antes de esa fecha no existían antecedentes penales
del quejoso.
Siguieron dos
juicios de amparo más. Uno ante el Juzgado Octavo de Distrito (385/2003) y otro
ante el Sexto de Distrito (539/2004), ambos en Michoacán. “La Tuta” reclamaba
órdenes de aprehensión que no existían, por lo que los asuntos se archivaron
sin mayor problema.
Se desconoce si su
abogado Viviano Gómez Armenta, titulado en 2003 por la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (cédula profesional 3867964), es el mismo sujeto al
que Servando Gómez se refiere como “Vivi” en alguno de los videos que circulan
a través de las redes sociales, y en los que en ocasiones llamaba a sus
subalternos para que le proporcionaran objetos o servicios.
El tiempo sigue su
marcha y el presunto narcotraficante no es detenido. A la fecha la recompensa
anunciada por la PGR desde el 23 de marzo de 2009 sigue en los archivos de
internet de la dependencia, cuando se dijo que la “Tuta” era uno de los líderes
de La Familia Michoacana, al lado del finado Nazario Moreno González “El
Chayo”, J. Jesús “El Chango” Méndez Vargas y Dionisio Loya Plancarte “El Tío”.
INVESTIGAN A MILITARES EN GUERRERO
En Guerrero y en el
país surgió una chispa de esperanza de que se haga justicia en el caso de los
homicidios y desaparición de estudiantes
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, luego de que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos solicitara a la Secretaría de la Defensa Nacional,
un informe sobre los hechos de violencia registrados en Iguala, los días 26 y
27 de septiembre pasados.
A diferencia de lo
realizado por su antecesor, Raúl Plascencia Villanueva, el nuevo presidente del
organismo, Luis Raúl González, expresó que se investigará todo lo relacionado a
la violación de los derechos humanos que exista sobre el asunto, por lo cual ya
se integra una recomendación al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En pocas palabras,
se indaga una posible violación a los derechos humanos por parte de elementos
del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.
EL ASESINATO DEL PADRE “GOYITO”
En Guerrero, las
noticias sobre violencia e injusticias no terminan. Los crímenes en Acapulco no
descansaron ni con las vacaciones, mientras que en Ciudad Altamirano fue
privado de su libertad la semana pasada y posteriormente asesinado por asfixia,
el sacerdote Gregorio López Gorostieta, dedicado al seminario de la localidad y
que en su homilía del domingo anterior a los hechos, pidió justicia por el caso
Iguala.
El crimen del Padre
“Goyito”, como le conocía en el poblado, motivó la salida de clérigos y fieles
a las calles para manifestarse en contra de la inseguridad. En lo que va del
año es el tercer sacerdote asesinado en Guerrero, pero otros han sido
extorsionados, amenazados o asaltados. El Papa Francisco envió una carta al
Obispo de Altamirano, Maximino Martínez, en la que expresa su más sentido
pésame por el asesinato del sacerdote y ofrece sufragios por su eterno
descanso.
Las autoridades no
han dado luz sobre las investigaciones. El fiscal de Guerrero, Miguel Ángel
Godínez, ya se reunió con familiares del párroco que fue sustraído el lunes por
la noche del seminario donde daba clases. La única línea de indagación que se
tiene por versiones de personal del Seminario y de fieles, es un posible robo,
ya que el Padre “Goyito” tenía consigo el dinero de la colecta anual de la
institución.
NUEVAS PROTESTAS POR AYOTZINAPA
Los padres de los 42
normalistas desaparecidos en Iguala y organizaciones sociales anunciaron que la
noche de fin de año realizarán una marcha hacia la Residencia Oficial de Los
Pinos, tal como lo hicieron el miércoles 24 de diciembre para protestar y
exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes.
Integrantes del
Frente Oriente que se encuentran en plantón junto a las instalaciones de la
PGR, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, señalaron que a las 7:00
pm del miércoles 31, los manifestantes se reunirán en el plantón y de ahí
marcharán hacia Los Pinos. Anunciaron para el primero de enero una huelga de
hambre en solidaridad con los normalistas desaparecidos, y el día 3, en la
Escuela Normal de Ayotzinapa, organizaciones sociales y normalistas definirán
el plan de acción a seguir en 2015, donde están llamando a boicotear las
elecciones.
En redes sociales ya
circula un nuevo video en el que ciudadanos de por lo menos doce países exigen
justicia por la desaparición forzada de los estudiantes guerrerenses. Las
imágenes muestran el apoyo internacional a las víctimas de la desaparición de
los normalistas, por la muerte confirmada de Alexander Mora, y el asesinato de
cuatro estudiantes más en Iguala, tras el ataque de policías municipales el 26
de septiembre.
ALCALDE DE COCULA SEGUIRÁ TRABAJANDO
Luego de que un juez
federal de Tamaulipas negara una orden de aprehensión en su contra por los
hechos de la desaparición de los normalistas, el alcalde de Cocula, Guerrero,
César Miguel Peñaloza Santana, anunció que seguirá en sus labores, pues “está
limpio” y por ello la PGR no pudo acreditar sus supuestos nexos con la
delincuencia organizada y los abominables hechos que han despertado el reclamo
social.
Centenares de
familiares de Peñaloza y habitantes de Cocula acompañaron en procesión al edil
para agradecer a la Virgen de Guadalupe por su liberación, tras permanecer una
semana completa en calidad de presentado ante el Ministerio Público de la
Federación, declarando sobre sus presuntos vínculos con el grupo criminal
“Guerreros Unidos”, e incluso, asegura el funcionario, preso dos días en el
CEFERESO Número 4, en Nayarit.
Cuestionado sobre la
actuación de la Policía Municipal de Cocula en los hechos del 26 y 27 de
septiembre, César Peñaloza dijo que fue un hecho en el que los mandos actuaron
por iniciativa propia, y reconoció que la militarización de la dirección no fue
lo más positivo.
El presidente
municipal agregó que la Policía coculense estuvo dirigida entre 2011 y 2014 por
dos ex militares en retiro. Uno de ellos, el Teniente Tomás Biviano, asesinado
a balazos por delincuentes en 2012; el otro, el Mayor Salvador Bravo,
actualmente preso por su presunta participación en la desaparición de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez/
05 de Enero del 2015 a las 19:41:00)
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