CONCEDEN AMPARO A ALGORRI

“El Güero Camarón” señaló que el ex secretario de seguridad protegía al CAF

Investigaciones ZETA

Jueza que también exoneró a Hank Rhon aduce contradicciones entre testigos protegidos y aprovecha imprecisiones de fechas para dejar sin efecto orden de captura contra el ex secretario de seguridad pública Luis Javier Algorri por delincuencia organizada

 La Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, Blanca Evelia Parra Meza, concedió un amparo que libra de una orden de aprehensión por delincuencia organizada al ex secretario de seguridad pública municipal, Luis Javier Algorri Franco.

La misma juzgadora que en junio de 2011 dictó auto de libertad ‘por falta de elementos para procesar’ a favor del ex alcalde tijuanense Jorge Hank Rhon, ahora emitió el fallo para proteger al que fuera su jefe policiaco y que contaba con un mandato judicial en su contra dictado por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco.

Algorri Franco es indiciado por la presunta protección que brindó al cártel Arellano Félix durante la administración de Hank al frente del Ayuntamiento de la ciudad, por lo que habría recibido, junto con el ex director de seguridad pública local, Víctor Manuel Zatarain Cedano, dádivas mensuales en dólares.

Sin embargo, aunque se dictó la orden de aprehensión contra ambos ex servidores públicos en el juzgado de Guadalajara por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, la juez Parra Meza estima que “el material probatorio en cita, no es suficiente (…) para fundamentar la emisión de un mandamiento de captura contra el quejoso (Algorri)”.

La orden de aprehensión girada en el proceso penal 155/2012 del tribunal jalisciense se basó en los testimonios ministeriales de Víctor Manuel Peña García “El Chuta” y los testigos protegidos con claves de identificación “Carolina” (Carlos Fernando Vázquez Figueroa), “Guadalupe” (Luis Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”) y “Angélica” (Pedro Ignacio Zazueta “El Pit”), principalmente los dos últimos.

“Guadalupe” declaró que perteneció al CAF entre 2003 y 2008. Su función era servir de enlace entre la organización criminal y las policías municipales y la estatal, siendo el líder Javier Arellano Félix “El Tigrillo” con sus lugartenientes Teodoro García Simental “El Teo”, Jorge Briceño “El Cholo”, Arturo Villareal “El Nalgón”, Saúl Montes de Oca “El Ciego” y Gustavo Rivera Martínez “El P1”.

El testigo protegido señaló que él y otros sicarios al servicio del grupo criminal se encargaban de realizar levantones, secuestros, traficar drogas, armas y cobro de ‘derecho de piso’, entre otras ilícitas actividades, contando para ello con la protección del entonces secretario de seguridad Luis Algorri y del director de la policía municipal Víctor Zatarain, a quienes, cada lugarteniente enviaba la cantidad de 30 mil dólares mensuales.

Según “Guadalupe”, a finales de 2004 él mismo entregaba el dinero afuera de la comandancia número 8 a un contacto de Algorri, de nombre Enrique Jorquera “El Manotas”, ex policía ministerial y conocido de “El Cholo” Briceño. El testigo agregó que en una ocasión la policía municipal detuvo a un miembro del CAF, de la célula del “Teo”, en la delegación de la Mesa de Otay y la negociación para que lo dejaran ir se realizó directamente con Jorge Vera Ayala, que apoyaba a la organización desde la dependencia.

Por su parte, el testigo “Angélica”, miembro del Cártel Arellano Félix desde 1993 en dos etapas, declaró ministerialmente que cuando Jorge Hank fue alcalde de Tijuana “la policía municipal cooperaba más con nosotros, en todo, cuando andábamos trabajando en una zona le hablábamos (sic) para que se movieran de esa zona, cuando detenían a alguien de la organización lo dejaban ir”.

“Angélica” detalló que Víctor Magno Escobar “El Pareja” era el encargado de la comunicación entre los policías y el CAF para que criminales de esa banda fueran liberados. A su vez, “El Pareja” se comunicaba con Víctor Zatarain para gestionar la liberación, pagándose por la protección los 30 mil dólares que enviaba cada uno de los líderes de cinco células delictivas.

‘Coincidentemente’ tanto “Guadalupe” como “Angélica” multiplicaron mal el supuesto soborno y dijeron que juntaban 120 mil dólares cada mes para el secretario de seguridad pública de Tijuana, Baja California, “de apellido Algorri Franco” y para el director policial Víctor Zatarain.

“Esta protección nunca había existido, solo en el encargo de Jorge Hank Rhon, del año 2004 al 2006 aproximadamente”, remató “Angélica”, quien a través de diversas fotografías que le fueron mostradas por el Ministerio Público de la Federación, identificó a las personas que mencionó en su declaración.

Defensores de Luis Javier Algorri Franco ofrecieron como pruebas a su favor una documental que afirma que su gestión como funcionario del Ayuntamiento de Tijuana fue del 4 de marzo de 2006 al 30 de noviembre de 2007, certificación realizada por Fernando Castro Trenti, que tenía el carácter de secretario de gobierno de la comuna tijuanense, además de copia del nombramiento y diversas notas periodísticas de la época.

También comparecieron al desahogo de la audiencia constitucional en el juicio de amparo, en Guadalajara, los testigos de descargo Erasmo Peraza Velázquez, Carlos Rubio Alonso y Miguel Ordaz García, quienes por tener relación laboral y profesional con el ex servidor público declararon a su favor.

Al resolver el juicio de garantías, la juzgadora Blanca Evelia Parra calificó los hechos declarados por los testigos protegidos como “vagos e imprecisos” y estimó que la valoración de las pruebas realizada por el juez que dictó la orden de aprehensión “no fue adecuada, ya que dicha autoridad no justificó razonadamente los motivos por los que llegó a la conclusión de que con esas pruebas testimoniales en específico, quedaba demostrada la probable participación del aquí quejoso (…)”.

La impartidora de justicia concedió el amparo y protección al ex subsecretario municipal para que el juez emisor deje sin efecto el mandamiento de captura dictado el 10 de mayo de 2012 en la causa penal 155/2012. Pero esta vez el amparo no ordena que se dicte un nuevo fallo en el sentido que el juez de origen considere pertinente; ahora el tribunal de amparo propone: “Emita una nueva resolución en la que tenga por NO demostrada la probable responsabilidad de Luis Javier Algorri Franco”.

El Ministerio Público de la Federación aún podría interponer el recurso de revisión para que el asunto sea analizado de manera colegiada en un tribunal de alzada del décimo quinto circuito del Poder Judicial Federal, en Mexicali, en caso contrario, la sentencia de amparo no recurrida dejaría a Algorri Franco fuera del alcance de la justicia por el escándalo de la protección a narcotraficantes.

Por el mismo caso, pero con diversos grados de participación, otras personas implicadas en los graves señalamientos se han amparado. Jerónimo Javier Vera Ayala, detenido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, recibió la protección de la justicia de la unión, de parte del Tercer Tribunal Unitario de Guadalajara y está a la espera de que se confirme la resolución que lo pondría a las puertas de salida de la prisión.

Por su parte Víctor Manuel Zatarain Cedano también tramita diversos juicios de amparo en Mazatlán y Jorge Hank Rhon ha hecho lo mismo en Tijuana. El primero aguarda los veredictos, mientras que al último le han sido sobreseídos por no existir el acto reclamado como lo sería una orden de aprehensión y el cateo a las instalaciones del hipódromo Agua Caliente.

También dan amparo a “El Muletas”

Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali confirmaron el amparo que el Sexto Tribunal Unitario concedió al narcotraficante Raydel López Uriarte “El Muletas”, ex miembro del cártel Arellano Félix y de la célula criminal de Teodoro García Simental “El Teo”. El fallo deja sin efecto el auto de formal prisión que pesaba contra el sicario por el delito de delincuencia organizada.

La protección Constitucional fue otorgada al sicario debido a que se detectaron presuntas violaciones de forma en el procedimiento y no de fondo, dentro de la causa penal 134/2010 que se sigue en el Juzgado Cuarto de Distrito de Tijuana.

Según los magistrados, unitario y colegiado, el juzgador de origen no dio respuesta a la totalidad de los agravios formulados por “El Muletas” y le dictó formal prisión en septiembre de 2010. La resolución ordena que se purguen los vicios mencionados y entonces se dicte una nueva sentencia del término Constitucional.

Tanto Raydel López Uriarte como el Ministerio Público de la federación interpusieron el recurso de revisión tras la concesión del amparo en febrero de 2012. El primero, inconforme porque quería que la protección de la justicia de la unión fuese ‘lisa y llana’ y no ‘para efectos’; y el segundo, por considerar que el auto de bien preso estaba ajustado a la legalidad.

El asunto regresará al Sexto Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito para que éste a su vez notifique la sentencia de amparo al tribunal y juzgado responsables del acto reclamado y den cumplimiento a la ejecutoria ordenada por los superiores.

Actualmente “El Muletas” se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 3, en Santa Adelaida, Matamoros, donde será notificado oficialmente en los próximos días.

(SEMANARIO ZETA/ ZETA Investigaciones/11 de  marzo 2013)