México tiene 5 millones 786 mil 819
“puestos de trabajo remunerados del Sector Público”, refieren datos del Inegi
hasta 2016. Esta masa de servidores del Estado costó a los mexicanos 18
billones 087 mil 797 millones de pesos, entre 2003 y 2016. En ese periodo, su
tamaño aumentó en 20.32 por ciento, sumando cada año, en promedio, más de 75
mil funcionarios a sus filas.
El crecimiento tuvo mayor énfasis
durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (que concluyó con 649 mil 503
burócratas más), seguido por el de Enrique Peña Nieto (206 mil 923) y el de
Vicente Fox Quesada (120 mil 884). Para analistas consultados, la burocracia en
México está “inflada” sin ser “funcional”. Ello se debe a una falta de
estrategia en los procesos de contratación, a límites legales que deben ser
revisados, así como a usos discrecionales auspiciados por la falta de
transparencia.
En el marco del recorte de plazas y la
reducción salarial anunciada por el Presidente electo de México, Andrés Manuel
López Obrador, los analistas advirtieron que sanar la cuenta pública no demanda
sólo reducir el gasto, sino volver más eficiente a la Administración Pública
Federal, porque no lo es. Este proceso implicará generar estímulos por mérito,
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, además de generar
contrapesos reales al Ejecutivo federal.
Ciudad de México, 16 de
agosto (SinEmbargo).- Por cada 21 ciudadanos mexicanos, hay un burócrata. En
total, México tiene 5.7 millones de funcionarios públicos en los tres órdenes
de gobierno. Para especialistas consultados, el tamaño de esta masa de
administrativos se justifica por la circunstancia histórica de la Nación. Sin
embargo, su “ineficiencia” no excusa su magnitud, su costo monetario, ni la
función que cumple.
“Desde hace tiempo, pero en
especial en este sexenio, se ha inflado el número de funcionarios públicos. Y
podemos ver realmente una duplicidad [o una] triplicidad de funciones con prestaciones
que simplemente no van al caso; [con] un gasto cada vez más ineficiente; [con]
funcionarios públicos llenos de prepotencia y con un influyentismo que está en
su apogeo… Y ha llegado a un momento en que el pueblo simplemente se hartó y se
notó, básicamente, en las urnas”, dijo en entrevista el doctor Jonathan Heath
Constable, uno de los economistas más destacados de México.
Entre 2003 y 2016, la
burocracia mexicana creció en un 20.32 por ciento, con la incorporación de 977
mil 310 funcionarios públicos, refieren cifras del Banco de Información
Económica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(Inegi). Durante los años correspondientes al sexenio de Vicente Fox Quesada
(2003-2006), el incremento fue de 2.51 por ciento. Con Felipe Calderón Hinojosa
(2007-2012) el cuerpo de burócratas aumentó en 13.17 por ciento. Y durante los
primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto (2013-2016) hubo
un alza de 3.71 por ciento adicional.
Este aumento obedece –en
parte– a los cambios de partido que se dieron entre 2000 y 2012, en un intento
por “meter gente que impulsara ciertas agendas de visión de país”, acorde al
grupo en el poder, explicó el maestro Fernando Vázquez Bravo, de la
organización de economía estratégica empresarial, Consultores Internacionales.
Los 5 millones 786 mil 819
administrativos que tenemos en la actualidad incluyen al personal de base o de
confianza, así como a los empleados transitorios de carácter administrativo
(docentes, de seguridad pública, médicos, enfermeras, diputados, senadores,
asambleístas, regidores, síndicos, del ejército, la fuerza aérea y la armada
nacional).
Esta base de servidores
públicos tiene un costo promedio anual de 1 billón 291 mil 985 millones 500 mil
pesos, según las cifras oficiales. De acuerdo con una solicitud de información
hecha por SinEmbargo al Inegi, “el monto acumulado [de remuneraciones del
sector público] para el periodo de estudio (2003-2016) es de 18,087,797
millones de pesos”.
No obstante, el tamaño y el
gasto de la burocracia mexicana “no se justifica en el sentido de su
ineficiencia”, dijo en entrevista Heath Constable. “El Gobierno federal nunca
había gastado tanto; pero nunca había contribuido tan poquito al crecimiento
económico de México […]. Como economista, diría que la tragedia más grande de
este sexenio es justamente la ineficiencia del gasto público”.
De 2013 a 2018, por ejemplo,
el pago en servicios personales del Gobierno federal aumentó en 26.63 por
ciento (al pasar de 963 mil 689 millones a 1.2 billones de pesos). En ese mismo
periodo, refieren datos del Presupuesto de Egresos de la Federación, la inversión
en servicios públicos decreció en 10.12 por ciento (al pasar de 643 mil 892 a
716 mil 440 millones de pesos). Este tipo de contrastes ejemplifican “un gasto
exageradamente ineficiente”, según Heath.
Para el consultor
independiente, en México hay un problema estratégico en la manera en que las
dependencias de gobierno eligen a sus funcionarios. Y lo que hace falta, por
tanto, es una reorganización del cuerpo de servidores públicos “con
conocimiento de causa”. Es decir, estudiar caso por caso para reducir las
plazas inútiles sin sacrificar a aquellas personas que, a pesar de haber
ingresado a la Administración Pública Federal por estructura política, tienen
un grado de especialización que resulta “muy valioso” para el país.
“Hay un abuso en salarios muy
elevados con prestaciones exageradas en muchas áreas de la Administración
Pública”, expresó. Y el gran problema de la burocracia en México es que “hace
falta una estructuración muchísimo más robusta del Servicio Profesional de
Carrera”, coincidió el maestro Vázquez Bravo de Consultores Internacionales.
La proporción de la gran
burocracia mexicana, empero, responde al papel histórico del Estado, que
durante mucho tiempo, fue paternalista o benefactor. “En ese sentido, sí se
justifica un poco el tamaño de la burocracia del país, precisamente porque el
Estado ha tenido un peso mucho mayor –que en otros países– en la directriz del
desarrollo de la economía” nacional, recordó Vázquez.
Es a partir de la década de
los ochenta –con el colapso económico de 1982 y el agotamiento del modelo de
sustitución de importaciones– que el Estado comenzó a perder este papel
protagónico y a reestructurarse para transitar de un modelo económico
proteccionista y nacionalista, a uno abierto al exterior.
“Nuestro problema no ha sido
el de un Estado pequeño y débil, sino el de un Estado que, en su creciente
tamaño se hizo débil. Los problemas se agravaron, con un Estado que creció de
manera desproporcionada y desordenada, forzando sus afanes a la búsqueda de
medios para sostener su mismo tamaño”, se lee en el artículo de la revista
Nexos (1990) “Reformando al Estado”, en que el ex Presidente Carlos Salinas de
Gortari advirtió sobre los efectos nocivos del burocratismo nacional, en el
marco de la reforma política de 1989.
La profesionalización de la
burocracia nacional ha tenido un largo camino. Fue planteada por primera vez en
1821, cuando surgieron los primeros ministerios, entre ellos el de Relaciones
Exteriores, que desde entonces pujó por organizar la carrera diplomática. Los
esfuerzos dirigidos a mejorar la provisión de servicios siguieron hasta el
periodo de la Revolución Mexicana (1910), en que surgió el interés de
fortalecerla para mantener la estabilidad política.
Durante el siglo pasado, las
administraciones públicas federales batallaron para incluir mejores condiciones
laborales para los funcionarios públicos; pero también, para incluir controles,
normas, órganos, e instrumentos abocados a desarrollar y controlar su
desempeño.
Sin embargo, no sería hasta
la década de los ochenta que “se planteó de manera explícita la idea de su
profesionalización”, sin todavía poner en marcha el Servicio Civil de Carrera,
que entró en vigencia en octubre de 2003, con la promulgación de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF),
refiere la doctora María del Carmen Pardo, historiadora del Colegio de México,
en su estudio “El Servicio Profesional de Carrera en México: De la tradición al
cambio” (2005).
A lo largo de este proceso
histórico –sobre todo durante los años de hegemonía priista– “lejos de un
modelo ideal”, hubo una estructura “montada en prácticas caracterizadas por su
discrecionalidad, arbitrariedad, clientelismo y corrupción”. Hoy, refieren los
analistas consultados, aún existen límites a la profesionalización de la
burocracia mexicana, causados por cuestiones legales, por la falta de un
proyecto adecuado y los mismos usos discrecionales que son auspiciados por la
falta de transparencia en los procesos de selección de personal de gobierno.
Un análisis de la Unidad de
Datos de SinEmbargo arrojó que, en la actualidad, dos de cada 100 funcionarios
públicos federales en nuestro país, obtienen un puesto a través del Sistema de
Servicio Profesional de Carrera (lo que implica un concurso público, con
exámenes de conocimiento y de habilidades). El resto llega por designación,
como parte de un gabinete de apoyo, o bien, por mecanismos diferentes al que
garantiza el acceso de los candidatos “más aptos” para desempeñar funciones
específicas (según el artículo 29 de la LSPCAPF).
En diciembre de 2012, el
Presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a su Gabinete de seguridad. Desde
2000, según los especialistas, la burocracia mexicana ha sido ensanchada cada
seis años para impulsar las agendas de la administración federal entrante.
Foto: Agencia Cuartoscuro.
EL DERROTERO DE LA BUROCRACIA
Hasta diciembre del año
pasado, sólo 8 por ciento de los ciudadanos reconoció estar “muy satisfecho” (2
por ciento) o “satisfecho” (6 por ciento) con el desempeño de los funcionarios
públicos. El resto expresó no tener confianza en los trabajadores del Estado,
según datos de la encuesta nacional 2018 “Derechos Sociales y Cohesión Social”,
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
Más allá, el maestro Fernando
Vázquez Bravo indicó que existen dos indicadores que nos permiten vislumbrar el
derrotero de la burocracia en México.
Por un lado, los problemas de
la ciudadanía con respecto a los trámites y servicios gubernamentales
decrecieron entre 2015 y 2017 (al pasar de 52.5 a 46.5 por ciento), se lee en
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi. Esto
–de acuerdo con Vázquez– podría indicar que “sí se ha intentado eficientar el
ejercicio gubernamental en favor de la sociedad”.
No obstante, los datos
también refieren que los trámites en instalaciones de gobierno fueron en
decremento (pasaron de 61.9 a 57.1 por ciento en dos años). A pesar de la razón
–como el uso de tecnología digital– “esto podría justificar, en algún momento,
el adelgazamiento de todo el aparato burocrático”.
La contracción del cuerpo
administrativo del Estado mexicano, podría ser una realidad en los próximos
años. El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha
prometido que durante su sexenio recortará el 70 por ciento de las plazas de
confianza, además de reducir los salarios de los funcionarios públicos –de alto
y medio nivel– hasta en un 50 por ciento.
“Con la disminución salarial
se podría lograr un ahorro de 5 mil millones de pesos, aproximadamente”,
comentó Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). A pesar de la considerable suma de dinero, el
especialista reconoció que en el proyecto de AMLO “hay muy poca claridad” y por
eso “está generando confusión entre los funcionarios públicos actuales”, porque
ya no saben si a partir del 1 de diciembre van a recibir un recorte salarial,
van a ser despedidos o no.
Lo que “necesitamos [es]
entrar a las entrañas del presupuesto y [saber] cómo se va a implementar esta
política. Hasta ahorita han dicho las iniciativas, las ideas… y lo que a
nosotros nos queda en duda es cómo se van a implementar, en cuánto tiempo y
cómo se pretenden administrar”, dijo López Macari.
Al respecto, Heath Constable
advirtió que “recortar los salarios con una regla general también puede ser
peligroso porque hay puestos clave dentro de la Administración Pública [para
los] que se requiere una especialidad muy importante […]. Y si no le pagan bien
[a los funcionarios especializados], fácilmente van a encontrar un trabajo en
alguna institución financiera. Y no queremos que se nos vaya gente muy
capacitada y quedarnos con una administración que sea menos funcional de la que
tenemos”.
Los analistas concordaron en
que “reducir el gasto de operación de un gobierno siempre sonará bien. El
problema es que tenemos que ser muy cuidadosos en no tocar el gasto que es
necesario para que el Gobierno opere” de manera adecuada, como expresó
Alejandro García, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de
Cuentas de la organización civil México Evalúa.
Para salir adelante con el
reto que encara, López Obrador deberá “revisar a fondo cuáles son los sueldos y
salarios que se tienen que recortar. Y hay que revisar a fondo los mecanismos
para volver más eficiente la nómina pública y flexibilizarla. El hecho no es
nada más reducir el gasto; sino volverlo eficiente. Si hay plazas que ya no se
necesitan, hay que reducirlas y hay que quitarlas. Pero hay que conservar
aquellas que son necesarias y que son eficientes. Necesitamos gente que dé
resultados dentro del sector público […]. Necesitamos incentivar y ser unos
cirujanos del gasto haciendo los ajustes necesarios dentro de la nómina
pública”, comentó López Macari.
En ese sentido, lo
recomendable sería iniciar con un diagnóstico para partir de un presupuesto
base cero, en lugar de partir del presupuesto de la administración anterior,
abundó el integrante del IMEF. También –agregó Vázquez Bravo de Consultores
Internacionales– habría que fortalecer al Sistema de Servicio Profesional de
Carrera, de modo “que brinde certeza y que sea muy transparente en torno a los
procesos de contratación del Gobierno” para ofrecer mejor capital humano.
Según Vázquez, durante el
proceso de reajuste presupuestal sería menester “buscar un ajuste de los
salarios de la alta burocracia y empujar los salarios más bajos”. Una vez
reducida la brecha salarial –los sueldos en la Administración Pública Federal
van de 9 mil hasta más de 200 mil pesos mensuales– lo restante sería el ahorro
real generado por una política de austeridad, que no será posible sin tener
procesos más rigurosos y transparentes de selección de personal.
Además, dado que nuestra
burocracia “no está profesionalizada” y no cuenta con los mecanismos para
“incentivar que sea eficiente”, debemos de buscar estímulos basados en los
méritos profesionales y la productividad, en lugar de aquellos “especiales”,
como lo son los de puntualidad y asistencia, indicó Alejandro García de México
Evalúa.
Para tener una nómina y
hablar de austeridad dentro del gasto operativo del Gobierno, se requiere una
reforma a la gestión de recursos humanos dentro del sector público, que aparte
de los incentivos meritocráticos, implica “una vigilancia constante de parte
del Congreso [de la Unión] para revisar y establecer qué es lo necesario y
cuáles son las políticas públicas que se pueden y no se pueden hacer por parte
del Ejecutivo federal. Tenemos una falta de contrapeso en el Congreso, que no
tiene esa capacidad técnica”, concluyó García.
(SIN EMBARGO/ EFRÉN FLORES/ AGOSTO 16, 2018, 12:05AM)
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