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Cortesía
En
registros oficiales del Sistema Penitenciario Federal, en la documentación que
acredita el proceso que se le siguió a Raydel López Uriarte “El Muletas”, y
donde se señala su encarcelamiento; una palabra está escrita: LIBERADO.
Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California y fuentes
del Ejército Mexicano, no han sido informados de la liberación del señalado
narcotraficante, detenido en 2010, en Baja California Sur. El Gobierno Federal
no ha podido confirmar si en efecto fue liberado o si fue trasladado a otro
penal. Al mismo tiempo, René Arzate “La Rana” tramita amparo contra la única
orden que tiene en México, una de extradición por parte de los Estados Unidos
Por
tres prisiones de máxima seguridad tuvo que transitar el presunto
narcotraficante Raydel Rosalío López Uriarte, alias “El Raydel” o “El Muletas”,
ex jefe de sicarios del Cártel Arellano Félix (CAF) y posteriormente jefe de
célula del Cártel de Sinaloa, antes de supuestamente recuperar su libertad a
escasos siete años que fue detenido en Baja California Sur.
Efectivamente,
en documentación oficial aparece como liberado, pero ninguna autoridad federal
ha podido confirmar tal información a partir de la Secretaría de Seguridad
Pública de Baja California. La versión de su egreso -hace algunas semanas-, del
penal federal de Puente Grande, comenzó a circular en el Estado; autoridades
federales, herméticas como son a conveniencia, decidieron no negar ni confirmar
la información, pero una ficha actualizada el 14 de julio destaca que el sujeto
se encuentra “en libertad”.
López
Uriarte solo contaba con una causa penal en el Juzgado Primero de Distrito de
Procesos Penales con residencia en Tijuana, iniciado cuando dicho tribunal lo
constituía el Juzgado Cuarto de Distrito, en la entidad (causa penal 134/2010).
Tras un par de meses en arraigo, en abril de 2010, “El Muletas” fue declarado
formalmente preso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de
delincuencia organizada en la hipótesis de ilícitos contra la salud.
Debido
a que Raydel estaba prisionero en el Centro Federal de Readaptación Social
número 3, en Santa Adelaida, Matamoros, el Juez Segundo de Distrito de Procesos
Penales Federales en el estado de Tamaulipas, dentro del exhorto local
614/2010, se encargó de actuar en representación de la autoridad judicial baja
californiana. El fallo fue confirmado en apelación, meses más tarde, por el
Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito (toca penal 997/2010).
LA DETENCIÓN
Debido
a la purga que se realizó entre facciones criminales y la intervención de las
autoridades hacia finales de 2009, algunos capos salieron de la parte norte de
la Baja California y se dirigieron a La Paz, en Baja California Sur, donde se
instalaron para continuar manejando sus actividades delictivas. “El Muletas”
era uno de ellos.
Investigaciones
militares con ayuda de la agencia antinarcóticos estadounidense lograron ubicar
a operadores de López Uriarte en Tijuana, durante los primeros días de febrero
de 2010, y éstos delataron a su jefe que cómodamente se estableció en una
mansión en la colonia Civilizadores II, a la vuelta de la casa del entonces
gobernador de BCS.
Agentes
federales y soldados del Ejército Mexicano, en un solvente operativo lograron
detener al presunto capo, el 8 de febrero siguiente. No muy lejos de ese lugar,
otro jefe de células, José Manuel García Simental “El Chiquilín”, también cayó
en manos de las Fuerzas Armadas. Ambos reconocieron extrajudicialmente su
participación en el grupo criminal de Teodoro García Simental “El Teo” y en
múltiples crímenes.
Durante
el traslado en avión, “El Muletas” habló para una cámara de la Policía Federal
que lo videograbó. Dijo dedicarse al narcotráfico desde el 2002 y ser reclamado
por el Gobierno de los Estados Unidos de América por dichos motivos, desde
2006. Admitió haber ordenado la confección de 200 uniformes con su sello (una
calavera y dos muletas) porque ese era el número de los integrantes de su
célula. “¿A qué se dedica?”, le preguntó una voz desconocida. “Muevo mota”,
dijo el oriundo de Tijuana, quien ahí confesó su añeja enemistad con Fernando
Sánchez Arellano “El Ingeniero”, líder del CAF.
Fuera
de cámaras, “El Chiquilín” y “El Raydel” reconocieron diferentes secuestros.
Sin embargo, nada quedó asentado en declaraciones ministeriales como confesión.
HISTORIAS DE SANGRE
De
acuerdo con declaraciones de testigos protegidos y coinculpados de Rayde López
Uriarte, todos pertenecían a células que dirigía “El Muletas”, quien por su
parte obedecía al líder Teodoro García Simental “El Teo”. Ambos capos mantenían
una guerra declarada en contra del Cártel Arellano Félix, encabezado por
Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, del que antes fueron aliados.
La
mayoría de los declarantes, ex policías municipales de Tijuana, relataron
dedicarse al cobro de piso, levantones, trasiego de droga y protección de las
operaciones de la organización criminal en Baja California y su paso hacia los
Estados Unidos de América. Ricardo Agustín Vieyra Mendoza, alias “Pedro
Avilés”; Abel Mena Arévalos, “Jorge” o “Jona”; y Héctor Rodrigo Soky Martínez,
“El Soky”; eran sus principales colaboradores y dirigentes de su propia célula.
Sin
relatar fechas exactas, los antes mencionados coincidieron en señalar que los
tres grupos participaron en el levantón de unos sujetos en Playas de Tijuana,
por instrucciones de “El Muletas”. En otra ocasión, recibieron órdenes de
trasladarse a un domicilio en el que supuestamente se hallaba su enemigo “El
Ingeniero”, pero fueron recibidos a balazos, muriendo uno de los hombres afines
a “El Soky”, al que llevaron hasta una casa para dejarlo dentro de una tina de
baño, encargándose Raydel de los gastos funerarios.
También
mencionaron su participación en asesinatos de personas que traicionaban a la
organización o a sus contrarios, acción que describían como “cobrar cheques”. Delataron
a “El Tío” y al “Perro” como las personas encargadas de conseguir casas de
seguridad, a las que llamaban “oficinas” y enviar a “punteros” que verificaban
que no hubiese “gobierno” cerca de sus ilícitas actividades.
Las
entregas de dinero para pagar a sus colaboradores, informantes y protectores de
corporaciones policiales se realizaban en estacionamientos de centros
comerciales, donde también les enviaban “herramientas” para trabajar, como les
nombraban a las armas de fuego, cartuchos, chalecos balísticos, vehículos para
efectuar sus “jales” -generalmente robados- y demás equipo táctico.
LAS PIFIAS MINISTERIALES
En
el único proceso penal iniciado contra “El Muletas” hubo diversas omisiones,
falta de contundencia en la acusación y controversias dentro de la propia
averiguación previa, integrada por el Ministerio Público de la Federación,
adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), puesto que no se probaron las llamadas circunstancias de
tiempo, modo y lugar de los hechos descritos.
Las
supuestas acciones delictivas de Vieyra, Mena y Soky Martínez, concretamente en
la imputación de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de
marihuana, no probaron que se organizaban dirigidos por Raydel López Uriarte,
para realizar dichos delitos de manera “permanente” y “reiterada”, como lo
establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por lo que, el
simple aseguramiento de dos kilos 500 gramos de marihuana, no se relaciona con
permanencia y reiteración requerida por el tipo penal de delincuencia
organizada.
La
narración de la serie de eventos delictivos que hicieron los declarantes, al no
ser precisados en su temporalidad y las peculiaridades de cada uno de los
actos, no quedó acreditados, aunque referían pertenecer a una organización
criminal, divididos en células y participar en la comisión de delitos contra la
salud.
Con
excepción de Ricardo Agustín Vieyra “El Pedro Avilés”, ninguno de los demás
sujetos que aseguraron trabajar para el grupo delictivo, proporcionó la media
filiación de “El Muletas”, pues el fiscal de la investigación olvidó
preguntárselas. Por su parte, el único que describió a Raydel Rosalío, hizo un
retrato verbal que no coincide con el aspecto de su supuesto líder.
El
ex policía Vieyra dijo que conoció a Raydel con el falso nombre de “Tony”, en
el restaurante de mariscos Godoy, cuando se lo presentaron para que le diera
empleo. “Qué onda plebe, ¿qué quieres chambear?”, le habría cuestionado “El
Muletas”, al que describió de la siguiente manera: “recuerdo que lo miré, que
era como de 24 años; tez blanca, complexión flaca, muy ostentoso, con collares
de una calavera que se le abre el cráneo y dentro de la misma trae lleno de
cocaína, y además siempre anda bien vestido de mezclilla. Y miré que traía
fajada un arma de fuego tipo Beretta negra, con cachas de oro, con la imagen de
un escorpión”.
La
media filiación no correspondía a la del inculpado. En actuaciones del
expediente fedatado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en
Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, en la
diligencia de declaración preparatoria, se estableció que la descripción de
López Uriarte era de un hombre de 31 años de edad, complexión mediana, con un
peso corporal de 74 kilos 200 gramos, de tez morena clara, un metro 75
centímetros de estatura. El resto de detalles: cabello corto y negro, frente
amplia, cejas pobladas, ojos café oscuro, nariz recta y mediana, boca chica,
labios medianos y ninguna seña particular.
TRES CEFERESOS
Luego
de que Raydel Rosalío López fue instalado inicialmente en el Cefereso 3
“Matamoros”, sus primeros dos años fueron de rebeldía a la máxima seguridad y
correctivos disciplinarios. Aún se recuerdan sus primeros amparos promovidos
contra la negativa de la tienda del penal para venderle golosinas y la
restricción para que adquiriera un televisor de los que entonces otros reos
poseían. Perdió los juicios de garantías.
“El
Muletas” fue transferido por razones de seguridad, el 8 de noviembre de 2012,
al recién inaugurado y deficiente Centro Federal de Readaptación Social número
11 “CPS Hermosillo”, donde permaneció casi dos años y medio; mientras que su
correligionario Manuel García Simental fue remitido al Cefereso 4 Noroeste, en
El Rincón, Nayarit.
López
Uriarte fue trasladado en abril de 2015 al penal de máxima seguridad de Puente
Grande, en Jalisco, donde ya había estado preso su hermano Luis Alberto “El
Pájaro”, quien a la postre recuperó su libertad. La primera acción de Raydel
fue interponer una demanda de amparo en contra de las autoridades
penitenciarias reclamando “la negativa de proporcionarme atención médica
general y también el tratamiento médico adecuado para preservar mi salud e
integridad corporal”.
Sería
el primero de una larga serie de reclamos de violación a sus derechos
fundamentales, hasta julio de 2017. Pidió garantías en contra de actos como
incomunicación, tortura y falta de atención médica o entrega de medicinas,
hasta supuestos intentos de traslado a otros reclusorios del país. Nunca se
conoció el mal que alegaba padecer.
En
el penal federal del que escapó por primera ocasión el narcotraficante Joaquín
“El Chapo” Guzmán, en 2001, “El Raydel” alternó con otros célebres delincuentes
como los Juniors Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, Misael Torres Urrea
“El M-2” (hijo del capo Javier Torres Félix “El JT”), Juan Francisco Sillas
Rocha “El Ruedas”, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, y los asesinos del
Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
En
2016, “El Muletas” se convirtió en el mejor alumno de educación secundaria del
Cefereso de “Occidente”, según reportes del Gabinete de Educación del centro
carcelario.
EXTINCIÓN DE DOMINIO
Quizá
la “batalla legal” que puede presumir la autoridad como “ganada” a Raydel
Rosalío López Uriarte es la de haber obtenido la declaratoria de extinción y
adjudicación de los bienes del capo y sus socios a favor del Gobierno Federal.
Dicho juicio es autónomo del de materia penal y para su procedencia no es
necesario que se emita sentencia que determine la responsabilidad penal, sino
que basta que existan pruebas suficientes para establecer que el hecho ilícito
aconteció.
La
PGR ejercitó la acción de extinción de dominio el 2 de septiembre de 2013. No
solo en contra de “El Muletas”, también de sus codemandados David Alejandro
Rangel Casas, Manuel Torres Solís, y Antonia Samaduroff Pabloff, señalados de
ser sus prestanombres. Los bienes asegurados y en disputa, principalmente
departamentos, fueron los ubicados en los siguientes domicilios:
* Avenida Río Mississippi 61, sección
6472, Paraíso del Río, Tercera Etapa, también identificado como Lote 61,
manzana 49, colonia Zona Río Tijuana, Tijuana, Baja California.
* Calle 7 número 47, Lote 1, manzana 32,
Zona Urbana, Ex Ejido Matamoros, Tijuana, Baja California.
* Calle Misión San Miguel, sin número,
y/o Circuito Misión San Juan, lotes 46 y 47, manzana 132, y/o Circuito Misión
San Juan Capistrano, manzana 132, lotes 46 y 47, fraccionamiento Misión del
Mar, Rosarito, Baja California.
En
ese entonces, López Uriarte estaba preso en el penal de máxima seguridad de
Hermosillo, Sonora. Ni el imputado, ni sus presuntos testaferros respondieron a
la demanda entablada en su contra, por lo que se les tuvo como rebeldes en el
juicio y se dio por precluido su derecho a contestar.
El
6 de noviembre de 2014, el juez dictó la procedencia para que el gobierno se
quedara con los bienes inmuebles. El impartidor de justicia asentó que la
acción de extinción de dominio es un límite al régimen del Derecho de Propiedad
protegido constitucionalmente y a través del cual solo se reputa legítima la
propiedad que es fruto de un medio de adquisición previsto por la Ley y del
trabajo honesto.
En
este caso, el Ministerio Público actor demostró la existencia de un hecho ilícito,
que se vincula con los inmuebles afectos al juicio, mientras los demandados,
que les correspondía desvirtuar esa ilegitimidad, no aportaron los elementos
probatorios eficaces para ello.
Los
demandados David Alejandro Rangel Casas y Antonia Samaduroff Pabloff
interpusieron el recurso de apelación, el 18 de noviembre de 2014, pero el 27
de enero siguiente, el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y
Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia.
Oficialmente
en documentos “El Muletas” está liberado
La
acción legal se materializó en junio de 2016, cuando se anotó la inscripción
definitiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana,
mientras que en Playas de Rosarito dicha anotación absoluta se efectuó a
mediados de noviembre de 2015, decretándose así la adjudicación de los bienes
en favor del Gobierno Federal.
“LA RANA” VA CONTRA EXTRADICIÓN
El
líder del Cártel de Sinaloa en Tijuana y la Zona Costa, René Arzate García “La
Rana”, tramita un juicio de amparo en un juzgado federal de la ciudad para no
ser detenido y extraditado a los Estados Unidos de América, donde le reclaman
por conspirar para introducir marihuana a ese país.
El
Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal le concedió al quejoso la
suspensión provisional del acto reclamado, como ocurre en todos los casos de
extradición internacional para que no sea entregado, en caso de que sea
detenido, sin agotar el procedimiento de rigor.
La
demanda de garantías fue presentada originalmente para combatir una posible
orden de aprehensión dictada en su contra por alguno de los jueces de procesos
penales federales y su ejecución por parte de la Agencia de Investigación
Criminal, en el mes de abril pasado; sin embargo, a finales de junio, abogados
de “La Rana”, presentaron una ampliación del acto reclamado y autoridades
responsables.
Ahora,
además de una orden de captura por delitos cometidos en territorio mexicano, se
pidió protección constitucional contra una orden de detención provisional con
fines de extradición y se señaló como autoridad ordenadora al Juez de Distrito
Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal
Federal, en Ciudad de México, con residencia en Reclusorio Norte.
También
se incluyó como autoridades responsables para la ejecución de dicho mandamiento
judicial al director general de Procedimientos Internacionales y al
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, ambos de la Procuraduría
General de la República, con residencia en Ciudad de México.
La
audiencia constitucional para resolver el juicio de amparo se ha diferido en
cuatro ocasiones, reprogramándose para el próximo 30 de agosto.
René
Arzate García, junto con su hermano Alfonso “El Aquiles”, son señalados desde
hace cuatro años como los líderes del Cártel de Sinaloa en esta región.
Controlan el trasiego de droga por mayoreo en Tijuana, Rosarito y Tecate, la
que reciben en aeronaves, lanchas y automotores, para introducirla a la unión
americana. También se les responsabiliza de la alta violencia en Baja
California, en su disputa con los cárteles Arellano Félix (CAF) y Jalisco Nueva
Generación (CJNG).
Desde
2015, en los Estados Unidos de América existe una recompensa de 20 mil dólares
ofrecida por el Buró Federal de Investigación (FBI) a quien o quienes
proporcionen información que ayude a la localización y captura de “La Rana”
Arzate, de quien señalan en el afiche correspondiente: “es sospechoso de
coordinar y hacer cumplir operaciones violentas en nombre del cártel, para
incluir múltiples asesinatos y secuestros. “La Rana”, junto con otras 117
personas son encausadas por su papel en las operaciones del Cártel de Sinaloa”.
El
25 de julio de 2014, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito Sur de California, en San Diego, emitió una orden de arresto en contra
de Arzate García, acusado federalmente de conspiración para importar marihuana.
(SEMANARIO ZETA/EDICIÓN IMPRESA /
INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 7 AGOSTO, 2017 12:00 PM)
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