Despliegue
de las fuerzas policiales mexicanas durante una protesta del sindicato de
maestros contra las reformas educativas de Enrique Peña Nieto en 2016. La falta
de formación de los agentes de seguridad es, según Amnistía Internacional, una
de las causas de las detenciones arbitrarias en el país. Credit Reuters
CIUDAD
DE MÉXICO — Enrique Guerrero Aviña, activista social y estudiante de Filosofía
y Letras de la UNAM, conducía su automóvil por Ciudad de México el 17 de mayo
de 2013 cuando, de repente, una camioneta le cerró el paso y un hombre comenzó
a dispararle. Guerrero esquivó la emboscada pero se desencadenó una persecución
y los disparos siguieron hasta que fue capturado por hombres vestidos de civil
que dijeron ser policías pero no se identificaron.
Según
consta en un documento de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de las Naciones Unidas, el activista fue trasladado a un sitio
desconocido en el que fue torturado con golpes, asfixia y amenazas contra su
familia durante 30 horas antes de ser presentado a las autoridades de la
Procuraduría General de la República (PGR), que terminarían acusándolo por
delincuencia organizada y secuestro junto con otras doce personas que también
denuncian haber sido torturadas.
“Fue
un intento de ejecución extrajudicial. Además fui sometido a una desaparición
forzada y torturas. También me fabricaron delitos y enfrento la sinrazón de los
tribunales que no quieren estudiar a fondo el caso. Ni siquiera quieren aplicar
sus propios criterios y razones”, explicó Guerrero, de 32 años, durante una
conversación telefónica con The New York Times en Español desde el penal de
máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde lleva cuatro años
encarcelado sin haber sido llevado a juicio.
La
historia de Guerrero es uno de los casos analizados en Falsas sospechas.
Detenciones arbitrarias por la policía en México, el informe más reciente de
Amnistía Internacional. Este documento es otra señal de la grave crisis
institucional que azota al gobierno mexicano, que se encuentra sumido en
escándalos de corrupción, conflicto de intereses, la desaparición de
estudiantes y, más recientemente, las acusaciones de espionaje contra
periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos.
En
el informe de Amnistía resaltan historias como la de Verónica Razo Casales,
quien en junio de 2011 caminaba por una calle cerca de su casa en Ciudad de
México, cuando fue interceptada por un grupo de hombres armados vestidos de
civil que la trasladaron a unas instalaciones de la Policía Federal. Allí
permaneció incomunicada durante 24 horas y fue sometida a abusos sexuales y
otras formas de tortura hasta que la obligaron a firmar una declaración en la
que afirmaba haber participado en un secuestro. A pesar de que su familia
denunció ante la PGR los abusos que sufrió, sigue encarcelada y sin sentencia.
Familiares
de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestaban en abril de 2016
cerca de la Secretaría de Gobernación de México. Credit Henry Romero/Reuters
“Hay
un hilo conductor en todos los casos y es que la detención arbitraria es una
puerta para ingresar a otras violaciones de derechos humanos”, explica Tania
Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. “La
detención produce un efecto dominó sobre otros derechos humanos como la
integridad, el debido proceso judicial y luego puede originar violaciones mucho
más graves como la tortura o la desaparición forzada”.
LOS VICIOS DE LA BUROCRACIA
La
organización realizó este documento entre febrero de 2016 y abril de 2017, a
partir de entrevistas con diez organizaciones mexicanas de derechos humanos y
seis expertos en seguridad pública, métodos policiales y derecho, además de 25
funcionarios del sistema judicial, en funciones o retirados.
Los
testimonios de estos funcionarios, que exigieron el anonimato por temor a
represalias, resultan particularmente esclarecedores para entender los vicios
del sistema de detenciones del país. “Las flagrancias le sirven al Estado, sean
legales o no… Hay flagrancias que se crean”, declaró una jueza penal del centro
de México. “La tortura sí es sistemática y generalizada en México”, afirmaba un
miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Se detiene más a las
personas pobres, a las personas migrantes, a las que están en barrios
marginales y, fundamentalmente, a jóvenes”, asegura un secretario de la misma
corte.
Enrique
Guerrero Aviña, activista social y estudiante de Filosofía, quien fue torturado
y detenido desde 2013, sin haber sido sometido a juicio Credit Comité Enrique
Guerrero Aviña
Este
último dato coincide con las estadísticas del Censo Nacional de Impartición de
Justicia Estatal 2016 que, en 2015, detectó que los hombres jóvenes (de 18 a 29
años) fueron “el grupo que más fue sujeto a proceso penal a nivel estatal”, el
26,47 por ciento del total de las personas sometidas a procesos penales.
“Lo
que el informe documenta es una práctica institucional de los operadores de
justicia que detienen con fines ilegítimos. Las autoridades no salvaguardan la
seguridad ni la integridad personal. La policía inicia un proceso de
criminalización que reproduce las desigualdades sociales sin tomar en
consideración las relaciones de clase, género, etnia o cultura y está basado en
una falsa igualdad”, explicó Reneaum Panszi.
En
este sentido, ni siquiera las personas con discapacidad están a salvo de este
tipo de prácticas, como revela el caso de José Adrián, un joven maya de 14 años
que tiene dificultades auditivas y fue detenido en febrero de 2016. José salió
de la escuela y caminaba por las calles de X-Can, una pequeña comunidad de
Yucatán, cuando fue arrestado por la policía que, sin explicarle nada, lo
trasladó hasta otra población donde fue torturado para que se incriminara. “Me
tiraron, me pisotearon… me metieron en un calabozo”, dice el testimonio del
joven que fue registrado en el documento.
Al
final fue acusado del apedreamiento de una patrulla de policía, aunque no
estuvo en el lugar de los hechos, y su familia tuvo que pagar la fianza y los
daños ocasionados. A pesar de que se interpuso una queja ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la fiscalía estatal, hasta ahora no
hay avances en la investigación y nadie ha sido sancionado.
UN PELIGROSO COCTEL DE VIOLACIONES
El
informe concluye que en México se conjugan una peligrosa mezcla de elementos:
un débil sistema de justicia, cuerpos policiales mal preparados, leyes
deficientes y una impunidad “casi absoluta”, lo que hace que los arrestos y las
detenciones arbitrarias sean “una realidad cotidiana que abre la puerta a otras
violaciones de derechos humanos persistentes en México, como la tortura y otros
malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
Pese
a las dificultades y humillaciones del encierro, Guerrero ha continuado con su
activismo y recientemente protagonizó una huelga de hambre para exigir mejoras
en el penal. Además, continuó sus estudios de Filosofía y logró escribir —a
mano, bajo la luz constante de un foco y mientras era vigilado por las cámaras—
el libro Estado de excepción (2016).
Credit
Amnistía Internacional
En
su libro, Guerrero parte de las ideas del filósofo italiano Giorgio Agamben
para construir un diálogo reflexivo en el que analiza su situación:
“Actualmente no vivimos fuera de la ley ni en la barbarie. Vivimos donde lo
lícito y lo ilícito, barbarie y cultura, violencia y derecho, se han vuelto
indiferenciables”. El activista se define como parte de una comunidad que
propone la aplicación de la ley pero que es ignorada por naturaleza e intenta
transmitir su cultura como una especie de salvación: “Consternados, apáticos,
rabiosos, dolidos, confusos, aquí estamos”.
Cuando
se le pregunta qué le diría al gobierno, Guerrero dice: “Le pediría la mínima
objetividad porque con eso bastaría para lograr mi libertad. Y, por otro lado,
le pediría justicia porque esa es una palabra que este gobierno nunca ha podido
entender”.
Guerrero
no ha cesado de explorar otras formas de expresión en las largas jornadas de la
cárcel, donde pasa más de 20 horas enclaustrado en la celda. Dice que la
escritura es otra forma de libertad a la que no renuncia. En su encierro
encontró el tiempo para escribir “El Banquetazo”, una suerte de farsa teatral
en la que interactúan una payasa, un gorila, un hombre gris capitalista y, por
supuesto, la muerte.
En
la obra, mientras los personajes devoran un pollo rostizado, la muerte se larga
una perorata inspirada en los versos del mexicano Ramón López Velarde: “Ahora
sí, hijos del maíz, se acabaron su país. Suave patria enajenada, muerto de
salario dado, suave migrante vendido, suave estudiante oprimido, suave maestro
oprimido, suave desaparecido, suave preso marginado, suave patria cementerio”.
(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ ALBINSON
LINARES /13 DE JULIO DE 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario