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EL DEBATE
Culiacán,
Sinaloa.- Cada día la violencia afecta a más sinaloenses. Todos los sectores
sociales y gremios profesionales y productivos registran una afectación por la
inseguridad generada por el crimen organizado. El problema llega hasta la
pérdida de vidas humanas en la forma de víctimas de homicidios dolosos. En
algunos casos, la autoridad ni siquiera logra dar información de la persona
victimada, como es la situación de 89 casos de homicidios registrados de enero
a mayo de 2017 por la Fiscalía General del Estado como víctimas sin
información.
METODOLOGÍA
Resultado
de una solicitud de acceso a la información pública, realizada por este medio a
la Fiscalía General del Estado, se puede analizar con números que la
radiografía general de la seguridad en el estado presenta retrocesos. De
acuerdo con los datos analizados se pudo determinar, al analizar solamente los
homicidios y feminicidios que corresponden a víctimas identificadas por oficio,
se pudo determinar que aumentaron en un 584 por ciento, de 2014 a 2015. Aunque
se puede argumentar que el problema no es actual, ya que, aunque en unidades,
del 2014 al 2015 los homicidios dolosos y los feminicidios aumentaron, el
escenario reciente muestra una realidad adversa a las demandas de seguridad por
parte de los sinaloenses.
Hay
múltiples móviles señalados como causales de los homicidios y múltiples
argumentos que por parte del gobierno se señalan al respecto, y los distintos
gremios dejan sentir su malestar.
«La
autoridad dice que es por asalto, pero no se investiga a fondo, no esclarecen
bien la situación. Está muy difícil», señala Flavio Rolando Ibarra, líder del
gremio de los taxistas, quienes han perdido a 63 compañeros víctimas de
homicidios dolosos desde el 2014.
TENDENCIAS
Los
números provistos por la Fiscalía General permiten visualizar que si continúa
la tendencia presentada del 2016 al 2017, el índice de homicidios aumentaría en
un 53.4%. La misma información asienta que en el periodo comprendido del 2015
al 2016 los homicidios dolosos y los feminicidios aumentaron un 16.8 %;
mientras que en el intervalo comprendido del 2014 al 2016 los homicidios
dolosos y los feminicidios también aumentaron en un 700 por ciento según el
análisis de los casos de homicidios por oficios.
Así
se apele a razones sociales o históricas, la situación ha trastocado el
bienestar de cada grupo productivo de la entidad, lo que amenaza el bienestar
de la región misma.
Desde
la perspectiva del gremio agrícola -sector productivo del estado por
excelencia-, el agricultor Rafael Careaga comentó que no nada más los
agricultores, sino todos los sectores de la producción económica están
afectados por la espiral de violencia, directa o indirectamente, vía
familiares, compañeros o amigos: «A todos nos ha afectado esta violencia en
Sinaloa, no nada más en Culiacán», explica el líder agrícola.
Los
productores del sector social tienen aún un panorama más complicado. Agustín
Espinoza, coordinador del Consejo Agrario Permanente, explicó en entrevista que
su gremio está muy preocupado por la violencia en todos los sectores de la
sociedad, y que además de ser un periodo difícil en el que preocupan los costos
y los bajos ingresos, ahora también corre en riesgo la vida. «Estamos
totalmente vulnerables», señaló.
En
el mismo tenor, Ocadio García, presidente del Frente de Defensa de Productores
Agrícolas del Estado de Sinaloa (FDEPAS), explica que «para quienes trabajan la
tierra en Sinaloa, el campo no tiene horario», y la inseguridad que prevalece
tiene muy molestos a los productores, así sea una situación nacional.
Un
grupo que resiente de manera particularmente grave la violencia es el de los
jornaleros del campo. Además de carecer en su gran mayoría de seguridad social
y oportunidades, los miles de jornaleros viven en un entorno de desamparo,
explica Jorge López Hernández, abogado defensor de los jornaleros agrícolas. El
también miembro de la asociación civil Profesionistas Indígenas del Noroeste
explica que llega a suceder que a los campos llegan grupos de personas armadas
y se llevan a los jornaleros, para en ocasiones no volverse a saber de su
paradero.
PERSPECTIVAS
El
presidente de la Alianza para el Desarrollo y la Competitividad de las
Empresas, Julio César Silvas Inzunza, plantea que independientemente de a qué
se dedica una persona, toda muerte se lamenta. El líder empresarial explica que
por parte de su gremio y en apoyo a lograr seguridad se han atendido reuniones
convocadas por el Gobierno del Estado y por la propia Fiscalía, así como
participado en labores de prevención a partir de darle acceso a la autoridad a
videocámaras y asumir el costo de mantenimiento y reparación tanto de cámaras
como de unidades policiales.
Los
jóvenes también forman parte de los sectores más atacados por la violencia: en
2014 fueron victimados 33 estudiantes; 27 en 2015; y 28 durante el 2016. De
mantenerse la tendencia al alza, el total de las muertes de estudiantes de este
2017, con ocho ya registradas por la Fiscalía hasta el pasado 11 de mayo,
superará las del año anterior.
Para
el catedrático Tomás Guevara, el asesinato del periodista Javier Valdez fue la
gota que derramó el vaso en el actual escenario de inseguridad, con
instituciones a las que les falta credibilidad y una pobre cultura de la
denuncia. El investigador de la Facultad de Psicología de la UAS también considera
que hay una obligación de denuncia a los profesionistas que utilizan su rango
para coludirse con el crimen organizado, opinión en la que coinciden varios
líderes de gremios productivos.
Sobre
el porvenir próximo, el investigador visualiza que hay riesgo de que el mismo
hartazgo social que exige seguridad trastoque el confort con el que operan
grupos delincuenciales, situación que puede llegar a exacerbar -aún más- la
violencia en que vive el estado, y por tanto las cifras de víctimas por homicidio
doloso.
(EL DEBATE/REDACCION/ 30 DE JUNIO 2017)
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