La policía estatal del gobierno de
Javier Duarte entregaba en un rancho a personas para ser “desaparecidas”. La
PGR iniciará una nueva investigación.
El Colectivo Solecito busca cuerpos en
las fosas de Colinas de Santa Fe, en Veracruz. Cuartoscuro/Archivo
El proceso era simple,
metódico y macabro. La persona era casi siempre entregada por la policía,
después ejecutada de un balazo en la cabeza. Luego, las extremidades de su
cuerpo eran separadas con un hacha para sumergirlas en un tambo con diésel
ardiendo. Los fragmentos que quedaban, eran introducidos en una trituradora de
caña.
El lecho de un río de 67
metros cuadrados, ubicado al lado del rancho donde todo lo anterior ocurría,
era el depósito final de estas víctimas reducidas a pedazos de dos centímetros
y cenizas.
Colinas de Santa Fe: “Las
madres que buscamos a nuestros hijos somos hermanas del mismo dolor”
¿Cuántas personas murieron y
desaparecieron ahí? Es algo que no se sabe pues los propios implicados declaran
haber perdido la cuenta, pero los hallazgos dan una idea: los especialistas y
buzos de la División Científica de la Policía Federal encontraron 10 mil
fragmentos de huesos durante poco más de un mes de trabajo.
El “cementerio clandestino”
en que se convirtió el rancho El Limón –ubicado el municipio de Tlalixcoyan, en
Veracruz (a 125 km al sureste de Xalapa)– no es un hallazgo ocurrido ayer o la
semana pasada. A este sitio se llegó hace más de un año como parte de las
investigaciones por la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Tierra
Blanca ocurrido en enero de 2016.
“Esto parece que se olvidó
pero lo encontrado en el rancho es casi idéntico en magnitud a las fosas de
Colinas de Santa Fe. Aquí murieron cientos de personas que nadie sabe quiénes
son”, dijo el Celestino Espinoza, representante legal de las víctimas de las
familias de los desaparecidos en Tierra Blanca
Las declaraciones sobre lo
que ocurría en el rancho El Limón y los
datos de los hallazgos están asentados la averiguación previa
FGE/FIM/IM/01E/2016 abierta por en la Fiscalía de Veracruz, y a la que tiene
acceso el abogado de las víctimas. La información fue corroborada por las
autoridades del caso a Animal Político.
En el predio de Colinas de
Santa Fe –definido por la Fiscalía como una de las fosas más grandes del país–
fueron encontrados unos 14 mil fragmentos humanos, con la diferencia de que ahí
existían cráneos que permiten tener una idea del número de personas asesinadas.
En el rancho El Limón, de los 10 mil restos hallados los más grande son pedazos
de fémur de tres centímetros. En ese sitio los criminales fueron aún más
metódicos.
Hasta ahora, sólo cuatro
personas han sido identificadas entre todos los restos humanos encontrados.
VINCULAN A JEFE POLICIAL DE JAVIER DUARTE CON CUERPOS
HALLADOS EN FOSAS DE COLINAS DE SANTA FE
La semana pasada el procurador
General de la República, Raúl Cervantes, se comprometió en una reunión privada
con las familias de los jóvenes desaparecidos Tierra Blanca a que el Ministerio
Público Federal abrirá su propia carpeta de investigación por este caso ante la
clara evidencia de la implicación el crimen organizado.
En su momento, la propia PGR
desechó atraer el caso bajo el argumento de que la Fiscalía de Veracruz estaba
a cargo de las investigaciones.
Muchas piezas, pocos
resultados
El trabajo en el rancho El
Limón se extendió por aproximadamente un mes y estuvo encabezado por los
policías, buzos y especialistas de la División Científica de la Policía
Federal. La atención se centró en el perímetro del rancho donde se ubica el
lecho del Río Otapa, sitio donde se arrojaron los restos de las personas
asesinadas.
Para la operación de búsqueda
y rescate de los fragmentos el área se dividió en 48 cuadrantes de trabajo,
cada uno de ellos de 4.5 por 2.5 metros de diámetro aproximado. El 11 de
febrero de 2016 comenzaron los trabajos.
Prácticamente no hubo un solo
día en el que no se encontraran restos enterrados, pero la jornada más
relevante fue la del 1 de marzo, cuando en el cuadrante 25 se encontraron mil
989 fragmentos, según lo registrado en el expediente del caso.
El saldo total de las
operaciones de búsqueda y rescate fue de 10 mil fragmentos rescatados, en su
mayoría pedazos de hueso de 2 a 3 centímetros de tamaño. Muchos de estos restos
se encontraron totalmente carbonizados.
Colinas de Santa Fe: “Las
madres no buscamos culpables, queremos encontrar a nuestros hijos”
A más de un año de distancia
sólo cuatro personas han sido identificadas gracias a los restos localizados.
Entre ellos están dos de los cinco jóvenes desaparecidos del caso Tierra
Blanca, Bernardo Benítez Arroniz y José Alfredo González Díaz.
La comparación genética de
los restos encontrados también permitió la identificación de José Miguel Elvira
Lozano y Ángela Mata Medina, personas secuestradas en distintos momentos y
asesinadas en el referido rancho. Y es todo.
El abogado Celestino Espinoza,
quien también fue agente del Ministerio Público, reconoció que en Veracruz no
existe un banco de datos genéticos y que desconocen realmente cuantos perfiles
genéticos pudieron haberse obtenido de los diez mil fragmentos encontrados.
“Hay muchas dudas del trabajo
realizado y con lo que ya reveló la propia Fiscalía de que hubo simulación de
tomas de muestra genéticas en la administración anterior realmente dudamos que
se haya hecho un trabajo serio de identificación” dijo el litigante.
En este contexto la semana
pasada las familias delos jóvenes detenidos tuvieron una reunión con el
procurador Raúl Cervantes en donde expusieron la falta de avances en la
investigación a nivel estatal y el hecho de que la propia PGR se rehusó a
asumir la competencia en el caso por el delito de delincuencia organizada.
“El propio procurador
Cervantes nos dijo que los homicidios en el Rancho El Limón no podía haber
ocurrido sin una operación de la delincuencia organizada por lo que hizo el
compromiso con nosotros de que se abrirá una carpeta de investigación y que la
federación entrará en la investigación del caso” dijo Celestino Espinoza.
Por lo que respecta a los
presuntos involucrados vinculados con el caos Tierra Blanca y el Rancho El
Limón, hasta ahora suman 19 detenidos y procesados (11 civiles presuntos
integrantes del crimen organizado y ocho expolicías) quienes hasta ahora no han
sido sentenciados e incluso han presentado amparos en contra de los autos de
formal prisión que se les dictaron, bajo el argumento de que fueron torturados.
ALIADOS CON EL ENEMIGO
El 11 de enero cinco jóvenes
que regresaban de unas vacaciones fueron detenidos por vehículos de la policía
estatal sobre la carretera a la altura del municipio de Tierra Blanca. Esa fue
la última ocasión que se les vio con vida.
El caso, difundido en redes
sociales, cobró notoriedad de inmediato e impulsó una investigación a la que se
unió rápidamente el gobierno federal y comenzaron las detenciones. Primero
fueron capturados ocho policías estatales entre ellos el comandante Marcos
Conde Hernández, quien ya había sido señalado en otros casos de desapariciones.
El abogado Celestino
Espinoza, quien ha tenido acceso al expediente del caso, explicó que los
policías confesaron su complicidad en los hechos y uno de ellos, de nombre
Rubén Pérez Andrade, fue el que describió paso a paso que en el caso de los
jóvenes de Tierra Blanca, como pasaba en otros hechos, las víctimas fueron
entregadas en el rancho El Limón. Estas declaraciones están asentadas en el
expediente consignado contra los detenidos.
La información proporcionada
por los policías facilitó la identificación y detención de los presuntos
delincuentes que operaban en el rancho, Hasta ahora son once los civiles
capturados y consignados, todos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva
Generación.
“Ellos declararon paso a paso
cómo es que consiguieron desaparecer a todas estas personas. Lo de los tambos
con diésel y la trituradora de caña. Ellos en sus declaraciones explican que,
por lo menos desde hace un año atrás, se llevaban a personas ahí que eran
asesinadas y desaparecidas”, explicó el litigante.
Las investigaciones
evidenciaron que de los ocho policías detenidos siete estaban en funciones pese
a que habían reprobado los exámenes de control de confianza, entre ellos el
propio comandante Marcos Conde Hernández.
El abogado explicó que Conde
Hernández, antes de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
fue integrante de la desaparecida “policía intermunicipal” de donde fue dado de
baja. En el periodo en que estuvo sin trabajo fue incluso detenido por
presuntamente realizar trabajos como “halcón” del crimen organizado y portar un
arma de alto poder sin tener permiso para ello.
“Pese a estos antecedentes
Bermúdez contrató a Conde como mando de la policía estatal. Es imposible que no
supera de las denuncias en su contra y aun así lo contrató y mantuvo pese a que
ni él ni los demás superaron los controles de confianza” dijo el abogado.
La presunta responsabilidad
de Bermúdez no termina ahí. Antes de verse involucrado en el caso de Tierra
Blanca, Conde fue denunciado por sus implicaciones en desapariciones previas
que involucraban a sus agentes, tanto en el municipio de Medellín como en el de
La Antigua.
Pese a ello el comandante no
fue destituido. Lo que hizo Bermúdez fue moverlo de las adscripciones
territoriales donde era denunciado hasta que llegó a Tierra Blanca.
El 13 de octubre de 2016 los
representantes legales de las víctimas del caso Tierra Blanca presentaron una
denuncia formal ante la Procuraduría General de la República en contra de
Arturo Bermúdez por no haber removido del cargo al comandante Conde y los otros
policías involucrados en las desapariciones, pese a que no contaban con la
certificación de confianza que exige la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Animal Político publicó esta
semana que tanto a nivel federal como en el estatal se preparan consignaciones
en contra de Bermúdez por su presunto vínculo con diversos casos de
desaparición en Veracruz.
(ANIMAL POLÍTICO/ ARTURO ANGEL
(@ARTUROANGEL20)/ ABRIL 10 2017 06:00)
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