Nunca antes en la historia de
Cancún se había vivido lo que sucedió el miércoles. Un comando de 10 personas
con fusiles de asalto y granadas atacó la sede norte de la Fiscalía de Quintana
Roo y el Centro de Control Comando, Cómputo y Comunicaciones, el sistema de
video vigilancia municipal conocido como C4, en una operación de asalto rápido
y repliegue, que generó una persecución que dio lugar a 10 balaceras en el
centro de la ciudad, que causaron terror y un rápido blindaje de las Fuerzas
Armadas en la zona hotelera para evitar que la violencia se extendiera al sur
de la ciudad. Detrás de esta acción desafiante se encuentra el crimen
organizado, que ha puesto a prueba al Gobierno de Carlos Joaquín, que lleva 100
días en la administración.
La llegada del nuevo
Gobernador no rompió con el status quo, como él mismo ha sugerido al afirmar
que la violencia en Cancún, como un día antes en un bar en Playa del Carmen,
está relacionada directamente con su política en contra del crimen organizado.
No hay razones objetivas para pensar que así sea, porque aún no empezaba a
desplegar la estrategia para combatir al crimen y comenzaba recién su
coordinación con la Secretaría de Gobernación. Lo que sugiere el asalto a
Cancún es que el crimen organizado está midiendo su fortaleza o la debilidad
institucional, así como su determinación y capacidad de respuesta frente al
narcotráfico. Esbozaron también, por el tamaño de la afrenta, que no hay ningún
vaso comunicante entre el Gobernador y los cárteles de la droga, y que a golpe
de tiros, como suelen hacerlo, buscarían un acuerdo para poder seguir operando
en la península.
El crimen organizado echó
raíces en Cancún sobre la base de sus fusiles en 2005, cuando el 7 de
septiembre de ese año asesinaron al comandante de Seguridad Pública de Playa
del Carmen, Carlos Hiram Rodríguez Alvarado, que significó de manera clara el
final de la hegemonía que había mantenido el otrora poderoso Cártel de Juárez
desde los 90’s en esa ciudad, en la secuela criminal que dejó el llamado
Maxiproceso que provocó la captura del ex Gobernador Mario Villanueva y la
detención de más de 100 miembros de esa organización.
Esa muerte evidenció que la
plaza de Cancún había entrado en disputa, particularmente con Los Zetas, que
pagaron al jefe de policía en Cancún, Francisco Velasco, para asesinar al
General retirado Mauro Enrique Tello, 24 horas después de haber sido nombrado
asesor para temas de seguridad, en 2009. La infiltración del narcotráfico en
las instituciones se estaba consolidando, y provocó también la detención del ex
Alcalde de Cancún y candidato del PRD a la Gubernatura, Gregorio Sánchez, por
los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, que fue liberado tiempo después
por un tecnicismo: en su expediente había fojas que no habían sido firmadas.
Tras esos años de violencia
quirúrgica, los cárteles de las drogas se repartieron el mercado en la Rivera
Maya. Los informes de seguridad federal indican que existe una pelea entre dos
facciones, una que forman la alianza táctica entre el Cártel del Pacífico (o
Sinaloa) –a través de su grupo de sicarios “Los Pelones”- y sus viejos enemigos
Los Zetas, en contra de la nueva amenaza, el Cártel Jalisco Nueva Generación,
que es una escisión de los sinaloenses. La disputa es por todas las actividades
del crimen organizado. Los Zetas controlan el narcomenudeo y las redes de
tráfico humano -principalmente de cubanos-, que son las más redituables, pero
la lucha es también por la extorsión, el cobro por protección a hoteleros,
restauranteros y propietarios de antros, así como la prostitución.
Lo extraordinario de la
violencia en Cancún este miércoles es lo inédito. Situaciones similares sólo se
habían registrado en Michoacán, cuando en un intento por rescatar a Arnoldo
Rueda, “La Minsa”, jefe de asesinos de La Familia Michoacana, atacaron la
delegación de la PGR y las instalaciones de la Policía Federal en Morelia; o en
Guerrero, cuando en Acapulco entraron a las oficinas de la Procuraduría General
de Justicia estatal, y los matones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva,
asesinaron a ministerios públicos y secretarias. Pero igualmente excepcional es
la soberbia de quien cree que no le va a pasar nada, al haber realizado una
operación de esta envergadura en Cancún, cuya zona hotelera, a unos 20 minutos
de donde fueron las balaceras, está resguardada por el Ejército, la Marina y la
Policía Federal.
La afrenta no es sólo grande
por la impunidad que mostraron los criminales, sino por lo que representa
Cancún para la economía nacional. Ese destino es el que recibe más turistas del
exterior (cuatro millones al año), y el segundo, después de la Ciudad de
México, al sumar turistas nacionales (6.2 millones). La magnitud de lo que
representa internacionalmente este ataque lo da su preferencia en el mundo.
Cancún recibe más turistas internacionales que todo Colombia o Perú, y el mismo
número que Chile. Al sumar al resto de la Rivera Maya (13.3 millones de
visitantes), la zona tiene más turistas extranjeros que India, Egipto o Suiza
-que es un país de cruce-, y un número similar al de visitantes a Brasil y
Argentina. Es el mejor destino turístico de México, cuyo aeropuerto recibió en
2016 21 millones de pasajeros, en 57 aerolíneas desde 26 países.
El desafío que hizo la
delincuencia organizada en Cancún no es sólo contra el Gobernador, sino al
Gobierno federal y al país. Es inadmisible, y en las condiciones actuales,
imperdonable que la fuerza del Estado no aplaste a los criminales.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
Raymundo Riva Palacio/ 19/01/2017 | 01:00 AM)
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