El
exceso de casos, las largas jornadas y la burocracia para realizar su trabajo
dificultan a los policías de investigación de la capital avanzar en los casos;
solo un 20% de éstos se resuelven.
Del
total de los casos recibidos en una Agencia del Ministerio Público, se puede
resolver 20%. Cuartoscuro
En
mayo pasado, Guillermo y Eduardo circulaban por Iztapalapa y un vehículo les
cerró el paso. Parecía un incidente de tránsito cualquiera pero los conductores
del otro auto llevaban armas y les dispararon. Ambos fallecieron. Lo único que
se sabe, gracias a la investigación de sus familiares, es la descripción física
de los agresores: son regordetes y pelones.
Los
fallecidos eran cuñados de Heriberto Vital, un policía de investigación con 19
años de experiencia. A diferencia de un ciudadano común, él sabe perfectamente
por qué el caso sigue impune: no hay una verdadera investigación.
En
la Ciudad de México existe una estructura dedicada a la atención de víctimas
del delito, desde el Ministerio Público hasta peritos, policías de investigación
y jueces, pero no funciona como debería.
Un
policía de investigación –dependiente de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal– recibe seis carpetas de investigación en promedio por
día. Esto significa que en una semana tiene 30 casos. En una sola agencia del
ministerio público acumula 2 mil 600 carpetas en 2016 y sólo hay 30 policías
dedicados a esclarecer los casos.
Aunque
existen 2 mil 990 policías de investigación, su tiempo no está dedicado cien
por ciento a la investigación. Cada tercer día deben patrullar por las colonias
durante 12 horas, aunque los encargados de esto sean los policías de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF).
Para
tener derecho a descansos semanales deben cumplir con la cuota de al menos una
detención en flagrancia por mes. Eso, dice Vital, es “casi imposible porque un
asaltante no va a robar cuando ve una patrulla”, pero si se niegan a la
“orden”, pueden incluso ser arrestados por 24 o 48 horas.
Además,
también son enviados a actos multitudinarios como juegos de futbol, conciertos
o manifestaciones, aunque “no sabemos cómo reaccionar ante la multitud porque
no estamos capacitados para eso”, dice Heriberto Vital.
LARGAS JORNADAS
El
horario de los policías de investigación está conformado por diferentes
esquemas: pueden tener turnos de “guardia” con 24 horas de labores continuas;
franca o de descanso de 24 horas e “imaginaria”, que son 12 horas de trabajo
por 12 de descanso. Ello sin un rol fijo, sino a discreción de los mandos.
Aunque
un aumento de salario sería bienvenido, dicen, lo que buscan son horarios de
trabajo legales. Según la Ley Federal del Trabajo, la jornada laboral es de
ocho horas, “pero nosotros trabajamos 12 diarias y si el mando está de malas,
trabajamos más”, dicen los policías.
“El
ciudadano nunca va a tener justicia si la Procuraduría no tiene bien a sus
empleados”, dice Heriberto. Tener mejores condiciones laborales no sólo
beneficiaría a los policías sino a la sociedad. “Si hay más personal, las
investigaciones pueden avanzar. Si hay patrullas con gasolina podemos acudir
rápido”.
En
el día de “oficina” trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche y las
condiciones no son mejores. Álvaro Oropeza ha sido policía de investigación
durante 13 años y explica que en todos los lugares que ha trabajado las
carencias se repiten.
Deben
gastar 240 pesos mensuales para comprar sus propias hojas y poder imprimir sus
informes. El mantenimiento de las seis patrullas que tienen en una agencia y la
gasolina que consumen también es solventado de su bolsa. Sólo les dan 30 balas
al año y pagan la renta mensual de 800 pesos para dos equipos celulares con
internet cuando están en la calle haciendo labores de investigación.
Después
de meses de escritos y quejas, recibieron tres computadoras nuevas, pero con
una memoria que no es capaz correr el software donde registran las entrevistas
con las víctimas y los avances de los casos. “A veces se traba y hay que
esperar a que funcione mientras estamos tomando las declaraciones”, dice Álvaro
Oropeza.
Hace
dos años recibieron un traje, porque es obligatorio usar pantalón de vestir en
la oficina y hace 10 años recibieron dos corbatas. Recién les entregaron un
comando (uniforme negro para los operativos), pero a la mayoría no les quedó.
Cuando reclamaron, sus mandos respondieron ‘o lo tomas o lo dejas’.
Durante
la investigación de los casos, hasta para pedir antecedentes penales, datos de
dueños de las placas de automóviles, hay que cumplir con trámites burocráticos
que al menos tardan 15 días.
A
veces hay que revisar ocho horas de videos para conseguir algunos datos, pero
las cámaras instaladas en la ciudad ni siquiera permiten hacer acercamientos,
lo que obviamente dificulta la identificación de personas. “Cuando alguien
viene a preguntar cómo va su caso, ¿qué le decimos? Pues no, no hay avances,
porque no podemos avanzar”, reconoce Oropeza.
Del
total de los casos recibidos en una Agencia del Ministerio Público, se puede
resolver 20%, pero gracias a otros elementos como la detención de algún
presunto delincuente que es presentado en medios de comunicación, la gente los
reconoce y denuncia. Con eso se arma el caso y se esclarecen.
Una
detención puede esclarecer el modus operandi y establecer la relación con otros
casos. Llaman a las víctimas y si los identifican el detenido es presentado
ante el juez con una carpeta de investigación sustentada. Pero en otros casos,
dicen, la gente desiste de la denuncia por miedo a represalias, porque también
saben que los jueces pueden ser corruptos y dejar en libertad a los acusados.
Un
policía de investigación gana entre 12 y 17 mil pesos mensuales, pero debe
descontar gastos para todo lo que necesitan, desde material de oficina hasta el
pago de licencias de conducir o multas por superar los límites de velocidad.
Uno de los comandantes que prefirió no dar su nombre, pagará 3 mil 500 pesos de
multas “por trabajar, cuando hay una emergencia hay que salir corriendo, pero
aún así hay que pagar las multas”.
Además
de eso, los policías cargan con el estigma que algunos de sus compañeros han
forjado: la corrupción. Como en todos lugares, dicen, hay buenos y malos
elementos. Los policías consultados reconocen que algunos de sus compañeros son
corruptos, pero “no somos todos”, dicen.
“Yo
estuve cinco años en antisecuestros. Gracias a Dios nunca me mataron a ninguna
víctima. Uno tiene que aprender muchas cosas estando en un área así para
resolver los casos”, dice un comandante. Insiste, hay quienes sí hacemos
nuestro trabajo.
DENUNCIAS A LA BAJA
La
Agencia del Ministerio Público de la delegación Gustavo A. Madero parece un edificio
abandonado. Al entrar, en el estacionamiento hay autos chocados, implicados en
delitos pero que no han sido investigados. Cuando alguien quiere denunciar debe
preguntar a quien vea cerca dónde está el Ministerio Público, porque ni
siquiera hay un letrero de orientación.
Los
policías tienen un altar a San Judas Tadeo puesto sobre un destartalado
escritorio gris. Las oficinas tienen la pintura descarapelada. Sólo hay sillas
para quienes trabajan ahí y, esta vez, están unos minutos sin luz, quien sabe por
qué. Sólo se escucha una voz masculina
gritar desde fuera: ‘guarden lo que estén haciendo en la computadora, se va a
bajar la luz’.
Quien
llega a denunciar un delito puede tardar hasta cuatro horas. Rinde declaración
ante el Ministerio Público y en algunas ocasiones también es interrogado por
los policías de investigación.
El
trato no siempre es bueno. Será por eso que los delitos no se denuncian. De
acuerdo con el Reporte del Índice Delictivo de la Ciudad de México (RINDE),
elaborado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, las denuncias de delitos han bajado en los últimos cinco
años.
Los
delitos con violencia pasaron de 146.5 diarios en promedio en 2011 a 88.1 en
2015. Sin embargo, según el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) se
cometen diez mil delitos diarios en la Ciudad de México.
Esto
significa que la cifra negra (los delitos que suceden pero no llegan a
averiguaciones previas) es superior. Se ubica en 94.7%, esto significa que sólo
5.3% de los delitos se denuncia, según la Encuesta Nacional de Victimización
sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) sobre la desconfianza en las instituciones.
(ANIMAL
POLÍTICO/ Nayeli Roldán (@nayaroldan)/ diciembre 26 2016 08:20)
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