CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Durante su gestión, el panista Felipe Calderón Hinojosa pretendió combatir la
delincuencia organizada con un Estado sucio y corrupto. Contó para ello con un
gran presupuesto para instrumentar una “represión sucia con desapariciones
forzadas”.
El priista Enrique Peña Nieto
no sólo sumó a las pifias de su predecesor “la represión social” contra grupos
que buscaban detener las violaciones masivas a derechos humanos; también se
metió a negociar con grupos criminales. El resultado: más fosas y más
desapariciones forzadas.
Así resume Edgardo Buscaglia
lo que ha pasado en México durante los últimos dos sexenios. Y advierte: las
desapariciones forzadas en el país no son producto de una junta militar, sino
de “un fenómeno atomizado” que se va trasladando de un lugar a otro. Forman
parte de la corrupción y la impunidad donde 99.9% de los casos no se resuelven.
Según el especialista en
seguridad, prevención y combate al delito, temas en los que ha asesorado a
países de cuatro continentes, eso es resultado del vacío de poder. “Estamos
ante un Estado fragmentado donde algunos sectores se asocian a los grupos
criminales; otros luchan contra ellos, y así como hay policías que combaten a
cárteles de la droga, otros se les alinean”.
E insiste: las desapariciones
forzadas empiezan a darse de manera fragmentada en todo el país. “A veces son
periodistas; otras, activistas sociales: otras, empresarios que se niegan a ser
extorsionados, otras pueden ser entre los mismos delincuentes”.
En junio de 2013 la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 27 mil 243, cifra similar a la que
reportó la Secretaría de Gobernación: 27 mil 523.
En marzo de 2016, el gobierno
de Enrique Peña Nieto, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, admitió que la cifra creció a 28 mil 161 personas. A
ellas habría que sumar las 43 desapariciones forzadas de los estudiantes de
Ayotzinapa.
Ellos fueron calcinados por
el grupo criminal Guerreros Unidos, según “la verdad histórica” construida por
Tomás Zerón cuando fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la
Procuraduría General de la República. Hoy, este personaje es secretario técnico
del secretariado encargado de contabilizar a los desaparecidos.
“PAX” MAFIOSA
Edgardo Buscaglia sostiene
que, antes de combatir a la delincuencia organizada y “lanzar a las Fuerzas
Armadas o policiacas a la calle, primero se debe limpiar mínimamente al
Estado”, algo que no hizo Calderón. Y, añade, deben establecerse controles patrimoniales
democráticos a funcionarios y policías, así como una ley de extinción de
dominio que apliquen las unidades de investigación patrimonial autónomas en
cada entidad federativa que trabajen en red.
Asimismo, dice, debe haber
una prevención social y una prevención de corrupción política para evitar la
filtración del crimen organizado en las listas de candidatos a cargos de
elección popular en todos los niveles.
Si no se limpia el Estado
sucio, advierte, la corrupción aumenta exponencialmente a nivel operativo. Y
pone un ejemplo: cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Agencia
Federal de Investigación, los policías federales ya estaban corrompidos.
Así, cuando Calderón lo
nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública y le otorgó un presupuesto
20 veces superior, la corrupción se incrementó; peor aún, los delitos y
violaciones a los derechos humanos se dispararon, explica.
Y puntualiza: Al incrementar
el presupuesto a la Policía Federal (PF), Calderón sólo le echó gasolina al
fuego. Además, indica, lo hizo contar con instituciones de prevención social en
medio de vacíos de Estado, sin someter a la policía a una auditoría social.
“¿Cómo pudo ocurrírsele
aumentar la capacidad represiva a través de presupuestos altos? Lo único que
hizo fue crear este tsunami de más de 27 mil desaparecidos.”
Lo que hoy tiene México es
represión sucia con desapariciones forzadas, gente colgada en las calles,
comandos de la PF secuestrando a sus propios compañeros, activistas sociales.
Calderón nunca entendió que con un Estado fragmentado y sucio era imposible
combatir a la delincuencia organizada, sostiene Buscaglia.
Abunda: en este clima de
impunidad y corrupción, pequeños pedazos de la PF trabajan para grupos
criminales, como el Cártel de Sinaloa; otros se alinean con Los Zetas o con La
Familia Michoacana, etcétera. Hoy, ellos mismos comienzan a limpiar sus
territorios para los grupos criminales. En ese proceso de limpia caen ángeles y
demonios.
Ante la impunidad –99.9% de
las desapariciones jamás se resuelven–, los grupos criminales piensan en los
costos y beneficios: si no hay sanción por asesinar a alguien o enterrarlo en
una fosa, las cosas pueden seguir.
En su reporte entregado al
Senado en febrero último, la Procuraduría General de la República (PGR) indica
que de agosto de 2006 a octubre de 2015 el gobierno localizó 662 cuerpos en 201
fosas.
El año más crítico fue 2011,
cuando se detectaron 26 fosas en Veracruz, Tamaulipas y Durango. En la última
entidad había 53 cuerpos, según la PGR. Sin embargo, la prensa local reportó
231, la mayoría no identificados, y denunció que las autoridades estatales
exhumaron los cadáveres con trascabos y retroexcavadoras, “como si se tratara
de cascajo”.
Según el reporte de la
procuraduría, entre octubre de 2014 y junio de 2015 en Iguala, Guerrero, se
descubrieron 63 fosas con 133 cuerpos: ninguno era de los estudiantes de
Ayotzinapa.
Buscaglia comenta al
respecto: Las desapariciones donde participa el crimen organizado son por
disputas territoriales, como en Durango. Cuando ello sucede, las convenciones
internaciones lo consideran “un conflicto armado”, pues algunos elementos del
Estado se alinean con alguno de los bandos, mientras la población civil queda
en medio de los enfrentamientos.
“Durango sufrió uno de los
más altos índices de desapariciones forzadas; luego se colapsa ese índice una
vez que el Cártel de Sinaloa toma el territorio y establece a sus
funcionarios”, señala el especialista.
Explica: dada la crónica
incapacidad del Estado mexicano para procesar casos, imponer castigos y
desmantelar redes criminales por falta de controles patrimoniales, la tasa de
homicidios se reduce porque un grupo criminal se adueña del territorio,
desplaza a sus rivales y hace alianzas con el gobierno. Esa es la pax mafiosa.
COMISIÓN DE LA VERDAD
Los tsunami de desapariciones
forzadas y homicidios obedecen sólo a los conflictos, aleatorios o no, entre
las redes criminales. Cuando un grupo triunfa, va en pos de otro territorio.
Ante el vacío de poder del Estado, las bandas criminales son las que imponen
las tasas de desapariciones, no el Estado.
Buscaglia, presidente del
Instituto de Acción Ciudadana en México, recuerda que en los ochenta había una
“pirámide de comando y control” del gobierno federal. El crimen organizado
formaba parte de ella, pero durante la pretendida “transición democrática” se
desmantelaron las instituciones autoritarias. Lo grave es que no se
sustituyeron.
Y pone un ejemplo: Lo que
hizo Vicente Fox con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no fue
sustituirlo por una policía democrática. Además, en las entidades siguen los
mismos jueces. “Con esa pirámide de comando de control desquebrajada, el crimen
organizado comenzó a financiar a los políticos y a imponer policías y
funcionarios.
También hay grupos que
cometen desapariciones forzadas. “Forman parte del Estado y los conforman
policías estatales. Ellos son los que cavan las fosas, extorsionan gente,
asesinan”.
Cita el caso de Chiapas,
donde, como sucedió en Afganistán, “un pedazo del Estado trata de imponer la
ley a otro pedazo del Estado, asediando a fiscales y deteniéndolos. Eso me tocó
verlo. Y esto es difícil de resolver porque no está sujeto a una orden de Los
Pinos, Hoy, el presidente Peña Nieto es un cero a la izquierda, una figura
simbólica con menos poder que la reina de Inglaterra”.
Buscaglia insiste: Peña Nieto
continuó con los errores de Calderón en la persecución al crimen organizado, y
además lo hizo sin implementar ninguna medida de control patrimonial ni de
prevención para atacar la corrupción política.
Peor aún, “se metió a
negociar con los grupos criminales, como en Michoacán. Ahí neutralizó a los
grupos sociales que defendían a la población. Con ello agregó a los errores de
Calderón la represión a los grupos sociales y la entrega incondicional de
territorio (a los criminales)”.
También habla de otros
estados, como Chihuahua, donde ese mismo esquema se aplicó pero no de manera pública.
Afirma que hoy el control de esa entidad lo tienen los grupos criminales.
Buscaglia también menciona el
caso de Cherán, donde Peña Nieto ha enviado a la PF y al Ejército para
fragmentar a esa comunidad indígena y reprimirla. Al mismo tiempo empieza a
incrementarse la violencia, la violación a los derechos humanos, las
desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas.
Frente a esa realidad
oprobiosa, dice, los familiares de víctimas y desaparecidos deben crear una
sola agrupación, una Comisión de la Verdad, y elaborar una agenda nacional;
deben buscar el respaldo y financiamiento de organismos internacionales, como
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Desapariciones, invitar a técnicos
extranjeros para organizar sus descubrimientos y testimonios, y pedir asesoría
a jueces o exjueces extranjeros.
Recomienda que, una vez
organizados, deben “rodear el Congreso”, ejercer presión para que las
autoridades respondan por los desaparecidos. Dice que un ejemplo digno es el de
los padres de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes el gobierno de Peña
Nieto no ha podido dividir.
“Ellos han tenido la mejor
práctica internacional, apoyo en Europa. Han hecho escándalo mediático. Ya
pusieron en jaque al gobierno. Tarde o temprano su caso va a llegar a la Corte
Penal Internacional.”
Advierte que cuando las
organizaciones de víctimas empiezan a aglutinarse, el gobierno trata de
cooptarlas, bloquearlas, meterles miedo, darles dinero. “Nunca había visto
tanto reparto de dinero como en México. En Brasil, Colombia o Argentina nunca
vi algo así”.
(PROCESO/ ENTREVISTA/ JESUSA CERVANTES/ 27 SEPTIEMBRE, 2016)
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