FOTO: HILDA RÍOS/ CUARTOSCURO.COM
Mientras que autoridades
estatales en Sonora reclaman a la Federación actúe en contra del ex gobernador
Guillermo Padrés Elías por delitos durante su administración, un juicio de
amparo deja en claro que tampoco en Sonora se hace mucho para enjuiciarlo, pues
no existen órdenes de aprehensión en 40 juzgados
Las dificultades para
Guillermo Padrés Elías, uno de los nueve gobernadores que en 2015 dejó su cargo
en medio de cuestionamientos por mal manejo de recursos estatales y federales,
no han cesado pero tampoco las autoridades han dado pasos definitivos para
enjuiciarlo penalmente.
Así se desprende de la
sentencia de un juicio de amparo promovido por el ex gobernador de Sonora, a
través de su defensor, el ex procurador general del país, Fernando Antonio
Lozano Gracia, en el que se informa que 40 jueces del fuero común y federal en
la entidad del noroeste no cuentan con orden de aprehensión en su contra.
La resolución pone en
entredicho a la actual gobernadora sonorense Claudia Pavlovich Arellano, quien
el lunes 20 de junio, a través de un video difundido en redes sociales,
solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que actúe contra el ex
mandatario sonorense por haber cometido actos que perjudicaron al erario
público.
A nueves meses de que Padrés
Elías dejó el poder, son muchos los señalamientos que hay en su contra.
Desde faltantes de dinero por
aclarar, presuntos perdones de impuestos a empresas, envío de dólares a bancos
estadounidenses, tortura e injusto encarcelamiento a la ex niñera de sus hijos
y, hasta, favorecer una red de venta de niños.
Algunos de los hechos que
pudiesen ser considerados delitos son competencia del fuero federal, pero otros
de los asuntos son del fuero común.
Ahí es donde tampoco la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (PGJES) ha podido
satisfacer la urgencia de acciones que reclama Pavlovich.
Claudia Pavlovich Arellano
La
PGR contestó a la mandataria a través de un comunicado de prensa que las
investigaciones por ella señaladas en el video “se atienden y determinarán
conforme a las reglas de competencia, procedimentales y en los plazos que
establecen la Constitución y las leyes procesales aplicables”.
Pavlovich lamentó la
respuesta institucional.
Lo más que el gobierno de
Sonora se ha acercado a Guillermo Padrés es capturando a uno de sus
administradores que en el fuero común solo es procesado por narcomenudeo y se
han cateado algunas de sus propiedades para obtener documentos que revelen los
delitos que pretenden imputársele en más de 700 investigaciones locales.
También se ha inhabilitado a
19 ex funcionarios que fueron colaboradores de la anterior administración.
PRIMEROS INDICIOS
Todo
comenzó a principios de marzo de 2015 cuando el diario norteamericano The Wall
Street Journal publicó que el entonces gobernador sonorense era investigado por
haber recibido cantidades millonarias de empresarios a cambio de contratos de
su gobierno.
El influyente periódico
afirmó que el panista obtuvo tres millones de dólares en una triangulación que
realizó su hermano Miguel Padrés para facilitar la asignación de un contrato
por la manufactura de uniformes escolares para las escuelas públicas y que
autoridades hacendarias rastrearon las transferencias a una cuenta que el
fraterno de Guillermo abrió desde 2012 en los Estados Unidos. Gustavo Madero, a
la postre dirigente nacional del Partido Acción Nacional, salió en inmediata
defensa de Padrés, afirmando que solamente se trataba de una denuncia mediática
por los tiempos electorales y que no llegaría a tener investigación alguna.
La respuesta de las
autoridades llegó casi dos meses después, cuando a finales de abril, el
Servicio de Administración Tributaria reconoció que investigaba irregularidades
en la posible condonación de impuestos a 41 empresas por un monto superior a
708 millones de pesos.
Entre las personas morales
beneficiadas figuraban negocios del propio Padrés Elías, sus familiares y el
entonces candidato a la gubernatura por el PAN, Javier Gándara.
Aún con la investidura de
primer mandatario, el implicado reaccionó el 27 de abril al acusar al gobierno
federal de filtrar información apócrifa a un medio de comunicación nacional
sobre el presunto “perdón” de créditos fiscales en su entidad.
Se defendió al decir que la
facultad para condonar impuestos es exclusiva de la federación.
Tres ex auditores de la
Secretaría de Hacienda de Sonora contradijeron a Guillermo Padrés y revelaron
que las condonaciones eran ordenadas por funcionarios estatales. Supuestamente
se realizaba una auditoría simulada al contribuyente para corregir su situación
fiscal y no pagaran importantes cantidades de dinero a las arcas del erario
público.
MÁS FALTANTES
A finales de
junio de 2015 se incrementaron los señalamientos por presuntas anomalías del
titular del Ejecutivo en Sonora.
La Comisión de Vigilancia del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado documentó que de
2009 hasta esa fecha había un faltante de 10 mil millones de pesos en la
administración que encabezaba Padrés. Marcos León Perea, diputado priista y
presidente de la Comisión de Vigilancia, afirmó que existía un acumulado de mil
500 observaciones sin solventar correspondientes al sexenio del panista que aún
tenía tres meses para concluir.
Entre los principales
faltantes que fueron señalados resaltan 2 mil 200 millones de pesos del fondo
de pensiones y jubilaciones del ISSSTE, son: 600 millones que el Poder
Legislativo concedió al Ejecutivo a través de un crédito para modernizar el
transporte urbano y 60 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de
Agricultura estatal sin que se haya presentado la documentación comprobatoria.
Un mes más tarde, el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos mostró interés en sumarse a las
investigaciones que las autoridades mexicanas realizan en el plano federal por
actos de presunto lavado de dinero en los casos de la dispensa de impuestos a
empresarios y cuyo producto fue insertado en el mercado financiero
norteamericano.
Los estadounidenses
informaron a la PGR que iniciaron una investigación contra Guillermo Padrés en
Arizona y desean intercambiar información para reforzar su indagatoria.
La noticia de las pesquisas
al otro lado de la frontera norte sirvió para que opositores del PAN y
detractores del propio ex gobernador le tundieran. Esta vez, Acción Nacional ya
no lo defendió.
La dirigencia del blanquiazul
pidió al involucrado que aclarara la información sobre la supuesta
investigación por el blanqueo de capitales por 3.3 millones de dólares. Padrés
Elías afirmó el 27 de julio que estaba dispuesto a someterse a cualquier
investigación de las autoridades mexicanas o de otros países y que estaba
interesado en aclarar cualquier imputación contra su persona.
También dijo que no
tramitaría ningún juicio de amparo porque no debía nada.
En agosto siguiente, el
diario Reforma publicó que el aún gobernador de Sonora ofreció recursos para la
campaña de Ricardo Anaya, aspirante a dirigir el blanquiazul, acción que, de
comprobarse, sería constitutiva de delito.
LA VENTA DE NIÑOS
La sombra de otro escándalo se posó sobre el ex
mandatario a mediados de 2015, cuando Padrés seguía como titular del Ejecutivo.
El presunto tráfico de niños
que eran entregados en adopción, principalmente a norteamericanos, por parte de
funcionarios de su administración. Sin embargo, la PGJES no llevó a cabo las
investigaciones sobre las denuncias en tiempo en un supuesto acto de protección
a los sospechosos por ser miembros del mismo gobierno.
Michelle Rivera, reportera de
Grupo Larsa, reveló que el procurador sonorense, Carlos Alberto Navarro Sugich,
tenía conocimiento de la venta de niños en ese estado desde el 26 de marzo
pasado cuando el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de
América se lo notificó. Las pesquisas comenzaron dos meses después, destacó la
periodista.
El procurador aclaró el 31 de
agosto que las investigaciones estaban avanzando y que eran nueve los casos de
niños que fueron sustraídos ilegalmente del lado de su madre biológica y
vendidos a padres adoptivos a través del Sistema DIF de Sonora, sin descartar
la existencia de más víctimas.
El escándalo se canalizó
hacia Guillermo Padrés y se politizó con declaraciones de los diversos actores
de partidos en las cámaras parlamentarias.
El 3 de septiembre, la
fracción del PAN en el Senado, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la
Procuraduría General de la República a atraer la investigación, y a perseguir a
quienes hayan participado en los hechos denunciados.
En tanto, la Procuraduría
estatal identificó a 16 personas que participaron en las adopciones pagando
desde 80 mil hasta 180 mil pesos a funcionarios del DIF y solicitó órdenes de
aprehensión por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución
de padres, así como sustracción y tráfico de menores.
Al concederse los
mandamientos judiciales, a mediados de septiembre se habían ejecutado ocho
capturas.
El procurador sonorense
Carlos Navarro fue denunciado ante la Procuraduría General de la República
junto con otros funcionarios por la compraventa de bebés y ahora fue la Cámara
de Diputados la que presionó a través de un punto de acuerdo para que el asunto
fuese competencia de las autoridades federales.
Finalmente fue el 25 de
septiembre cuando la PGR ejerció la facultad de atracción a través de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Las pesquisas de la
Procuraduría Estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora
documentaron 17 casos de venta de menores.
Se identificó a Vladimir
Alfredo Arzate Carbajal, ex funcionario del Sistema DIF, como líder de la
célula delictiva y a su cómplice José Hernández López, entre otros, como
miembros de la red de tráfico de infantes que tenía varias ramificaciones en la
entidad y llegaba hasta Estados Unidos.
Se emitieron fichas rojas por
parte de la Interpol y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también inició
investigaciones. Se descartó la injerencia de Padrés en el caso.
FUERA DEL GOBIERNO
Al asumir
como nueva gobernadora de Sonora la priista Claudia Pavlovich Arellano aseguró
que se investigarían todos los actos de corrupción de la anterior
administración y se llevaría ante la justicia a quien tuviese alguna
responsabilidad, sin excepciones.
Desde el 13 de septiembre, en
que por primera vez –en la historia de esa entidad– una mujer lleva las riendas
del gobierno se han iniciado diversas averiguaciones previas. Por su parte,
Guillermo Padrés Elías se retiró a la vida privada, desde donde sigue
recibiendo los embates por presuntos hechos que se le atribuyen.
Al iniciar noviembre, Gisela
Peraza Villa, quien trabajó nueve años como niñera de los hijos del ex
gobernador y pisó la cárcel acusada de haberle robado a éste 600 mil pesos
entre efectivo y joyas, denunció penalmente a su ex jefe y otros funcionarios por
tortura y abuso de autoridad.
El 19 de noviembre último, el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) sorprendió al informar que tomaría
el control absoluto de cobro y revisiones de contribuyentes relacionados con
impuestos federales en Sonora hasta que concluyera el año en seguimiento a
irregularidades advertidas, pues las autoridades estatales incumplieron con el
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que le
permitía cobrar algunos impuestos federales, como ISR o IEPS, a cambio de
algunos incentivos.
Las irregularidades
anunciadas por parte del SAT en el cobro de contribuciones federales por parte
del gobierno sonorense ascendieron a mil 705 millones de pesos. Se precisó que
a inicios de 2015 fueron 574 los contribuyentes que se beneficiaron de las
auditorías aplicadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal de
Sonora.
Padrés Elías, que había
afirmado a medio año que no se ampararía, comenzó a presentar demandas de
amparo en la Ciudad de México y Sonora ante la falta de información de parte de
las procuradurías estatal y federal sobre la calidad que guardaba en diversas
averiguaciones previas detectadas por sus abogados, hasta en contra de la
indagatoria por la denuncia de la niñera. Miguel Padrés, hermano de Guillermo,
hizo lo propio.
Los ex colaboradores del ex
gobernador también están en la mira. Tras la intervención del SAT en la
fiscalización de impuestos en Sonora, se comenzaron a presentar denuncias en
contra de ex funcionarios públicos que trabajaron directamente en auditorías o
revisión de actas de las empresas beneficiadas irregularmente. A finales de
2015 las denuncias sumaban más de 40, pero ninguna era en contra de Padrés
Elías.
(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones Zeta
Lunes, 27 junio, 2016 12:00 PM)
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