Raymundo Riva Palacio
En Michoacán hay una
rectificación fundamental en la política de seguridad pública. Este lunes
llegaron a Morelia 300 elementos de la Gendarmería y la Policía Militar para
oficialmente hacerse cargo de la seguridad. Este contingente, sin embargo, es
mucho más que eso. A partir de Morelia iniciarán la recuperación de los
territorios que desde enero de 2013 se le dejaron al crimen organizado. Tres
años y medio después de haber pactado implícitamente el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto con el Cártel Jalisco Nueva Generación la limpieza de Los
Caballeros Templarios, este giro radical en la estrategia, aunque tardío, es
saludable. Empezará la corrección del Estado Mexicano que negoció con un cártel
para combatir a otro cártel, sin tomar en cuenta sus implicaciones legales y
políticas.
Se necesitó que saliera el
PRI del poder y llegara un gobernador de oposición, Silvano Aureoles, del PRD,
para que se modificara la estrategia. Aureoles dijo al asumir la gubernatura
que iba a desarmar a los grupos de autodefensa civil que con el apoyo del
Gobierno Federal usurparon la seguridad en comunidades de cuando menos 44
municipios. Estos grupos, compuestos por miembros del Cártel Jalisco Nueva
Generación, Templarios renegados y ciudadanos desesperados por la violencia de
los criminales, doblegaron a los alcaldes con fusiles reglamentarios del
Ejército M-16 y R-15, y AK-47, conocidos como cuernos de chivo, que utilizan
los cárteles de las drogas, respaldados por la Policía Federal y el Ejército.
La llegada de un nuevo
contingente federal a Morelia muestra al Estado Mexicano preparándose para otra
guerra contra el narcotráfico. La Gendarmería llegó con dos tipos de unidades.
Una se hará cargo de inteligencia e investigación para abatir delitos como el
robo y la extorsión, mientras que otra, una táctica operativa altamente
entrenada y equipada, responderá cualquier amenaza de los criminales y evitará,
de acuerdo con el diseño de la operación, que los cárteles vuelvan a
arrebatarles territorios y controlar municipios. La Policía Militar hará la
vigilancia en las calles de Morelia.
La nueva guerra contra el
Cártel Jalisco Nueva Generación no se dará en Morelia, pero la capital será la
base de operaciones para el despliegue y, eventualmente, de ser necesaria, la
escalada. El gobernador Aureoles, aunque cuidadoso, dijo que esa organización
que nació de la mano de Joaquín “El Chapo” Guzmán para apoderarse del mercado
en Jalisco tras la muerte de Ignacio Coronel, el jefe de la plaza del Cártel
del Pacífico, y extenderse a Michoacán, “merodea” en el estado –lo cierto es
que tienen ahí bases de entrenamiento y laboratorios de drogas sintéticas–, a
la vez que, afirmó, existen aún 12 células activas de Los Caballeros
Templarios.
La operación federal contra
esos grupos tiene como subtexto el desmantelamiento de los grupos de
autodefensa civil, un fenómeno paramilitar que surgió en la coyuntura del
cambio de Gobierno y la llegada a la presidencia de Peña Nieto, que arrancó su
administración con la política de dejar de combatir a los cárteles porque
creía, argumento equivocado, que eso reduciría la violencia. Liberar a los
cárteles de la presión federal produjo en algunas zonas del país, como en
Tierra Caliente michoacana, el nacimiento de paramilitares, formados por
ciudadanos auténticamente desesperados por la violencia templaria, acompañados
por los grupos afines al Cártel Jalisco Nueva Generación. No fue casual que el
nacimiento de los paramilitares se diera en los municipios de Buenavista
Tomatlán y Tepalcaltepec, donde el grupo respaldado por “El Chapo” Guzmán era
responsable del traslado de los precursores de metanfetaminas hacia los
superlaboratorios en Jalisco. Algunos de sus fundadores también habían sido
capturados en el gobierno de Felipe Calderón por delitos federales y marcados
por el Ejército como narcotraficantes.
El gobierno del presidente
Peña Nieto ignoró las advertencias para no combatir a criminales con
criminales, y les permitió operar en territorios donde los narcotraficantes
eran la autoridad. Era tan abierta esa política que en octubre del año pasado
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que el
Gobierno Federal mantenía un diálogo con esos grupos y protegía a uno de sus
líderes, el doctor Juan Manuel Mireles –hoy preso– porque se enfrentaba a Los
Caballeros Templarios. Con esa postura, el Gobierno Federal reconocía haber
claudicado a su responsabilidad de proveer seguridad a todos los ciudadanos, y
que está dispuesto a asociarse con delincuentes. Violaba, por tanto, el
Artículo 17 constitucional que establece que “ninguna persona podrá hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y la Ley
de Armas de Fuego y Explosivos que prohíbe la portación de pertrechos
militares.
La rectificación en Morelia
es un giro hacia atrás de la sistemática violación al Estado de Derecho que
hacía el Gobierno Federal desde enero de 2013, pero no será fácil. La fallida
estrategia redujo significativamente la presencia y operación de Los Caballeros
Templarios, pero sus negocios de droga, protección y extorsión se trasladaron a
los grupos de autodefensa civil amparados por el Cártel Jalisco Nueva
Generación. La política del presidente Peña Nieto liquidó un cártel mediante el
fortalecimiento de otro, que se ha convertido en el más violento, inestable y
peligroso para el Estado Mexicano. Es dialéctico rectificar, como lo está
haciendo ahora, aunque haya perdido tanto tiempo en la colusión informal con
ese cártel y alargado la restauración de la paz y la seguridad en Michoacán,
que era lo que inicialmente prometía buscar.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL”
DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 06 DE NOVIEMBRE 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario