Habitantes
de Tamazula protestan contra la presencia de marinos en la región. Foto: Juan
Carlos Cruz
Desde
que Felipe Calderón inició su guerra contra el narcotráfico, más de un millón
de mexicanos han sido desplazados por la violencia y la inseguridad. Hoy, a
ellos se suman alrededor de 600 personas procedentes de las poblaciones de
Durango que elementos de la Marina mantienen sitiadas, disparando a diestra y
siniestra con un supuesto objetivo: detener al Chapo Guzmán. Mientras tanto, el
gobierno desoye los llamados de urgencia que hacen por los desplazados la ONU,
legisladores y organizaciones de derechos humanos.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- A los más de un millón de mexicanos que en los últimos ocho
años se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia, domicilios,
tierras y animales a causa de la violencia, se sumaron en octubre de este año
alrededor de 600 personas que experimentan una situación peculiar: han sido
desplazadas también por la violencia, pero en este caso por la que ejerce la
Secretaría de Marina-Armada de México: la Semar mantiene sitiadas las 13
poblaciones de la sierra de Durango en las que irrumpió el pasado 6 de octubre
en busca de El Chapo Guzmán.
La
causa: que la dependencia acusa a los pobladores de esos sitios del municipio
de Tamazula, Durango, de proteger al capo, y les impide regresar a sus hogares.
“La
evidencia del desplazamiento en México es clara: Existen miles de casas
abandonadas y destruidas en los lugares afectados por la lucha contra la
delincuencia organizada. El problema es que el Estado mexicano ha sido
indolente, no reconoce la dimensión del problema, generando una crisis
humanitaria”, afirma Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa
de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C. (CDDHS).
Aguirre
Meza y Óscar Loza Ochoa –encargado de Enlace del organismo no gubernamental–
apoyan a las víctimas de los estados de Sinaloa y Durango desde que se
generalizó la violencia armada en dichas entidades.
En
la recomendación 03/2015 que la CDDHS emitió el pasado 22 de octubre señala
sobre el operativo de la Semar: “Cuando menos lo esperábamos, el desplazamiento
de personas volvió a presentarse, y de mano de la acción de una autoridad. El
martes 6 de octubre varios elementos de la Armada de México (Marina)
sobrevolaron en helicópteros y avionetas los poblados de El Verano, Río de los
Barraganes, La Iguana, La Pedregosa, El Limón, El Águila, entre otras
comunidades”.
De
acuerdo con vecinos de dichas localidades, se lanzaron ráfagas de disparos
sobre las viviendas y calles de las poblaciones, y luego arribaron por tierra
grupos de efectivos de la Marina que revisaron las casas y exigieron a la gente
no irse de sus moradas.
Ante
ello, habitantes de El Verano, Tamazula, pidieron a la CDDHS gestionar que se
les permitiera abandonar el sitio. El sábado 11, los activistas organizaron una
caravana en la que 32 personas salieron de ese punto. Luego, todas las
poblaciones atacadas en esa porción duranguense del Triángulo Dorado quedaron
desiertas.
Hasta
el domingo 12, se estimaba que los desplazados llegaban a 200. Para el viernes
16 la cifra era superior a las 300 personas y, según declaraciones del alcalde
de Cosalá, Sinaloa, Samuel Lizárraga Valverde publicadas el domingo 17, ya eran
600 los desplazados.
El
viernes 23 de octubre los activistas Meza y Loza, acompañados de medios de
comunicación, trataron de ingresar a las comunidades, pero estaban sitiadas por
elementos de la Marina.
A
El Limón sólo les permitieron el acceso a ellos dos, y los oficiales les
indicaron que el poblado está resguardado por el gobierno federal y que no
pueden dar más explicaciones, que nadie podía regresar a la localidad y que
ésta seguiría sitiada. Insistían en que se trataba de La Pedroza, lugar en el
que supuestamente se refugiaba El Chapo. Sin embargo, los lugareños insisten en
que la población en realidad se llama Los Limones, señala a Proceso Aguirre
Meza.
Un
factor que ha contribuido a que la carga que hoy presenta el municipio
colindante de Cosalá no sea aún mayor es que muchos de los desplazados tienen
familiares en la ciudad y en las comunidades vecinas de la cabecera municipal.
Sin esa afortunada relación de sangre, muchas familias estarían en situación de
calle, indican en la recomendación.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación)
(PROCESO/
PATRICIA DÁVILA/ 31 DE OCTUBRE DE 2015)
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