Los
hijos de Francisco Rafael Arellano Félix litigan en un Juzgado de lo Familiar
de Sinaloa, propiedades y muebles del que fuera presunto narcoempresario. Sin
testamento, los herederos buscan las mejores posiciones. Algunos de los bienes
aún están incautados por la PGR. Otros familiares de Arellano también buscan
recuperar sus inmuebles en Mazatlán y Guadalajara. La viuda obtuvo un amparo
para no atender un citatorio de la SEIDO
Mazatlán,
Sinaloa.- A casi dos años del asesinato del ex convicto Francisco Rafael
Arellano Félix “La Pancha”, su viuda, su ex esposa y los hijos procreados con
diferentes parejas, disputan su incuantificable fortuna a través de Juzgados y
tribunales de este puerto del Pacífico.
Apenas
falleció el mayor de los hermanos del Cártel Arellano Félix, sus familiares
demandaron la sucesión intestamentaria, pues “La Pancha” no dejó testamento.
El
proceso judicial sucesorio no ha sido sencillo, no solo por las diversas
personas que han comparecido a juicio, sino porque muchos de los bienes muebles
e inmuebles del empresario se encuentran asegurados por la Procuraduría General
de la República (PGR) desde antes de su detención, en 1993.
Para
destrabarse los aseguramientos y acreditar que las propiedades de Francisco
Rafael no tienen procedencia ilícita, quienes se estiman herederos tienen,
primero, que definir ante la justicia quién o quiénes son los legítimamente
autorizados para hacer los reclamos correspondientes ante el Ministerio Público
de la Federación o los tribunales.
UNA VIDA DE CONFLICTOS
Nacido
el 24 de octubre de 1949 en Culiacán, Sinaloa, Francisco Rafael Arellano Félix
encontró la muerte a seis días de cumplir 64 años, cuando celebraba
anticipadamente su onomástico en una reunión a la que asistieron importantes
personalidades en Los Cabos, Baja California Sur. Un sicario vestido de payaso
le disparó a quemarropa con una pistola tipo escuadra.
El
mayor de los hermanos Arellano Félix fue detenido por primera ocasión en 1978,
en la colonia Cacho de Tijuana, durante una transacción de compraventa de
heroína. En 1985 se conoció del crecimiento de la familia dentro del tinglado
del narcotráfico nacional, expandiéndose a principios de los años noventa.
Con
sus negocios, entre ellos una discoteca, asentados en Mazatlán, Sinaloa, y en
Baja California, “La Pancha” -como le decían sus conocidos- fue detenido a
finales de 1993 en Tijuana, tras las investigaciones del asesinato del Cardenal
Juan Jesús Posadas Ocampo. Le fueron incautados bienes muebles e inmuebles en
Tijuana, Mazatlán y Guadalajara. Solo fue juzgado y condenado por la portación
de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
En
2006 fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos de posesión
con intento de distribución y venta de droga. Fue liberado en 2008 y regresó a
México, donde intentó recuperar sus bienes asegurados por la PGR desde una
década y media antes.
Lo
único que Francisco Rafael obtuvo fue un reaseguramiento por parte de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO, hoy SEIDO), dentro de la averiguación previa 178/2009-II.
FORTUNA ENTRAMPADA
Tres
meses antes de ser asesinado, Francisco Rafael Arellano promovió un juicio de
amparo -el 26 de julio de 2013- ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado
de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. En dicha demanda reclamó el
aseguramiento de sus bienes, entre ellos la famosa y hoy destruida finca de la
discoteca Frankie Oh.
Los
abogados Luis Noriega Ordorica y Francisco Javier Manzanarez Walker fueron
contratados por “La Pancha” para recuperar sus propiedades, pero el homicidio
el 18 de octubre de ese año, vino a estropearlo todo. De inmediato los deudos
de Arellano Félix pretendieron acreditarse como los legitimados para continuar
con el amparo.
Francisco
Rafael Arellano Barrionuevo, hijo del finado, fue el primero en apersonarse,
sin embargo, el juzgador explicó que a la par debía iniciarse el juicio sucesorio,
en este caso intestamentario, porque el hoy difunto no dejó testamento, para
que se establezca quién tiene la legitimidad sobre los bienes reclamados.
En
el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, en Mazatlán,
Sinaloa, fue iniciado el juicio sucesorio intestamentario 2446/2013, donde se
determinó declarar herederos a todos los hijos de Arellano Félix y se les
designó albacea; resolución que no dejó conformes a los hermanos Francisco
Rafael, Benjamín Alberto y Victoria Arellano Barrionuevo, quienes son
representados por su madre, María Victoria Barrionuevo Carvajal, primera esposa
de “La Pancha”.
Estos
últimos promovieron diversos amparos en contra de la resolución del juez
familiar por haber incluido como herederas a sus medias hermanas Yadira Leticia
Arellano Vega e Isabela Guadalupe Arellano Lizárraga, hija de la ex reina del
Carnaval de Mazatlán y última esposa de Rafael, Rocío del Carmen Lizárraga
Lizárraga, presente al momento del homicidio en Los Cabos.
Victoria
Barrionuevo también promovió un amparo. No desea que sus hijos compartan los
bienes que fueron adquiridos durante el tiempo que estuvo unida al padre de
ellos. La mujer había estado con Arellano en las buenas y en las malas. Fue
detenida junto a su marido en abril de 1978 cuando traficaban 2 kilos 70 gramos
de heroína junto con Enrique Rico Urrea y otros sujetos, en la calle Guanajuato
de la colonia Cacho.
Por
su parte, la viuda de Arellano, Rocío del Carmen Lizárraga, no se ha metido en
el asunto. La ex reina estuvo más preocupada por no ser localizada por la PGR
como consecuencia de las investigaciones del asesinato de Arellano Félix,
crimen hasta el momento no resuelto y que se presume, se trató de un ajuste de
cuentas por parte de José Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, del Cártel
de Sinaloa.
En
septiembre de 2014, Lizárraga Lizárraga obtuvo un amparo por parte de la
licenciada Elenisse Leyva Gómez, Juez Noveno de Distrito en el Estado de
Sinaloa, con residencia en Mazatlán, para no ser llevada a la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con base en
el citatorio PGR/SEIDO/UEDIDCS/3273/2014 girado el 6 de mayo del año pasado.
De
igual manera, la mujer solicitó la protección de la jueza federal en contra de
una posible orden de localización, presentación, detención, traslado o
cualquier mandato ordenado en su contra y que afectara su libertad personal.
También reclamó una posible orden de confiscación de bienes o cualquier mandato
que afectara sus derechos de propiedad. Estos actos no existieron.
DOÑA ALICIA FÉLIX
El
aseguramiento e inmovilización de los bienes asegurados a Francisco Rafael y
sus familiares obran en la averiguación previa federal 4384/DGI/93, derivada de
las investigaciones del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas y que años
después, se convirtió en la indagatoria 359/MPFEADS/2002.
Así
como el extinto Arellano Félix, otros de sus familiares como su madre, Alicia
Isabel Félix Zazueta y su primo hermano, Demetrio Zamora Arellano -medio
hermano de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”-, luchan por recuperar sus
propiedades, en Mazatlán y Guadalajara, incautadas por el Ministerio Público de
la Federación en la misma averiguación.
Quien
ha contado con mayor éxito es la señora Alicia, pues en 2014, el Juez Cuarto de
Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco le concedió un
amparo para dejar sin efecto el aseguramiento decretado el 9 de agosto de 1993
sobre un inmueble localizado en el exclusivo fraccionamiento Condominio Santa
Anita Club de Golf, a las afueras de la capital de Jalisco.
La
resolución, confirmada en revisión por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Tercer Circuito, estimó que 21 años son muchos y, en ese lapso, el
Ministerio Público Federal nunca resolvió si el inmueble asegurado fue producto
o utilidad derivada de la comisión de algún delito. La propiedad fue vendida a
la señora Félix Zazueta por su finado hijo, Francisco Rafael Arellano Félix.
La
PGR argumentaba que “Alicia, Francisco Rafael, Francisco Javier, Eduardo,
Fernando, Carlos, Benjamín, Ramón, Enedina y Norma Isabel, de apellidos
Arellano Félix; así como Alicia Félix Zazueta y Benjamín Francisco Arellano
Sánchez, se dedican a actividades correspondientes al narcotráfico y que las
utilidades económicas obtenidas son destinadas a la adquisición de bienes
inmuebles, registrados a nombre de ellos mismos, de sus familiares o de
terceras personas”. En el caso de “La Pancha”, no fue condenado por delitos
contra la salud.
Unos
cuarenta inmuebles que son o fueron propiedad de los hermanos Arellano en
Guadalajara fueron rematados por la PGR hace ya casi dos décadas, y otros se
encuentran facilitados por la dependencia federal para albergar centros
antialcohólicos o de adictos a las drogas, como Alcance Victoria. En Baja
California y Baja Sur también existen residencias o terrenos que se encuentran
bajo el resguardo del Servicio de Administración de Bienes Asegurados.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ INVESTIGACIONES ZETA / FOTOS. CORTESÍA/ 12 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 13:37:14)
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