La
campaña “Septiembre, Mes del Testamento” llegó una semana tarde a Baja
California y con la novedad de que el trámite se hará ante un notario público,
quien ahora es el único responsable de que los bienes materiales de una persona
lleguen a manos del heredero y que menos personas puedan impugnar la última
voluntad del fallecido
Iniciada
la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, los notarios
bajacalifornianos suponían que el costo oscilaba entre 600 y 850 pesos, pero el
8 de septiembre el gobernador Francisco Vega de Lamadrid oficializó el arranque
e informó que el costo se redujo en un 50 por ciento y quedó exento de pago de
derechos ante la Dirección del Archivo General de Notarías.
En
el Registro Público de la Propiedad de Ensenada, hay una decena de papeletas
pegadas en ventanas, paredes y puertas para advertir a los usuarios sobre el
cambio este 2015. La señora Leonora Contreras, primero llegó al Registro Civil
del Ayuntamiento de Ensenada para preguntar cómo tramitar el testamento, de ahí la remitieron al Gobierno del Estado y
posteriormente a la Notaría Número 4.
“Vine
porque escuché en la televisión que me va a salir más barato y que eso se hace
en el Municipio; esta notaría, me dijeron que no me preocupara, que todo se
hacía muy rápido y que me iban a cobrar 600 pesos”.
Este
cambio de atribuciones tiene enfurecidos a los abogados en Baja California,
quienes ya presentaron una propuesta para que el Congreso del Estado derogue
las modificaciones hechas por los diputados bajo el Decreto 828, que incluye
modificaciones en el Código Civil, Ley del Notariado, Hacienda y del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio en el Estado.
El
argumento de la petición fue que las modificaciones golpean la economía de los
ciudadanos, quienes estarán obligados a elaborar un testamento en una notaría,
así como signar contratos de compraventa de bienes con un valor superior a los
7 mil salarios mínimos.
Según
los licenciados en derecho, este patrocinio tiene la intención de
favorecer al gremio notarial, además que
la reforma faculta al gobernador para elegir, de manera discrecional, a los
notarios de Baja California.
En
respuesta a la propuesta de los abogados el gremio de notarios en el estado ya
se amparó y solicitó el veto de la modificación a la Ley Notarial.
El
diputado panista Cuauhtémoc Cardona Benavides se manifestó en contra de que sea
el mandatario estatal el que elija a los notarios sin que éstos se enfrenten al
examen de oposición: “Eso lo cambiaron, desde luego que los notarios no
criticaron esa parte de los cambios al Código Civil, que también era una
propuesta de la misma iniciativa”.
Iniciativa
que se trabajó para desaparecer: “…el testamento ológrafo que está generando
más conflictos que los que resuelve porque al momento de escribir no tienen la
asesoría correspondiente y cuando abren el sobre sellado se encuentran ahí una
serie de situaciones inadecuadas que no pueden hacer valer ese documento”. Por
eso el Gobierno recurrió a los notarios, indicó.
Advirtió
que a estas alturas nadie puede “darse por sorprendido”, por lo que se aprobó y
todos los diputados sabían que estaban desapareciendo este documento.
ABOGADOS PIERDEN TAJADA
“¿Quién
más que un notario tiene experiencia en cualquier testamento? Porque si pones a
cualquier abogado te va a decir sobre la teoría, pero ¿y la práctica?, ésa no
te la van a decir porque somos nosotros los que lo vemos. De ahí que nuestra
capacidad para asesorar sea mayor que la de cualquiera porque es una obra casi
exclusiva del notario”, arguyó el presidente del Colegio de Notarios en Baja
California, Diego Monsiváis Franco.
Es
obvio que existe descontento por parte de los abogados porque las modificaciones
a los artículos 9121 del Código Civil atenta contra los ingresos de los
litigantes.
“Tarde
o temprano un testamento ológrafo tiene que pasar por un juez y para esto se
ocupa un abogado, mismo que cobra un 10 por ciento de lo que valen los bienes,
aunque tienen derecho a cobrar más. Un vez que el juzgado resuelva y nombre a
los herederos, el documento debe pasar por un notario que va a cobrar el 2 por
ciento”.
Ahora
bien, dijo Monsiváis, si de inicio hacen el testamento con un notario les
cuesta 600 pesos y cuando fallezca la persona tienen que regresar para conocer
la decisión sin necesidad de ir al juzgado, de lo contrario el ciudadano paga
el 12 por ciento de los bienes de la herencia porque intentó ahorrarse entre
300 y 600 pesos.
“¿Vale
la pena pagar el 10 por ciento del valor de la casa que están heredando el papá
o la mamá a los hijos? Yo no creo que valga la pena, y estoy de acuerdo en que
los abogados se van a quejar porque se van a quedar sin este trabajo, ¿pero a
quiénes creen que se van a beneficiar en este caso? A la gente”.
Un
juez tarda de 6 meses a un año en dictar una sentencia de testamento ológrafo,
mientras que en una notaría con un testamento público abierto demora de una
semana a diez días.
Para
los notarios el testamento “es una chamba ingrata”, así la describen, porque
además que no es un trabajo bien remunerado cuando los herederos no están de
acuerdo con la voluntad del finado, tienen que ser muy cuidadosos en lo que
están haciendo para que no haya problema de demanda, y si la hay, que no les
echen en cara que se cometió un error.
El
testamento más caro tienen un costo de alrededor de 3 mil pesos para una
persona multimillonaria, mientras que para el resto anda en mil 500 pesos.
Ahora dentro de la campaña será por 600 pesos.
Moralmente,
ejemplificó el representante de los abogados, si en un testamento nombras a tus
hijos como herederos y falleces, a tu esposo lo van a sacar de la casa los
hijos, porque van a reclamar su herencia. “Eso no se hace, pero ellos –los
papás— no lo saben y puede ser que no suceda así, hay variantes, y lo que
aconsejo como notario es que, si son mayores, que los esposos se nombren
mutuamente herederos y luego a los hijos”, describió.
MONOPOLIZAN FUNCIONES
Antonio
García Herrera, ex titular del Registro Público del Comercio, calificó de
“error” la reforma porque afecta al sector social y deja fuera de los trámites
a profesionales inmobiliarios que están inscritos en el RPPC, además de que los
interesados en trasladar una propiedad de interés social entre particulares,
antes podían hacer el papeleo sin tener que pagar honorarios a notarios.
“Se
podían ratificar las firmas de un contrato directamente, ya sea en un juzgado,
en el Registro Público o en una notaría, pero era decisión de los particulares,
entonces prácticamente se monopoliza la función de la Reforma al Artículo 2191,
donde se otorga solo a ellos la facultad de elevar a escritura pública el
contrato que antes era privado ahora pasa a carácter público, donde el costo se
va a elevar”, detalló.
Para
el ex funcionario también es una equivocación el que se haya derogado la figura
de testamento ológrafo por las personas en situación de pobreza, y con lo que
le quitan la posibilidad de exentarles el pago a adultos mayores, pensionados,
jubilados, viudas y discapacitados.
“En
el 2003 la Secretaría de Gobernación hizo acuerdos con los gobiernos para
promover la cultura testamentaria, y con la reforma, cuyo argumento es que
varios de los testamentos son anacrónicos y están en desuso, se desatiende de
la promoción de la cultura testamentaria y la legalidad”, remató.
QUE LA REGRESEN COMO ESTABA
El
presidente del Colegio de Abogados Independientes y de Opinión Libre en
Ensenada, Mario Alberto García Salaiza,
presentó una propuesta firmada por el Colegio de Ingenieros Civiles,
además de topógrafos y agentes inmobiliarios, donde piden al Congreso del
Estado que deroguen los cambios aplicados al Código Civil, con el argumento de
que las modificaciones laceran la economía del ciudadano y por otro lado
favorecen a los notarios.
Quien
también fuera secretario de Gobierno durante la administración panista de Pablo
Alejo López Núñez, arremetió en contra de los legisladores locales asegurando
que éstos desconocen cuál es el sentir de los ciudadanos, de los grupos y organismos
de la sociedad civil, de otra forma no hubieran aprobado esos cambios, pero
además no convocaron a los profesionistas como lo manifestaron en la exposición
de motivos.
“Esto
es una mentira, porque ya nos sentamos con colegios y barra de abogados también
de Tijuana y coincidimos en lo mismo, o sea, no fuimos llamados a ver el
estudio de procedimiento de análisis en comisión”.
Lo
más delicado del asunto es que las nuevas disposiciones van en contra del
presupuesto, aseveró. El Gobierno del Estado no supo ni lo que cedió a los
notarios porque es un recurso que va a dejar de entrar a las arcas públicas.
Lo
que el Gobierno del Estado debe hacer es pasar la factura a la defensoría
pública para que ésta a su vez asista a todas aquellas personas que con su puño
y letra pretendan elaborar un testamento ológrafo, sugirió Moreno Neri.
DEJAN IR INGRESOS
De
acuerdo a las reformas realizadas al Código Civil publicadas en el decreto 282
del Periódico Oficial de fecha 29 de mayo del 2015, se deroga el testamento
ológrafo (escrito de puño y letra del ciudadano) con el argumento de que es uno
de los más impugnados en tribunales y que además de desaparecer esa figura,
dejó de depositarse en el Registro Público.
Miriam
Susarrey Medina, delegada del Registro Público en Ensenada, detalló que en el
2014 se depositaron 630 testamentos ológrafos, y como cada año la mayor
afluencia se tuvo en los meses de septiembre a diciembre.
La
cifra en el mismo periodo en el 2013 fue de 529 trámites y en 2012 de 445, con
lo que se tenía un ingreso aproximado de 260 mil pesos anuales.
El
ex registrador público Antonio García Herrera calcula que de septiembre a diciembre hay por lo menos diez
citas diarias para depositar el
testamento en Ensenada, en contraste con los municipios de Mexicali y Tijuana,
donde hay unos 2 y 3 mil anuales, con ingresos por alrededor de un millón de
pesos por cada ayuntamiento.
Del
2010 a la fecha se tienen por los menos
40 mil testamentos en el estado, “por lo tanto no está en desuso, lo que sí, es
que esta figura es arcaica porque se tiene que prender una goma que se llama
lacra para que el testamento se convierta en inviolable, entonces el Congreso
más que nada tiene que hacer su trabajo y darle un sesgo social a la
legislación, darle un aire fresco a la figura del testamento para que opere
adecuadamente”.
Reiteró
que para reformar el código civil era necesario debatir los cambios de tal
manera que los mismos abogados, ingenieros topógrafos, agentes inmobiliarios se
enterarán y fijaran postura, pero no fueron convocados a una mesa: “Todos nos
fuimos con la idea de que era un tema ante notarios y ejecutivo, pero nunca se
nos invitó a revisar las modificaciones, tal como la derogación de ciertas
figuras como es el testamento”.
(SEMANARIO
ZETA/REPORTAJEZ/ Lorena Lamas / Fotos.
Enrique Botello/ 14 de Septiembre del
2015 a las 12:00:25)
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